Industrias extractivas y energéticas en la mira de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos

•Muestra de los mejores documentales del Cono Sur contribuirá a detectar áreas donde es necesario establecer esfuerzos para la defensa de un nuevo tipo de derechos de las personas, de los animales y de la Tierra, derechos que siempre han estado pero que ahora se visibilizan con mayor intensidad y que están vinculados con la defensa del medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio sanitario y con ello la cultura y soberanía alimentaria de las comunidades.

•Vea la programación completa del ciclo.

Santiago de Chile, 12 de octubre de 2011. (Radio del Mar)-- En Chile y el Cono Sur, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, han realizado un indispensable trabajo en momentos críticos de la historia reciente en diversos pueblos y naciones. En tiempos de las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay, entre otros países del continente, estas organizaciones investigaron, denunciaron, protegieron y defendieron a las personas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del estado con la complicidad de reducidos pero poderosos sectores empresariales o de la oligarquía terrateniente. Así, la historia de la defensa de los derechos humanos en nuestra América, ha estado históricamente vinculada a la defensa de las personas de la violencia política ejercida de manera física con torturas, asesinatos, secuestros y la detención y posterior desaparición de miles de seres humanos.

Luego de terminadas las dictaduras, la violencia política de funcionarios estatales, se ha reducido drásticamente quedando principalmente focalizada a abusos policiales de diverso tipo. Sin embargo, a pesar que siempre ha estado presente, en este tiempo comenzó a vislumbrarse más sistemáticamente un nuevo tipo de violaciones a los derechos humanos, esta vez generada por la imposición de megaproyectos de extracción de recursos naturales o de generación de energía en diversas comunidades locales. Esta situación que ocurre masivamente a partir de los años ’90 en Chile y el Conosur, se ha incrementado progresivamente debido a las garantías y subsidios que los Estados han dado a empresas multinacionales que además han ido poco a poco influyendo y manejando las decisiones de la vida política de los países. De esta forma han logrado rebaja o eliminación de impuestos, tanto en sus operaciones de inversión como de exportación de recursos naturales, mano de obra barata, subsidios estatales y favorables adecuaciones de las leyes nacionales a sus intereses corporativos, todo lo cual les ha permitido establecerse con protección hasta con policías y militares en algunos casos.

En Chile se ha visto claramente cómo la acción directa o indirecta de las compañías, con el silencio o complicidad de funcionarios estatales, han generado situaciones de vulneración de los derechos humanos individuales o colectivos. Pero también la violación de derechos, de un nuevo tipo, la violación de los derechos a los animales, de los derechos de la Tierra, al patrimonio sanitario, al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, y con esto la violación a la soberanía alimentaria de las comunidades.

Esto lo podemos ver con la violencia generada al interior de la comunidad de Mehuín, sector donde la compañía CELCO, intenta imponer su ducto de desechos industriales. O también como es el caso de la multinacional Barrick Gold que con su proyecto Pascua Lama ha debilitado la soberanía de las naciones de Argentina y Chile al imponer, junto a Instituciones Financieras Internacionales, el peculiar acuerdo binacional minero en la cordillera de los andes.

No es posible olvidar también a las industrias extractivas como las forestales, pesqueras y de acuicultura, ambas basadas en la depredación y causantes de negativas alteraciones a los ecosistemas y fuentes de vida y subsistencia de las comunidades locales, siendo, mayoritariamente, la vida rural la más afectada, la más violentada.

Registrando las Violaciones

Es precisamente en este contexto en que se realiza el ciclo de documentales “Industrias extractivas y energéticas” que durante octubre organiza Amnistía Internacional y Mapuexpress. Esta muestra, que recopila las mejores películas informativas sobre medio ambiente y derechos humanos realizadas en los últimos tres años, es un primer gran llamado de atención a las corporaciones y Estados de parte de los artistas audiovisuales y de las organizaciones de medio ambiente acerca de la observación de la comunidad internacional a los gobiernos del Cono Sur, sus instituciones y a las multinacionales que operan en estos territorios. Pero también es un llamado de atención a los gobiernos y sociedades de los países de origen de estas multinacionales.

A través de este Ciclo, los audiovisualistas y las organizaciones ciudadanas demandan al Estado Chileno y sus poderes públicos, el respeto pleno de los derechos indígenas y el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, siendo indispensable el respeto a la vida de los pueblos, sus culturas, sus conocimientos y prácticas ancestrales.

Este ciclo de documentales además realiza una revisión de la historia reciente en nuestros territorios y es un reflejo preocupante de la intervención directa de las multinacionales, muchas veces a través de empresas comunicacionales, en la vida social, política, económica y cultural de las comunidades locales. Pero también es un registro histórico del despojo de los recursos naturales de estos territorios. Como verán, las venas de América Latina siguen abiertas.

Todas estas películas que fortalecen la participación ciudadana potencian la democracia, con información veraz, oportuna y de calidad, muestran como, frente a esta situación, los gobiernos y empresas han criminalizado a dirigentes, organizaciones y movimientos. Pero además, de criminalizar la protesta social que denuncia la imposición de estos megaproyectos industriales, también ha criminalizado a los comunicadores y cineastas. Casos concretos tenemos en Chile y uno de ellos es el de Elena Varela, que fue acusada de terrorista, por registrar el abuso del Poder Judicial, de los fiscales y de la policía, con las comunidades Mapuche. Y aquí la responsabilidad es estatal, pues todos los gobiernos han criminalizado esta protesta social.

En definitiva, este ciclo de documentales ayudará a la ciudadanía a una discusión mejor informada, a establecer mejores vínculos entre pueblos y busca promover formas de convivencias pacíficas, respetuosas y responsables, en pro de fortalecer la defensa de la vida y de los Derechos Humanos.

Pero también contribuirá a detectar áreas donde es necesario establecer esfuerzos para la defensa de un nuevo tipo de derechos de las personas, de los animales y de la Tierra, derechos que siempre han estado pero que ahora se visibilizan con mayor intensidad y que están vinculados con la defensa del medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio sanitario y con ello la cultura y soberanía alimentaria de las comunidades.

La Tercera.cl

18 de agosto del 2011

En el documento, que le fue entregado en una audiencia privada, se certificaron cerca de 10 mil nuevos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. La instancia, no obstante, recibió 32 mil solicitudes.

Esta tarde, el Presidente Sebastián Piñera recibió -en el Salón de Audiencias del Palacio de La Monedala segunda versión del informe de la Comisión Valech sobre Prisión Política y Tortura.

En una audiencia privada, Piñera recibió el documento de manos de la vicepresidenta ejecutiva de la reabierta Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, luego de 18 meses de trabajo. En la ocasión, también estuvo presente el ministro de Jusitica, Teodoro Ribera.

Se recibieron 32.000 solicitudes, de las que fueron certificadas 9.800 que corresponden a casos de tortura y 30 respecto a desapariciones o ejecuciones.

En relación con los casos rechazados, Sepúlveda dijo que se trata de personas "que estaban fuera de mandato por no ser víctimas directas", y que en otros casos "no se pudo probar la motivación política o hubo falta de pruebas para acreditar la información presentada".

La cifra de certificaciones, sin embargo, fue calificada de "aberrante" por Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), por cuanto supone apenas un tercio de los casos presentados, según dijo en declaraciones a la agencia EFE. "Son cifras aberrantes. Puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70% del total es absurdo, ilógico", cuestionó.

Por su parte, el titular de Justicia dijo que "esperamos que este informe de la comisión contribuya a la paz y la reconciliación", junto con manifestar que el Mandatario "agradece y valora el trabajo que ha realizado la comisión".

La instancia, en su reapertura -a fines del gobierno de Michelle Bachelet-, recogió los testimonios de víctimas que no fueron ingresados en el informe anterior, entregado en junio de 2005 al entonces Mandatario Ricardo Lagos.

En esa oportunidad, el documento incluyó a unas 29 mil personas, entre las que se contabilizaron a 87 menores de edad.

El secretario general de la Comisión Valech, Claudio Herrera, comentó hace algunos días que la idea de la segunda versión es entregar reparación a aquellas personas que no alcanzaron a ser ingresadas durante el período anterior, y reconsiderar aquellos casos que no fueron acogidos.

Los 32 mil nuevos casos excedieron todas las expectativas, razón por la que la instancia solicitó una prórroga de seis meses en febrero pasado, mes en el que vencía el plazo para la entrega del informe.

El documento es considerado el cierre del proceso que se inició en 1990 con el Informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que estableció un total de 2.279 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Mariana Callejas, cómplice del crimen de Carlos Prats y su esposa (I): Vida literaria en el corazón de la DINA

Por Cristóbal Peña, CIPER

 Mariana Callejas no irá a prisión. Después de ocho largos meses de espera, la Corte Suprema anuló la condena a 20 años dictada en primera y segunda instancia, beneficiando a la ex esposa de Michael Townley con una sentencia de sólo 5 años y sin cárcel como cómplice del crimen del general Carlos Prats y su esposa, ejecutado en 1974, en Buenos Aires. Aún así, ella dice que pagó un duro castigo al convertirse en paria de las letras chilenas. Comenzó a escribir seriamente casi a la par que se afilió a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Dos ocupaciones muy distintas y en apariencia opuestas pero que inevitablemente terminaron mezclándose: uno de sus primeros cuentos trata sobre un sujeto a quien le encargan instalar una bomba bajo un auto. Su casa fue cuartel y a la vez sede de un taller literario por el que pasarían figuras relevantes de la Nueva Narrativa Chilena. En esas sesiones de lectura era quien llevaba la voz cantante. El mando. Escribía más que ninguno del grupo y era considerada una promesa de las letras nacionales. Todo eso mientras tomaba parte activa del organismo represivo de Pinochet.

El libro que Mariana Callejas tenía sobre la mesa de comedor trata de sicología. El drama del niño dotado, de Alice Miller, llegó ahí por intermedio de un amigo budista que cree en los libros de conocimiento personal y autoayuda: “No sé por qué se le ocurre que me voy a encontrar a mí misma; yo ya me encontré hace rato”, dijo ella y sonrió desde su departamento de dos ambientes en Providencia, donde a esas horas del atardecer sonaba el grupo gótico Dead Can Dance. Una música extraña y oscura, inquietantemente hipnótica, suave y a la vez intensa, como la misma Callejas. Una música que serviría para ambientar el tránsito de la vida a la muerte de un ser humano.

La serie de encuentros y entrevistas con Mariana Inés Callejas Honores sucedieron unas semanas antes de la resolución de la Corte Suprema que anuló la sentencia a veinte años de cárcel en su contra por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. En esos días, previos a la sentencia definitiva, ella decía estar tranquila y confiada de su absolución. Decía eso y además se veía sinceramente tranquila y confiada, no obstante que las pruebas en su contra parecían sólidas. El propio Michael Townley confesó que su ex esposa chilena participó directamente, al igual que él, del atentado a Prats.

La escritora y ex agente de la DINA, de 78 años, decía que en caso de confirmarse la sentencia de primera instancia del juez Alejandro Solís no se afligiría. Ya estuvo siete meses en prisión en 1993 y esa experiencia “no significó mucho, si se sabe vivir ahí”, afirmó. Recordó que escribía poesías de amor para que sus compañeras de prisión se comunicaran con sus parejas y que solía contar a viva voz cuentos propios y ajenos, algunos de terror que incluyó en dos de sus libros. Salvo por algunas comodidades que dijo la tenían sin cuidado, la vida en prisión no haría gran diferencia con la que había estado llevando en los últimos años.

Una vida austera, solitaria y quieta. Una vida de condena social y de un ir y venir entre tribunales. Destacó además que en prisión puede hacer dos de las cosas que más le gustan: leer y escribir. De hecho, en prisión leyó Nocturno de Chile, el libro de Roberto Bolaño que recrea en clave de ficción los talleres literarios que ella solía organizar en la casa de Lo Curro, que al tiempo que sede social y literaria fue cuartel de la DINA y escenario de crímenes y horrores.

Mariana Callejas no reconocía autoría en el asesinato de Prats. Ni siquiera haber protagonizado o visto algún ilícito en sus años de agente. De lo que sí se mostró arrepentida es de haber participado en la DINA. Pero no por un juicio político o moral a la policía secreta de Pinochet, sino por las vergüenzas y dolores que han tenido que padecer sus cinco hijos, ocho nietos y un bisnieto.

Por eso, y principalmente porque su pasado político truncó una carrera literaria que se preveía promisoria.

Editores de renombre que leyeron sus cuentos, pero que no la publicaron por motivos políticos o morales, la reconocen como una escritora de méritos. Mejor que la media en Chile, al menos. Por algo fue reconocida con premios literarios ganados en buena ley. Pero Mariana Callejas es Mariana Callejas, protagonista de los más renombrados crímenes de la dictadura. De ahí que haya debido autoeditarse, habituarse al rechazo y desaire de sus pares. Eso sí que la entristece.

A decir verdad, en uno de los encuentros dijo precisamente lo contrario: que no la entristecía en absoluto, sino únicamente que lo encontraba injusto, pero lo dijo con voz triste. Eso ha sido un verdadero castigo, admitió después, en una de las pocas ocasiones que mostró alguna fisura (ver entrevista).

NOVELAS DE ESPÍAS

El punto de partida se sitúa en el invierno de 1974, cuando ingresó al taller literario que el escritor Enrique Lafourcade ofrecía en el Instituto Cultural de Las Condes. Eran cerca de cincuenta alumnos y ella destacaba entre la media. Ella y un par de nombres: Carlos Franz y Erik Polhammer. Había comenzado a escribir a fines de los sesenta, mientras vivía en Miami junto a su tercer marido y padre de dos de sus cinco hijos, Michael Townley. Allá tomó un curso de escritura y ensayó sus primeros cuentos, varios de ellos inspirados en personajes que había conocido una década atrás en Nueva York.

Fue precisamente uno de esos cuentos, llamado ¿Conoce usted a Bobby Ackermann?, el que impresionó favorablemente al maestro del taller en Santiago. Ambientado en Brooklyn, este monólogo de un veterano sastre judío obtuvo en 1975 el primer lugar del concurso de cuentos Rafael Maluenda del diario El Mercurio. El relato fue incluido cinco años después en el primer libro de la autora y posteriormente, a instancias de Lafourcade, en una selección de cuentos chilenos de editorial Andrés Bello que contó con un tiraje de 45 mil ejemplares.

Lafourcade será el gran puntal literario de la Callejas. Estimuló su escritura y no pocas veces influyó para que la publicaran y ganara premios. Fue también gracias a él que la autora participó en el almuerzo que escritores chilenos compartieron con Jorge Luis Borges en 1976.

Dos años antes, al comienzo del taller, su esposo estadounidense solía recogerla en auto y muchas veces llevaban a Lafourcade a su casa. Así conocieron su intimidad y ganaron su confianza. Callejas era su alumna preferida y ejercía una atracción especial en él y otros alumnos del taller, que admiraban sus observaciones agudas y punzantes, a veces crueles, pronunciadas con voz sedosa y pausada. Le gustaban las novelas de espías, especialmente las de John Le Carré, y comentaba con propiedad obras de Hemingway y Camus. Pese a su baja estatura, era una mujer atractiva, además de cosmopolita y enigmática.

Había vivido en un kibutz en Israel y su tercer marido era un norteamericano diez años menor que ella. Uno de sus amores, el también agente DINA Antal Lipthay, la definirá en una declaración judicial del caso Letelier como una mujer “extraordinariamente inteligente y hábil (…) Gustaba relatar detalles íntimos de sus vivencias en el kibutz, las costumbres, las obligaciones, la igualdad entre los sexos, la liberalidad en las manifestaciones eróticas. Y en este último detalle, recuerdo que a Mariana le satisfacía abundar en imágenes e incluso evocar algunas de sus propias experiencias”.

En el mismo testimonio, Lipthay la definirá en un ámbito más oculto: “La permanente acción política le da la satisfacción espiritual que necesita”.

COMANDANTE PEPE

La acción política experimentó un cambio de eje radical. Si en su juventud simpatizó con la izquierda, desde fines de los sesenta transitó hacia la vereda opuesta. No es fácil explicar esto. Tampoco ella se lo explica.

En una de sus tantas declaraciones a la justicia dirá que así como en Estados Unidos marchó en contra de la guerra de Vietnam también lo hizo antes en favor del senador Joseph McCarthy. Y hoy asegura que así como sigue siendo anticomunista, también se declara anticlerical. El hecho es que su verdadera “satisfacción espiritual” comenzó durante la Unidad Popular, cuando adscribió junto a su marido al movimiento nacionalista de extrema derecha Patria y Libertad y participó de la emisora clandestina Radio Libertad. Más protagonismo tuvo Michael Townley, que se vio involucrado en la muerte de un obrero en Concepción y debió arrancar del país para eludir la cárcel junto a su familia.

Tenía historial político, pero de eso no se hablaba en el taller literario de 1974. Se discutía de literatura y punto. Nadie sospechaba de ella. Por eso, ese mismo año, cuando Lafourcade anunció el abrupto fin del taller ante la deserción de varios alumnos, los que persistían aceptaron la invitación de ella de seguir las sesiones en la mansarda de la casa que tenía con Townley en calle Pío X, en Providencia. Uno de esos alumnos fue el empresario catalán Cristián Aguadé.

Ex esposo de la pintora Roser Bru y refugiado de la Guerra Civil española, recientemente Aguadé publicó un libro de memorias en que dice que la dueña de casa “escribía bastante bien unos cuentos de fuerte carga psicológica”. En particular destaca uno que le llamó la atención, aunque no necesariamente por su prosa: inspirado en José Liendo, el comandante Pepe, el cuento describía pormenores de la captura y muerte del mítico dirigente sindical del MIR, asesinado un mes después del golpe de Estado.

“La descripción era tan realista y con lujo de detalles, que si bien no es extraño en un gran escritor, parecía cosa vivida. Pero además, era la única que se atrevía a tocar temas de actualidad, pues todos los demás los eludíamos para no caer en sospechas”, cuenta Aguadé, quien en su momento nunca percibió nada extraño. Tiempo después vino a entender el propósito del taller de electrónica que el marido de Callejas tenía en las afueras de esa casa y por el que se pasaba para ingresar a la mansarda. Un taller como cualquiera. Una casa de familia como cualquiera. De ella admiraba su agudeza y talento literario. A Townley lo recuerda como “un joven de aire pacífico y hacendoso que de vez en cuando nos visitaba donde nos reuníamos, pues también era aficionado a la literatura”.

POSTALES DE FAMILIA

En el departamento de Mariana Callejas hay una foto familiar a la vista. Es una imagen en blanco y negro y la muestra a ella junto a Michael Townley y sus cinco hijos. La escena, que transmite satisfacción, serenidad incluso, fue captada hacia mediados de los sesenta cuando la pareja vivía en Los Dominicos y disfrutaba de un periodo de estabilidad que se extenderá por el resto de la década. Se habían casado en 1961 en Santiago y Townley pasó a ser el padre adoptivo de los tres hijos del anterior matrimonio de ella.

En 1966, una vez que nació el segundo hijo en común de la pareja, se trasladaron a vivir a Miami.

Allá ella comenzó a escribir en un taller de la Universidad de Miami. También se sumó a marchas convocadas por el New Party of Florida, una agrupación de izquierda que entre otras cosas proponía la legalización del aborto y la marihuana. A su esposo, en cambio, no le interesaban mayormente la literatura ni menos política. Lo suyo eran las carreras de autos. Trabajaba en un taller mecánico y antes había vendido enciclopedias. Aparte de los hijos, la pareja tenía poco en común.

Así y todo ella sostiene que había armonía entre ellos y que esa armonía era sinónimo de felicidad:

-Nuestra casa en Miami no era un lujo, era relativamente modesta, pero teníamos un yatecito y un perro muy lindo. Llegaban muchos chilenos a visitarnos, bandadas de chilenos que no sé cómo se pasaban el dato y se acomodaban en colchones en el garaje. Salíamos a pasear en yate y lo pasábamos estupendo, pero todo eso se esfumó cuando pasaron las cosas feas.

Las “cosas feas” comenzaron en tiempos de la Unidad Popular, más particularmente cuando Townley salió arrancando de Chile al tomar parte del comando de Patria y Libertad que dio muerte al obrero que custodiaba una antena que impedía las transmisiones de Canal 5 de Concepción, dependiente de la Pontificia Universidad Católica, cuya postura era de decidida oposición al gobierno de Allende. La foto del estadounidense estuvo en las portadas de los diarios y lo obligó a arrancar. Después le siguió ella con los hijos. Había un prófugo y un muerto a cuestas. Pero para ella las cosas feas no comenzaron realmente ahí sino con la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.

TIEMPO COMPARTIDO

Mariana Callejas ha dicho que su ex esposo ingresó a la policía secreta de Pinochet a instancias del entones coronel Pedro Espinoza, subdirector de la DINA, que conocía el trabajo de la pareja en Patria y Libertad. Que lo hizo por motivos económicos pues hace no mucho habían llegado de Estados Unidos y no tenían trabajo. Y que ella también aceptó participar sólo para aumentar el ingreso familiar, no obstante que le pagaban considerablemente menos que a él.

Ha dicho también que no tenía una función específica en la DINA, a diferencia de su esposo, que era experto en electrónica. Que no midió las consecuencias y las cosas se le escaparon de las manos, pues no tuvo voluntad de poner freno a lo que consideró fue un aprovechamiento de los mandos superiores. Ha dicho todo eso y vuelve a decirlo en su departamento, introduciendo algunos matices:

-Es para arrepentirse el resto de la vida. Para darse de patadas en el traste el resto de la vida. ¿Cómo pude aguantar esto yo? ¿Por qué dejé que Mike hiciera esto? Pero no se puede repetir la historia. Fue un mal momento, fue un mal momento cuando no encontró trabajo y estaba desesperado, estábamos desesperados. Había que pagar arriendo, había que pagar colegios, tú sabes cómo es. Sin trabajo, sin apoyo, y de repente aparece Espinoza (…) Yo me vi envuelta en este asunto, no es que yo haya dicha Ah, voy a pelear por esto, me voy a meter a la DINA y voy a hacer cosas, no. Yo por mí no hubiera hecho nada. Si Michael no hubiera insistido en que lo acompañara, yo no habría tenido por qué figurar en ninguna cosa. Pero, como era muy celoso, insistía en que lo acompaña en sus viajes…

El primer viaje en que acompañó a su marido -de acuerdo con el fallo en primera instancia del juez Solís, que fue ratificado por la Corte de Apelaciones- coincidió con el asesinato de Carlos Prats y su esposa. Entre los elementos de prueba esgrimidos por Solís para incriminarla se cuenta el testimonio de un ex militar que asegura que en los días previos al atentado la pareja estuvo probando explosivos en el Cajón del Maipo, lo que fue corroborado posteriormente por el propio Townley ante la justicia. De cualquier modo, había una distinción: mientras Townley dedicaba tiempo completo a su trabajo en la DINA, Callejas alternaba sus funciones de agente con las de escritora aficionada.

Sus cuentos trataban principalmente de veteranos, perdedores y gente sola y desencantada. También de terror y misterio. Varios de los relatos de esa época fueron compilados en Larga noche (1981), una autoedición de escasísima difusión que comienza con un relato homónimo que describe las torturas de un detenido. También incluye el cuento titulado Parque pequeño y alegre, que trata de un sujeto a quien le encargan poner una bomba bajo el auto de una víctima.

El libro llegó a manos del crítico literario Hernán Poblete Varas, quien publicó un comentario de ese libro en el que dijo que “se trata de cuentos breves, concretos, sin una palabra de más (…) en la mayoría prevalece cierto escepticismo en el cual no hay, sin embargo, derrota ni amargura, aunque haya desencanto y muerte”.

CRITICA IMPLACABLE

Mariana Callejas se tomó en serio su afición literaria. Tenía una producción importante y era quien movilizaba al grupo proveniente del taller de Enrique Lafourcade que siguió trabajando en la casa de Pío X, en Providencia. “Instalé asientos, alfombras, pisos, lámparas y avisé que el taller sería autónomo y que estaría abierto a quien quisiera asistir”, escribió en la introducción de su libro Nuevos cuentos (2007). También escribió que entre el “bello grupo de personas asistentes” a esas primeras sesiones, se encontraban Cristián Aguadé, Lucho Hermosilla, Verónica Pizarro, Cassandra Gianini, Verónica Pizarro, Iris Cornejo y Carlos Franz, a quien definió como “el niño bonito que hablaba como un caballero sesentón”.

Empujada por su maestro literario, que más de una vez llegó de visita a esa casa, Callejas ejercía un cierto liderazgo sobre el grupo. Conducía las sesiones y determinaba sus dinámicas. Según el relato testimonial que el escritor Carlos Iturra publicó con el título de Caída en desgracia, ella “no ponía restricciones a su hospitalidad y prodigaba a todos por igual su acogedora bienvenida, pero como tallerista era implacable, tal vez la que descargaba opiniones más despiadadas sobre los textos defectuosos”.

El escritor Gonzalo Contreras, quien a partir de 1976 –con 17 años- frecuentó los talleres de la ex agente, dice que “ella era una mujer muy fuerte, con temperamento”, y solía llevar la voz cantante en el taller y, probablemente, “por lo que pude observar, también en su casa”.

Atendiendo a la relación de los hechos, es muy probable que en los días en que tenían lugar los talleres literarios en la mansarda de la casa de Providencia, se organizaba el asesinato de Carlos Prats.

Aunque ella nunca ha reconocido participación alguna en este crimen, admitiendo únicamente que en esa época viajaba a Buenos Aires por motivos de turismo y comercio, fue su propio ex marido quien la delató en una declaración judicial de 1999 ante la jueza María Servini de Cubría:

“Yo estaba sentado al volante y mi esposa al otro lado y tenía la radio sobre las rodillas. La levantó y preguntó: ¿qué hago? Dámela, le dije… No, no sé si lo dije… simplemente la tomé. Ella estaba toqueteando, empujando. Ni siquiera estaba prendida. Estábamos sentados desde hace horas… Cuando ella levantó la radio, el botón estaba al lado derecho, lo tenía en la mano. Yo vi que cuando la levantó pensaba que se iba a producir la explosión, pero no sucedió…” (ver testimonio completo de Townley).

La Corte Suprema desestimó este testimonio, al igual que otras pruebas. Para la máxima instancia judicial del país, sólo a Townley le cabe responsabilidad como autor material del crimen. Como sea: se trató del primer crimen internacional de la DINA. Y a éste le seguirán los atentados a Bernardo Leighton (Roma, 1975) y Orlando Letelier (Washington, 1976), en los que estarán involucrados Townley y su esposa.

Fue el comienzo de una política de exterminio internacional y para ello la DINA dispuso la compra de la casa de Lo Curro, donde se mudó la pareja y quedó establecido el cuartel Quetropillán. Ahí también se siguieron celebrando veladas literarias y sociales con nuevos invitados.

Vea además:

Mariana Callejas: “Es tan triste escribir y que no te publique nadie”

La confesión clave de Michael Townley

La Agrupacion de familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD entregó una misiva al gobierno y Audiencia Nacional de España, respaldando al juez Baltazar Garzón.

Sr. Embajador de España
D. Juan Manuel Cabrera Hernández

PRESENTE

De nuestra consideración:

Junto con saludarlo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, desea por su intermedio dar a conocer a usted, al gobierno que representa, a la Audiencia Nacional y a quienes corresponda nuestro sentir frente a la investigación a la que será sometido  el Juez Baltasar Garzón.

Nos parece ajena a toda lógica democrática que esa investigación esté relacionada con el hecho de si violó o no la ley española al asumir, el Juez Garzón, la investigación por crímenes de lesa humanidad efectuados por el franquismo entre los años 1936 y 1951, sobre los cuales se aplicó la ley de amnistía dictada en 1977. Sabido es que a crímenes de esa naturaleza, tales como la desaparición forzada de personas, la tortura y las ejecuciones políticas, no les es aplicable amnistía alguna, dado que , según el Derecho Humanitario Internacional nos señala, esos crímenes no pueden se amnistiados y no prescriben en el tiempo, siendo además, posibles de ser juzgados en cualquier época y lugar, razón por la cual son considerados contra la humanidad.

La similitud con nuestra propia ley de amnistía de 1978 y las resoluciones que se han hecho por parte de Comisión Interamericana de DDHH y las propias Naciones Unidas, en el caso chileno, nos dan los argumentos para sostener que lo obrado por el Juez Garzón, es correcto, es más a Chile se le ha solicitado en forma categórica que esa ley de amnistía debe ser eliminada de nuestra legislación, pues su origen es espúreo y viola las leyes internacionales. Misma situación que se refleja hoy con España a quienes distintas instancias de la ONU han solicitado revocar dicha ley.

