Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

La normativa establece por primera vez en Chile un sistema de justicia especializado para jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que han cometido infracciones a la legislación penal.

El Presidente de La República, Ricardo Lagos, junto al Ministro de Justicia, Luis Bates, promulgó esta mañana en el Palacio de La Moneda la Ley Nº 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece por primera vez en Chile un sistema de justicia especializado para jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que han cometido infracciones a la legislación penal.

La nueva justicia especializada comenzará a regir en junio próximo y las instituciones involucradas ya comenzaron a trabajar en su puesta en marcha. Es así como en la ceremonia de promulgación se anunció la creación de una Mesa de Implementación de la Nueva Justicia Adolescente, que será coordinada por el Ministerio de Justicia y en la que participan el Ministerio Público, el Poder Judicial, Defensoría Penal, Servicio Nacional de Menores (SENAME), Carabineros, Investigaciones y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), entre otras instituciones.

La nueva ley fue enviada al Congreso Nacional por el Gobierno en agosto de 2002 y despachada en último trámite el 12 de octubre pasado, luego que una Comisión Mixta zanjara las diferencias entre ambas cámaras.

Una vez en marcha, el Estado habrá invertido $41 mil millones para construir los recintos en que se cumplirán las sanciones privativas de libertad, mientras que para los nuevos actores con que contará el sistema (fiscales, defensores penales y jueces, entre otros), se contemplan recursos por un total de $2 mil 949 millones en régimen.

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY

El sentido de la nueva ley es reinsertar socialmente a los adolescentes a través de programas especiales. Para ello, cada región del país contará con al menos un Centro de Reclusión Juvenil para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Ya en octubre de este año fue inaugurado un recinto especial en la IX región (Chol- Chol) y próximamente estarán operativas iguales instalaciones en Coyhaique y Punta Arenas.

Estos recintos, que tendrán régimen cerrado y semi cerrado, serán administrados por el SENAME y la custodia y vigilancia perimetral estará a cargo de Gendarmería de Chile. En ellos, los adolescentes tendrán acceso a programas de reinserción como talleres, educación y deporte. Además, se establece un novedoso sistema de control de la ejecución a cargo del juez de Garantía del lugar de cumplimiento. Se posibilita, asimismo, la sustitución de la internación cuando ésta resulte más favorable para la integración social del infractor.

En materia de sanciones, las no privativas de libertad serán aplicadas por instituciones colaboradoras del SENAME. Estas sanciones se financiarán por medio del fondo de subvenciones de ese organismo, el que se incrementará gradualmente durante los próximos tres años hasta llegar a los 9 mil 600 millones de pesos.

Entre las sanciones no privativas figuran la libertad asistida, la libertada asistida especial, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño causado, multas y amonestaciones. Como sanciones accesorias, se encuentran la prohibición de conducir vehículos motorizados y la obligación de tratamiento en rehabilitación de drogas o alcohol.

NUEVOS ACTORES Y FINANCIAMIENTO

Paralelo al catálogo de sanciones, el nuevo sistema establece el refuerzo de instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría Penal y el Poder Judicial.

Para ello, se contará con 22 fiscales adicionales y una unidad especializada a nivel nacional en el Ministerio Público, con una inversión de $976 millones. Asimismo, habrá 9 nuevos jueces de Garantía y 1 Sala de Tribunal Oral en lo Penal (que involucran una inversión de $670 millones), además de recursos para capacitaciones en el Poder Judicial.

Por otra parte, la ley contempla recursos para licitar la defensoría especializada juvenil de 11 mil 443 causas y una unidad especializada a nivel central en la Defensoría Penal Pública con una inversión de $1.302 millones.

En total, los recursos adicionales para financiar a los nuevos actores llegan a $2 mil 949 millones en régimen.

Cabe destacar que los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en la ley.

SEGUIMIENTO DE LA LEY

Para la puesta en marcha de esta ley se creará la Mesa de Implementación de la Nueva Justicia Adolescente que será coordinada por el Ministerio de Justicia. Ella estará integrada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el SENAME, Gendarmería de Chile, el Servicio de Registro Civil e Identificación, Carabineros, Investigaciones, el Instituto Nacional de la Juventud, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior.

La iniciativa se constituirá en una instancia para establecer las coordinaciones interinstitucionales que potencien la implementación y puedan resolver las dificultades que se presenten. Además, estará encargada de realizar un seguimiento a las condiciones de cada institución para la puesta en marcha de la normativa. Para su cumplimiento, cada institución nombrará un representante permanente para constituir una mesa ejecutiva de trabajo, tal como se ha realizado con la Reforma Procesal Penal.

Fuente: Ministerio de Justicia