Bajo el mismo concepto de crímenes de lesa humanidad, es que el Juez Baltasar Garzón pudo juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet, responsable de la desaparición de nuestros familiares. Sancionar a un Juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes de la era de Francisco Franco es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de 100.000 desapariciones en su Patria, sentando un precedente ético y legal incalificable.

Creemos firmemente que la labor de todo estado democrático es perseguir y sancionar a quienes violaron los derechos humanos, aquí o en cualquier parte de mundo. Hacer justicia, buscar la verdad de lo acontecido corresponde como la única forma de reparar dignamente a las víctimas y a sus familiares.
A través suyo, Sr. Embajador expresamos la mayor solidaridad para con el Juez Garzón y su incansable labor en pro de la justicia.

Atentamente

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago de Chile, 26 de abril 2010
atencionexterior@gmail.com

La Nación Por Leslie Ayala

Lunes 15 de febrero de 2010

Foto: En la actualidad, la infraestructura es utilizada por el Sename como centro de detención de menores de edad. La corporación quiere resguardar el deterioro de estas instalaciones.

“Convirtamos el dolor en un parque por la paz y la memoria”. Esta es la consigna que persigue la Corporación 3 y 4 Álamos, que el próximo martes 23 de febrero pedirá que este recinto -ocupado por la dictadura como centro de detención, tránsito y tortura- sea declarado monumento nacional. ¿El objetivo? Que el Estado proteja su infraestructura como patrimonio de la historia reciente del país. En la actualidad, este lugar es ocupado por el Sename como centro de reclusión para infractores menores de edad bajo el nombre de El Arrayán, en la comuna de San Joaquín.

Muchos de los promotores de esta iniciativa son familiares de prisioneros políticos y de detenidos desaparecidos que fueron vistos por testigos en esas dependencias. También hay quienes sobrevivieron a las detenciones y vejámenes cometidos por agentes de la DINA en el lugar. Todos ellos creen que resguardar este tipo de centros es parte del proceso de reparación para la víctimas del régimen castrense, pero además es el símbolo más profundo del nunca más al terrorismo de Estado en Chile.

El presidente de la corporación, Osiel Núñez, explica que desde hace casi dos años se propusieron este proyecto y, tras varios meses de trabajo, están muy confiados de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) resolverá a su favor.

El dirigente dice que cuentan con más de cinco mil firmas que apoyan la causa sólo en la Región Metropolitana y que, en el expediente, consta el registro audiovisual de testimonios de personas que pasaron por este centro, ya sea como detenido reconocido por el régimen militar (Tres Álamos) y no reconocidos (Cuatro Álamos). En una ardua labor incluso lograron recopilar artesanías que algunos detenidos realizaron durante su cautiverio.

Campo de concentración

“Este es el campo de concentración de la dictadura por el cual, sin duda, pasó la mayor cantidad de prisioneros en el país y esto es porque cumplía las veces de campamento en tránsito. Se conjuga por un lado Tres Álamos, que era un campo de prisioneros reconocidos, que tenían una o dos veces visitas en la semana. Pero, al mismo tiempo, allí funcionaban Cuatro Álamos que estaban bajo la jurisdicción de la DINA”, señala Núñez.

Asimismo, comenta que dentro de la información recopilada están los registros de las torturas que se cometían en Cuatro Álamos, donde había un subterráneo en la casona principal denominado “el chucho”. En ese lugar, los agentes de la DINA aplicaban a los prisioneros el método conocido como pau de arara, que consistía en atar juntos sus pies y manos a un palo horizontal y luego colgarlos exponiendo sus genitales al soplete o la aplicación de corriente.

Ese subterráneo, según Núñez, “está clausurado y algunas de sus partes interiores fueron bloqueadas. Sin embargo, ha sido posible pasar a ese lugar. Hay que romper algunos lugares a objeto de reconstruir lo que fue eso en términos originales”.

Ultima sesión antes del cambio

La comisión de patrimonio del CMN decidirá si hace o no esta declaración el próximo 10 de marzo, cuando realice la última sesión de la administración actual antes del traspaso de mando al nuevo gobierno del Presidente electo Sebastián Piñera. Parte de los miembros de la corporación cifra sus esperanzas en que ese día se dicte la calidad de monumento nacional a Tres y Cuatro Álamos, pues ven difícil que luego de esto se haga. “Es ahora o nunca”, aseveran.

“Lo más importante es la salud democrática del futuro de nuestro país. Parte de los requisitos del nunca más es la comprensión de una sociedad que declara monumentos nacionales lugares que fueron, en un momento, imperios del horror”, dijo el dirigente.

La idea es que de declararse monumento nacional se inicie una nuevo proyecto, el cual contempla la recuperación del recinto para que 4 Álamos sea utilizado como un lugar testimonial de homenaje a los que “padecieron y a los que desaparecieron” y el resto de las dependencias cobije a organizaciones sociales, especialmente para el esparcimiento de jóvenes. “Vemos una parte como elemento testimonial y el resto lo vemos cobijando la vida, ese sería un homenaje grandioso por los que aquí pasaron”, sentenció Núñez. LN

Testigos del horror Parte fundamental de los elementos que se presentarán a la comisión serán los testimonios de los prisioneros y sus familias. Uno de ellos es el de María Victoria Corvalán, quien a sus 13 años visitaba a su padre el senador (PC) Luis Corvalán Lepe. “No recuerdo cuánto tiempo fue que le llevé la comida a mi papá. Lo que nunca se me olvidará es el terror que me penetraba cuando en dos o tres ocasiones el comandante Conrado Pacheco me obligaba a rodear la casona y entrar a un ‘subterráneo’, sólo ahora supe que le llamaban ‘el chucho’. Me hacía pasar por un pasillo y abría las puertas y me hacia mirar a los compañeros que colgaban de la tubería de una caldera, o a otros que los torturaban en una especie de “pavo de arara” artesanal… Pacheco me decía: Míralos ¿querís quedarte aquí? Le respondía que no. Me preguntaba si yo sabía quién mandaba en Tres Álamos. Sólo le respondía con un usted”. El 22 de enero de 2010, María Victoria volvió a Tres Álamos a revivir por primera vez su historia, con el objeto de que el lugar sea protegido por el Estado.

Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos

Coordinadora de Ex Presos Políticos PRSD

Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión y Tortura

Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos del Partido Socialista de Chile BEXPPS

Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile ANEXPPCHILE

Coordinadora Nacional Agrupación Nacional de Ex Prisioneros Políticos

 I N V I T A C I Ó N

EL COMANDO UNITARIO DE ORGANIZACIONES NACIONALES DE EX-PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE CHILE

Invita a todos los ex - presos, calificados o no calificados por la Comisión de Prisión Política y Tortura y a los familiares de compañeros fallecidos, a una Asamblea Informativa, a realizarse el día viernes 19 de febrero en la sede central de la CUT (Alameda 1346, metro Moneda, salida vereda sur), a las 10:30 horas.

Se informará en detalle sobre los siguientes puntos:

1.- Sobre la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones que conforman el Comando Unitario y basado en la unidad de los ex presos políticos.

2.- Informaciones sobre los beneficios de la Ley sobre Prisión Política y Tortura para los ya reconocidos.

3.- Información sobre el traspaso de beneficios a la viuda, y el tema del traspaso de la beca de estudio.

4.- Cómo influyen los vetos aditivos logrados, en el  tema PRAIS, en los menores y el mejoramiento de la pensión de la viuda.

5.- Sobre la reapertura de la Comisión de Prisión Política y Tortura; períodos, requisitos, constitución de la comisión, quiénes calificarán.

6.- Información, promoción, documentación para inscribirse, lugares en que estará disponible.

7.- Tratamiento de los temas pendientes en materia de Verdad, Justicia y Reparación.

Los esperamos, solicitando en lo posible el máximo de puntualidad.

Dirección Comando Unitario Nacional de Ex Prisioneros Políticos y Familiares

CÁMARA DESIGNA A ROBERTO GARRETÓN Y MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI PARA EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANO 

Por 88 votos a favor y 1 abstención, los diputados designaron a ambos abogados como integrantes del Consejo del Instituto de Derechos Humanos, cuyo objeto es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, de acuerdo a las normas internas y los tratados internacionales.

Roberto Garretón posee una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Fue Abogado de la Vicaría de la Solidaridad y Representante Regional para América Latina y el Caribe. También se desempeñó como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por su parte, Miguel Luis Amunátegui es Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello; Vice-Presidente de la Corporación Participa, Tercer Abogado Integrante del Tribunal Constitucional y Miembro del Consejo de la Academia Judicial, socio del Estudio profesional de abogados Amunátegui y Cía. Miembro del Cuerpo Arbitral-Ministerio del Trabajo para conflictos laborales de Empresas de Servicios Públicos; también del Cuerpo Arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago y de la Asociación Internacional de Seguros y director de las Compañías de Seguros de Mapfre.

La ley 20.405, que crea el Instituto de Derechos Humanos, establece que la Cámara podrá definir dos de los once consejeros de esta entidad.

Santiago de Chile, 21 de enero de 2010.

Crónica

Fecha martes, 24 de noviembre a las 10:20:40

 "Si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno"

Secretariado responde a la Asesora Presidencial en Derechos Humanos. Carta abierta a la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para políticas de Derechos Humanos

Secretariado Nacional de Ex-PP y Familiares

En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.  Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.

El 21 de Agosto los ex Prisioneros Políticos (ex PP) de la provincia de Osorno entregaron una misiva a la presidenta Bachelet, que la recibió en sus propias manos, pues se encontraba de visita oficial en esa ciudad. La carta solicitaba ser recibidos y anunciaba algunas reivindicaciones, siendo la más importante recordar la promesa de la Presidenta de enviar un proyecto de ley de reparación para los ex PP y sus familiares.

La Presidenta respondió oficialmente a través de la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards que oficia como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de DDHH. La Sra. Presidenta Bachelet parece no disponer de tiempo para entrevistarse con los ex pp y prefiere responder por escrito a través de su asesora. Debemos suponer que la asesora tampoco tiene tiempo para reunirse con los ex pp, pero su respuesta escrita merece ser contestada de la misma manera.

En primer lugar afirma mantener una relación con un "Comando Nacional de ex prisioneros políticos", que no conocemos. Puede ser que se refiera al autodenominado Comando Unitario cuyos dirigentes ofician como operadores súper numerarios del gobierno, pero que hace ya un largo tiempo no representan a nadie en el campo de los DDHH. Si ese fuera el caso queremos dejar establecido de antemano que los ex PP de Chile no se sienten representados por esos dirigentes. La Sra. Sepúlveda dice que realiza sesiones de trabajo con estas personas, lo que demuestra la entrega total de estos individuos al gobierno y su traición a la causa de los ex prisioneros políticos. (1)

En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas.

Respondemos con un primer argumento, los actuales candidatos presidenciales suscribieron el 28 de Octubre,  un "Compromiso Presidencial con los Derechos Humanos" que contiene alrededor de 20 puntos, la inmensa mayoría de los cuales forman parte de nuestras reivindicaciones en esta materia.

Esto significa que los eventuales futuros presidentes reconocen que en materia de DDHH la Concertación no ha cumplido prácticamente nada. No hay una investigación seria sobre la verdad de lo ocurrido, el Estado no denuncia ni procura procesar a los criminales, la reparación es tan magra que no alcanza los estándares internacionales, sigue pendiente la ratificación de muchos tratados internacionales, no hay una política real y efectiva de resguardo y promoción de los derechos humanos.

La verdad sobre los desaparecidos, la pregunta ¿dónde están?, no ha sido respondida en 20 años y los militares se burlaron siniestramente de los familiares al entregar datos falsos durante la mal llamada "mesa de diálogo".

Hay 276 agentes condenados nos dice la Sra. Sepúlveda , pero efectivamente detenidos en prisiones especiales tipo hotel 4 estrellas, no hay más de 40. ¿Por qué intenta engañarnos?, ¿olvida que habla en nombre de la presidenta?

La Sra. Sepúlveda nos dice que los procesos por tortura son escasos o no fueron acogidos por los tribunales. Sí, eso fue así durante la dictadura y posteriormente las querellas fueron presentados por las propias víctimas. Preguntamos ¿Cuántas denuncias por tortura ha presentado el gobierno chileno en contra de los violadores de los derechos humanos? Respondemos: NINGUNA. ¿Acaso la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual Ud. fue Secretaria Ejecutiva, no reportó 1.000 centros de detención y tortura a nivel nacional, al interior de recintos militares? ¿Cómo es posible que el Estado y el Gobierno de Chile, cuya misión es cumplir con la ley, no haya sido capaz de entablar ni una sola querella?

Respecto a las viudas de los ex prisioneros políticos, que la denominada Ley Valech dejó fuera del beneficio de pensión no contributiva, la Sra. Sepúlveda , nos dice que junto con el proyecto de ley del INDH se establece en una norma transitoria el derecho a una pensión. Pero se guarda mucho de decir que esa "pensión" no es igual a la percibida por el beneficiario directo, sino mucho menor, solo el 60% de ella y sin pago retroactivo; lo cual visto el monto exiguo la hace una verdadera burla para gente como las viudas que han pasado su vida entera corriendo la misma suerte que sus maridos: persecución política, discriminación, cesantía, relegación y exilio.

La extracción social de la inmensa mayoría de los ex prisioneros políticos corresponde a los sectores sociales históricamente postergados en nuestro país, y si hoy día el Ministro Velasco se permite decir que tiene "la caja ordenada" y todo el mundo sabe que el Estado chileno cuenta con recursos económicos extraordinarios producto del alto precio internacional del cobre, no creemos que se le "desordene" demasiado su caja al Ministro si accediera a entregar los 5 Euros diarios, de la pensión completa, a las viudas de los ex prisioneros políticos, que por lo demás no suman millones de personas.

Seguidamente la Sra. Sepúlveda se felicita de la "transferencia del beneficio educacional a un hijo o un nieto". Le refrescaremos la memoria a la Sra. Sepúlveda diciéndole que nunca ha habido "transferencia del beneficio", sino una especie de "traspaso" o mejor dicho "trampazo". Lo que el gobierno ha hecho ley es el derecho a una beca educacional, conforme al reglamento general de becas y no el beneficio. El beneficio implica el pago del 100% del costo de la carrera y una beca está limitada a una fracción del costo, con un tope máximo de 1.150.000 pesos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de una carrera universitaria. El saldo corre por cuenta de la familia. La mayor parte de los 1300 familiares que se acogieron a este supuesto beneficio el año 2008, esperaban gratuidad total. Ellos se merecen y deben exigir una indemnización por la deuda que han debido asumir, al Estado que no cumplió, o al Comando Unitario que los engañó.

En realidad, con este "traspaso" los ex prisioneros políticos están perdiendo el beneficio que la ley les otorga, pues ellos no podrán nunca más hacer uso de él. Lo lógico es ampliar el beneficio  a todos los hijos y nietos, como lo planteamos en nuestra plataforma, eso sí es reparación, pero no estas normas transitorias y vetos aditivos que más parecen limosnas que real reparación. Por otro lado cabe preguntarse si el Gobierno y la propia Señora Sepúlveda se han puesto a pensar que cuando hay más de un beneficiario estos deberán ponerse "de acuerdo" para determinar quién finalmente lo usará, lo que implica, más que entregar una "solución con este beneficio", introducir un elemento de disputa a las ya tan maltratadas familias de los ex Prisioneros Políticos

La guinda de la torta de la carta de la Sra. Sepúlveda se refiere a su definición de reparación a la que tienen derecho las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. "No hay estándares en esta materia ni menos normas internacionales" nos afirma ella. Interpreta a su modo las directrices internacionales sobre esta materia. Recordaremos brevemente cuáles son estas directrices.

La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU , de marzo 2006, establece en sus principios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 la reparación y precisan lo siguiente 

 -18.- Conforme al derecho interno y al derecho internacional ... se debería dar a las víctimas ... de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y  a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

- Nos detendremos en el principio 20;

"La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a)  El daño físico y mental;

b)  La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

c)  Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante;

d)  Los perjuicios morales;

e)  Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."

En consecuencia, la resolución de las Naciones Unidas es meridianamente clara respecto a lo fundado de nuestro derecho a reclamar indemnización al Estado.

¿Dónde está el problema, por qué los gobiernos de la Concertación no cumplen con los mandatos internacionales? Un primer esbozo de respuesta está dado en los principios 1 y 2 de la ya citada Resolución;

1.- La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos  dimana de:

a)  Los tratados en los que un Estado sea parte;

b)  El derecho internacional consuetudinario;

c)  El derecho interno de cada Estado.

2.-Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo  siguiente:

a) Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;

b) Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;

c) Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;

d) asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.

Aquí está el meollo del problema: la Concertación debió adaptar el derecho interno para poder cumplir con el derecho internacional, pero fue incapaz de hacerlo.

¿Por qué? Porque al inicio de la transición sus negociadores (Boeninger, Correa) firmaron acuerdos secretos con el ejército (general Ballerino) en donde aseguraron la impunidad para los violadores y asesinos de las FF.AA. Se comprometieron a mantener el decreto de Amnistía de 1978 (vigente hasta el día de hoy) y a mantener y perpetuar la Constitución de 1980.

El marco general de todo esto es la impunidad de los criminales. En consecuencia, no se puede castigar ni tampoco reparar, porque reparar significa reconocer los crímenes, por tanto la política oficial es: olvidemos el pasado, o sea los crímenes, y miremos hacia delante, busquemos la tan reiterada reconciliación, que políticamente es asexuada, sólo significa olvido y enterrar el pasado.

Es en este contexto político general que las víctimas y sus organizaciones han debido luchar denodadamente y sin lograr mayores éxitos. La Concertación últimamente ha desarrollado una acelerada política de reconocimientos oficiales destinados a la exportación de imagen: Día Internacional del desaparecido, Día Internacional del ejecutado, museo de la memoria, INDH vacío de todo contenido en materia de defensa y promoción de los DDHH.

Hay que hacer creer a la opinión pública internacional que en Chile se ha avanzado en esta materia, pero los porfiados hechos muestran lo contrario y las víctimas siguen ahí: esperando.

La opinión pública puede fácilmente entender por qué no se cambia la Constitución del 80: su vigencia es resultado del acuerdo político ya explicado y ello no será cambiado sino por otro acuerdo político o cuando se rompa con el cogobierno binominal.

Sra. Sepúlveda, su carta oculta o disfraza esta cruda realidad. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.

Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.

Santiago 12 de Noviembre de 2009

Héctor Cataldo                      

Silvia Araya                       

Nelly Cárcamo

Patricio Negrón                    

Cecilia Zamora                      

Víctor Rosas

ANEXPP CHILE                       

FAMILIARES  UNEXPP CHILE

EXPP FALLECIDOS

SECRETARIADO NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES

 [1] Los cabecillas de ese Comando son: Miguel Retamal, Ricardo Martínez, Ramón Núñez, Juan Rojas, Nelson Aramburu y Haydee Oberreuter.

Este artículo proviene de Comite de Defensa del Cobre

http://www.defensadelcobre.info

Respetable medio de comunicacion, donde se votara en todos los Consulados de Chile en el Mundo, el dia 13 de diciembre, a objeto de llamar la atencion en esta votacion simbolica, por la Legislacion Electoral que tenemos en Chile,porque se discrimina a los Chilenos

PUNTA ARENAS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009.

SEÑOR
EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION PUBLICA
PRESENTE

Por otro lado.los Organizadores piden que otras Organizaciones tambien tomen esta iniciativa,en cualquier Estado donde existan un grupo de Chilenos que esten dispuesto a concretar esta iniciativa y para eso tendrian que contactarse con la señora Andrea Cerda , encargada de la Difucion y voto Simbolico en el Exterior ,del Comite Organizador de Amsterdam al correo electronico de  votosimbolico.chileamsterdam@gmail.com.

RECIBIDO Y REENVIADO POR AGRUPACION SOLIDARIA DE EXPRESOS POLITICOS Y TORTURADOS DE MAGALLANES-www.unexpp.cl

Etiquetas: DERECHOS, HUMANOS, EN, CHILE

Ponencia presentada en el I Congreso de Asociaciones Chilenas en Europa (Madrid, 20-22 de noviembre)

Derechos humanos y justicia: desafíos ante la coyuntura electoral y política

Mario Amorós

Rebelión

En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros/as de Fedaches la invitación a participar en este relevante encuentro. Como hay dos compañeros en la mesa que se centrarán en la lucha del pueblo mapuche no me referiré, por cuestión de tiempo, a la represión infame que sufren casi a diario estos compañeros y compañeras.

1. Durante sus 17 años, la dictadura de Pinochet vulneró de manera sistemática y cotidiana los derechos humanos, no sólo con prácticas abominables como la tortura de centenares de miles de personas, el exilio, las ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada de miles de personas. También con la implantación, a partir del viraje de abril de 1975, del modelo neoliberal, que supuso una agresión a los derechos sociales conquistados por el movimiento popular tras un siglo de lucha.

2. La lucha del movimiento de derechos humanos, con su lema "Verdad, Justicia, Memoria", fue decisiva para la reconstrucción del tejido democrático, para las grandes movilizaciones del periodo 1983-1986 y para la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988.

3. La Transición pactada por la Concertación y el régimen de Pinochet se fundó, entre otros acuerdos tácitos, en la impunidad de los represores de la dictadura. El Informe Rettig tuvo el gran valor de asentar una verdad oficial sobre una parte de los crímenes de la dictadura, pero hasta 1998 todas las causas judiciales se cerraban con la aplicación sistemática de la Ley de Amnistía de 1978. El caso Letelier, por el que Contreras y Espinoza fueron a prisión en 1995, estaba excluido del decreto-ley 2.191.

4. Todo cambió a partir de 1998 por las movilizaciones para impedir que Pinochet se convirtiera en senador vitalicio al abandonar la jefatura del ejército el 11 de marzo de aquel año, la presentación de la primera querella criminal contra el tirano en Chile por parte de la compañera Gladys Marín (secretaria general del Partido Comunista), cuya instrucción recayó -por sorteo- en un juez desconocido de la Corte de Apelaciones de Santiago (Juan Guzmán Tapia), y, sobre todo, por el hito de la detención de Pinochet en Londres aquel inolvidable 16 de octubre.

5. Los 503 días de Pinochet en Londres cambiaron el devenir de Chile:

- Quedó al desnudo el pacto que diseñó la Transición, la persistencia de los "enclaves autoritarios", la herida abierta de una impunidad lacerante.

- El gobierno de Eduardo Frei, con sus cancilleres Insulza y Juan Gabriel Valdés, no descansó hasta lograr el retorno de Pinochet. En el interior del país, promovió, de acuerdo con las Fuerzas Armadas, la Mesa de Diálogo cuyo objetivo pretendía ser averiguar el paradero de los detenidos desaparecidos, pero que en realidad no fue sino una maniobra más para lograr el retorno de Pinochet de Londres.

- La lucha admirable del movimiento de DDHH y el trabajo de sus abogados empezó a dar sus frutos en 1999, con la reinterpretación de la Ley de Amnistía, que permitió el procesamiento, primero, y en los últimos años ya la condena en firme de decenas de represores.

- En enero de 2001, el juez Guzmán procesó a Pinochet por su responsabilidad en los crímenes de la caravana de la muerte.

- En 2003, con motivo de la conmemoración de los treinta años del golpe de estado, Chile vivió una verdadera primavera de la memoria: por primera vez, millones de chilenos recibían una mirada diferente del periodo de la UP y la dictadura. Es muy interesante analizar cómo interpretó cada sector político la historia reciente de Chile en aquel momento: desde la derecha más ultra, a las Fuerzas Armadas, el Gobierno del presidente Ricardo Lagos y la izquierda.

6. ¿Cuál es la situación actual? Según un reportaje de principios de este mes publicado por el director del semanario chileno El Siglo, Francisco Herreros, a 30 de septiembre de este año había abiertas en los tribunales chilenos 333 causas criminales por 1.101 víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, con 768 represores sometidos a proceso, de los que 276 ya estaban condenados y 53 de ellos tienen la sentencia ejecutada y están cumpliendo penas de presidio.

Entre esos 768 represores, hay 53 generales o brigadieres del ejército, dos generales de la Fuerza Aérea, seis vicealmirantes o contralmirantes de la Armada o seis generales de Carabineros. Entre los que acumulan más condenas, están algunos de los más siniestros miembros de la DINA: el suboficial Basclay Zapata acumula doce; el brigadier Pedro Espinoza diez, el coronel Miguel Krassnoff, 23; el coronel Marcelo Moren Brito, 25; y el general Manuel Contreras, 37.

7. Este balance no menor (más aún si lo comparamos con casos tan sangrantes como el de España) no es mérito de ninguno de los cuatro gobiernos de la Concertación, sino de la lucha ejemplar del movimiento de derechos humanos y de la izquierda. Ahora bien, sí reconozco que los gobiernos de Lagos y Bachelet han promovido políticas de la memoria en los espacios públicos y así al Parque de la Memoria de Villa Grimaldi (inaugurado ya en 1995) y al Memorial del Cementerio General que se inauguró durante el mandato del presidente Aylwin, se han sumado la apertura de memoriales por todo Chile: Londres 38, José Domingo Cañas, Paine, Copiapó...

Además, el gobierno de Lagos promovió el Informe Valech, que reconoció como víctimas de tortura a más de treinta mil prisioneros políticos (un tema que quedó excluido del Informe Rettig). Y próximamente la presidenta Bachelet abrirá el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Mientras tanto, en España el gobierno socialista ordenó hace pocos meses la demolición de la cárcel de Carabanchel, donde tantos resistentes antifascistas (principalmente, comunistas) penaron años de presidio por su lucha por la libertad.

8. Ante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de diciembre, los cuatro candidatos han tenido que definirse ante este asunto.

- El candidato de la derecha, Sebastián Piñera, prometió el 10 de noviembre a más de mil miembros retirados de las Fuerzas Armadas el cierre de los procesos judiciales. Las socorridas frases de "mirar al futuro y no a un pasado que nos dividió" intentan ocultar la apuesta por la impunidad en su discurso.

- El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, tiene muy poca credibilidad en este terreno ya que durante su sexenio en La Moneda no recibió jamás a la directiva de la AFDD e intentó perpetuar la impunidad con distintas iniciativas. Amén de sus maniobras insistentes para evitar la extradición a España de Pinochet.

- Tanto el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, como el candidato presidencial de la izquierda, el compañero Jorge Arrate, han suscrito el "Compromiso presidencial con los Derechos Humanos" elaborado por la AFDD, que prevé la derogación del decreto-ley de Amnistía o la tipificación legal de la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad. Y también demandas de carácter político, como la elaboración de una nueva Constitución, la derogación de la Ley Antiterrorista de 1985 y el cese de la represión contra el pueblo mapuche.

- Desde mi punto de vista, el programa presidencial de Jorge Arrate es el más completo en materia de derechos humanos y justicia (también en los otros aspectos, por cierto). Por ejemplo, Arrate es el único candidato que propone la renacionalización completa de la gran minería del cobre, mientras que Marco Enríquez habla incluso de privatizar Codelco.

Por primera vez, la derecha es la favorita para ganar las elecciones presidenciales en Chile. Sería la primera vez que lo logra desde 1958 y la segunda vez que lo logra desde 1932. Si la derecha conquista La Moneda, unirá la Presidencia de la República al gobierno de las principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Concepción, Viña del Mar) y, sobre todo, al gran poder económico, financiero y comunicacional. Es cierto que Piñera votó NO en 1988, pero ¿quiénes conformarían su gabinete de ministros y subsecretarios? El núcleo duro de la UDI, sobre todo.

Esto significaría la consolidación del modelo neoliberal, la impunidad en materia de derechos humanos, un giro ultraconservador en la política exterior (frente al positivo balance en este terreno de la presidenta Bachelet) y de ningún modo podrían abordarse reformas democráticas inaplazables como un nuevo Código del Trabajo, la renacionalización del cobre o la elaboración de una nueva Constitución Política.

En esta coyuntura, creo que la izquierda y las fuerzas democráticas de Chile tienen dos grandes desafíos. Para la izquierda, es decisivo romper veinte años de exclusión el próximo 13 de diciembre y que varios diputados comunistas se sienten en el próximo Congreso Nacional. Asimismo, esperamos que en torno a la candidatura del compañero Jorge Arrate pueda forjarse, más allá del 13 de diciembre, un amplio movimiento político y social que pueda constituirse en alternativa al neoliberalismo y que así Chile pueda sumarse a la esperanza que hoy renace en América Latina.

Pero también existe otro reto, planteado por Arrate el lunes en el último debate en televisión mantenido por los cuatro candidatos presidenciales: las fuerzas democráticas tienen que ser capaces de unirse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no sólo para derrotar a una derecha anclada aún en el pinochetismo. También para que el próximo presidente de Chile (sea Frei, Marco Enríquez o el compañero Jorge Arrate) emprenda reformas inaplazables: nueva Constitución, fin de la criminalización del pueblo mapuche, verdad, justicia y memoria, nuevo Código del Trabajo, renacionalización del cobre, educación y sanidad públicas de calidad...

Esa unidad también deben de forjarla ustedes, los chilenos del exterior, para conquistar, además, su legítimo derecho al voto, cuya aprobación la derecha ha bloqueado una y otra vez.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Etiquetas: Derechos, humanos, justicia, Desafíos, Coyuntura, electoral

P A R A G U A Y:

A un Año del Descubrimiento de un Sótano, Centro de Tortura en el Ex Ministerio

 del Interior de Stroessner y  Montanaro.

 El gobernador de Misiones, Dr. Víctor Hugo Pereira,  el Defensor de los Derechos Humanos, Martín Almada, CAZADOR DE ARCHIVOS, y el ex conscripto Toribio Pérez, el sábado 31 de octubre  a las 9 de la mañana, realizaron un recorrido por el edificio del ex Ministerio del Interior al recordar un año del hallazgo  de nuevas piezas documentales  sobre  los crímenes de la dictadura stronista durante la gestión del entonces temible Ministro, Sabino Augusto Montanaro y la vigencia  de la Operación  Cóndor, Operación Militar entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile Paraguay y Uruguay correspondiente a la década del 1970.

La recorrida tenia la finalidad de alentar las investigaciones de la Fiscalía, a cargo de la Agente Fiscal, Sonia María Mora Franco, así como de las personas y organismos involucrados en la lucha contra la impunidad  de los crímenes cometidos durante la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner y secundada por numerosos represores que actualmente intentan nuevos posicionamientos en la política nacional y el retorno de  apropiadores como Gustavo Stroessner, prófugo de la Justicia.

El Operativo de hace un Año

En la esquina de las calles  Montevideo y  Estrella, funcionaba el Ministerio del Interior y desde allí ejerció Sabino Augusto Montanaro, la jefatura de esa cartera durante dos décadas de la dictadura stronista, Sabino  Augusto Montanaro, actualmente detenido acusado por las más graves violaciones a los Derechos Humanos.

En el edificio de varios pisos, funcionaba un centro de escuchas telefónicas ilegales que formaban parte del sistema de inteligencia con que la dictadura de Stroessner aplicaba la doctrina de la Seguridad Nacional y sometía al pueblo paraguayo al más siniestro Terrorismo de Estado.   El sótano, un espacio amplio y apenas ventilado por pequeñas ventanillas, servía de cárcel clandestina. Allí, según el testimonio de Toribio Pérez eran arrojados los prisioneros políticos paraguayos y extranjeros, que luego de ser torturados, morían en el agua estancada en el sótano. Toribio Pérez, oriundo de Antequera, (Paraguay) prestó allí su  servicio militar bajo las órdenes de Montanaro. Toribio sabía leer y escribir y a su cargo estaba el control de ese infernal sótano..Redactaba las novedades de la jornada para el Libro de Guardia.

Toribio fue testigo durante 2 años (1970 y 1971) de todas las calamidades que cometían los torturadores de Montanaro. También Toribio sufrió severos castigos por haber preguntado  los motivos de los castigos y la gran cantidad de personas que eran torturadas y vejadas en el lugar.

Pasaron 30 años y Toribio y muchas noches no pudo dormir porque no le dejaba en paz las pesadillas. Los gritos de socorro Mama, ay Mama, de los torturados resonaban en sus oídos, también le pesaba mucho las órdenes, gruñidos, gritos  de amenazas del entonces Ministro  Montanaro.

Quería Toribio finalizar el sufrimiento de los recuerdos y sacudirse de sus pesadillas por eso, brindó su testimonio al Dr. Martín Almada, Defensor de los Derechos Humanos del Paraguay y le confesó la existencia de un sótano de tortura en el Ministerio del Interior. Le reveló la existencia de una falsa pared  donde estarían los documentos del Operativo Cóndor y la máquina con roldana para levantar el cuerpo de las Victimas, instalada por el coronel Robert K.Thierry, coronel de inteligencia, creador de la primera Escuela de Asesinos en Paraguay, la famosa TECNICA.

El edificio mencionado es actualmente la sede del Consejo de Gobernadores y Almada solicitó la intermediación del   Gobernador de Misiones, Dr. Víctor Hugo Pereira, quien facilitó el ingreso al Dr. Almada y   el 31 de octubre  de 2008, a las 10.hs. descubrieron otro centro de Tortura en el corazón de Asunción, a escasa distancia del Palacio de Gobierno y de otros temibles y conocidos centros de represión como La Técnica, Investigaciones, la Tercera. Ante la importancia del  descubrimiento, y la ausencia de la Fiscalía, el secretario del Gobernador misionero, Emilio Martínez Candía  fue comisionado por el Gobernador a pedido del Dr. Almada para formular la denuncia en el despacho de la Fiscalía, que acudió a las 14,30 hs. e inició el trabajo junto con los expertos forenses y antropólogos y  los Drs. Carlos Portillo y Rogelio Goiburu, de la Comisión de la Verdad y Justicia.

La causa continuó bajo la responsabilidad de la agente Fiscal Sonia María Mora Franco hasta la fecha. 

 El Hallazgo

 El ingreso difícil por la oscuridad del lugar, el agua estancada y la cantidad de personas, la mayoría víctimas de la dictadura y periodistas que se agolparon en el lugar. El primer resultado del descubrimiento fue la identificación de un sitio donde según el testigo principal, fueron torturados y desaparecidos detenidos políticos. Comentarios que también hicieron habitantes de las casas aledañas con el agregado que las víctimas serían argentinos y uruguayos, lo podría vincularse con el Operativo Cóndor de intercambio de informaciones, prisioneros, secuestros, ejecuciones y desapariciones en terceros países con dictaduras militares.

 Cabe destacar que cuando el presidente argentino Jorge Rafael  Videla visitó  Asunción el 14 de mayo de 1977, por razones de seguridad fueron detenidos 3 jóvenes argentinos presumiblemente “Montoneros” que vivían en una pensión aledaña al Ministerio. Seguidamente fueron tirados y asesinados  en el sótano .Uno de ellos se  llamaba “Dante”.

En segundo término, la identificación de elementos incorporados a la construcción, como roldanas y barras que podrían haber sido utilizadas como elementos de torturas, al estilo de los tormentos denunciados por el líder colorado opositor Epifanio Méndez Fleitas en su libro.

En tercer término, la documentación encontrada, permite corroborar la existencia de numerosas víctimas  de uno o varios operativos represivos.  Están contenidos en dos álbumes  y contienen los nombres  y fotografías de 42 personas, la mayoría adultas y una niña.  Las personas  pertenecen al Mopoco, Democracia Cristiana y otras son catalogadas de “Comunistas”. Algunas de las personas alcanzaron gran notoriedad como dirigentes políticos.  También se hallaron diarios oficialistas y de la prensa nacional de las décadas 70 y 80.

Los álbumes mencionados  continúen  fotografías y los datos de filiación:

·        En el primer álbum aparecen los siguientes nombres:

-  Lorenzo López, posiblemente se trate de Lorenzo López Gómez, desaparecido.

- Agapita, nombre incompleto. Paraguaya, casada de 44 años, posiblemente se trate de Agapita      Faustina Torres de Quintana, desaparecida.

- Candido Ferreira Benítez.

- Albino Nicomedes, posiblemente Rodríguez, argentino, soltero.

- Cayo Efrén González de Zeballos Cue.

- Juliano García Romero de la Colonia Blas Garay.

- Máximo Villalba de la Colonia Blas Garay.

- Melanio Enciso Franco de Arroyos y Esteros.

- José Gill García Bernal de la Colonia Blas Garay.

- Eusebio Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Faustino Villalba de la Colonia Blas Garay.

- Ramón Pintos de Zeballos Cue.

- Víctor García Romero de la Colonia Blas Garay.

- Melanio Villalba Rodríguez de la Colonia Blas Garay.

- Ciriaco Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Ladislao González, Barrio San José de la Ciudad de San Lorenzo.

- Agustín García Romero de la Colonia Blas Garay.

- Bernardino Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Antonio González Ortega del Barrio Ricardo Brugada en Asunción. 

- Florencio Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Pedro Estigarribia Torres del Barrio Ciudad Nueva en  Asunción.

- Pedro González Careaga.

- Julia Adorno, Yegros y 7ª Proyectada, Asunción.

- Máximo Lugo Aguilar, Independencia Nacional 2054 y 9ª.Proyectada, Asunción.

- Ángel Romero, Yegros y7ªProyectadas, Asunción.

- Fabriciano Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Aureliana Ferreira, de 12 años de edad.

- Juan Ramón Salinas R.

- Carmen Catalina Agüero, argentina.

- Luciano Ramón Samudio de Arroyos y Esteros.

- Pedro Ortiz Benítez de Coronel Oviedo.

- Juan Ortiz Benítez de Coronel Oviedo.

- Pablo Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Asunción Ortiz Páez de Nueva Australia.

- Francisco Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Agapito Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Pablo Mújica Sanabria de San José de los Arroyos.

- Artemio Florentin Figueredo de San José de los Arroyos.

- Víctor Mújica Sanabria de San José de los Arroyos.

- Francisco Enciso García de San José de los Arroyos.

-Tomas Acevedo de San José de los Arroyos.

- Miguelino Coronel Garcete  de Coronel Oviedo.

·        En tanto en el segundo álbum, aparecen los siguientes nombres:

- Ángel Aníbal Mallorquín Volpe, Mopoco.

- Dr. Rubén Acosta Fleitas, Mopoco.

- José Tomas Acosta, Mopoco.

- Antonio Miljans Cubas, Mopoco.

- Miguel Ángel Aquino Britos, Mopoco.

- Albino Moreno Guppy,  Mopoco

- Eduardo Celso San Martín, Mopoco.

- Miguel Jerónimo Irala Burgos, Demócrata Cristiano.

- José Maria Bonin, Demócrata Cristiano.

- Manuel Cáceres Ruiz Díaz, Mopoco

- Roque Carlos Arguello Arce, Mopoco.

- Efraín Enrique Gamon, Mopoco.

Cabe con signar  que actualmente, el ex Ministro Montanaro se encuentra en su domicilio particular impune porque fue blanqueado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y los Jueces intervinientes llevados por ellos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber ordenado la detención y remisión de Montanaro al Penal de Tacumbú como manda la ley. -

  XENTILEZA DO:   COSAL   A CORUÑA

AGRUPACION NACIONAL                                                        

DE EX PRESOS POLITICOS DE CHILE 

  -  ANEXPP CHILE

Personalidad Jurídica  753 

del 4 de mayo de 2009

 AGRUPACIÓN NACIONAL  

FAMILIARES DE EX-PP

FALLECIDOS DE CHILE

 UNIÓN DE EX PRISIONEROS

POLÍTICOS DE CHILE

O.N.G. Corp. UNExPP

de Chile Personalidad Jurídica. DS 3.057

de Justicia del 6 de octubre de 2005

CARTA ABIERTA A LA SRA. MARIA LUISA SEPÚLVEDA EDWARDS PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS 

                 El 21 de Agosto los ex Prisioneros Políticos (ex PP) de la provincia de Osorno entregaron una misiva a la presidenta Bachelet, que la recibió en sus propias manos, pues se encontraba de visita oficial en esa ciudad. La carta solicitaba ser recibidos y anunciaba algunas reivindicaciones, siendo la más importante recordar la promesa de la Presidenta de enviar un proyecto de ley de reparación para los ex PP y sus familiares.

                 La Presidenta respondió oficialmente a través de la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards que oficia como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de DDHH. La Sra. Presidenta Bachelet parece no disponer de tiempo para entrevistarse con los ex pp y prefiere responder por escrito a través de su asesora. Debemos suponer que la asesora tampoco tiene tiempo para reunirse con los ex pp, pero su respuesta escrita merece ser contestada de la misma manera.

                 En primer lugar afirma mantener una relación con un "Comando Nacional de ex prisioneros políticos", que no conocemos. Puede ser que se refiera al autodenominado Comando Unitario cuyos dirigentes ofician como operadores súper numerarios del gobierno, pero que hace ya un largo tiempo no representan a nadie en el campo de los DDHH. Si ese fuera el caso queremos dejar establecido de antemano que los ex PP de Chile no se sienten representados por esos dirigentes. La Sra. Sepúlveda dice que realiza sesiones de trabajo con estas personas, lo que demuestra la entrega total de estos individuos al gobierno y su traición a la causa de los ex prisioneros políticos. ([1])

                 En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas.

                  Respondemos con un primer argumento: los actuales candidatos presidenciales suscribieron el 28 de Octubre,  un "Compromiso Presidencial con los Derechos Humanos" que contiene alrededor de 20 puntos, la inmensa mayoría de los cuales forman parte de nuestras reivindicaciones en esta materia.

                  Esto significa que los eventuales futuros presidentes reconocen que en materia de DDHH la Concertación no ha cumplido prácticamente nada. No hay una investigación seria sobre la verdad de lo ocurrido, el Estado no denuncia ni procura procesar a los criminales, la reparación es tan magra que no alcanza los estándares internacionales, sigue pendiente la ratificación de muchos tratados internacionales, no hay una política real y efectiva de resguardo y promoción de los derechos humanos.

               La verdad sobre los desaparecidos, la pregunta ¿dónde están?, no ha sido respondida en 20 años y los militares se burlaron siniestramente de los familiares al entregar datos falsos durante la mal llamada "mesa de diálogo".

                Hay 276 agentes condenados nos dice la Sra. Sepúlveda, pero efectivamente detenidos en prisiones especiales tipo hotel 4 estrellas, no hay más de 40. ¿Por qué intenta engañarnos?, ¿olvida que habla en nombre de la presidenta?

                 La Sra. Sepúlveda nos dice que los procesos por tortura son escasos o no fueron acogidos por los tribunales. Sí, eso fue así durante la dictadura y posteriormente las querellas fueron presentados por las propias víctimas. Preguntamos ¿Cuántas denuncias por tortura ha presentado el gobierno chileno en contra de los violadores de los derechos humanos? Respondemos: NINGUNA. ¿Acaso la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual Ud. fue Secretaria Ejecutiva, no reportó 1.000 centros de detención y tortura a nivel nacional, al interior de recintos militares? ¿Cómo es posible que el Estado y el Gobierno de Chile, cuya misión es cumplir con la ley, no haya sido capaz de entablar ni una sola querella?

                Respecto a las viudas de los ex prisioneros políticos, que la denominada Ley Valech dejó fuera del beneficio de pensión no contributiva, la Sra. Sepúlveda, nos dice que junto con el proyecto de ley del INDH se establece en una norma transitoria el derecho a una pensión. Pero se guarda mucho de decir que esa "pensión" no es igual a la percibida por el beneficiario directo, sino mucho menor, solo el 60% de ella y sin pago retroactivo; lo cual visto el monto exiguo la hace una verdadera burla para gente como las viudas que han pasado su vida entera corriendo la misma suerte que sus maridos: persecución política, discriminación, cesantía, relegación y exilio.

                La extracción social de la inmensa mayoría de los ex prisioneros políticos corresponde a los sectores sociales históricamente postergados en nuestro país, y si hoy día el Ministro Velasco se permite decir que tiene "la caja ordenada" y todo el mundo sabe que el Estado chileno cuenta con recursos económicos extraordinarios producto del alto precio internacional del cobre, no creemos que se le "desordene" demasiado su caja al Ministro si accediera a entregar los 5 Euros diarios, de la pensión completa, a las viudas de los ex prisioneros políticos, que por lo demás no suman millones de personas.

                 Seguidamente la Sra. Sepúlveda se felicita de la "transferencia del beneficio educacional a un hijo o un nieto". Le refrescaremos la memoria a la Sra. Sepúlveda diciéndole que nunca ha habido "transferencia del beneficio", sino una especie de "traspaso" o mejor dicho "trampazo". Lo que el gobierno ha hecho ley es el derecho a una beca educacional, conforme al reglamento general de becas y no el beneficio. El beneficio implica el pago del 100% del costo de la carrera y una beca está limitada a una fracción del costo, con un tope máximo de 1.150.000 pesos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de una carrera universitaria. El saldo corre por cuenta de la familia. La mayor parte de los 1300 familiares que se acogieron a este supuesto beneficio el año 2008, esperaban gratuidad total. Ellos se merecen y deben exigir una indemnización por la deuda que han debido asumir, al Estado que no cumplió, o al Comando Unitario que los engañó.

                  En realidad, con este "traspaso" los ex prisioneros políticos están perdiendo el beneficio que la ley les otorga, pues ellos no podrán nunca más hacer uso de él. Lo lógico es ampliar el beneficio  a todos los hijos y nietos, como lo planteamos en nuestra plataforma, eso sí es reparación, pero no estas normas transitorias y vetos aditivos que más parecen limosnas que real reparación. Por otro lado cabe preguntarse si el Gobierno y la propia Señora Sepúlveda se han puesto a pensar que cuando hay más de un beneficiario estos deberán ponerse "de acuerdo" para determinar quién finalmente lo usará, lo que implica, más que entregar una "solución con este beneficio", introducir un elemento de disputa a las ya tan maltratadas familias de los ex Prisioneros Políticos

                  La guinda de la torta de la carta de la Sra. Sepúlveda se refiere a su definición de reparación a la que tienen derecho las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. "No hay estándares en esta materia ni menos normas internacionales" nos afirma ella. Interpreta a su modo las directrices internacionales sobre esta materia. Recordaremos brevemente cuáles son estas directrices.

                  La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de marzo 2006, establece en sus principios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 la reparación y precisan lo siguiente:   

• 18.- Conforme al derecho interno y al derecho internacional ... se debería dar a las víctimas ... de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
• Nos detendremos en el principio 20:

"La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

•a)  El daño físico y mental;

•b)  La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

•c)  Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante;

•d)  Los perjuicios morales;

•e)  Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."

             En consecuencia, la resolución de las Naciones Unidas es meridianamente clara respecto a lo fundado de nuestro derecho a reclamar indemnización al Estado.

             ¿Dónde está el problema, por qué los gobiernos de la Concertación no cumplen con los mandatos internacionales? Un primer esbozo de respuesta está dado en los principios 1 y 2 de la ya citada Resolución:

•1.      La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos  dimana de:

•a.      Los tratados en los que un Estado sea parte;

•b.      El derecho internacional consuetudinario;

•c.       El derecho interno de cada Estado.

•2.      Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo  siguiente:

•a.      Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;

•b.      Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;

•c.       Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;

•d.      Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.

             Aquí está el meollo del problema: la Concertación debió adaptar el derecho interno para poder cumplir con el derecho internacional, pero fue incapaz de hacerlo.

            ¿Por qué? Porque al inicio de la transición sus negociadores (Boeninger, Correa) firmaron acuerdos secretos con el ejército (general Ballerino) en donde aseguraron la impunidad para los violadores y asesinos de las FF.AA. Se comprometieron a mantener el decreto de Amnistía de 1978 (vigente hasta el día de hoy) y a mantener y perpetuar la Constitución de 1980.

            El marco general de todo esto es la impunidad de los criminales. En consecuencia, no se puede castigar ni tampoco reparar, porque reparar significa reconocer los crímenes, por tanto la política oficial es: olvidemos el pasado, o sea los crímenes, y miremos hacia delante, busquemos la tan reiterada reconciliación, que políticamente es asexuada, sólo significa olvido y enterrar el pasado.

              Es en este contexto político general que las víctimas y sus organizaciones han debido luchar denodadamente y sin lograr mayores éxitos. La Concertación últimamente ha desarrollado una acelerada política de reconocimientos oficiales destinados a la exportación de imagen: Día Internacional del desaparecido, Día Internacional del ejecutado, museo de la memoria, INDH vacío de todo contenido en materia de defensa y promoción de los DDHH.

              Hay que hacer creer a la opinión pública internacional que en Chile se ha avanzado en esta materia, pero los porfiados hechos muestran lo contrario y las víctimas siguen ahí: esperando.

             La opinión pública puede fácilmente entender por qué no se cambia la Constitución del 80: su vigencia es resultado del acuerdo político ya explicado y ello no será cambiado sino por otro acuerdo político o cuando se rompa con el cogobierno binominal.

             Sra. Sepúlveda, su carta oculta o disfraza esta cruda realidad. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.

             Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.

 Santiago 12 de Noviembre de 2009

 Héctor Cataldo                       Silvia Araya                         Nelly Cárcamo
Patricio Negrón                     Cecilia Zamora                      Víctor Rosas
ANEXPP CHILE                        FAMILIARES                             UNEXPP CHILE
                                               EXPP FALLECIDOS

SECRETARIADO NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES

[1] Los cabecillas de ese Comando son: Miguel Retamal, Ricardo Martínez, Ramón Núñez, Juan Rojas, Nelson Aramburu y Haydee Oberreuter. 

Viernes 13 de noviembre de 2009

Foto: Oficiales de distinto rango estuvieron comprometidos en cientos de procesos por violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Hoy el candidato de la derecha se reúne con ellos y hace promesas.

Bajo la coraza argumentativa de “aplicar el Estado de derecho en plenitud” fundamentó ayer Sebastián Piñera los compromisos que adquirió en un encuentro privado -el pasado martes- con militares pinochetistas en retiro, a quienes prometió no “alargar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos y aplicar la justicia de modo tal que se ponga fin los “procesos ad eternum que nunca terminan”.

Dando un paso más allá en sus gestos a los ex uniformados vinculados a la dictadura militar -y pese a las quejas surgidas desde el mundo de los derechos humanos por un posible perdonazo a militares procesados y las aclaraciones desde el Poder Judicial-, el candidato adelantó que sostendrá dos encuentros más con militares en retiro, en las ciudades de Valparaíso e Iquique.

Defendiendo sin vacilar la política que aplicaría para abordar los juicios a uniformados relacionados a casos de violaciones a los derechos fundamentales, Piñera aseguró que “nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones nos pertenecen a todos los chilenos y yo quiero decir que me siento orgulloso, como la mayoría de los chilenos, de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y también muy agradecido de esos cientos de miles de hombres y mujeres que por vocación sirvieron a su país y, por supuesto, que me he reunido con ellos”.

La decisión de Sebastián Piñera de estar en encuentros donde hay ex oficiales procesados por crímenes y delitos ha tenido ya lecturas como que estaría tentando un perdonazo en materia de derechos humanos, lo que explicaría el repudio de las agrupaciones de familiares de las víctimas y el respaldo de los antiguos uniformados (ver notas adjuntas).

El candidato promueve la idea de que haya nuevos juicios o juicios distintos a violadores de derechos humanos.

Es así que sostuvo: “He planteado que vamos a velar y haremos todos los esfuerzos necesarios para que en nuestro país el Estado de derecho se pueda aplicar en plenitud, y eso significa garantizarle a todos los chilenos el debido proceso, la correcta aplicación de las leyes y de los tratados judiciales”.

También hizo frente a las declaraciones del vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien planteó, en relación a las críticas de Piñera a los procesos contra ex uniformados, que en Chile existe el debido proceso.

“Tengo plena confianza en que nuestro Poder Judicial está aplicando en forma correcta nuestra legislación y tratados internacionales”, se defendió Piñera.

RN: QUE PRESCRIBAN DELITOS

En tanto, desde Renovación Nacional (RN) tienda del abanderado- su presidente, Carlos Larraín, defendió la política de Piñera, asegurando que “Sebastián ahí se ha subido a lo que es el sentido común chileno, (de) que los conflictos no se pueden eternizar indefinidamente”.

Larraín dijo que “lo que yo entiendo es que se está pensando en acelerar los procesos y en que los jueces tomen en cuenta los criterios habituales del derecho, entre los cuales está la prescripción”.

La vocera de La Moneda, Carolina Tohá, enfatizó que “los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles”, así lo ha acordado la civilización humana y nosotros lo que hemos buscado es respaldar la labor de la justicia”.

La ministra manifestó que “cualquier cambio que se quiera hacer en esa línea, de ponerle punto final o no sé adónde apunta Sebastián Piñera, es un tema muy delicado y es importante si se abrió esa temática, que él aclare a qué se está refiriendo”.

De hecho, Chile tiene firmados tratados internacionales que declaran imprescriptibles delitos de lesa humanidad.

El peligro de retomar caminos Sebastián Piñera simplemente refrendó la cercanía y empatía que siempre ha tenido la derecha con la dictadura y con los uniformados que se comprometieron con las directrices de Augusto Pinochet. Es indesmentible que los miembros de la UDI y RN reivindican la “obra del gobierno militar” y en su momento negaron y después relativizaron las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Eso incluyó buscar fórmulas para apoyar a oficiales (R) investigados y/o procesados, a través de amnistías, prescripciones o “agilizaciones”. Cuando todo el país presenciaba la aplicación de justicia en esta materia y se lograba encauzar debidamente los procesos, Piñera salta con promesas que remecen la sensibilidad ciudadana y lo hace, precisamente, en actos proselitistas con los antiguos pinochetistas que vistieron uniforme militar. Hay, entonces, un peligro real de que se retomen caminos de impunidad.

Antiguas intenciones del abanderado En 1995, el entonces senador Sebastián Piñera presentó ante la Cámara Alta una moción que buscaba conceder la amnistía general “para todos los partícipes” de todos los crímenes políticos cometidos entre marzo de 1978 y marzo de 1990. La iniciativa excluía a condenados o procesados, que eran muy pocos. El ahora candidato quiso convencer que no era una “ley de punto final”, sino que su proyecto buscaba fortalecer la tesis de “un punto de partida” para avanzar en una reconciliación. Para él, “ninguno de los sectores” -dictadura y antidictatoriales- “se encuentra exento de responsabilidad” en hechos de violencia política.

Estimados compañeros: 

Les adjunto la carta respuesta recibida por nuestra Agrupación de Osorno donde la ASESORA PRESIDENCIAL en Políticas de DD.HH., Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards plantea la posición oficial de la Presidenta Bachelet y su Gobierno.

Es notable el párrafo que dedica al "derecho a indemnización justa y adecuada", donde reconoce que el Estado Chileno determinó "que los beneficios fueran de largo plazo".......un muy largo plazo para pagar tardíamente la deuda en "cómodas cuotas mensuales para el Fisco".  Le pareció que no era buena la indemnización porque tal cantidad determinada única se extinguiría con el pago. Atribuye que mayoritariamente los interesados demandaban una pensión vitalicia (lo que es falso y absurdo).

Luego se ufana de que la reparación en Chile ha sido adecuada, efectiva y rápida, tal como se establece en la Resolución de la ONU que fija los Principios y las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. Pero, finalmente, reconoce que la Justicia y el Consejo de Defensa del Estado aplican la prescripción para oponerse a las indemnizaciones civiles.

Queda claro que esto es lo que ha negociado el Gobierno con los interlocutores oficialmente aceptados y aceptantes, el comando "amarillo" cooptado de ex presos políticos. Dicho comando de operadores políticos e infiltrados se ha divorciado de los derechos de las víctimas y familiares. Estos dirigentes falsos representan mezquinos intereses de las cúpulas partidarias y son cómplices o coautores de la estafa y el engaño a las bases de sus sectarias orgánicas.  Son los conductores del conformismo y resignación que adormece y desmoviliza el movimiento por la defensa de los derechos humanos.

En suma, 1) se continuará negando nuestro derecho a una indemnización, lisa y llanamente.   2) se mantendrá el monto irrisorio de las pensiones vitalicias y nuestras viudas accederán recién ahora a una reducida pensión de sobrevivencia sin retroactividad .  3)  continuará la arbitraria incompatibilidad de la pensión Valech con la de Exonerado.  4)  el beneficio educacional se transforma en una beca insuficiente y sólo para un solo descendiente.  5)  el Estado no se interesa por facilitar nuestro acceso a la justicia ni modificar las reglas procesales para abreviar el juicio reparatorio en DD.HH.  6) no les avergüenza el encubrimiento oficial que favorece a los torturadores mediante el secreto por 50 años.  7) seguirá vigente el decreto ley de autoamnistía que protege a los criminales violadores de DD.HH., más la aplicación de prescripción y media prescripción con que se favorece la impunidad.   8)  La búsqueda de la verdad, reconocer y atender otras víctimas, se limita a sólo seis meses de funcionamiento de una única comisión....luego el olvido o amnesia colectivas.  Etc., etc.

Cada día se hace más evidente  la necesidad de UNIDAD y real SOLIDARIDAD entre nosotros mismos y empezar a remar todos al mismo compás con toda la fuerza que nos quede.  La situación es cada vez más crítica.

En el 7º Encuentro Nacional que se convocará en febrero del 2010 en Puerto Montt, tomando conciencia del ya nuevo escenario político, tendremos que forzosamente dinamizar nuestro accionar y masificar la movilización social.

                                         La lucha continúa.....

                         Víctor Rosas Vergara

Abogado y

Vicepresidente de la UNExPP de Chile

 Santiago, 16 de 0ctubre de 2009.

 Señora

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República de Chile

PRESENTE

 De nuestra consideración:

En el mes de mayo de este año le hicimos llegar una carta en la que resumimos nuestros planteamientos sobre los principales temas de Derechos Humanos que están pendientes y que su gobierno pudo perfectamente abordar.

Textualmente indicamos:

"Los ex prisioneros y ex prisioneras políticas hemos planteado a su gobierno con claridad los desafíos en estas materias:

• Presentar al Parlamento un proyecto de ley que, con efecto retroactivo corrija, los vacíos, discriminaciones e injusticias en que incurrió la ley Valech, es decir una verdadera ley de reparación.
• Ampliar el Programa de DDHH del Ministerio del Interior para apoyar, como tercero coadyuvante, nuestras querellas por tortura.
• Modificar el marco jurídico para que nuestras demandas al Estado por daño moral sean acogidas por los Tribunales de Justicia con un procedimiento abreviado y rápido.
• Corregir la anormalidad jurídica y administrativa cometida por el Ministerio de Educación en 2008, con el mal llamado "traspaso" de nuestro beneficio educacional a un heredero, reducido a una beca insuficiente.
• Adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales en materia de DDHH anulando la amnistía de 1978, el secreto de 50 años, ratificando todos los tratados y convenciones sobre el tema, incluida la Corte Penal Internacional, eliminando los recursos legales que permiten al Estado reprimir las demandas del movimiento social, como las del pueblo Mapuche, estableciendo castigo ejemplar al delito de Tortura y a toda violación de los DDHH."

A cinco meses de dicha interpelación vemos que sólo se ha avanzado en ratificar la Corte Penal Internacional, aunque con reservas, y que los demás temas no fueron tratados o se ratificaron con las deficiencias que indicáramos.

La aprobación del INDH abrió las puertas a una demanda muy sentida por nuestro sector como es la reapertura de la Calificación por Prisión Política y Tortura pero dejó fuera de consideración los puntos principales de nuestra demanda.

La herramienta del Veto Aditivo fue la última oportunidad que, en ese escenario, tuvo su gobierno para corregir los errores ya que, de acuerdo al Art. 73 de la Constitución pudo incluir todas las materias que "tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, o que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo." y no lo hizo. Nos referimos a que no modificó la composición del Directorio que sigue teniendo más representantes del Estado que de la sociedad civil comprometida con los DD HH, ni levantó el secreto de 50 años a los testimonios, ni resolvió la aberración jurídica de homologar los delitos cometidos por particulares con los de lesa humanidad, ni dio paso a una reparación justa, oportuna y adecuada como manda el derecho internacional humanitario. Todos los temas mencionados tienen relación directa con las ideas matrices del proyecto y pudieron ser incluidos en el Veto.

 Para los ex PP, señora Presidenta, fue una sorpresa constatar que el Parlamento no tiene ninguna posibilidad de rechazar su Veto, ya que el último párrafo del mencionado Art. 73 dice:

"Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación."

En estos veinte años de transición a la democracia la derecha nunca tuvo esa mayoría para oponerse a la voluntad de hacer bien las cosas, si hubiera existido.

Sin embargo todavía es posible dejar una huella positiva en estos temas. Nos referimos al compromiso adquirido por su Gobierno, en su persona y en la de sus ministros Secretarios Generales de Gobierno con los que conversamos, de enviar al Parlamento un proyecto de ley de Reparación por Prisión Política y Tortura con los temas que no fueron contemplados en la tramitación del proyecto de ley que crea el INDH. Nos referimos a:

• Aumento de la pensión al valor propuesto por la Comisión Valech
• Compatibilidad de la pensión Valech con la de Exonerado
• Indemnización justa y adecuada por el tiempo de prisión y tortura
• Extensión del beneficio educacional a todos los hijos
• Apoyo jurídico para presentar querellas por Tortura
• Heredabilidad de la pensión en un 100%
• Eliminación del secreto sobre los testimonios
• Aplicación de beneficios con efecto retroactivo.

 Seguimos creyendo que no hay una razón ética ni práctica que impida que su gobierno presente este proyecto antes de culminar el mandato. Por el contrario afirmamos que es un deber humanitario, que es un compromiso adquirido con las organizaciones de ex Prisioneros Políticos y que forma parte de las obligaciones que el Derecho Internacional impone a todos los Estados miembros de la Naciones Unidas.

En consecuencia, solicitamos ser recibidos por usted para dar forma a esta iniciativa legal en el tiempo que resta del periodo legislativo 2009.

Atentamente la saludan

H éctor Cataldo                                         Silvia Araya                          Nelly Cárcamo
ANEXPP CHILE                                     FAMILIARES                             UNEXPP CHILE
                                                           EXPP FALLECIDOS

Etiquetas: Ex, presos, Políticos, Torturados, Solicitan, Revisión, Ley, Valech

Etiquetas: Bicentenario, Politica, Derechos, Adulto, mayor

A raíz de las denuncias que manifestó el presidente, Manuel Zelaya, la CIDH emitió un comunicado en contra del régimen de facto.(Foto: Archivo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al régimen de facto, que preside Roberto Micheletti, a poner fin al operativo militar e instó a respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en la embajada y la inviolabilidad de la misma.

TeleSUR 25/09/09

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este viernes un comunicado en el cual urge al régimen de facto hondureño, que preside Roberto Micheletti, respete los derechos de las personas que se encuentran en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Este comunicado fue publicado a raíz de las declaraciones de este viernes del presidente constitucional, Manuel Zelaya, quien en rueda de prensa señaló que las fuerzas militares que reciben órdenes del gobierno de Micheletti lanzaron gases tóxicos a la embajada de Brasil y afectó la salud de la mayoría de las personas que se encuentran en la sede diplomática.

La CIDH condenó el operativo que lleva a cabo las fuerzas de seguridad del gobierno de facto alrededor de la embajada y urge respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro.

El presidente Zelaya mostró las fotografías donde los militares instalaban aparatos para lanzar los gases y también pruebas del hostigamiento que sufren las personas que están dentro de la embajada brasileña y recordó que estos hechos resquebrajan lo establecido en la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de la embajadas internacionales.

Según la comisión los gases lanzados por la fuerza militar provocaron intoxicaciones, sangramiento, vómitos y mareos a los huéspedes del gobierno de Brasilia. Asimismo señaló que miembros del Ejército bloquean la salida de cualquier persona de la embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo de la Cruz Roja hondureña.

Por estos hechos, la CIDH solicita urgentemente al régimen de facto poner fin a este operativo de manera inmediata "y a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil y en los alrededores. Asimismo, la CIDH urge a las autoridades de facto a que garanticen el ingreso de médicos que den asistencia urgente a las personas afectadas".

teleSUR-yi - MM

Etiquetas: CIDH, Micheletti, Ataca, Gases, Tóxicos, Embajada, brasileña

Movimiento Tambièn Somos Iglesia Chile ( y Movimiento Teologìa de la Liberaciòn) solidarizan y adhieren a declaraciòn adjunta ante muerte de JAIME MENDOZA COLLIO.

 Ante la muerte de Jaime Mendoza Collío

Con el dolor por la situación que se está viviendo en la Araucanía, como misioneros junto al pueblo mapuche, el equipo de la comisión de pastoral mapuche zona sur decidió redactar esta declaración, llamando a detener la espiral de violencia, que se alimenta de una prensa tendenciosa y de la ineficiencia de los organismos del estado para dar soluciones a las demandas indígena, entre otras cosas.

Les pido que oremos y busquemos los caminos de la paz que brotan de la justicia

P. Fernando Díaz

 RESPONDEMOS AL CLAMOR DE UN PUEBLO AFLIGIDO

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE PASTORAL MAPUCHE DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA MUERTE DE JAIME MENDOZA COLLIO.

"La sangre de tu hermano clama desde la tierra"

Genesis 4, 10.

Los miembros de la Comisión de Pastoral Mapuche de la Zona Sur de Chile, reunidos en el Santuario de Metrenko, queremos declarar que:

1.      Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche reduciéndola a un asunto policial.  Horas antes de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena, Monseñor Camilo Vial, se reunió con el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Ministro del Interior y, junto al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con la Presidenta de la República, para insistir en la necesidad de no criminalizar las demandas mapuche.  Denunciamos la presencia de fuerzas policiales preparados con armamento militar, que han hecho uso de sus armas de fuego en la represión, lo que puede conducir nuevamente a sucesos con comuneros fallecidos . 

2.      Así como fuimos recibidos como Iglesia, lamentamos que los 100 dirigentes mapuches de los cuatro espacios territoriales que acudieron a la Moneda el 24 de julio de 2009 no fueran recibidos.    También advertimos que una oportunidad de diálogo tan importante no se podía perder.

 3.      Consideramos que la situación en que murió Jaime Mendoza Collío, pudo perfectamente evitarse si se hubiese actuado aceptando el diálogo solicitado por los mismos comuneros que ocupaban el predio quienes esperaban la presencia de Conadi.  En vez de diálogo, acudieron grandes contingentes policiales fuertemente armados.

 4.      Como Iglesia, también hemos levantado la voz para denunciar la violencia desproporcionada con que Carabineros está actuando en las llamadas zonas de conflicto.  Insistimos en que el ministerio de interior debe revisar la forma en que Carabineros actúa en las comunidades mapuches.

5.      El pueblo mapuche no es un pueblo de criminales ni terroristas.  Son nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos el amor por la vida, la fe en Dios y el deseo de la paz.  La represión policial de la que somos testigos pareciera responder a una lamentable visión discriminatoria y racista que la Iglesia también ha denunciado.

 6.      La muerte de Alex Lemún, Matías Catrileo, y ahora la de Jaime Mendoza Collío, son consecuencia de esta espiral de violencia que hemos denunciado y que es necesario detener ya.  

 7.      El pueblo mapuche cumple con su derecho y su deber al defender su identidad, a reclamar su territorio, y proclamar su vida.

 8.      Manifestamos nuestra profunda solidaridad con el dolor de la familia y la comunidad de Jaime Mendoza Collío.

 9.      Solidarizando con todos aquellos que sufren las consecuencias de la violencia, llamamos a todos, mapuches y no mapuches, a deponer la violencia, a reconstruir los caminos del diálogo y a luchar con las herramientas de la paz.  Llamamos a movilizar los organismos del Estado en una respuesta pronta y adecuada a las justas demandas del pueblo mapuche.  Llamamos especialmente a Jueces, Fiscales y Carabineros a revisar su accionar y su disposición hacia las comunidades.  Llamamos a los medios de comunicación a ofrecer información objetiva y veraz que contribuya al entendimiento y a la paz.  Nos convocamos como Iglesia para responder al clamor de nuestros hermanos.

 Padre Fernando Díaz, svd., Coordinador Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur

Sra. Miriam Suazo Gacitúa, Secretaria Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur

Sr. Florencio Manquilef Huichal, Pastoral Mapuche Diócesis de Villarrica

Sr. Pedro Marican Marican, Pastoral Mapuche Diócesis Villarrica

Sr. Rodolfo Cañas Olguín, Pastoral Mapuche Diócesis Temuco

Padre Francisco Millan Lincopi, Pastoral Mapuche Diócesis de Temuco

Sr. Juan Jorge Faundes  Peñafiel, Fundación Instituto Indígena

Padre Hernán Llancaleo Moreno, Coordinador Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Hna. Audina Huenumilla Namuncura, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Padre Carlos Bresciani, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Padre Pablo Castro, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Etiquetas: Solidaridad, Diálogo, Gobierno, Fuerzas, Policiales

La Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda en entrevista con el ministro Secretario general de Gobierno  Sr. José Antonio Viera Gallo y mandatado por la presidenta de la republica para coordinar sobre asunto Indígenas, en esta ocasión  se le entrego el siguiente documento.

Temuco, 28.08.09

Sr.

José Antonio Viera Gallo

Ministro secretario General de Gobierno

Coordinador Sobre asuntos Indígenas

Gobierno de Chile

PRESENTE.

De nuestra consideración.

En la actual circunstancia política que nos encontramos en las "políticas indígenas" desarrollado en los distintos gobiernos de la concertación post dictadura militar, que se agudiza en la actual administración del gobierno de la presidenta Dra. Michel Bachelet que UD representa y que tiene el mandato de coordinar las distintas inquietudes de las organizaciones sociales y políticas mapuche. Ante la agudización del conflicto con  lamentables resultados como es el asesinato de otro hermano Mapuche el 12 de agosto del presente mes.

Ante estos hechos  que se repiten en vuestro gobierno, venimos  a manifestar nuestro agravio y preocupación por la forma como el gobierno ha tratado las demandas históricas de nuestro pueblo mapuche  y que no hacen otra cosa que repetir la historia de los gobiernos republicanos en el tratamiento sobre los derechos de los Pueblos Originarios en acelerado proceso de negación a su territorio ancestral. Es por ello que como Asamblea Mapuche de Izquierda expresamos lo siguiente:

La larga e histórica lucha del pueblo mapuche por defender su dignidad, independencia y soberanía en su territorio, primero con la Corona Española y posteriormente con el Estado Chileno hasta los días de hoy nos debe permitir comprender que el tema no es simple y que no es solo de pobreza o comprender que es solo de tierra, sino que el tema de fondo es del Territorio del pueblos mapuche.

Por tanto, seguimos insistiendo que no es el conflicto mapuche como la mayoría de medios de comunicación lo señala, sino que es, el conflicto en el Territorio mapuche con los empresarios forestales, la imposición de Mega proyectos y contaminación ambiental, con  los dueños de fundos y con el Estado Chileno.

La raíz de todo esto es la imposición e invasión de una cultura dominante occidental en contra de nuestra cultura y nuestro territorio. De tal manera que esto nos indica que el tema no es técnico ni jurídico, sino, que es un tema netamente político, entonces la solución pasa por resolver políticamente y no militarizando a las comunidades.

Otro elemento que se debe considerar y que ratificamos en esta ocasión es que el actual modelo económico neoliberal, que se ha implementado en nuestro país ha fracasado para resolver o solucionar la exigencia de los derechos fundamentales de los  pueblos Originarios y es la causa principal  del estado de cosas en el Pueblo Mapuche, y que para solucionarlo la sociedad chilena debe asumir el cambio del Modelo económico.

Nuestra organización, ante los graves hechos ocurridos y  la constante lucha que hemos desarrollado como pueblo, expresada en distintos movimientos por exigir al Estado Chileno, respuesta concreta a nuestras demandas de Territorio y Autonomía que hasta hoy ha sido negada representa a ustedes la preocupación política por el  curso que han tomado los acontecimientos que el gobierno no ha sabido resolver y que la derecha política aprovecha a su favor y en contra de nuestro pueblo, en cada proceso eleccionario de nuestro país.

Por lo anteriormente señalamos  lo siguiente:

Poner fin a los años de genocidio, negación y asimilación cultural, establecer una sociedad, plurinacional, multicultural cuya base sea el respeto y la valoración de la diversidad de todos los grupos sociales.

Frente a la discriminación y a la disgregación histórica y presente de los Pueblos Originarios, el Estado debe garantizar la existencia de las bases políticas, legales e institucionales, para el establecimiento de los derechos como pueblos originarios de Chile.

Para ello es necesario el pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la subscripción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, mediante el cual el Estado de Chile establece la existencia de pueblos originarios titulares de derechos constitucionales, civiles, políticos, sociales, culturales, territoriales y económicos y obliga a los gobiernos de turno a garantizar el respeto y cumplimiento de estos derechos; Para ello se requiere de una Nueva Constitución Política para establecer un Estado democrático de carácter plurinacional.

El Estado debe reparar el error histórico y considerar que los indígenas de Chile son los primeros descendientes de las agrupaciones humanas en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, siendo para ellos el territorio el fundamento principal de su existencia y cosmovisión.

Por tanto, se debe considerar en plenitud la incorporación en la Constitución Política de la Republica de Chile, el concepto de Estado plurinacional, que consolide su status como pueblos y no simples comunidades culturales, reconociendo la autonomía de los pueblos, el derecho vital a la tierra, el agua,  la biodiversidad, así como las riquezas minerales del suelo y subsuelos de estos territorios, en el marco de la nacionalización de los recursos naturales.

Desde allí avanzar, hacia la reivindicación de derechos políticos colectivos que se expresan mediante el ejercicio de la libre determinación y el desarrollo de modelos de autodeterminación, autonomía y autogobierno para consolidar el pleno desarrollo de la democracia y la participación en la toma de decisiones.

Se debe garantizar la representatividad política de los pueblos indígenas en el parlamento de al menos el 10%.

La condición de existencia de los pueblos originarios pasa por el reestablecimiento de los territorios ancestrales usurpados.

Se debe garantizar el autogobierno y de la administración política  desde el río Bio Bio al sur  considerado en el pacto de Killin (enero de 1641) efectuado y reconocido por la corona española

Se debe garantizar las demandas del recurso hídrico del suelo y del subsuelo. Así como las demandas territoriales y acuíferas de los otros pueblos originarios.

En materia de salud es urgente relevar la medicina tradicional de los pueblos originarios basada en las plantas medicinales y la cosmovisión de los pueblos. De esta manera enriquecemos la medicina alopática occidental y aseguramos la existencia de una visión amplia, integral y humanizada. La reforma de salud debe hacerse  sobre la base de la recuperación de la salud pública gratuita y extensiva a todos.

No pueden ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas";

La lucha social por la tierra en ningún caso puede ser calificada como delitos de "amenaza terrorista" y "asociación delictiva". Para lo cual es imprescindible eliminar la ley antiterrorista,

En relación al deterioro de nuestros territorios y recursos naturales por parte de empresas privadas, es fundamental el desarrollo de una política medioambiental sustentable que proteja los recursos naturales y el normal desarrollo de la biodiversidad en el marco del respeto de nuestra cosmovisión y de los derechos territoriales.

En este sentido es necesario revisar la legislación sectorial de tierras, aguas, minas, la que es contradictoria con la Ley Indígena, para que prime la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares. Esto además en la perspectiva de .considerar un 10%  del presupuesto nacional del PIB para el desarrollo de los pueblos originarios

En materias de Educación es urgente profundizar y ampliar el alcance de la Educación Intercultural Bilingüe, incluyéndolo en el curriculum nacional en la formación  académica a todo el sistema educativo. Todo ello en el marco de una nueva reforma educativa  que garantice el derecho a la educación como derecho humano fundamental.

En materia patrimonial es necesaria la protección y recuperación de los sitios arqueológicos, sagrados y asegurar su conservación con adecuados planes de manejo; así como la protección del patrimonio intangible.

La legitimación de una figura "política social" electa por votación popular y que vele por la defensa de los derechos ciudadanos y en particular por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, ante la comunidad nacional e internacional;

El gobierno debe hacerse responsable de la muerte de los peñi y  de indemnizar a las  familias correspondientes.

Solución  a la  demanda de tierra de las comunidades a través de la expropiación de las propiedades de quienes .impiden la solución que requiere el Pueblo Mapuche en forma urgente e inmediata.

La liberación de todos los presos políticos mapuches que están en las cárceles de Chile y en particular resolver el caso de Mireya Figueroa Araneda que padece de cáncer terminal.

Es necesario que el gobierno de Chile en nombre del Estado chileno pida perdón y  reconozca oficialmente la ocupación de nuestro territorio nacional en el mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía.

Creemos de principal importancia que esta instancia sea un puente efectivo para que el Pueblo Mapuche se pueda reunir con la Presidenta de la República, con una clara disposición y propuesta que permita resolver el conflicto en Territorio Mapuche.

 Directiva

Asamblea nacional Mapuche de Izquierda

E-mail: gvlolxaru@yahoo.com

Rodríguez Nº 1314, 2º piso, Of, 1

Temuco - Territorio Mapuche

Etiquetas: señalamientos, legislación, políticas, indígenas

Miércoles 26 de agosto de 2009   

La Nación / Agencias 

 Para Cheney torturas de la CIA "salvaron vidas"

El ex vicepresidente de EEUU criticó reapertura de investigaciones sobre abusos y la conformación de un equipo de elite para asumir las tareas de interrogación. De paso, cuestionó la capacidad del Presidente Barack Obama de mantener "la seguridad de nuestra nación".

 Foto: El ex vicepresidente de EEUU ya ha defendido en el pasado las torturas mencionadas en los informes oficiales y que habrían sido cometidas durante interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo.

El informe revelado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre los procedimientos que la CIA utilizó para detener e interrogar a prisioneros acusados de "terrorismo", sigue generando polémica ese país. Esta vez por el duro cuestionamiento que le hizo uno de los hombres fuertes del gobierno de George W. Bush: su ex vicepresidente Dick Cheney.

Para él, los métodos "refinados" de la agencia de inteligencia que ahora son cuestionados "salvaron vidas y previnieron atentados terroristas" en territorio estadounidense, al tiempo que "jugaron un papel en casi todas las detenciones de miembros y asociados de Al Qaeda desde 2002", agregó el otrora alto funcionario.

En este sentido, Cheney recalcó que tanto las políticas de seguridad nacional impulsadas por el gobierno George W. Bush, como el trabajo de la CIA aplicándolas, sirvieron para que EEUU evitara ataques.

"Las actividades de la CIA de cumplimiento con las políticas de la administración Bush fueron directamente responsables de derrotar todos los esfuerzos de Al Qaeda de lanzar más ataques con numerosas víctimas contra Estados Unidos", añadió. Y estimó que las personas sometidas a las técnicas mejoradas de interrogación proveyeron la mayor parte de la información de inteligencia".

CRÍTICAS A OBAMA

La reapertura de una docena de casos en que se sospecha la aplicación de tormentos y la creación de un nuevo organismo de inteligencia para que se encargue de llevar adelante los interrogatorios a los detenidos, una vez conocidos los alcances del análisis, motivaron las críticas de quien es considerado uno de los artífices de la políticas antiterroristas promovidas por Bush durante su mandato.

Según Cheney, este nuevo rumbo emprendido por la administración de Barack Obama, sólo siembra dudas sobre la seguridad futura de Estados Unidos.

"La decisión del Presidente Obama de permitir al Departamento de Justicia investigar y posiblemente procesar a personal de la CIA, y su decisión de traspasar la autoridad para interrogar de la CIA a la Casa Blanca, sirve como un recordatorio, si se necesitaba alguno, de por qué tantos americanos tienen dudas sobre la capacidad de esta administración de ser responsable de la seguridad de nuestra nación", aseguró.

También el ex vicepresidente salió en defensa de los agentes de la CIA implicados en estas maniobras. "Las personas involucradas (en los interrogatorios) se merecen nuestro agradecimiento. No merecen ser el objetivo de investigaciones políticas o procesamientos", sentenció.

Sin embargo, esta airada reacción de quien fuera el "número 2" durante los dos mandatos de George W Bush (2001-2009), no es aislada. Desde que abandonó sus responsabilidades en la Casa Blanca se ha convertido en el principal defensor de las políticas de seguridad seguidas por ese gobierno.

Ya en abril Cheney salió al paso de las críticas hacia los abusos cometidos por los servicios de inteligencia estadounidenses en interrogatorios. En esa oportunidad, al igual que ahora, calificó como "exitosos" este tipo de procedimientos.

Impresionantes Revelaciones sobre Desaparecidos en Colonia Dignidad

Derechos Humanos - 18 de agosto, 2009

Si hay un lugar en esta tierra cuya sola mención evoque de manera más rotunda los múltiples significados del fascismo; si hay un lugar en Chile donde adquiere cuerpo la terrible admonición de Dante grabada a fuego en el dintel del infierno, aquella que dice "Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza", ése es el fundo El Lavadero, en la comuna de Parra, donde todavía tiene su sede la fatídica Villa Baviera, alias Colonia Dignidad, la misma a la que el Consejo de Defensa del Estado acaba de acordar, con delicadeza, gracia y consideración, levantarle embargos por más de cuatro mil millones de pesos.

Esa misma Colonia Dignidad sobre la que ríos de tinta y kilómetros de cinta magnética no alcanzan para describir la totalidad de sus horrores, y que no obstante, no termina de sorprender, en ocasiones hasta el nivel del espasmo.

Es el caso del contenido de los documentos del archivo local de la CIA, que estamos en condiciones de publicar, o tal vez sería más apropiado decir filtrar, en esta oportunidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado el término desclasificación, lo cual ha generado alguna confusión, tal vez debida al hecho de que dicho verbo es asociado a una decisión oficial y deliberada de cualquier dependencia del gobierno norteamericano, de abrir o desclasificar su información. Es así como en días recientes, un canal de noticias por cable, una radio y un quincenario dedicado a la chacota, consultaron la opinión de Peter Kornbluh, especialista en desclasificación de información de agencias gubernamentales norteamericanas, quien manifestó dudas sobre la autenticidad de los documentos, dado el hecho de que están en castellano, y por otras cuestiones de forma.

Sin embargo, como se trata de un especialista serio, concluyó que con la información disponible, en última instancia no estaba en condición de afirmar o desmentir la autenticidad de los documentos; no obstante lo cual, el periodista del quincenario en cuestión, con una ética y una técnica periodísticas muy por debajo de estándares aceptables, le atribuyó la afirmación de que eran "más falsos que la sonrisa de tatán".

Mejor hubiera hecho el bisoño periodista en enfocarse sobre la información que le fue suministrada, en lugar de limitarse a filosofar sobre exterioridades o de suponer que un periodista de un medio como El Siglo, que hace más de veinte años rema a contracorriente de la complacencia mediática de la que en última instancia ese quincenario es tributario, vaya a publicar información que no puede sostener, aún en estrados judiciales.

Archivo

Todavía no ha llegado el momento de revelar el origen de los documentos. Pero por ahora, podemos afirmar que pertenecían al Departamento de Inteligencia de la Embajada, dependencia encargada de la compilación de información proveniente de la DEA y de la CIA, para fines internos. Ambas dependencias operaban sobre la base de redes de colaboradores voluntarios e informantes pagados. Los antecedentes así recabados llegaban en español, por la sencilla razón de que los colaboradores e informantes eran -y son- en su mayoría chilenos. Esa información se traducía al inglés, y era enviada, por vías reservadas, a Washington. Nuestro informante supone que se remitían al Departamento de Estado y a la CIA, aunque esa parte no le consta, porque no entraba dentro de sus atribuciones. Afirma que sólo tenía acceso a aquella parte del archivo que compilaba información recabada por los equipos de tarea de nivel local, y que otra instancia de la estructura de comunicaciones de la Embajada resolvía archivar. Sin embargo, al igual que en la totalidad de los documentos filtrados hasta la fecha, la mayor prueba de suficiencia y validez es la información misma, más aún cuando, metodológicamente, sólo hemos publicado aquella que se pueda contrastar al menos con una segunda fuente.

Metodología del terror

El memorando secreto 11-22 corresponde a una recopilación de inteligencia sobre el centro de detención y torturas que funcionó en Colonia Dignidad, y entrega información hasta ahora desconocida sobre la incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos, en el contexto de la denominada Operación Retiro de Televisores, que como ya está probado en autos, fue ordenada por un criptograma del propio general Pinochet, distribuido a divisiones, regimientos y unidades militares del país, incluida Colonia Dignidad.

Los dos primeros puntos del documento acreditan los nexos gestados en los albores mismos de la dictadura, entre la DINA y Colonia Dignidad, la cual puso a disposición de los agentes del Estado para sus tareas represivas los fundos Lavadero, San Manuel y El Litral, así como un inmueble en la ciudad de Parral.

La inteligencia norteamericana identifica a Erwin Fege como jefe de seguridad de Colonia Dignidad, y a Willy Malessa como el encargado de la incineración de los cuerpos. El procedimiento consistía, primero, en rociar los cuerpos con fósforo químico, luego incinerarlos en alguno de los ocho hornos construidos para el efecto, para terminar esparciendo las cenizas dentro de los predios.

Todo esto mientras la maquinaria oficial negaba las detenciones a sus familiares y los tribunales rechazaban los recursos de amparo, la mayor parte de las veces "por no haberse acreditado el cuerpo del delito".

Difícil imaginar crueldad más lejana a la condición humana.

El 26 de marzo de 2004, el noticiario central de Chilevisión dio a conocer el testimonio de José Efraín Vetter Veuhof, fugado de Colonia Dignidad, el que después rindió ante el ministro Jorge Zepeda. Algunos párrafos de ese testimonio: "Willy Malessa enterró 15 autos de detenidos desaparecidos, por orden de Paul Schäfer, usando una retroexcavadora K-235 (.,.) El encargado de la seguridad era Erwin Fege; él estaba a cargo de un grupo de unas 20 personas, armadas. Hacían prácticas de tiro, en las noches, en un subterráneo (...) Willy Malessa recibió la orden de Shäfer de remover el ‘paquete’, de sacarlo desde donde estaba y llevarlo a otro lugar. El estuvo trabajando más de una semana, solo, en un valle interior. Willy y Erwin Fege pueden saber donde están los restos de los desaparecidos. Cuando el tema de los DDHH resurgió se preocuparon de que alguien pudiera entrar y vinieran a hacer excavaciones. Hoy quizás ya creció el bosque y es imposible saber dónde están los restos, pero están preocupados. (...) Ellos podrían ayudar a muchos chilenos. Ellos tienen que pensar que un día van a llegar al cielo y tendrán que dar cuentas a su Dios. Hoy Willy y Erwin tienen casas en el sur y viven como reyes. ¿Cuándo despertarán y ayudarán a tantos chilenos? ¿Por qué lo hicieron?" El 17 de julio de 2005, después de declarar ante el ministro Jorge Zepeda, le dijo a El Mercurio: "Willy Malessa y Erwin Fege se fueron, pero siguen viviendo de los que están allí. Cuando se fueron pidieron 90 millones. Y aunque en asamblea dijimos que no, igual se les dio. Después hasta yo trabajé llenando fardos y fardos de pasto para el fundo de Fege. Y todavía se les mandan los productos de la Colonia para vender".

Según este testigo, Malessa y Fege viven en Purrranque, sin haber sido sometidos a proceso hasta la fecha.

Retiro de televisores

Otro antecedente de la máxima importancia es el que dice relación con la denominada Operación Retiro de Televisores, que como se sabe consistió en la exhumación e incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos. De acuerdo al documento de la inteligencia norteamericana, se realizó en dos etapas, los años 1977 y 1989.

La orden codificada, según el criptograma A-1 de la Comandancia en Jefe del Ejército, habría sido impartida por el propio general Augusto Pinochet y enviada a todas las guarniciones y divisiones del país.

Por lo que respecta a Colonia Dignidad, el documento P-100930, del 8 de octubre de 1990, firmado por el jefe de Dicomcar 2, documento oficial, susceptible de ser periciado, corrobora esa información en términos casi absolutos. Señala que "por orden del Señor Director General", cargo que por entonces desempeñaba el general Rodolfo Stange, se procedió a la "exhumación e incineración" de las personas individualizadas, "según criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército".

El hecho de que un documento de Dicomcar aparezca en el archivo de la CIA revela la porosidad del entorno de la inteligencia, y confirma la versión de nuestro informante, en el sentido de que las más de las veces el método de las redes locales de la CIA consistía en la compra de información. En todo caso, conviene insistir: la última palabra compete a tribunales.

Lista fatídica

En la lista adjunta aparece Juan Maino Canales, militante del MAPU, detenido el 26 de mayo de 1976, por agentes de la DINA. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el delito de secuestro calificado de Maino Canales, el ministro Jorge Zepeda tiene encausados a Paul Schäfer Schneider, Rolf Wenderoth Pozo, Carlos López Tapia, Osvaldo Pincetti Gac y Eugenio Fieldhouse Chávez.

Luego, aparecen los nombres de Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, ambos sin militancia política, detenidos por Carabineros el 28 de julio de 1974, en Parral, y de José Luis Morales Ruiz, detenido el 1 de agosto de 1974, en la misma ciudad. Por el caso de 15 detenidos desaparecidos de Parral, entre los que están Sarmiento, Laurie y Morales, el ministro de Dedicación Exclusiva Alejandro Solís condenó a penas que van entre 10 y 17 años al ex coronel de Carabineros, Pablo Caullier Grant; al ex teniente coronel de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela, y al ex sargento Luis Alberto Hidalgo.

A continuación, vienen los nombres de dos militantes de las Juventudes Comunistas, Pedro Merino Molina, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la casa de un conocido, en Coronel, y Adán Valdevenito Olavarría, detenido el 25 de septiembre del mismo año, en Lota. Aparte de la militancia, ambos comparten la circunstancia de que sus nombres aparecieron en la lista publicada en la revista O’Día de Curitiba, en el marco de la Operación Colombo, y que sus casos judiciales están sobreseídos temporalmente, sin culpables.

En la lista del documento de Dicomcar sigue el nombre de José Hilario San Martín, identidad que probablemente corresponda a José Isaías San Martín Benavente, jefe de Dirinco de Temuco, quien se presentó voluntariamente a Carabineros, el 19 de septiembre de 1973. Por este caso, están encausados el ex general de Carabineros Gonzalo Arias González, el ex-capitán Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y los ex-suboficiales Juan de Dios Fritz Vega y Omar Burgos.

Terrorismo selectivo

Luego, aparecen Alan Bruce Catalán y Alvaro Vallejos Villagrán, integrantes de estructuras de dirección intermedia del MIR. Bruce fue detenido el 13 de febrero de 1975, en una ratonera en la que además cayeron Iván Monti Cordero, Carmen Díaz Darricacarrere, y Jaime Vásquez Sáenz, todos desaparecidos hasta el día de hoy.

Los últimos testimonios disponibles dan cuenta de su presencia en Villa Grimaldi, en pésimas condiciones físicas y mentales, antes de que su rastro se perdiera hasta el antecedente entregado por el documento de Dicomcar 2, que por una caprichosa parábola terminó en el archivo de la CIA.

Vallejos Villagrán, detenido el 20 de mayo de 1974, también fue bárbaramente torturado. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el secuestro calificado de Vallejos Villagrán se encuentran procesados los ex coroneles de Carabineros César Manríquez Bravo y Ciro Torré, y los colonos alemanes Gerhard Mücke y Kurt Schenellenkamp. La lista de Dicomcar 2 suministra los nombre del del ex-diputado Carlos Lorca Tobar y Exequiel Ponce Vicencio, integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista, detenidos el 25 de junio de 1975, en un golpe represivo que además incluyó a Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña Herreros. Mireya Rodríguez, Carolina Wiff, Rosa Solís y Sara Donoso Pacheco, todos desaparecidos hasta el día de hoy. Procesado por el secuestro y desaparición de Carlos Lorca Tobar, permanece el ex agente de la DINA, suboficial Basclay Humberto Zapata Reyes. El antecedente de que los cuerpos de Lorca y Ponce habrían sido incinerados en Colonia Dignidad era desconocido hasta ahora.

Finalmente, la lista entrega los nombres de Jorge Muñoz Poutays y Mario Zamorano, detenidos en la ratonera de Calle Conferencia, en el contexto de una operación represiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista, que se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 1976. Por ese caso, el ministro de Dedicación Exclusiva, Víctor Montiglio tiene 74 encausados, entre los que cabe mencionar a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Germán Barriga Muñoz y Federico Chaigneau Sepúlveda, integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, que además incluía personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Centro de exterminio

Como puede apreciarse, la lista de la Dicomcar acredita la condición de centro de exterminio de Colonia Dignidad, toda vez que incluye casos de detenidos desaparecidos de fechas diversas y distintos lugares de detención, en que se superponen víctimas de detenciones indiscriminadas, propias de la primera fase de la represión, con aquellas altamente selectivas, característica de la segunda, con "neutralización" de cuadros de dirección de los partidos Socialista y Comunista, y del MIR.

Esa condición es corroborada por el punto 7 del documento de inteligencia norteamericana, que señala que a ese recinto eran trasladados detenidos de Santiago, Talca y Temuco, y agrega que en Dignidad se utilizó el método de cámaras de gas y petróleo, en tanto crematorios "científicamente planificados" para asegurar la "eliminación" de los cuerpos. De estos hornos, según el documento, habrían existido unos ocho, con capacidad para dos o tres cuerpos.

También por el documento se puede saber que los alemanes se encargaban de la tortura, y luego suministraban a la DINA análisis de inteligencia y directrices de búsqueda, es decir, listas de personas a detener, elaboradas con información obtenida bajo tortura.

También, fluye que en el recinto se elaboraba armamento de guerra, así como armas químicas y bacteriológicas, entre otras, gas sarín, en el contexto del Proyecto Andrea, en el que también participaron Michael Townley y Eugenio Berríos.

El documento de la inteligencia norteamericana sugiere vínculos entre el servicio secreto alemán y la Colonia Dignidad.

La lista de Schäfer

En su punto 10, el documento individualiza a los integrantes de la Brigada Sur de la DINA, integrada por Eduardo Guy Neckelmann Schültz, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Gómez Segovia; Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvecce Massera. Al día de hoy, Gómez Segovia está procesado por asociación ilícita, y Wenderoth por el secuestro de Juan Maino Canales. Asimismo, está acreditado que Neckelmann, Deichler y Luvecce vivieron en una casa situada Carrera Pinto 262, en Parral, cedida por la Colonia Dignidad.

Entre los integrantes de las unidades operativas de nacionalidad alemana, el documento 11-22 identifica a Gerd Seewald Lefebre, Hans Jurgen Bollman, Albert Schreiber Rauschenberger; Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies, Karl van den Berg Schuurman, Gerhard Mücke Koschitzke, Erwin Fege y Willy Malessa. Salvo estos dos últimos, el resto, además de Paúl Schäfer Schneider, Harmut Hopp Moittel, Gisela Gruhlke Hann, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Zeitner Bohnau; Matthias Gerlach Maschke; Renate Freitag Hartman; Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia, y Armando Fernández Larios, están procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita, por el ministro Jorge Zepeda, que acumula todas las causas por violaciones a los derechos humanos, perpetradas en Colonia Dignidad.

De acuerdo con el informe de inteligencia norteamericano, todas estas personas participaron, en las décadas de los 70 y los 80, en alrededor de 140 desapariciones en predios de Colonia Dignidad. Sólo en la Operación Cerro Gallo, comandada, aparentemente, por el ex teniente coronel Hugo Cardemil, se habrían ejecutado y hecho desaparecer en las condiciones descritas a unos veinte militantes del Partido Comunista.

Por último, el documento 11-22 de la CIA, informa que por Monte Maravilla se designaba a un campo de concentración y trabajos forzados, tanto para opositores a la dictadura, como para castigo de colonos alemanes díscolos.

En suma, postular que Colonia Dignidad es sinónimo de infierno matizado con los trazos más crueles del fascismo, es incluso condescendiente

Impresionantes Revelaciones sobre Desaparecidos en Colonia Dignidad

Derechos Humanos - 18 de agosto, 2009

Si hay un lugar en esta tierra cuya sola mención evoque de manera más rotunda los múltiples significados del fascismo; si hay un lugar en Chile donde adquiere cuerpo la terrible admonición de Dante grabada a fuego en el dintel del infierno, aquella que dice "Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza", ése es el fundo El Lavadero, en la comuna de Parra, donde todavía tiene su sede la fatídica Villa Baviera, alias Colonia Dignidad, la misma a la que el Consejo de Defensa del Estado acaba de acordar, con delicadeza, gracia y consideración, levantarle embargos por más de cuatro mil millones de pesos.

Esa misma Colonia Dignidad sobre la que ríos de tinta y kilómetros de cinta magnética no alcanzan para describir la totalidad de sus horrores, y que no obstante, no termina de sorprender, en ocasiones hasta el nivel del espasmo.

Es el caso del contenido de los documentos del archivo local de la CIA, que estamos en condiciones de publicar, o tal vez sería más apropiado decir filtrar, en esta oportunidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado el término desclasificación, lo cual ha generado alguna confusión, tal vez debida al hecho de que dicho verbo es asociado a una decisión oficial y deliberada de cualquier dependencia del gobierno norteamericano, de abrir o desclasificar su información. Es así como en días recientes, un canal de noticias por cable, una radio y un quincenario dedicado a la chacota, consultaron la opinión de Peter Kornbluh, especialista en desclasificación de información de agencias gubernamentales norteamericanas, quien manifestó dudas sobre la autenticidad de los documentos, dado el hecho de que están en castellano, y por otras cuestiones de forma.

Sin embargo, como se trata de un especialista serio, concluyó que con la información disponible, en última instancia no estaba en condición de afirmar o desmentir la autenticidad de los documentos; no obstante lo cual, el periodista del quincenario en cuestión, con una ética y una técnica periodísticas muy por debajo de estándares aceptables, le atribuyó la afirmación de que eran "más falsos que la sonrisa de tatán".

Mejor hubiera hecho el bisoño periodista en enfocarse sobre la información que le fue suministrada, en lugar de limitarse a filosofar sobre exterioridades o de suponer que un periodista de un medio como El Siglo, que hace más de veinte años rema a contracorriente de la complacencia mediática de la que en última instancia ese quincenario es tributario, vaya a publicar información que no puede sostener, aún en estrados judiciales.

Archivo

Todavía no ha llegado el momento de revelar el origen de los documentos. Pero por ahora, podemos afirmar que pertenecían al Departamento de Inteligencia de la Embajada, dependencia encargada de la compilación de información proveniente de la DEA y de la CIA, para fines internos. Ambas dependencias operaban sobre la base de redes de colaboradores voluntarios e informantes pagados. Los antecedentes así recabados llegaban en español, por la sencilla razón de que los colaboradores e informantes eran -y son- en su mayoría chilenos. Esa información se traducía al inglés, y era enviada, por vías reservadas, a Washington. Nuestro informante supone que se remitían al Departamento de Estado y a la CIA, aunque esa parte no le consta, porque no entraba dentro de sus atribuciones. Afirma que sólo tenía acceso a aquella parte del archivo que compilaba información recabada por los equipos de tarea de nivel local, y que otra instancia de la estructura de comunicaciones de la Embajada resolvía archivar. Sin embargo, al igual que en la totalidad de los documentos filtrados hasta la fecha, la mayor prueba de suficiencia y validez es la información misma, más aún cuando, metodológicamente, sólo hemos publicado aquella que se pueda contrastar al menos con una segunda fuente.

Metodología del terror

El memorando secreto 11-22 corresponde a una recopilación de inteligencia sobre el centro de detención y torturas que funcionó en Colonia Dignidad, y entrega información hasta ahora desconocida sobre la incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos, en el contexto de la denominada Operación Retiro de Televisores, que como ya está probado en autos, fue ordenada por un criptograma del propio general Pinochet, distribuido a divisiones, regimientos y unidades militares del país, incluida Colonia Dignidad.

Los dos primeros puntos del documento acreditan los nexos gestados en los albores mismos de la dictadura, entre la DINA y Colonia Dignidad, la cual puso a disposición de los agentes del Estado para sus tareas represivas los fundos Lavadero, San Manuel y El Litral, así como un inmueble en la ciudad de Parral.

La inteligencia norteamericana identifica a Erwin Fege como jefe de seguridad de Colonia Dignidad, y a Willy Malessa como el encargado de la incineración de los cuerpos. El procedimiento consistía, primero, en rociar los cuerpos con fósforo químico, luego incinerarlos en alguno de los ocho hornos construidos para el efecto, para terminar esparciendo las cenizas dentro de los predios.

Todo esto mientras la maquinaria oficial negaba las detenciones a sus familiares y los tribunales rechazaban los recursos de amparo, la mayor parte de las veces "por no haberse acreditado el cuerpo del delito".

Difícil imaginar crueldad más lejana a la condición humana.

El 26 de marzo de 2004, el noticiario central de Chilevisión dio a conocer el testimonio de José Efraín Vetter Veuhof, fugado de Colonia Dignidad, el que después rindió ante el ministro Jorge Zepeda. Algunos párrafos de ese testimonio: "Willy Malessa enterró 15 autos de detenidos desaparecidos, por orden de Paul Schäfer, usando una retroexcavadora K-235 (.,.) El encargado de la seguridad era Erwin Fege; él estaba a cargo de un grupo de unas 20 personas, armadas. Hacían prácticas de tiro, en las noches, en un subterráneo (...) Willy Malessa recibió la orden de Shäfer de remover el ‘paquete’, de sacarlo desde donde estaba y llevarlo a otro lugar. El estuvo trabajando más de una semana, solo, en un valle interior. Willy y Erwin Fege pueden saber donde están los restos de los desaparecidos. Cuando el tema de los DDHH resurgió se preocuparon de que alguien pudiera entrar y vinieran a hacer excavaciones. Hoy quizás ya creció el bosque y es imposible saber dónde están los restos, pero están preocupados. (...) Ellos podrían ayudar a muchos chilenos. Ellos tienen que pensar que un día van a llegar al cielo y tendrán que dar cuentas a su Dios. Hoy Willy y Erwin tienen casas en el sur y viven como reyes. ¿Cuándo despertarán y ayudarán a tantos chilenos? ¿Por qué lo hicieron?" El 17 de julio de 2005, después de declarar ante el ministro Jorge Zepeda, le dijo a El Mercurio: "Willy Malessa y Erwin Fege se fueron, pero siguen viviendo de los que están allí. Cuando se fueron pidieron 90 millones. Y aunque en asamblea dijimos que no, igual se les dio. Después hasta yo trabajé llenando fardos y fardos de pasto para el fundo de Fege. Y todavía se les mandan los productos de la Colonia para vender".

Según este testigo, Malessa y Fege viven en Purrranque, sin haber sido sometidos a proceso hasta la fecha.

Retiro de televisores

Otro antecedente de la máxima importancia es el que dice relación con la denominada Operación Retiro de Televisores, que como se sabe consistió en la exhumación e incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos. De acuerdo al documento de la inteligencia norteamericana, se realizó en dos etapas, los años 1977 y 1989.

La orden codificada, según el criptograma A-1 de la Comandancia en Jefe del Ejército, habría sido impartida por el propio general Augusto Pinochet y enviada a todas las guarniciones y divisiones del país.

Por lo que respecta a Colonia Dignidad, el documento P-100930, del 8 de octubre de 1990, firmado por el jefe de Dicomcar 2, documento oficial, susceptible de ser periciado, corrobora esa información en términos casi absolutos. Señala que "por orden del Señor Director General", cargo que por entonces desempeñaba el general Rodolfo Stange, se procedió a la "exhumación e incineración" de las personas individualizadas, "según criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército".

El hecho de que un documento de Dicomcar aparezca en el archivo de la CIA revela la porosidad del entorno de la inteligencia, y confirma la versión de nuestro informante, en el sentido de que las más de las veces el método de las redes locales de la CIA consistía en la compra de información. En todo caso, conviene insistir: la última palabra compete a tribunales.

Lista fatídica

En la lista adjunta aparece Juan Maino Canales, militante del MAPU, detenido el 26 de mayo de 1976, por agentes de la DINA. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el delito de secuestro calificado de Maino Canales, el ministro Jorge Zepeda tiene encausados a Paul Schäfer Schneider, Rolf Wenderoth Pozo, Carlos López Tapia, Osvaldo Pincetti Gac y Eugenio Fieldhouse Chávez.

Luego, aparecen los nombres de Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, ambos sin militancia política, detenidos por Carabineros el 28 de julio de 1974, en Parral, y de José Luis Morales Ruiz, detenido el 1 de agosto de 1974, en la misma ciudad. Por el caso de 15 detenidos desaparecidos de Parral, entre los que están Sarmiento, Laurie y Morales, el ministro de Dedicación Exclusiva Alejandro Solís condenó a penas que van entre 10 y 17 años al ex coronel de Carabineros, Pablo Caullier Grant; al ex teniente coronel de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela, y al ex sargento Luis Alberto Hidalgo.

A continuación, vienen los nombres de dos militantes de las Juventudes Comunistas, Pedro Merino Molina, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la casa de un conocido, en Coronel, y Adán Valdevenito Olavarría, detenido el 25 de septiembre del mismo año, en Lota. Aparte de la militancia, ambos comparten la circunstancia de que sus nombres aparecieron en la lista publicada en la revista O’Día de Curitiba, en el marco de la Operación Colombo, y que sus casos judiciales están sobreseídos temporalmente, sin culpables.

En la lista del documento de Dicomcar sigue el nombre de José Hilario San Martín, identidad que probablemente corresponda a José Isaías San Martín Benavente, jefe de Dirinco de Temuco, quien se presentó voluntariamente a Carabineros, el 19 de septiembre de 1973. Por este caso, están encausados el ex general de Carabineros Gonzalo Arias González, el ex-capitán Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y los ex-suboficiales Juan de Dios Fritz Vega y Omar Burgos.

Terrorismo selectivo

Luego, aparecen Alan Bruce Catalán y Alvaro Vallejos Villagrán, integrantes de estructuras de dirección intermedia del MIR. Bruce fue detenido el 13 de febrero de 1975, en una ratonera en la que además cayeron Iván Monti Cordero, Carmen Díaz Darricacarrere, y Jaime Vásquez Sáenz, todos desaparecidos hasta el día de hoy.

Los últimos testimonios disponibles dan cuenta de su presencia en Villa Grimaldi, en pésimas condiciones físicas y mentales, antes de que su rastro se perdiera hasta el antecedente entregado por el documento de Dicomcar 2, que por una caprichosa parábola terminó en el archivo de la CIA.

Vallejos Villagrán, detenido el 20 de mayo de 1974, también fue bárbaramente torturado. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el secuestro calificado de Vallejos Villagrán se encuentran procesados los ex coroneles de Carabineros César Manríquez Bravo y Ciro Torré, y los colonos alemanes Gerhard Mücke y Kurt Schenellenkamp. La lista de Dicomcar 2 suministra los nombre del del ex-diputado Carlos Lorca Tobar y Exequiel Ponce Vicencio, integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista, detenidos el 25 de junio de 1975, en un golpe represivo que además incluyó a Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña Herreros. Mireya Rodríguez, Carolina Wiff, Rosa Solís y Sara Donoso Pacheco, todos desaparecidos hasta el día de hoy. Procesado por el secuestro y desaparición de Carlos Lorca Tobar, permanece el ex agente de la DINA, suboficial Basclay Humberto Zapata Reyes. El antecedente de que los cuerpos de Lorca y Ponce habrían sido incinerados en Colonia Dignidad era desconocido hasta ahora.

Finalmente, la lista entrega los nombres de Jorge Muñoz Poutays y Mario Zamorano, detenidos en la ratonera de Calle Conferencia, en el contexto de una operación represiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista, que se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 1976. Por ese caso, el ministro de Dedicación Exclusiva, Víctor Montiglio tiene 74 encausados, entre los que cabe mencionar a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Germán Barriga Muñoz y Federico Chaigneau Sepúlveda, integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, que además incluía personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Centro de exterminio

Como puede apreciarse, la lista de la Dicomcar acredita la condición de centro de exterminio de Colonia Dignidad, toda vez que incluye casos de detenidos desaparecidos de fechas diversas y distintos lugares de detención, en que se superponen víctimas de detenciones indiscriminadas, propias de la primera fase de la represión, con aquellas altamente selectivas, característica de la segunda, con "neutralización" de cuadros de dirección de los partidos Socialista y Comunista, y del MIR.

Esa condición es corroborada por el punto 7 del documento de inteligencia norteamericana, que señala que a ese recinto eran trasladados detenidos de Santiago, Talca y Temuco, y agrega que en Dignidad se utilizó el método de cámaras de gas y petróleo, en tanto crematorios "científicamente planificados" para asegurar la "eliminación" de los cuerpos. De estos hornos, según el documento, habrían existido unos ocho, con capacidad para dos o tres cuerpos.

También por el documento se puede saber que los alemanes se encargaban de la tortura, y luego suministraban a la DINA análisis de inteligencia y directrices de búsqueda, es decir, listas de personas a detener, elaboradas con información obtenida bajo tortura.

También, fluye que en el recinto se elaboraba armamento de guerra, así como armas químicas y bacteriológicas, entre otras, gas sarín, en el contexto del Proyecto Andrea, en el que también participaron Michael Townley y Eugenio Berríos.

El documento de la inteligencia norteamericana sugiere vínculos entre el servicio secreto alemán y la Colonia Dignidad.

La lista de Schäfer

En su punto 10, el documento individualiza a los integrantes de la Brigada Sur de la DINA, integrada por Eduardo Guy Neckelmann Schültz, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Gómez Segovia; Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvecce Massera. Al día de hoy, Gómez Segovia está procesado por asociación ilícita, y Wenderoth por el secuestro de Juan Maino Canales. Asimismo, está acreditado que Neckelmann, Deichler y Luvecce vivieron en una casa situada Carrera Pinto 262, en Parral, cedida por la Colonia Dignidad.

Entre los integrantes de las unidades operativas de nacionalidad alemana, el documento 11-22 identifica a Gerd Seewald Lefebre, Hans Jurgen Bollman, Albert Schreiber Rauschenberger; Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies, Karl van den Berg Schuurman, Gerhard Mücke Koschitzke, Erwin Fege y Willy Malessa. Salvo estos dos últimos, el resto, además de Paúl Schäfer Schneider, Harmut Hopp Moittel, Gisela Gruhlke Hann, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Zeitner Bohnau; Matthias Gerlach Maschke; Renate Freitag Hartman; Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia, y Armando Fernández Larios, están procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita, por el ministro Jorge Zepeda, que acumula todas las causas por violaciones a los derechos humanos, perpetradas en Colonia Dignidad.

De acuerdo con el informe de inteligencia norteamericano, todas estas personas participaron, en las décadas de los 70 y los 80, en alrededor de 140 desapariciones en predios de Colonia Dignidad. Sólo en la Operación Cerro Gallo, comandada, aparentemente, por el ex teniente coronel Hugo Cardemil, se habrían ejecutado y hecho desaparecer en las condiciones descritas a unos veinte militantes del Partido Comunista.

Por último, el documento 11-22 de la CIA, informa que por Monte Maravilla se designaba a un campo de concentración y trabajos forzados, tanto para opositores a la dictadura, como para castigo de colonos alemanes díscolos.

En suma, postular que Colonia Dignidad es sinónimo de infierno matizado con los trazos más crueles del fascismo, es incluso condescendiente

Etiquetas: Colonia, Dignidad, Torturas, Trabajos, Forzados, Ejecuciones

LAS ORGANIZACIONES DE DD.HH. EL INDH Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD

Según el líder de los encarcelados por la dictadura de Pinochet  (1973-90) “para los sectores sociales y sus organizaciones, vinculados al tema de las violaciones a los derechos humanos durante y después de la dictadura, esta aprobación en una materia tan trascendente como es la institucionalidad en derechos humanos que nuestro país requiere. Para nosotros es claramente un retroceso y no un avance”.
 
Hace algunas semanas, el gobierno se auto-congratuló de otro avance en derechos humanos: Ratificó el Estatuto de Roma, mediante el cual se pone bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin aclarar el trasfondo político de ello.  

En ese sentido, el senador Alberto Espina (RN) presentó un proyecto de ley que redefinió el concepto internacional de crimen de lesa humanidad por otro de estilo “chilensis” que lo desvirtuó totalmente y lo redujo a una suerte de crímenes cometidos entre bandas de civiles armados, además de rebajar todas las penas a la mitad y por supuesto esta ley no es retroactiva.

EL ESTATUTO DE ROMA Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD

“Resulta muy grave que Chile haya ratificado el Estatuto de Roma desconociendo la competencia de la Corte para investigar y juzgar eventuales crímenes que se cometan en Chile o por chilenos. Ello a través de la presentación una ‘declaración interpretativa’ que en realidad por su contenido constituye una ‘reserva encubierta’ al Estatuto de Roma”, indicó Cataldo.

Por su parte el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE, Patricio Negrón, explicó que el Congreso Nacional desestimó “el principio de base del concepto de crimen de lesa humanidad, cuya esencia está en su calidad de crímenes imprescriptibles e inamnistiables”, y agregó que “los criminales de lesa humanidad de nuestro país durante la dictadura, están al abrigo de ser enjuiciados por dicha ley”.

Para analistas en derechos humanos“ Lo más notable es que la Concertación ha pretendido presentar este virtual retroceso como un avance: Chile ha logrado una meta importante, pues está entre los países más avanzados en derechos humanos –tronaban las trompetas del oficialismo”.

  Cabe recordar que desde la presentación en el año 2007 del proyecto de INDH hasta su recién aprobación por la Cámara de Diputados, fue rechazado de modo categórico por las organizaciones de ex prisioneros políticos y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Más aún, el día en que fue votado, no había mayoría para aprobarlo por lo que la votación fue retardada por los diputados, pese a tener suma urgencia, pero in extremis, el Ejecutivo, como último recurso, prometió enviar un veto aditivo al Parlamento para enmendar las insuficiencias del proyecto lo que determinó, con dos excepciones notables, su aprobación.

Patricio Negrón recordó que fue la derecha, que pese a haber declarado previamente su rechazo, se abstuvo mayoritariamente anunciando que si se pretende agregar algo a este Instituto no se contará con su apoyo. “En otras palabras, el veto aditivo prometido por la ministra Tohá, para “decidir” la votación abortó antes de nacer. Tampoco es menor, la presión ejercida sobre los parlamentarios oficialistas, para mantener su cupo en las elecciones de este año”, reveló.

Además el proyecto sobre el INDH fue cuestionado por el Comité Contra la Tortura de la ONU, al analizar el quinto Informe Periódico de Chile (CAT/C/CHL/5), en reuniones celebradas los días 4 y 5 de Mayo de este año. En particular instó al gobierno chileno a respetar los Principios de Paris. Por su parte, el Estado chileno, pese a estos cuestionamientos, lo presentó en los mismos términos ya negociados con la derecha.

Para los máximos líderes de los ex prisioneros políticos chilenos, “examinado en su forma y en su contenido este INDH no puede cumplir con las funciones elementales para las que fue creado”.

Para Cataldo y Negrón, en primer lugar no respeta los Principios de Paris ([1]) que rigen este tipo de organismo, que garantiza su autonomía e independencia del Estado, y la composición independiente de sus miembros, las condiciones materiales de funcionamiento y sus capacidades cuasi jurisdiccionales.
Además el INDH aprobado por la Cámara Baja no tiene ninguna capacidad para perseguir a los violadores de DDHH, con lo cual se le cercena una de las atribuciones más temidas por los criminales de lesa humanidad y no tiene facultad para hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con la determinación del paradero de los detenidos desaparecidos reduciendo su función a recopilar, analizar y sistematizar la información.

Otro aspecto que indicaron los dirigentes humanitarios es que el INDH está expresamente facultado para extender beneficios a los agentes del Estado causantes de violaciones a los derechos humanos, con lo cual no hay distinción entre víctima y victimario, lo que repugna la moral, y por último este Instituto carece de facultad para emitir reportes sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país a las organizaciones internacionales correspondientes.

TRANSFONDO POLÍTICO

Lo relevante de la aprobación del INDH está en el trasfondo político que emerge con él: la impunidad en Chile o la ley de punto final ha sido impuesta en sordina. El INDH solo pudo ser adoptado una vez que lo aprobó la derecha, por tanto es un INDH ajustado a lo que la Derecha pinochetista neoliberal entiende como derechos humanos.

“Si lo analizamos, más en detalle, este INDH pudo perfectamente haber operado bajo la dictadura de Pinochet. En la medida que no cumple ningún rol efectivo de salvaguardia, denuncia y promoción de los derechos humanos es totalmente funcional con el modelo de dominación post pinochetista que la Concertación ha ido perfeccionando durante los últimos 20 años”, apuntó Héctor Cataldo.
 
Por su parte, Patricio Negrón, acusó a la Concertación de mantener la institucionalidad de la dictadura: “la Constitución redactada por Jaime Guzmán y otros próceres conservadores  ha seguido y sigue vigente, pese a los retoques cosméticos aprobados por Ricardo Lagos y muy sabiamente negociados con la Derecha”.

Negrón reveló que el andamiaje institucional represivo de la dictadura de Augusto Pinochet sigue vigente, con la excepción de que la CNI no opera hoy a la luz del día, además, acusó a la coalición de gobierno de permitir que las Fuerzas Armadas gasten 6 mil millones de dólares americanos en compras de armamento al exterior entre los años 2003 y 2009, lo que deja a Chile como un virtual peligro y factor de desequilibrio regional en el plano geopolítico.

Según los lideres humanitarios, la política de Estado, implementada en materias de DD.HH., ha sido producto del cogobierno Concertación – Alianza, “eso ha llevado a  impedir que se investigue la verdad sobre las víctimas, hacer justicia castigando a los torturadores y asesinos, reparar adecuada y oportunamente, ni proteger ni hacer respetar los DD HH hoy en el país. Un ejemplo de ello son los recientes asesinatos de comuneros mapuches por parte de la fuerzas represivas del Estrado”.

“El principal “argumento” político que ha dado la Concertación para aprobar el INDH es que forma parte de una iniciativa tendiente a mejorar la “convivencia entre los chilenos”. No olvidemos que la Iglesia Católica, de tiempo en tiempo, se encarga de entregar el mismo mensaje y la fórmula del Cardenal Raúl Silva Henríquez “ser la voz de los sin voz” quedó muerta y sepultada y no tendrá jamás resurrección. Si a esto agregamos las recientes declaraciones solicitando el indulto para los militares genocidas, pues en una buena sociedad cristiana debe primar la misericordia, entendemos la ola de fondo que se levanta para abrir paso a la impunidad”, indicó Cataldo.
 
LA TAN ANSIADA RECONCIALICIÓN

Para abogados y dirigentes de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, el objetivo central de los gobiernos concertacionistas en este ámbito ha sido lograr la tan ansiada “reconciliación” y con ello han logrado captar algunos sectores de ex prisioneros políticos para sus objetivos. Pero los porfiados hechos están a la vista: la Concertación y la Derecha pretenden cerrar definitivamente los temas de derechos humanos sin importar llevar a la verdad y mucho menos a la justicia.

“Para la Concertación los derechos humanos son como un pariente que padece alguna enfermedad infecciosa e incurable al que hay que soportar hasta que fallezca. No se entiende de otro modo las visitas a desayunar con la AFDD, o el financiamiento otorgado a Villa Grimaldi, o la construcción del edificio de José domingo Cañas o el emblemático Museo de la Memoria. Todo entra en el concepto de “gestos simbólicos” orientados a opinión pública internacional”, sostuvo Cataldo.

Sobre  la verdad en los miles de casos de derechos humanos, es decir, el esclarecimiento de las circunstancias y posterior destino de los prisioneros desaparecidos, es imposible pensar en obtener resultados sin el levantamiento del secreto que debe durar 50 años.  En este caso es particularmente evidente la impunidad que la Concertación y la derecha pretende imponer. En definitiva y al calor de estos hechos, el conocimiento sobre lo ocurrido quedará hasta donde llegue la investigación judicial que los jueces designados han desarrollado.

“Ya se levantan voces en la Derecha reclamando que hay que darle una fecha tope a estas investigaciones y los juicios pendientes simplemente cerrarlos. No se escucha réplica alguna desde la Moneda, ni siquiera de la oficina encargada de los derechos humanos dependiente del Ministerio del Interior, menos puede esperarse reacción de algún parlamentario, así sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, alertó Negrón.
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En cuanto a tan ansiada  justicia, hay que recordar que de un total de 1.898 víctimas reconocidas en informes oficiales de las comisiones Rettig I y II, sólo hay 489 causas en tribunales, cuyos procesos han demorado tanto, que apenas 42 oficiales han sido condenados. “No hablemos de las condiciones de detención de esta oficialidad, pues son más próximas de un veraneo prolongado que de una cárcel. Las 1.164 víctimas restantes solo esperan la paz de los cementerios”, denunció el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE.

Respecto a los 1.000 centros de detención y tortura, al interior de cuarteles militares y a los 28.000 torturados reconocidos oficialmente por la Comisión Valech, el Estado de Chile simplemente no ha presentado ninguna querella en contra de los violadores de derechos humanos. “Al parecer, ser sobreviviente de tortura no es tan grave como haber muerto o desaparecido, sin olvidar que los muertos fueron torturados también”, subrayó Negrón.

NO HABRA REPARACION
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“Las personas que esperaban reparación de parte del Estado en esta materia ya están sobre aviso: no habrá reparación, como no sean las dos o tres migajas aprobadas junto con el INDH. La reapertura de la inscripción de las personas que no se inscribieron ante la Comisión de Prisión Política y Tortura por 6 meses, permitirá incorporar un remanente de casos a los “beneficios” de la ley 19.992. Los 12 puntos a que se redujo la plataforma de Quillón quedaron letra muerta, así como lo han sido todas las promesas de reparación incumplidas por la Concertación desde hace 20 años”, denunció Héctor Cataldo, presidente de los ex prisioneros políticos.

Distintos juristas, han sostenido que el Estado de Chile no ha reparado a las víctimas bajo el concepto que este tiene en la jurisprudencia internacional.  Hay que recordar que El articulo 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificado por el Estado Chileno establece: “Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización” (Art.14).

“Entonces, cuando nos referimos a este tema tan escabroso, sabemos que contamos con el respaldo jurídico que los tratados e instituciones internacionales nos entregan, no estamos pidiendo limosna ni montos exagerados, solo el mínimo que la dignidad humana impone”, indicó Cataldo.
 
¿Qué alternativa queda al movimiento de DDHH en Chile?
En términos generales hay que decir que la unidad de acción y coordinación entre todas las víctimas, junto a sus organizaciones, es el primer requisito para mantener viva la esperanza de lograr nuestros objetivos tan reclamados. Esta unidad requiere neutralizar aquellas organizaciones que hoy día sirven de correa transportadora a las directivas de la Moneda, como algunos sectores de ex prisioneros políticos y algunas ONG, que la opinión pública conoce por sus recientes declaraciones oficiales.

¿A dónde debería centralizar sus próximas acciones?
Nuestra acción debe orientarse a la denuncia pública de los atropellos que día a día se cometen, a pesar de no contar con la difusión nacional necesaria, por el control de los medios de comunicación monopolizados por la derecha. Pero sí podemos contar con los medios y las instancias oficiales de derechos humanos a nivel internacional y con los recursos de todo el movimiento social. El emplazamiento a las candidaturas presidenciales en esta temática, sin ilusionarse, es también una línea a seguir.

Las instancias judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han mostrado muy efectivas en la acogida de las querellas que en materia de derechos humanos hemos presentado, como personas y como organizaciones. Esto preocupa de modo especial al gobierno. Es una herramienta que debemos pulir y utilizar con criterio y tino.

Eso implica que…
La propia movilización de los afectados tiene sentido y presiona al gobierno, pues va dejando una huella en la opinión pública que ha sido manipulada desde los tiempos de la dictadura. Cuando Sebastián Acevedo se inmoló en Concepción, en tiempos de Pinochet, su sacrificio fue noticia nacional e internacional. Cuando un jubilado, cansado de ser tramitado, se inmoló en la Moneda durante el gobierno de Lagos, fue noticia del informativo de TV de mediodía, en la tarde ya desapareció. Cuando un preso político se inmola por fuego en la cárcel de El Manzano en Concepción en Mayo último, simplemente no es noticia. Estos ejemplos grafican el grado de anestesiamiento de la opinión pública nacional en manos de medios privados, insensibilizada con la dosis de crónica roja cotidiana.

Para los dirigentes de los ex prisioneros y ex prisioneras políticas el futuro de los derechos humanos en Chile no se ve promisorio en el marco institucional actual. “No lo ha sido desde 1973, y cuando una luz de justicia iluminó durante la detención de Pinochet en Londres, esa luz fue rápidamente apagada por el gobierno chileno y sus aliados políticos internacionales. Los adversarios nacionales e internacionales de los DD HH son fuertes y tienen múltiples cabezas, pero esta es una causa justa y las futuras generaciones de chilenos sabrán reconocer la labor de quienes hoy luchan por ella. Ya forma parte de la historia que la Concertación no supo abrir las grandes alamedas, quizás tampoco nunca se lo propuso, pero quienes formamos parte de la conciencia crítica de esta nación seguiremos en esta lucha con la fuerza y la dignidad de siempre”, finalizó el presidente de la ANEXPP- CHILE, Héctor Cataldo.
 
Por Iván Gutiérrez Lozano, periodista y director de Crónica Digital.

PUNTA ARENAS 01 DE AGOSTO DEL 2009


SEÑOR

EDITOR MEDIO DE COMUNICACION PUBLICA

PRESENTE


De nuestra mayor consideración, hacemos llegar a usted y a su respetable Medio de Comunicación, democracia Chilena en deuda con victimas de DD.HH, del ex régimen Militar encabezado por el extinto Dictador Augusto Pinochet, a casi completar 4 Gobiernos de la Concertación, sin que se reparen a las Víctimas, por los daños ocasionados, y en verdad se haga Justicia y se sepa la verdad.

Al ver pasar un Gobierno mas de la Concertación,  que esta a  unos cuantos meses para que termine su mandato, la actual Presidenta Doña Michel Bachelet Jeria en el poder, las miles y miles de víctimas, de DD.HH, se vieron forzadas de demandar al Estado de Chile, para que asuma su responsabilidad de los hechos acaecidos durante el ex régimen militar, y que tanto daño ocasiono tanto a las víctimas como a sus familiares, en lo económico y en lo físico y psíquico, por lo que tuvieron que pasar, en cautiverios, y donde el resultado final de este golpe militar fueron desaparecidos, asesinados, torturados, presos y exiliados y perseguidos, pero lo que mas llama la atención de nuestra presidenta y de su sonrisa es que pensara del pasado de horror, ya que hasta la fecha no se pronuncia, sobre lo que solicitan las víctimas, y que durante los 4 Gobierno de la Concertación nada se a echo por ellos y que solo hasta la fecha han contado, con la famosa  pensión austera y simbólica, que ni siquiera es traspasable a la viuda, en caso de fallecimiento de la victima.

Por lo tanto al analizar, los anuncios en materia de Derechos Humanos, y que según el Gobierno estamos avanzando, sobre el Estatuto de Roma ,y el Tribunal Internacional diremos que no nos satisface ya que, no se puede enjuiciar ni perseguir del año 2009 para atrás las responsabilidades, por tanto el golpe y sus secuelas salen bien librados, y en especial sus Represores, todos Agentes del Estado de Chile, por otro lado el anuncio con bombos y platillos, del gran edificio de los recuerdo que va a costar un dineral, y que en vez de invertir esos millones de pesos, lo podrían haber derivado para aumentar las miserables pensiones, que reciben los Expresos Políticos y que muchos se encuentran en la Extrema pobreza y enfermos.

Por tanto al aprobarse ahora el Instituto de Derechos Humanos ,y el cual fue desaprobado por los Asistentes en la Cámara ,es una muestra mas de que las cosas en Materia de DD.HH, se siguen haciendo mal, sin tomar en cuenta lo que digan las Victimas ya sea a través de sus organizaciones u o en forma personal, y es aquí que nuevamente nos asalta la duda quien esta detrás de todo esto, acaso esta es una Democracia tutelada y cautelada, por los ex golpistas son ellos los que siguen Gobernando, o es que hubo una transformación, por parte de nuestra Primera Mandataria ,hacia las victimas, que ni siquiera se digna a escucharlas, para aceptar o desaprobar sus requerimientos, produciendo impotencia en las victimas al ser rechazadas por sus asesores, cubriendo un cerco en la moneda para que no puedan ser recibidos por la Presidenta, pero también esta por el otro lado el Poder Judicial que no avanza los Juicios, donde el Concejo de Defensa del Estado de Chile, alega prescripción y concurre a parar los Juicios de las victimas, produciendo mas impotencia aun, por el echo de no ser escuchados y mas aun al ver atónitos de como los juicios de los militares caso Antuco en un año y tanto, fueron indemnizados ,y que es loable que así  halla sido, por las perdidas de vidas ,y las victimas de los DD.HH, se preguntan que acaso no merecen ser Indemnizadas por el daño que se ocasionó a sus personas y familiares, por tanto el análisis a unos meses de que se produzca el final de su mandato, deja un hondo dolor en las victimas de los Derechos Humanos en Chile y un gran rechazo a su mandato,  siendo un Gobierno mas de la Concertación, que en comparación con el Gobierno de Panamá ,quien indemnizo al Extinto General Bernales por el terrible accidente que sufrió, es un claro Ejemplo de la Consecuencia con que se asumen la responsabilidades de parte de los Estados dentro de su territorio, con las victimas y mas aun si estas las cometen agentes del estado .

Desde ya se despiden atentamente la Directiva

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Agrupación Solidaria de Ex Presos Políticos y Torturados de Magallanes- http://www.unexpp.cl

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Jueves 4 de junio de 2009   

La Nación 

ANIMUS

  Una irónica carta dirigida al comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta llegó a este medio enviada por la dirección chileinforma@gmail.com a raíz de la decisión de la institución de bautizar el recinto que agrupa a los regimientos Tacna y Granaderos con el nombre del general Carlos Prats González.

La misiva -firmada por el teniente coronel Jaime Manuel Ojeda Torrent- sugiere invitar al homenaje (que se realizará mañana) a "los oficiales que presionaron su retiro", "a la señora que le sacó la lengua y él amenazó con la pistola", a las esposas de los militares que concurrieron a su domicilio "para protestar por su nefasta conducta", "a las viudas de los uniformados que murieron en manos de los extremistas que él apoyó como ministro y vicepresidente". Luego propone bautizar el Regimiento Buin con el nombre de Salvador Allende, ya que "ambos próceres" tenían en común "gozar de la buena mesa, beber sólo buenos vinos y whisky, disfrutar festines y orgías con fondos del Estado y acosar sexualmente a las esposas de sus colaboradores".

Chileinforma es un sitio que defiende mediáticamente a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar. Mientras que el teniente Jaime Ojeda Torrent, según el testimonio judicial del capitán Pedro Rodríguez Bustos, fue uno de los jóvenes oficiales que le dieron el tiro de gracia a 15 prisioneros fusilados en el Regimiento Arica de La Serena, poco después del golpe militar de 1973.

Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia

La Marcha Mundial comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, día aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por la Naciones Unidas día Internacional de la No-Violencia. Finalizará en la cordillera de Los Andes, en Punta de Vacas al pie del Monte Aconcagua el 2 de enero de 2010. Durante estos 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades, en los cinco continentes. Cubrirá una distancia de 160.000 km por tierra. Algunos tramos se recorrerán por mar y por aire. Pasará por todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y el desierto, hasta el invierno siberiano. Las etapas más largas serán la americana y la asiática, ambas de casi un mes. Un equipo base permanente de cien personas de distintas nacionalidades hará el recorrido completo. 

Por qué

Porque el hambre en el mundo puede resolverse con el 10% de lo que se gasta en armamento. ¿Podemos imaginar cómo sería si se destinara el 30 o el 50% para mejorar la vida de la gente, en vez de aplicarlo en destrucción?

Porque eliminar las guerras y la violencia representa salir definitivamente de la prehistoria humana y dar un paso de gigante en el camino evolutivo de nuestra especie.

Porque en esta aspiración nos acompaña la fuerza de las voces de cientos de generaciones anteriores, que sufrieron las consecuencias de las guerras, y cuyo eco sigue escuchándose hoy en todos los lugares donde siguen dejando su siniestra estela de muertos, desaparecidos, inválidos, refugiados y desplazados.

Porque un "mundo sin guerras" es una propuesta que abre el futuro y aspira a concretarse en cada rincón del planeta en el que el diálogo vaya sustituyendo a la violencia.

¡Ha llegado el momento de hacer oír la voz de los sin-voz! Millones de seres humanos piden por necesidad que se acaben las guerras y la violencia.

Podemos conseguirlo uniendo todas las fuerzas del pacifismo y de la no-violencia activa del mundo.

Cuándo

Comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por las Naciones Unidas "Día Internacional de la No-Violencia". Finalizará en la cordillera de Los Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) el 2 de enero de 2010.

Durará 90 días, tres largos meses de viaje. Pasará por todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y desiertos hasta el invierno siberiano.

Quién participa

La marcha es una iniciativa de "Mundo sin guerras", organización internacional - impulsada por el Movimiento Humanista - que trabaja desde hace 15 años en el campo del pacifismo y la no-violencia.

Sin embargo, la marcha Mundial se construirá entre todos. Está abierta a la participación de toda persona, organización, colectivo, grupo, partido político, empresa, etc., que comparta la sensibilidad de este proyecto. Así pues, no se trata de algo cerrado, sino de un recorrido que se irá enriqueciendo gracias a las actividades que se pongan en marcha según las distintas iniciativas.

Por eso invitamos a la participación activa, a que cada cual aporte su creatividad al paso de la MM por cada lugar, en una convergencia de múltiples actividades: encuentros, foros, festivales, conciertos, expresiones culturales, deportivas, artísticas, musicales y educativas. Tiene cabida todo aquello que la imaginación sea capaz de concebir.

Los canales de participación son múltiples, destacando la participación virtual en la MM a través de internet.

Es una marcha de la gente y para la gente, que pretende llegar a la mayoría de la población Mundial. Por esto se convoca a todos los medios de comunicación para que difundan esta vuelta al mundo por la Paz y la No-violencia.

Qué se va a hacer

A su paso por las ciudades se realizarán todo tipo de foros, conferencias y eventos (deportivos, culturales, sociales, etc.), que se irán organizando según surjan iniciativas en cada lugar.

En estos momentos se cuenta ya con cientos de proyectos que diferentes personas y organizaciones han puesto en marcha.

Para qué

Para denunciar la peligrosa situación Mundial que nos está llevando hacia las guerras con armamento nuclear, que supondrían la mayor catástrofe humana de la historia, un callejón sin salida.

Para dar voz a la mayoría de los ciudadanos del mundo que no están a favor de las guerras ni de la carrera de armamento. Todos sufrimos las consecuencias de la manipulación de unos pocos porque no damos una señal unida. Es hora de que cada uno muestre su postura, su rechazo. Une tu señal a la de muchos otros y tu voz tendrá que ser escuchada.

Para lograr: la eliminación de las armas nucleares a nivel mundial; el retiro inmediato de las tropas invasores de los países ocupados; la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional; la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerra para resolver conflictos.

Para poner en evidencia otras múltiples formas de violencia (económica, racial, sexual, religiosa...) escondidas o disfrazadas por los que las provocan, y para proporcionar a quienes las sufren un cauce para hacerse escuchar.

Para, de la misma manera que ha sucedido con la ecología, crear conciencia global de la necesidad de una verdadera Paz y de rechazo total hacia todo tipo de violencia. 

DECLARACION PÚBLICA   

Miércoles, 13 de Mayo de 2009 15:37

Los ciudadanos chilenos condenados a penas de extrañamiento y otras formas de exilio forzado, refugiados o residentes en diferentes países de Europa y América, solidarizamos con nuestro compañero Jorge Escobar por la delicada situación familiar que enfrentó y nos alegra que haya sido autorizado para ingresar temporalmente a Chile para acompañar a su madre en sus últimos días de vida.

Hacemos nuestras las palabras de Jorge Escobar, en cuanto a que "abran la mente y la puerta". Que se ponga fin a todo tipo de exilio forzado e impedimento a un ciudadano chileno a vivir o ingresar a su país.

 El exilio impuesto por decreto es una condena individual que, con el paso de los años se va transformando en una condena colectiva, va tomando cuerpo en la familia, en los amigos y en el entorno social.

El exilio impuesto por decreto lo instala la dictadura militar y también  fue utilizado por el primer gobierno de transición, para sacar de las cárceles a los últimos presos políticos de la dictadura. Que en este caso no es lo mismo que liberarlos.

Hacemos presente que la autoridad política no quiso atender nuestra demanda de ser liberados en Chile. Y tampoco tomó en cuenta que nosotros, como luchadores antidictatoriales, fuimos tomados prisioneros por el poder militar, y juzgados y condenados por un invento del mismo: la "justicia militar". Nunca hemos sido  condenados por tribunales de justicia imparciales.

Por otro lado las autoridades nunca han reconocido ni justificado  nuestra lucha subversiva militar en contra de un poder degenerado y un auténtico terrorismo de Estado.

En este contexto declaramos que:

Primero: El exilio impuesto por decreto debe llegar a su fin. Un nuevo decreto gubernamental debiera poner fin a las penas de extrañamiento, cesar en el desconocimiento de las prescripciones y la persecución infinita, reconociendo nuestro derecho a vivir en Chile o en el extranjero si así se desea, como acto voluntario, sin impedimento alguno para ingresar al país.

Segundo: La conciencia y el derecho internacional rechazan el destierro como pena. Por lo tanto no resulta subversivo, ni ilegal, ni menos impertinente pedir a las autoridades políticas chilenas que sean respetuosas con esos preceptos jurídicos, políticos y humanitarios.

Tercero: Es imperioso dar una solución jurídica y política a la situación de muchos compañeros que hasta el día de hoy son perseguidos por los tribunales militares chilenos.

Se trata de los presos políticos fugados y de personas con órdenes de detención y procesos pendientes, aún cuando en su gran mayoría han prescrito legalmente. La mayoría vive en el exilio, también forzado, ya que su retorno al país le está prohibido, en la medida que si intentan ingresar serán apresados, con el consiguiente riesgo y peligro para sus vidas e integridad física y moral.

Consideramos pertinente que las autoridades gubernamentales declaren libre de cargos y persecución política a todos estos compañeros.

Finalmente: Declaramos que resulta necesario insistir ante las autoridades chilenas, que es el momento de poner fin a todo tipo de exilio forzado. Nuestra moral y dignidad nos hacen plantear esto como una demanda, sin necesidad de solicitarlo como un acto de indulgencia.

Por el derecho de vivir en Chile. Es justicia.

Por Argentina

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, Claudio Enrique Molina Donoso, Manuel Alejandro Santana Sosa, José César Rivera Ortiz, Luis Alberto Rivera Ortiz, Ramón Luis Reveco Sepúlveda.

Por Europa

Jorge Escobar, Hugo Marchant, Carlos Garcia, Héctor Figueroa, Héctor Maturana, Francisco Peña, Jorge Angulo, Arnaldo Arenas Bejar.

Etiquetas: exilio, chilenos, presos, politicos, dictadura

Difunden imágenes de las torturas en Irak que Barack Obama quiere vetar

Existen unas dos mil fotografías, de las cuales 15 tomaron estado público al ser mostradas en televisión e internet. La difusión de las instantáneas partió de un canal australiano, que las compró en 2006 a raíz del escándalo de Abu Ghraib.

Varios medios de comunicación publicaron una quincena de fotografías que reflejan torturas en las cárceles de Irak y Afganistán, que supuestamente forman parte de las 2.000 imágenes que el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, quiere evitar que salgan a la luz.

La difusión de las instantáneas partió de la televisión australiana SBS, que supuestamente las compró en 2006 a raíz del escándalo de Abu Ghraib y decidió sacarlas a la luz ayer.

Las fotografías muestran a prisioneros desnudos y ensangrentados, a un hombre con un mensaje grabado en las nalgas que dice "Soy un violador" en inglés, a un prisionero esposado y babeante, otro con el cuerpo lleno de excrementos y otro colgado con la cabeza boca abajo y sin ropa, entre otras aberrantes imágenes.

La Administración Obama anunció el pasado miércoles que recurrirá la decisión de un tribunal de permitir la desclasificación de las 2.000 fotos, tal como había solicitado la Asociación Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La Casa Blanca alega que la publicación de las instantáneas podrían desencadenar una nueva ola de antiamericanismo en el mundo musulmán que pusiera en peligro la vida de los soldados estadounidenses allí destacados.

El nuevo escándalo llega en mal momento para el presidente Obama, después de que ayer anunciara el restablecimiento de las comisiones militares creadas por su predecesor, George W. Bush, para juzgar a presos sospechosos de terrorismo retenidos en el penal de Guantánamo, en Cuba.

Fuente: EFE

Derechos humanos en Chile: "Aún queda mucho por hacer"

 Foto: El Palacio de la Moneda en Santiago de Chile.

La situación de los derechos humanos en Chile fue criticada por organizaciones civiles luego de que se presentara el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

En cuanto a derechos humanos, todas las democracias latinoamericanas aún tienen mucho por hacer. En Chile, aunque se haya condenado y, en parte, castigado a los culpables de masivos crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, diversos sectores de la sociedad todavía sufren discriminación y hasta persecuciones o violencia por parte del Estado. Ya sea la desigualdad de la mujer o la desprotección a niños, a los pueblos indígenas y a otras minorías, cada problema no resuelto proyecta su sombra sobre la sociedad.

Y es esta sociedad precisamente, la chilena, la que a través de organizaciones no gubernamentales critica el brillo de una política de derechos humanos aparentemente exitosa hacia afuera. El visto bueno de las organizaciones internacionales se ve opacado por la brecha entre el desarrollo de una política de derechos humanos a nivel internacional y los pequeños grandes fracasos internos.

Decisivo rol de la sociedad civil

Foto: El cadáver de Salvador Allende es sacado por soldados de la casa de gobierno luego del golpe militar de Pinochet.

En estos momentos, la situación de los derechos humanos en Chile está siendo analizada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. José Viera-Gallo, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Michelle Bachelet, era secretario de Estado en el ministerio de Justicia durante el gobierno de Salvador Allende. Cuando en 1973 el golpe militar derrocó a Allende, Viera-Gallo, como tantos chilenos, huyó al exilio temiendo por su vida. En el marco de la presentación del informe nacional ante el Consejo de la ONU, el ministro remarcó el rol de la solidaridad internacional en el objetivo de proteger los derechos humanos.

A juicio de Viera-Gallo, "Chile es conciente del rol decisivo que le toca a la comunidad internacional en este área. Gracias a que muchas organizaciones internacionales, iglesias y ONGs se inmiscuyeron durante la dictadura, se pudo salvar muchas vidas", dijo a DW-RADIO.

Pero las organizaciones de derechos humanos chilenas presentes en Ginebra no están satisfechas con el informe del ministro. Jorge Contesse, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Santiago comenta que "hay problemas con la situación de las cárceles y hay pocas organizaciones de derechos humanos en Chile. Hace 20 años que vivimos en democracia, pero aún no contamos con un instituto para los derechos humanos." Según Contesse, se debería mencionar la situación de minorías desprotegidas como las mujeres, las minorías sexuales y los pueblos indígenas, amén de los derechos de los niños.

 Grandes logros y mucho por hacer

Foto: Vista panorámica de la ciudad de Santiago de Chile

Dichos puntos no quedaron en el tintero. Los mismos representantes de los Estados miembros de la ONU abrieron el debate e hicieron algunas recomendaciones a la delegación chilena. Pidieron que se investiguen a fondo los delitos contra los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet. Asimismo, solicitaron que se lleve a juicio a los culpables y se indemnice a las víctimas. Y que prohiba que tribunales militares enjuicien a civiles.

El tono de dichas observaciones fue respetuoso de los logros del Gobierno chileno en la reconstrucción de la democracia. Chile también es miembro del Consejo de la ONU y, según Juliette Rivero, de Human Rights Watch, tiene un papel muy constructivo. "Su pasado lo ha hecho fuerte. Lucharon durante largo tiempo contra las violaciones a los derechos humanos y están decididos a aportar sus valores y tradiciones al Consejo de Derechos Humanos comprometiéndose con situaciones especiales en otros países", dijo Rivero a DW-RADIO.

Representantes de la sociedad civil chilena, en cambio, ven el desarrollo con escepticismo. Jorge Contesse critica que su país "tiene sí la ambición de ser líder a nivel mundial en derechos humanos, pero el Gobierno chileno aún no ha hecho sus tareas".

"Hay una brecha entre lo que hace Chile a nivel internacional y la manera en que se presenta. Por un lado, con una presidenta que fue víctima del terrorismo de estado, y por el otro, lo que hoy sucede en el país. Es muy importante que se siga con atención lo que va a pasar con las recomendaciones hechas por otros países en Ginebra. El objetivo debe ser cerrar la brecha para que Chile se atenga a una política de derechos humanos más fortalecida, para así poder liderar en el tema".

Foto: Niñas mapuches en una ceremonia tradicional.

La ONG "Observatorio Ciudadano" propone poner a prueba la voluntad de diálogo del Gobierno chileno. José Aylwin, representante de dicha ONG piensa que "debe crearse un espacio de diálogo en el que participe también la sociedad civil. (...) Tenemos la sensación de que este ejercicio será muy beneficioso para la democracia y los derechos humanos en Chile".

Autora: Claudia Witte/ Cristina Papaleo

Editor: José Ospina Valencia

 DW-WORLD.DE

Lunes 20 de abril de 2009

Lanacion.cl 

 Oficiales en retiro Pablo Martínez y Patricio Ferrer también quedaron bajo arresto en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén, tras ser notificados de su procesamiento por la masacre de 14 prisioneros en Antofagasta.

 Foto: Los crímenes en los que está implicado Santelices se remontan a la noche del 18 de octubre de 1973.

 En el Batallón de Policía Militar en Peñalolén quedó detenido el general (r) Gonzalo Santelices Cuevas, ex comandante de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, junto a otros dos oficiales en retiro, por su participación en crímenes de la Caravana de la Muerte.  

Junto a Santelices fueron ingresados al recinto castrense los oficiales (r) Pablo Martínez Latorre y Patricio Ferrer.  

Los militares en retiro comenzaron a cumplir detención tras ser notificados de su procesamiento en calidad de cómplices por la masacre de 14 prisioneros en Antofagasta.  

De acuerdo a la resolución del ministro Víctor Montiglio, la noche del 18 de octubre de 1973, los procesados sacaron desde la cárcel de Antofagasta al grupo de prisioneros, los condujeron al desierto en camiones y los formaron para masacrarlos a punta de corvo y balas. Luego recogieron los cuerpos y los depositaron destrozados en la morgue.

LOS DESCARGOS DE SANTELICES

 Horas antes de ser notificado del encausamiento, Santelices  dio una entrevista a Radio Agricultura en la que dijo tener “la tranquilidad espiritual y de conciencia de mis actos”. 

Explicó que su participación en los hechos se limitó a “acompañar en una patrulla a retirar a los detenidos y trasladarlos a un punto donde no sabía que iba a suceder” e insistió en que debió actuar “por orden superior”.  

Santelices renunció en febrero de 2008 tras conocerse su declaración judicial en la que admite participación en este episodio de violaciones a DDHH.

Stella Calloni.

PERIODISTA E INVESTIGADORA ARGENTINA DESTACÓ QUE EL PAPEL DE CHILE FUE IMPORTANTÍSIMO EN "LA OPERACIÓN CÓNDOR"

En una conferencia de prensa, organizada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y el Centro Cultural de Refugiados Políticos en la Patagonia y auspiciada por la Municipalidad de Punta Arenas, la escritora y periodista argentina Stella Calloni, se refirió a "La Operación Cóndor y sus actividades criminales en América del Sur".

En la ocasión, señaló que Chile tuvo un papel fundamental en el plan de inteligencia, imposición y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y la CIA, señalando que es en nuestro país, donde se conformó oficialmente en el año 1975.

Dijo finalmente que en estos momentos se está llevando a cabo en Argentina un juicio muy importante, en el que - señaló - se declara que en la "Operación Cóndor" hubo una asociación ilícita de las dictaduras para asesinar, secuestrar, enviar información de un país al otro y en síntesis - destacó - cometer delitos indescriptibles para la sociedad.

Cabe señalar que Calloni recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en el año 1986; ha sido corresponsal de guerra en América Central, editora y directora de revistas de política internacional.

Mario Andrade

 http://www.radiopolar.cl

Invitación

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi invita a Ud., este domingo ocho de marzo, a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Parque por la Paz,  Av. José Arrieta 8.401, comuna de Peñalolén. La jornada se inaugurará a las 16:00 hrs. con una exposición fotográfica sobre el rol de las mujeres en la Dictadura Militar y con recorridos guiados al público por este ex centro de detención y tortura.

En la ocasión se homenajeará a mujeres que representen distintos ámbitos del quehacer nacional vinculadas a los Derechos Humanos y se agregará en el Jardín de las Rosas un nuevo rosal y una placa con el nombre de Mónica Benaroyo Pencu, detenida desaparecida de nacionalidad uruguaya, de quién fueron encontrados sus restos en julio del 2008 en el norte del país.

Michèle Drouilly Yurich - Directora Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

7/820 71 85 - 513 18 54

Michele@drouilly.com

A 17 años de un Reality sangriento sin responsables.

OPAL- Nuevamente las Avenidas y calles de la pudiente comuna de Ñuñoa, fueron testigos del cada vez menos concurrido homenaje a Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, Jóvenes integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinados por agentes del Estado de Chile, luego de protagonizar un asalto, un 22 de Enero de 1992.

Solo familiares y amigos llegaron hasta la calle Alonso de Ercilla N 3082, Comuna de Ñuñoa para rendir homenaje a ambos Rodriguistas asesinados, luego de protagonizar un asalto a un camión de transporte de valores de la empresa PROSEGUR en el Campus Oriente de la Universidad Católica

Los miembros de la Organización, "Manuel Rodríguez Cabalga de nuevo", convocantes a la actividad, resaltaron la trayectoria política y el heroísmo de ambos jóvenes aquel día, exigiendo justicia por el caso y haciendo responsables directos del fatal desenlace, al gobierno concertacionista de turno, encabezado por Patricio Aylwin: "La orden de aniquilamiento sobre los rodriguistas, emanó directamente desde la Moneda en las manos del entonces Ministro del Interior Enrique Krauss y de la sórdida y terrorífica figura de Belisario Velasco".

En la ocasión, acusaron a los medios de comunicación, los cuales transmitieron la macabra noticia durante todo el día: "Hicieron un show aquel día en que se jugaba la vida o la muerte de ellos, e hicieron un rotundo y acordado silencio con los responsables del alevoso crimen" Sentenciaba ante los presentes, el único orador del encuentro. Rodolfo Maturana

El gobierno de la época había decidido dar una señal clara sobre este tipo de hechos. La orden de actuar nació desde el interior de La Moneda, a manos del entonces ministro de Interior, Enrique Krauss y el subsecretario Belisario Velasco. La "tolerancia cero" aplicada en este caso, contrastaba diametralmente con la "política de acuerdos" que el gobierno sostenía con sectores militares y de derecha sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Como lo decía el propio Presidente de la época Patricio Aylwin: "Justicia en la medida de lo posible".

Eugenio Tironi, en aquel entonces vocero de Gobierno, dio tempranamente algunas luces, de lo que iba a ocurrir con los dos muchachos: En sus contínuas declaraciones a la prensa, daba a conocer la decisión del Gobierno: " los secuestradores están en contacto, con los oficiales de la policía que están en el lugar, pero el gobierno no está negociando con delincuentes".

Luego de la lectura de saludos enviados de distintas partes del mundo y de que se encendieran velas en las afueras de la casa, en la que cayeron ambos muchachos, el silencio, del cual se niegan a sentir los pocos convocados, se dejo caer en el lugar.

A la actividad no concurrió ningún dirigente, de la organización en que militaban Alex y Fabián. Solo estaba el recuerdo amargo de los familiares y amigos, que en esa jornada del 22 de enero, vieron por televisión, como unos 500 policías y agentes fuertemente armados, rodearon el lugar y esperaron pacientemente la noche, para llenar de plomo, los cuerpos de los jóvenes rodriguistas.  

De nada sirvieron los intentos por una salida

Eran las 7 de la mañana de lo que seria un caluroso día miércoles 22 de enero de 1992. Tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Fabián López Luque, Alex y Pablo Muñoz Hoffman, asaltaron un camión de transporte de valores de la empresa PROSEGUR que recolectaba la remesa de dinero de la sucursal del Banco Concepción, ubicada en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Los tres huyeron del lugar, con la suma de 7 millones 600 mil pesos, dejando heridos a dos guardias que intentaron repeler la acción. A pocas cuadras fueron interceptados por una patrulla de Carabineros, produciéndose un segundo enfrentamiento donde cae gravemente herido Pablo Muñoz Hoffman y un cabo de Carabineros. Fabián y Alex huyen del lugar, luego que Pablo se rehusara a ser socorrido. La persecución llegó a término, cuando los dos jóvenes se refugiaron en un inmueble de calle Alonso de Ercilla, comuna de Ñuñoa. En la vivienda se encontraba la familia del abogado Erick Riveros. Después de una larga negociación que se extendió por más de catorce horas, y luego de haber dejado salir a los cinco integrantes de la familia Riveros Erick -una mujer y sus tres niños-, francotiradores del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) dispararon sobre Fabián y Alexis, de 22 y 23 años respectivamente, al momento que salían con las manos en alto desde la casa, cuando ya se cerraba el día.

Alex y Fabián, una vez cercados por efectivos policiales, señalaron desde un principio a través de comunicaciones telefónicas la motivación de la acción y su permanencia en el domicilio. Relatos posteriores de lo dueños de casa acentúan el buen trato que recibieron por parte de los jóvenes. De nada sirvieron los intentos por una salida negociada, que incluso incluyó la demanda de entregar comida en las poblaciones pobres del gran Santiago. Pero la decisión estaba tomada, Fabían López comunicaba por teléfono a los medios: "No nos vamos a entregar. La decisión no es de este momento, sino de mucho antes... nos la vamos a jugar entera... Nuestra consigna es Hasta Vencer o Morir".

El operativo policial en el que participaron más de 500 efectivos de seguridad fue transmitido por televisión en directo. Todos los ojos de la sociedad chilena se volcaron a ver lo que sucedía en el pudiente barrio de la zona Oriente de la capital. Lo sucedido entre las 20.50 y 21:25 horas es todavía una incógnita. Solo estaban en el escenario del circo montado por la televisión, los dos muchachos y los efectivos que rodeaban la casa. Ni los llamados que a esa hora se estaban realizando para negociar su salida, ni la salida de los habitantes de la casa donde se habían parapetado, ni los ojos de toda una sociedad que a esa hora miraba con atención las imágenes del primer "reality" sangriento, lograrían que no fueran abatidos.

La jueza titular de 13avo Juzgado del Crimen de Santiago, María León Neira, a cargo de la investigación del caso, manifestó desde un primer momento sus dudas respecto al desenlace de la operación policial: "No tengo ninguna certeza que salieran disparando, existen dudas por que no se sabe si realmente se enfrentaron o fue otra cosa. Cuando llegué al sitio del suceso la policía uniformada ya había avanzado los peritajes y entonces yo di la orden que se coordinaran con Investigaciones, pero no he establecido que es lo que sucedió". (La Tercera 29/01/1992)

La autopsia determinaría que Alex Muñoz recibió diez impactos de bala en la región toráxica. Su muerte no fue instantánea. Agonizó por al menos quince minutos. Fabián López presentaba siete impactos. Uno en la cabeza, otro en el maxilar y los restantes en el tórax, abdomen y piernas.

La muerte en directo

Fue un hecho brutal el que cobró la vida de los rodriguistas. Aunque para los medios de comunicación no pasó de lo anecdótico. La periodista Paula Sánchez, que en esa ocasión fue productora en terreno para TVN, recuerda que debió pagar más de 20 mil pesos para que un vecino le permitiera instalar una cámara que siguió muy de cerca los acontecimientos. Mientras, el periodista Cristián Arizmendi pasó a convertirse en el "narrador" de la secuencia. El terror se convirtió en un show televisivo en tiempo real. Sánchez afirma que por primera vez el noticiario se hizo "por intuición, eliminando notas y comerciales". También recuerda que pese a que las cámaras estaban encima nadie pudo ver lo que ocurrió: "Ante los primeros disparos, todos se tiraron al suelo y yo me puse a llorar, mientras gritaba".

Sábado 3 de enero de 2009

 La Nación / EFE 

 Un acto simbólico en el cual se borró con pintura blanca el nombre de tres de los nombres que erróneamente figuraban en el memorial del Cementerio General, se llevó a cabo esta tarde por parte de la agrupación de sus familiares.

  La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos borró hoy del memorial ubicado en el Cementerio General de Santiago los nombres de los falsos desaparecidos detectados en la nómina oficial de víctimas de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet.

Al lugar llegaron dirigentes de la asociación, encabezados por su presidenta, Lorena Pizarro, y una decena de familiares de detenidos desaparecidos con fotografías de sus parientes y carteles clamando justicia, informó radio Cooperativa.

"El homenaje reivindica el nombre de nuestros familiares muertos y deja de manifiesto que los hombres y mujeres que jamás desaparecieron no empañan en nada los graves daños cometidos bajo el Gobierno militar", dijo Pizarro.

En un acto simbólico, fueron borrados con pintura blanca del monumento los nombres de Emperatriz Villagra, Germán Cofré y Edgardo Palacios. El de un cuarto "falso detenido aparecido", Carlos Rojas, ya había sido eliminado.

"Lo fundamental es cómo logramos verdad y justicia. Esa es la tarea que no han asumido ni en el Gobierno ni en las Fuerzas Armadas", agregó la presidenta de la agrupación.

Poco antes de Año Nuevo, el Gobierno chileno reconoció la existencia de otros tres errores en la nómina de detenidos desaparecidos, luego de una investigación realizada por el Registro Civil a raíz la reaparición en Santiago de Germán Cofré, quien figuraba en la lista.

Pese a que el hombre vivió durante 35 años en Mendoza, Argentina, sus familiares recibieron durante años las compensaciones establecidas al retornar la democracia al país.

Ante la conmoción pública producida, La Corte de Apelaciones designó, a petición del Gobierno, al magistrado Carlos Gajardo para que investigue y sancione a quienes hayan cometido fraude al fisco en casos similares.

"Los DDHH nunca han sido prioridad para la Concertación"

 La profesional se confiesa extrañada luego de la denuncia de la diputada RN Karla Rubilar sobre la existencia de más casos de falsas víctimas. Dice que hace pocos días se reunió con ella y no le escuchó ni una sola palabra sobre el tema que hoy tiene copada la agenda del gobierno. Pereira va más allá de la actualidad y realiza un análisis profundo de cómo los gobiernos concertacionistas han tratado el tema de las violaciones de derechos humanos y de los obstáculos impuestos históricamente por la derecha.

Por Pablo Basadre

El Mostrador

La abogada de DDHH y militante del Partido Socialista, Pamela Pereira, dice que en los gobiernos de la Concertación siempre ha rondado la idea del "punto final" para cerrar el tema de los Derechos Humanos. Como ejemplos de esto último, la también abogada de la familia del asesinado general Carlos Prats, recuerda las batallas que tuvo que dar con el Ejecutivo: la "Ley Aylwin", que pretendía ese desenlace para materias de DDHH (aunque fue uno de los gobiernos que más avanzó, aclara); la famosa propuesta del entonces presidente, Eduardo Frei, conocida como el acuerdo "Figueroa-Otero", que intentaba la aprobación de las reformas constitucionales a cambio de un "punto final" y, por último, recuerda "la reservada reunión, según mis fuentes, que tuvo el ex general Emilio Cheyre con el ex presidente Ricardo Lagos para saber si se podía llegar a un ‘camino libre' sobre estos temas".

Sin embargo, agrega, nunca estos intentos han sido evidentes. Siempre, explica, son propuestas que se entregan medias enredadas en algún proyecto de ley.

En un café del centro de Santiago, cercano a los Tribunales, la abogada comenta que está trabajando duro junto a la Secretaría General de la Presidencia para sacar adelante el proyecto de ley del gobierno que contempla la creación del Instituto de Derechos Humanos. Esto, luego del fracaso del ministro de la cartera, José Antonio Viera-Gallo -en el Parlamento- que hizo naufragar la idea cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos denunciaron que no habían sido escuchadas por el Ejecutivo.

Si bien la llamaron del gobierno para trabajar y lograr que el proyecto llegue a buen puerto, la abogada responde con convicción cuando se le pregunta sobre la trayectoria de los gobiernos de la Concertación en esta materia: "Estoy con la Concertación y soy militante del PS desde los 16 años. Pero me siento con la más absoluta libertad para hablar cuando se trata de temas valóricos, porque los DDHH son temas valóricos. Y con la misma tranquilidad que converso con usted, lo puedo hacer con un ex presidente. Como lo hice en muchas oportunidades que fue necesario cuando me di cuenta que se estaba intentado poner punto final al tema de los derechos humanos en nuestro país".

Pereira, por esa misma razón, reconoce y califica como "un estropicio político", la intervención de Viera-Gallo cuando quiso cerrar un acuerdo con la oposición respecto al proyecto del Instituto de DDHH.

Aquí la abogada no sólo responde como una mujer muy cercana a esta causa -es hija de un detenido desaparecido- sino que con una larga experiencia en la búsqueda de la verdad en distintos procesos.

En entrevista con El Mostrador, Pereira se refiere a la denuncia de la diputada RN Karla Rubilar, de que habrían más casos de falsos desaparecidos y realiza una critica de fondo a la coalición de gobierno: "La mayor falencia de los gobiernos de la Concertación ha sido asumir este tema como una carga. Decir: hemos hecho tal o cuál cosa y tratemos de dar por superado esta realidad. Pero esta realidad no es superable por uno u otras personas"

Denuncia de Rubilar

- ¿Le parece seria la denuncia de la diputada Karla Rubilar?

- La denuncia de Karla Rubilar, en lo personal, me extrañó mucho, porque hace muy pocos días conversé con ella y no me comentó nada. Digo esto porque podría haberle dado algunas orientaciones. Nunca voy a estar de acuerdo en impedir que algo se investigue. Es más, le habría dado los pasos y le habría señalado el mecanismo más adecuado para llevarlo adelante. Pero la forma en que lo hizo, hace mucho daño. No dice cuáles son los antecedentes, no señala fuentes de información. Por tanto, no permite investigar. Y ese daño lo produce en la inmensa cantidad de familias que efectivamente tienen familiares desaparecidos. Porque sé que esto los descompensa, los hace ir de nuevo al doctor y no tengo duda que eso está ocurriendo en estos momentos.

Me decepciona lo de Karla porque yo la tengo como buena persona. No entiendo lo que quiso hacer con esta denuncia genérica y sin antecedentes. Más aún, pues con ella estuve discutiendo este tema, de cómo lograr que la derecha vote favorablemente para poder sacar adelante una institucionalidad como el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos.

- ¿Por qué cree que la oposición no quiere dar los votos para este proyecto?

- Para la derecha es tan traumático el tema de los derechos humanos y las responsabilidades penales de quienes están involucrados, que tampoco hay votación de parte de ellos para aprobar el Tribunal Penal Internacional de Roma. Dentro de poco, vamos a ser el único país que no lo va a tener firmado. Espero que EEUU lo firme, con Obama en la Presidencia. Ya van más de 130 países que lo han ratificado. Pero acá no podemos porque la derecha se enreda en dos temas: prescripción y amnistía. Creen que el estatuto de Roma, que comenzaría a regir, va a afectar también a los casos de derechos humanos del pasado.

- ¿Está de acuerdo con Lorena Pizarro de crear una subsecretaría de Derechos Humanos?

- La Subsecretaría tendría un riesgo: dependería absolutamente del gobierno de turno. En materia de derechos humanos, creo que mientras más se esté alejado del poder político, mucho mejor. El Instituto de DDHH siempre será un organismo que expresará todos los problemas que la sociedad no quiere ver, menos el poder político. Nadie quiere ver, por ejemplo, lo que pasa con los menores que están privados de libertad en los centros de reclusión de menores, que son más violentos que los de adultos. O el trato que le estamos dando a los peruanos o a los bolivianos, etc.

Mentalidad criolla

- ¿Cree usted que a pesar de los avances en esta materia, la Concertación ha cometido muchos errores?

- Más que encontrar errores, quiero hacer valoraciones. La mayor falencia de los gobiernos de la Concertación ha sido asumir este tema como una carga. Decir: hemos hecho tal o cuál cosa y tratemos de dar por superado esta realidad. Pero esta realidad no es superable por uno u otras personas. Así como se hicieron las comisiones investigadoras, también fue positiva la ley de reparaciones de don Patricio Aylwin, que finalmente con el tiempo se ve que fue el Presidente que más cosas hizo. Pero también en paralelo, ha habido varios intentos de punto final. Ese es el gran pecado de la Concertación. A mi me ha tocado ser protagonista de tirar al suelo esas leyes.

- ¿Por qué cree que llegan esas ansias del punto final del que habla?

- Desde el poder político se ha dicho: damos una manito a la familia, pero desde otro lado políticamente se quiere cerrar los temas, como si se pudieran cerrar. Creo que de entrada no se tuvo una voluntad política definida de llevar todas las causas a los tribunales de justicia. Esa voluntad no existió nunca.

- ¿Usted cree que la Concertación no sabe convivir con este tema?

- Creo que los DDHH han sido una contradicción permanente para la Concertación: Cómo te ayudo y cómo salgo de este conflicto histórico mirando para el techo para tratar de que el tiempo cierre todo. La Concertación ha actuado con mentalidad criolla en DDHH. Es decir, la ley del menor esfuerzo. Yo ya hice un poquito, para qué voy hacer más. Es una mentalidad de una corta visión. Y eso es no entender el conflicto. Creo que ha habido esta mentalidad estrecha, políticamente muy estrecha, de no ver más allá de la cordillera. No se imaginan, menos se preguntan cómo cruzarla. Han hecho la política de la no política de derechos humanos. Todo esto tiene que ver con que los DDHH nunca han sido prioridad para la Concertación.

+Lea el informe Rettig

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Mario Casasús

El Clarín

En 1973 el doctor Rogelio de la Fuente asumió un curul en el Congreso Nacional como diputado por el Partido Socialista; el mismo año fue preso político y comenzó su exilio en México, extendido durante 35 años. La Universidad Autónoma Metropolitana publicó Detrás de la memoria (2008) un almanaque de historias inéditas, contadas en primera persona. Clarín.cl presenta una invaluable conversación, en la espera que el libro sea editado en Chile.

MC.- ¿Qué hay detrás de su memoria en los 1.000 días de la Unidad Popular?

RF.-Hay un aire de sorpresa, de alegría y entusiasmo, de asombro y de deslumbramiento y una sensación de orgullo nacional por salir de los límites en que estuvimos encerrados siempre. Creo que era un aire de libertad y de vuelo, luminoso y veloz como un relámpago. Eso fue durante los mil días aunque progresivamente aparecieran nubes cada vez más amenazantes y agresivas. Más que fugaces, los mil días fueron como un día, duraron lo que un relámpago y su deslumbramiento fue tan intenso y tan hondo que no tuvimos ojos para ver la nubes de la amenaza sino hasta el final, cuando se fue la luz.

MC.- ¿Denunciaron públicamente y en su momento la amenaza de magnicidio interrumpido por el aparato de inteligencia del Partido Socialista?

RF.- No, porque entregamos toda la información a los organismos políticos y de seguridad superiores, que era lo que correspondía hacer.

MC.- Leí la nómina de pasajeros del avión que los milicos no dejaban salir de Chile: Sergio Maurín (director de la editorial Quimantú); Lisandro Cruz (Ministro de Justicia); René Largo (periodista de la oficina presidencial); Óscar Soto (médico personal de Allende) y usted. ¿De qué hablaron al volar rumbo a México? ¿El doctor Soto les informó del suicidio de Allende?

RF.- Cuando los retenidos subieron al avión, el Dr. Oscar Soto quedó ubicado en un asiento vecino al mío, donde junto con el reencuentro me confió la muerte del Presidente por decisión propia y el relato de la batalla de La Moneda, relato que aparece en su libro "El último día de Salvador Allende", un testimonio histórico extraordinario.

MC.- El diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, el intelectual Pablo González Casanova y el sociólogo Rodolfo Stavenhagen, a la fecha siguen estudiado la historia y literatura chilena. ¿Todavía frecuenta a los integrantes del primer Comité Mexicano de Solidaridad con Chile/73?

RF.-A quien con mayor frecuencia vemos es al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, hemos pedido al Gobierno de Chile le otorgue la ciudadanía honoraria. Al gran poeta Hugo Gutiérrez Vega hace mucho tiempo que no lo veo, pero semanalmente leo su columna en el periódico La Jornada y en ocasiones su poesía, lo que es también una manera de estar en la cercanía de su rica intimidad. A don Pablo González Casanova le pedimos unánimemente que fuera el orador del gran acto conmemorativo del centenario del natalicio del Presidente Allende, como uno de los mejores intérpretes de los valores de humanismo y socialismo desde su altura intelectual y su valiente consecuencia política. Por último, a don Rodolfo Stavenhagen, ahora en Naciones Unidas, va la admiración por su gran ejecutoria en defensa de los pueblos originarios y, por cierto, por su gestión en defensa de los derechos del pueblo mapuche en Chile.

MC.- El pasado 26 de junio, el exilio chileno en México rindió un homenaje al Presidente Allende. ¿Por qué reivindicó las últimas palabras transmitidas por Radio Magallanes?

RF. Lo que reivindiqué fue la autoría de Guillermo Ravest, el director de Radio Magallanes, al que habían escamoteado la verdad histórica, quien con un pequeño grupo de trabajadores salvó "las últimas palabras" del Presidente. Cité textualmente algunas frases de ese histórico mensaje, que no son reivindicables porque son grandes en sí mismas y se han incorporado a la herencia humanista universal. Creo que ese último mensaje es toda una lección de política y moral que pertenece a la humanidad más que al propio Chile, que se ha tardado tanto en oírlas.

MC.- ¿Cómo recuerda la primera experiencia del Comité Político del Exilio en México? ¿La Asociación Salvador Allende en México sería el último eslabón?

RF.-recuerdo poco de la sesión misma; lo que sí me asalta es que al terminar cantamos los himnos nacionales de México y de Chile convencidos de que el retorno ya había comenzado. La Sociedad Salvador Allende es la expresión institucional principal del ex-exilio con la sociedad mexicana, cuyo afecto e identificación allendista, aleja los riesgos de una separación entre nuestros países.

MC.- ¿Las líneas políticas desde Europa desgajaron al exilio chileno en toda Latinoamérica?

RF.-Creo que la palabra desgajaron no es la más adecuada. Lo que yo digo es que las diferencias ideológicas y políticas que existieron durante el Gobierno de la Unidad Popular se repitieron durante años en el exilio con una inmensa fidelidad en la confrontación, para terminar por cambiarse después de años a las antípodas combatidas ayer permutando trincheras y parque en una coincidencia patética que favoreció a la dictadura y nos lesionó dolorosamente.

MC.- ¿El tiempo le dio la razón a Pedro Vuskovic o a Carlos Altamirano?

RF.-El tiempo no da, ni quita la razón. Ambos en distintos tiempos tuvieron razón y sinrazón. Por ejemplo. Carlos Altamirano ha escrito años después, que el programa de la Unidad Popular no era posible de lograr por la vía pacífica por la magnitud de sus objetivos, lo que en apariencia significaría dar la razón a Vuskovic. Digo en apariencia porque su validez estaba condicionada por otros factores que cambiaban a gran velocidad. No hubo tiempo para que Pedro Vuskovic nos diera su visión ya actualizada. Pero yo creo que ambos, como todos los que cumplían responsabilidades dirigentes estuvieron y estuvimos, más que certeros o equivocados, un poco ciegos, un poco sordos y un nada mudos. 

MC.- En 2008, se cumplieron 10 años de la detención de Pinochet. ¿Cómo interpreta la transición pactada? y ¿la defensa de la Concertación por la libertad de Pinochet en Londres?

RF.-La transición pactada es un hecho histórico, cuya viabilidad fue dispuesta por el gobierno yanki como el golpe de Estado en 1973. Más que una negociación (ciertamente no fue un Brest Litovsk), fue una rendición casi incondicional. Negociación de lo político en lo formal y en lo secundario ("justicia en la medida de lo posible"); rendición en lo fundamental: (permanencia del sistema neo liberal, preservación de los poderes fácticos y reposición de los intereses norteamericanos). Cada certeza la hemos ido conociendo y tragando a dosis terapéuticas recetadas por los enfermeros de la Concertación. En suma, un triunfo de la reacción, de la oligarquía golpista y del imperialismo por "la vía pacifica", como lo exigían los nuevos tiempos. Respecto del salvataje internacional del dictador, al igual que en el pacto de la transición, son los términos, acciones y concesiones las que traicionan historia, ética, país, política y derechos humanos, y a los millones de seres que en el mundo dieron asilo y fraternidad a los perseguidos y que volvieron a esperanzarse con la prisión en Londres. Sin la condena internacional, Pinochet se habría ido como honrado y ahorrativo comandante de sus atracos y coimas y con las manos limpias de crimen. Con el apoyo unánime del poder "Concertado", Pinochet murió libre, rico e impune.

MC.- ¿Por qué el diagnóstico de: "nueva genética social" para la Revolución de los pingüinos? ¿La juventud se encuentra en un hastío por la Alegría que no viene?

RF. Es algo que forma parte de un imaginario nacional. En nuestra historia cada cierto tiempo se suceden excepcionalidades, rarezas históricas. La última es la "rebelión de los pingüinos" ¿Cómo entender que sean unos adolescentes los primeros en escapar al efectivo control ideológico que ejerce el sistema sobre la sociedad, y que sean ellos los que exigen la vuelta de valores sociales destruidos que ellos no conocieron? Lograron un gran éxito y como en ellos esto no tiene memoria, imagino "como si con la adolescencia refloreciera una suerte de genética social de la memoria".

MC.- Finalmente la poesía, en Detrás de la memoria (UAM, 2008) menciona -en tres oportunidades- a Gonzalo Rojas; háblenos del libro editado por la UAM "¿Quién no cumple 100 años?"

RF.-He tenido el privilegio de conocerlo por cerca de cincuenta años. Fui testigo y participé de la conversación telefónica en la que el maestro Daniel Toledo, director de difusión cultural de la UAM, le solicitó su acuerdo para publicar algunos poemas suyos, a lo que respondió generosamente. Así surgió la idea del libro que materializó la crítica y escritora Fabienne Bradu, presidenta de la Fundación Gonzalo Rojas de México. Admiro la gran poesía y la gran prosa de nuestro poeta nacional como tantos otros en diversos lugares de la tierra. También conozco y admiro sus vigorosos elementos polares: su autonomía y originalidad de siempre, su independencia neuronal y genética, su clara valentía y sus permanencias de joven.

19 de Noviembre de 2008

"Juan Carvajal es un delator y merece una funa"

 Andrea Osorio rompe el silencio y se refiere por primera vez a la muerte de su pareja, abatido por la policía de un balazo entre ceja y ceja, en la residencia del actual jefe de comunicaciones del Gobierno.  Dice que, por su experiencia, Carvajal pudo hacer otra cosa y que no era primera vez que escondía gente. Además, cuenta cómo Belisario Velasco hizo gestiones para sacarla a ella del país.

Por Miguel Paz

"Él tuvo otras opciones", dice Andrea Osorio. La viuda de Ariel Antonioletti, el lautarista que murió el 16 de noviembre de 1990 en la casa de Juan Carvajal Trigo en la Villa Japón, emite esta frase varias veces. A casi dos décadas del hecho, sigue interrogándose sobre el porqué alguien acepta esconder en su casa a un hombre fugado y luego lo deja a su suerte para morir, cuando tiene otras opciones, como decirle que se vaya de ahí. Y repite: "Él tuvo otras opciones".

La mujer tiene treinta y tantos años. Habla suave. Sin alzar la voz. Incluso cuando parece decir cosas fuertes. Viste jeans azules y una polera negra. Es una tarde inusualmente helada para la época del año y por eso dice que tiene frío. Con la misma calma, hilvana las palabras con las que por primera vez cuenta públicamente su historia junto a Antonioletti, sentenciando que para ella "Juan Carvajal es un delator. Un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho".

Es 14 de noviembre de 2008. Hoy se cumplen 18 años de la última vez que Andrea Osorio vio a su pareja durante una visita en la Cárcel Pública. De allí, Antonioletti salió engrillado para ser atendido en el Hospital Sótero del Río con la promesa de volver al penal a las tres de la tarde. En vez de eso, fue "rescatado" a sangre y fuego por un grupo del movimiento Lautaro. La próxima vez que lo vio, él estaba sin vida. Aquí Andrea Osorio reconstruye con sus recuerdos lo que pasó.

 Tocata y fuga

 Es el miércoles 14 de noviembre de 1990. Una mujer ingresa de visita a la Cárcel Pública y busca con los ojos al hombre que la espera. Andrea y Ariel se conocen desde que son niños, vecinos, y ambos participaban en el movimiento secundario organizado para resistir a Pinochet. Han pasado muchas cosas juntos. De partida, ambos son militantes del movimiento de extrema izquierda Lautaro, y entre las estadías en la cárcel y separaciones por la clandestinidad, llevan casi tres años como pareja.

Un año antes, en octubre de 1989, son detenidos por la CNI en La Serena. Antonioletti está procesado por el asesinato de un cabo de Carabineros y por su participación en el ataque a una multitienda de calle San Diego, donde cae abatido otro policía. El país está preparándose para las elecciones presidenciales de diciembre, mientras ellos son trasladados a Santiago. Ella va a un recinto de calle Santo Domingo. Él, a la Cárcel Pública. En junio de 1990 Andrea sale en libertad condicional y comienza a visitar a Ariel en el penal. Han decidido tener un hijo.

"Ariel quería mucho ser papá. Tenía una sensación de que el paso por la vida era rápido y había que apurarse en dejar descendencia. Y optamos por tener un hijo". Pero aquella mañana del 14 de noviembre ninguno de los dos aún sabe que en el vientre de Andrea crece Matías, quien no conocerá a su padre, y que hoy está próximo a cumplir la mayoría de edad. Ariel y Andrea conversan de las cosas que conversan los enamorados: de los sueños y del futuro que parece escaparse. Además hablan "mucho de situaciones hipotéticas: ¿y si pasara algo? ¿y si me sacaran? ¿si me matan? A Ariel se le apretaba la guata, pero también era lindo verlo con la fantasía de escaparse", cuenta Andrea, asegurando que no tenía antecedentes de la fuga que se estaba fraguando, aunque "habían cosas en el ambiente que avisaban que algo podría pasar".

Se despiden. Antonioletti debe visitar al oculista en el Hospital Sótero del Río en Puente Alto. Escoltado por gendarmes parte con la promesa de volver. Ella lo espera. En el recinto de salud una funcionaria de delantal blanco hace una seña. Sus compañeros de las "Fuerzas Revolucionarias y Populares Lautaro" abren fuego.

En la operación de fuga de Ariel Antonioletti mueren asesinados cuatro gendarmes y un carabinero. También resultan heridos algunos miembros del comando lautarista. La situación obliga al grupo a usar las casas de seguridad previstas para esconder a Antonioletti, como hospitales de campaña. Surge la necesidad de una "variante operativa".

Uno de los lautaristas decide pedirle a su prima que reciba al fugado, quien entonces tenía 22 años, sin darle mayores detalles que los necesarios: es "un compañero que necesita ayuda", recuerda hoy uno de los integrantes del grupo. La prima es la ex esposa de Juan Carvajal, quien por entonces es editor internacional de Fortín Mapocho y vive junto a su familia en una casa de un piso ubicada detrás de la Villa Japón, en la zona poniente de la capital. "Hasta donde yo sé -dice Andrea Osorio- ella lo conversa con su marido y él accede. No era primera vez que él prestaba su casa para guardar a alguien. Lo había hecho en otras ocasiones".

La pareja de Antonioletti se entera de la noticia de la fuga por la radio. Aún está en la Cárcel Pública. Sale del recinto penitenciario y se da cuenta que tiene seguimiento policial: "En mi casa, en la de mis suegros, las de los amigos. Se arma un dispositivo de control férreo". Siente miedo por lo que le pueda pasar a Antonioletti. "Si Ariel salía vivo iba a ser un mal antecedente para las fuerzas policiales de este país. Sentía que lo iban a buscar con toda la furia. Por un lado está el susto de lo que fuera a pasar, por otro lado, era la opción de Ariel".

 "Cuestión siniestra"

Entre los nervios y la preocupación, transcurre un largo y caluroso día de primavera. De lo único que se habla en los noticieros es del peligroso lautarista fugado. Se despliega un gran operativo policial para dar con su paradero. En una pequeña vivienda, detrás de la Villa Japón, las cosas están por cambiar.

"Carvajal sabía que estaba ayudando a alguien que necesitaba la casa pero no sabía específicamente quién era hasta ese momento. Cuando él llega a la casa y ve a Ariel, lo reconoce porque ellos se conocían de una vez que se vieron en el Fortín Mapocho por otras razones. Ahí Carvajal le toma el peso a la situación y le queda claro a quien tiene en su casa. Entonces las opciones son dos: una, que se caga de susto, y la otra es que se da cuenta lo que tiene en las manos en términos de la recompensa producto de la delación. De ahí para delante la cuestión es siniestra porque se da una situación de precariedad para el Ariel. El tipo encierra a su familia en una pieza sin explicarles nada, se ponen debajo de la cama y dejan a Ariel en el living a su suerte".

Enterado de que el joven que tiene en su casa es el extremista que busca la policía, Carvajal, según las declaraciones judiciales de los involucrados, se reúne con Ricardo Solari, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, y le explica la situación. Ambos son viejos conocidos: luego del Golpe de Estado del 73', Carvajal parte al exilio a la República Democrática de Alemania Oriental (RDA), al igual que la actual Presidenta Michelle Bachelet, y posteriormente se vincula con la "dirección de los pantalones cortos" del PS, conocida así por la temprana edad de quienes en 1975 reemplazaron a la dirección interior, barrida por la DINA, y en la cual Solari juega un importante rol.

Solari recuerda hoy que derivó el tema al subsecretario del Interior, Belisario Velasco, quien más tarde sostendrá un duro gallito con los socialistas de "La Oficina" por la hegemonía de la Inteligencia civil del gobierno. Velasco recibe la información y envía un contingente de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones hasta el domicilio de Carvajal para detener a Antonioletti. "La cantidad de policías era a lo menos cincuenta y en esa casa estaban solamente Ariel, y este tipo con su familia escondidos bajo la cama de su pieza", dice Andrea Osorio.

"Otras opciones"

"Ahí viene todo el montaje de los detectives diciendo que hubo un tiroteo, que Ariel se defiende, que usa unas balas dum dum, las que se supone explotan. Pero los diversos peritajes han demostrado que es imposible que haya habido algún tipo de enfrentamiento: las entradas y salidas de las balas no corresponden a lo que ellos relatan, los vecinos cuentan cómo se empezó a armar el cerco desde antes. Si se ve científicamente, a través de peritajes balísticos y de la autopsia, no aguanta mucho la supuesta historia de Ariel luchando contra cincuenta para defender su vida. Es inverosímil. El antecedente clave es que Ariel tiene un solo tiro, entre ceja y ceja. ¿En un tiroteo con el nivel de fuego cruzado que ellos relatan, lo matan de un tiro entre ceja y ceja? Eso es de una efectividad increíble, porque con tantos disparos supuestos era para que Ariel quedara como un colador", cuenta Osorio.

-¿Conoció a Carvajal?

-No.

-¿Nunca intentó buscarlo para preguntarle por lo que pasó?

-No.

-¿Responsabiliza a Carvajal de la muerte de su pareja?

-O sea, yo creo que Juan Carvajal es un delator. Es un delator, un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho. Ariel tenía 22 años. O sea, siguiendo su teoría de que no sabe qué estaba sucediendo y que lo hacen leso, Carvajal en algún momento pudo tener un acto de humanidad y haberle avisado, decirle qué estaba pasando, o haberle pedido a la persona que lo llevó a su casa que se lo llevara. Porque si yo, que tenía 18 años en ese momento, me doy cuenta que si lo encuentran lo matan, claramente un profesional, periodista, con una capacidad de leer la realidad del país, entiende que no lo van a ir a tomar detenido para pedirle declaraciones. El tipo sabía claramente que estaba entregando a Ariel para que lo mataran, aunque tuvo otras opciones.

-¿Cuál habría sido el móvil para hacer eso?

-Yo creo que fue su recompensa. Fue su gran muestra de lealtad a la Concertación porque él demostró ahí lo que era capaz de ofrecer. Él tuvo otras opciones: es normal que si no estás militando te de susto y digas oye, tengo familia, tengo hijos, te doy un par de horas para irte. Yo estuve clandestina y en algunos casos me lo pidieron: busca donde irte, tengo niños, tengo susto, porque cuando salen las cosas en la tele es normal ese miedo.

-¿Por qué dice eso?

-Porque por muy improvisada que haya sido la casa de seguridad, tú no dejas a cualquiera a cargo de un compañero que sabes que lo van a estar buscando por cielo mar y tierra. Si le vas a pedir a un tipo que guarde a alguien es porque Carvajal había guardado gente antes. ¡Es que muchas veces guardó gente y prestó la casa en dictadura! No es que no supiera en qué se estaba metiendo.

 El doble exilio

La madrugada del 16 de noviembre de 1990 Antonioletti es trasladado a la Posta 4, donde llega muerto. A eso de las dos de la mañana el teléfono suena en la casa de Ana María Antonioletti, mamá de Ariel. Ella se comunica con su nuera. "Partimos al instituto medico legal para reconocer el cuerpo", recuerda Andrea.

Luego, el velorio en la casa de Ana María Antonioletti. Mucha gente. Las situaciones se mezclan. Son "como días nublados: la incertidumbre misma junto a esta sensación de estar controlada todo el tiempo. Había que estar preocupada todo el rato de ver qué gente llegaba y luego en el cementerio fue súper agresivo: la cantidad de pacos que había, la cantidad de control. Te queda la sensación de que no tuviste siquiera ese momento de intimidad para despedirte".

La pareja de Antonioletti tampoco tiene tiempo para el duelo. El gobierno de Aylwin lanza un requerimiento general en contra del Lautaro y la Corte designa al ministro Alfredo Pfeiffer para investigar.

"Después del asesinato del Ariel nos volvieron a encargar reos a los mismos que habíamos estado presos y salió una orden de arresto. Ninguno de los que estábamos afuera se presentó al arresto. Ahí empezó mi pega de esconderme, de no caer presa de nuevo. Mi bandera de lucha era que el Matías no naciera en la cárcel", relata.

Andrea Osorio vive clandestina en Chile durante siete meses. En junio de 1991 sale del país en dirección a Venezuela, debido a gestiones de "Belisario Velasco, el director de Investigaciones Horacio Toro y Luis Toro, el abogado del ministerio del Interior. Luis Toro es quien viaja a Argentina y me gestiona la visa con la preocupación no sé si de sacarse el cachito, no sé si de sacarse la culpa, pero claramente ahí esas actitudes te demuestran que hay una sensación de que se fueron al chancho. Ellos tratan de dar muestras humanas, de culpa, como reconociendo que fue un abuso. Ellos saben la injusticia y la crueldad que tuvieron con Ariel, independiente de lo que representara".

Carvajal hace lo propio. Temiendo por su vida, según le confesará más tarde a un profesional que trabajó con él en La Moneda, se radica en Costa Rica. En ese país, dicen cercanos al profesional, labora para la esposa del presidente Rafael Calderón Fournier hasta 1994, año en que regresa a Chile y se integra a la Secocu en el gobierno de Eduardo Frei.

Andrea Osorio regresa a Chile en 1997, tres años después. Como tiene una orden de detención pendiente es apresada en el aeropuerto. Pero antes le cuenta a su hijo Matías que van a llegar a Chile y él va a tener que quedarse con la mamá de ella por un tiempo porque "tengo un tema pendiente". "Ahí, Matías me dice: aaaah, o sea que mi papá no murió en un accidente. Solito hizo la conexión: a mi papá lo mataron. Esa fue su primera información. Y luego como estuve presa una semana, empezó a conectarse rápidamente con su historia, pero la verdad es que mi intención siempre fue contarle en la medida que fuera preguntando y preparándolo para procesar la información. Hoy día tiene 17 años y está súper claro de la situación".

 "No me interesa hablar con Carvajal"

 Con 55 años, de filiación socialista, y conocido como el asesor de mayor confianza de la Presidenta Bachelet, Juan Carvajal hoy es el jefe de comunicaciones del Gobierno. Se niega a hablar del caso Antonioletti. "No hago comentarios", dice.

-¿Qué le parece el cargo que tiene Carvajal en la actualidad?

-¿Por qué Bachelet lo tiene ahí? La relación con Carvajal políticamente no es algo que te sirva para enorgullecerte. Algo debe haber pasado, sabiendo las implicancias que puede tener que le enrostren que tiene un traidor, un delator metido ahí en La Moneda.

-¿Usted puede perdonar?

-....

-¿Se lo ha preguntado alguna vez?

-No.

-¿Si viera a Juan Carvajal hoy que le diría?

-Sabes qué me pasa, es que esa clase de gente está en otra categoría. No entra en la categoría de ser humano para negociar, para hablar, ni siquiera para ir a pedirle explicaciones. No me interesa. No he pensado nunca en qué le diría, qué le podría decir. Nada. Me encantaría participar de una funa, de molestarlo, de irritarlo, es todo lo que me nace. En lo absoluto me interesaría conversar con él o pensaría en un diálogo.

Martes 18 de noviembre de 2008   

Por Jorge Escalante / La Nación 

AFDD denunció engaño en caso de supuesto desaparecido

Germán Cofré Martínez regresó desde Argentina la semana pasada. Según su familia, tras su detención en 1973 nunca más se supo de su paradero. Fue calificado como víctima en 1996, pero testigos aportan datos que desvirtúan sus dichos.

Foto: En 1995 la familia de Cofré Martínez recibió sus supuestos restos que habían sido encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, más tarde se supo que las osamentas -sepultadas en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del camposanto- formaba parte de los errores de identificación.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció y exigió la "máxima y más profunda investigación judicial" del caso de Germán René Cofré Martínez quien, si bien no figura como detenido desaparecido en el Informe Rettig, sí aparece como tal en la posterior calificación de víctimas de la dictadura ampliada en 1996 por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Su condición de desaparecido fue aceptada por la CNRR sobre la base a los antecedentes aportados por su esposa y familiares.

Según lo que afirmó su familia, Cofré fue detenido el 24 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea y nunca más supieron de su paradero.

Así al menos lo expresó su esposa María del Carmen Cisterna Zapata (fallecida en 2007) en la querella que presentó en 20 de marzo de 1992 ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago.

Sin embargo, Cofré Martínez, quien tiene tres hijos en Santiago, apareció la semana pasada en casa de su familia en La Cisterna.

Desvirtuando estas versiones, una vecina de Cofré en aquel tiempo, Margarita Rivera Monsalve, dijo ayer a La Nación que "él estuvo sólo unos días preso en la Base Aérea El Bosque de la FACh, pero volvió a su casa y recién salió a Mendoza en julio de 1975 junto a mi marido Fernando Aguilera Godoy, Romualdo Aguirre Pinto y otro ex preso de apellido Coloma".

Cofré y Aguilera eran comunistas.

Margarita Rivera sostiene que "es imposible que su familia nunca haya sabido más de él, puesto que venía mucho a mi casa después que lo soltaron y hasta antes de salir a Mendoza con mi marido, y nosotros vivíamos a la vuelta de la esquina".

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo que "no aceptaremos que alguien enlode nuestra tragedia, la de los detenidos desaparecidos. No aceptaremos que nadie utilice nuestra lucha de una manera tan aberrante y mezquina, y por ello exigimos que la justicia haga una profunda investigación de este caso".

PATIO 29

En 1995, el 22º Juzgado del Crimen de Santiago que investigaba a las víctimas NN del Patio 29 del Cementerio General, dispuso que la entonces Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal (SML) entregara a la familia de Cofré sus supuestos restos, que habían sido hallados e identificados entre las osamentas del Patio 29.

Para ello se realizó una ceremonia en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del Cementerio General, donde se sepultó la reducida urna.

Luego se supo que los restos entregados a la familia no correspondían a Cofré Martínez, caso que forma parte de los errores de identificación del Patio 29 ya conocidos.

ANTE EL JUEZ

Cofré fue llevado ayer por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ante el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, quien tiene a cargo la investigación de los errores del Patio 29.

La secretaria ejecutiva de este Programa, Rose Marie Bornard, manifestó que "pusimos de inmediato a esta persona a disposición del ministro Gajardo, pero a nuestro juicio este caso no cuestiona en absoluto la tragedia de los detenidos desaparecidos en Chile".

Consultada si en su breve conversación con Cofré le preguntó por qué nunca hizo saber a su familia que estaba vivo en Mendoza y por qué no vino antes a Chile, Bornard explicó que "él expresó que no estaban dadas las condiciones de seguridad".

El supuesto desaparecido vivió estos años en Mendoza donde tiene una nueva familia.

"La sola posibilidad de que alguien burle la fe pública para obtener algún provecho de esta tragedia, es una afrenta a los detenidos desaparecidos y a nuestra lucha. Tenemos la certeza de que nuestros familiares fueron asesinados por la dictadura y así está demostrado en las investigaciones judiciales", manifestó Lorena Pizarro.

“Yo salí con él y otros vecinos a Mendoza” Contactado telefónicamente Fernando Aguilera Godoy, visiblemente contrariado, confirmó a La Nación que “efectivamente salí a Mendoza en 1975 junto con Germán Cofré y otras dos personas. Éramos todos vecinos y nos fuimos a trabajar a Argentina, pero yo no quiero declarar sobre esto”. La delegada de la Presidencia de la República en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo que “el Gobierno hará todos los esfuerzos para aclarar este caso, pero con toda seguridad esto no pone en cuestión la desaparición forzada de personas en Chile. Todo esto nos parece muy extraño”. La esposa de Cofré, hasta su muerte el año pasado, como sus hijos, recibieron beneficios del Estado por la condición de “desaparecido” del ex comunista. El antecedente que más hace dudar a la AFDD de la desaparición de Germán Cofré, es justamente la versión que entregan sus vecinos, Margarita Rivera y Fernando Aguilera.

Martes 18 de noviembre de 2008   

La Nación 

Abogado Hugo Gutiérrez apelará a resolución de ministro Víctor Montiglio

Informe de peritos señala que el cabecilla de la Caravana de la Muerte padece alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes mellitus y demencia senil por Alzheimer. Quedó al cuidado de su familia.

Foto: Sergio Arellano Stark tiene 87 años y su estado de deterioro mental es irreversible, según los peritos del Servio Médico Legal.

Tal como adelantó ayer La Nación, el ministro en visita Víctor Montiglio determinó que el general (R) Sergio Arellano Stark (87) no cumplirá los seis años de cárcel a que fue condenado en el caso Caravana de la Muerte, debido a su deteriorado estado de salud mental.

El magistrado resolvió -de acuerdo al Artículo 687 del Código de Procedimiento Penal- suspender la prisión para el condenado y entregarlo al cuidado de su familia, en particular su hijo Sergio Arellano Iturriaga, con una fianza de 500.000 pesos.

La resolución se adoptó tras recibir los informes del neurólogo Hugo Aguirre Astorga y del siquiatra forense Ítalo Sigala Romele, ambos del Servicio Médico Legal (SML), quienes diagnosticaron que Arellano presenta demencia senil por Alzheimer.

INFORME DE PERITOS

Concretamente, los peritos señalaron que el ex delegado de Pinochet para "uniformar los criterios" en los juicios de prisioneros políticos tras el golpe, "padece patologías médicas que se correlacionan por sí solas con deterioro cognitivo severo o demencia: alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes mellitus, encefalopatías metabólicas.

Además, el peritaje estableció que Arellano Stark presenta una demencia mixta o multifactorial tipo Alzheimer y vascular. También aclararon que esta enfermedad neurosiquiátrica es progresiva, crónica e irreversible y conlleva enajenación mental.

Agregaron que esta dolencia "requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería".

Según los peritos, la enfermedad no reviste peligrosidad para el mismo Arellano Stark o terceros, pero "no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción".

A lo anterior debe sumarse la observación hecha por el propio tribunal, que interrogó al general en retiro, tras dictada la sentencia por la Corte Suprema.

"Al ser preguntado (Arellano Stark) por el tribunal respecto del tiempo y circunstancia en que ha permanecido en el instituto (Médico de Alzheimer Villa Soleares) da respuestas incoherentes, lo que obligó al tribunal a dejar constancia al término de la diligencia que la persona interrogada se encuentra gravemente deteriorada, en términos coincidentes a los certificados médicos", indicó la resolución de Montiglio.

ABOGADO APELARÁ

El abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, dijo que la resolución del juez Víctor Montiglio está "profundamente errada" y anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones.

"Hay que pensar que si efectivamente Arellano estaba en una clínica para Alzheimer desde el 10 de enero pasado, esos antecedentes debieron haber sido puestos a disposición del Poder Judicial", indicó.

Por su parte, Claudio Arellano Parker, abogado y sobrino, manifestó que "siempre pensamos que iba a ser absuelto. Nunca alegamos ni prescripción ni amnistía y tampoco quisimos valernos de estos elementos mágicos para que el proceso terminara de otra forma", señaló el abogado, quien concluyó que el fallo "es lo que procedía".

 Foto: General Sergio Arellano Stark, la suerte de un desquiciado criminal.

Lunes 17 de noviembre de 2008

Lanacion.cl 

Ministro Montiglio declaró inimputable al ex jefe de la Caravana de la Muerte, anulando de este modo el cumplimiento de la pena de seis años de prisión por los crímenes de San Javier. Querellantes anunciaron apelación.

El jefe de la funesta Caravana de la Muerte, general (r) Sergio Arellano Stark, fue declarado inimputable por el juez Víctor Montiglio, por lo que no irá a la cárcel a cumplir la condena de seis años de presidio efectivo que corresponde por su responsabilidad en los crímenes de San Javier.

El magistrado, que instruye el proceso por este caso de violaciones a los derechos humanos, tomó la decisión luego de recibir el informe del Servicio Médico Legal, que acredita el “deteriorado estado de salud” del jubilado militar, quien sufre de alzheimer hace quince meses.

Lo anterior significa que el “Lobo" Arellano, como es conocido entre sus pares, no irá a prisión, y quedará bajo la custodia de su hijo, el abogado Sergio Arellano Iturriaga. Además, dictaminó una fianza de 500 mil pesos.

El informe de los expertos Ítalo Sigala (salud mental) y Hugo Aguirre (estado clínico general) acreditó que el ex uniformado presenta una “demencia mixta o multifactorial tipo alzheimer”, una “enfermedad neuropsiquiátrica que es “progresiva, crónica e irreversible”.

La situación de Arellano Stark implica “enajenación mental” por lo que “requiere de tratamiento médico y cuidados perentorios en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica y contención de enfermería”.

El estado de salud del jefe de la Caravana de la Muerte “no le permite participar de instancias procesales”, dado que ni siquiera puede “comprender el sentido de una sanción”, añade la resolución.

Es más, el magistrado añade que en una diligencia con el acusado, éste dio “respuestas incoherentes”, lo que concuerda con los diagnósticos al que llegaron los especialistas del SML.

La resolución de Montiglio tendrá que someterse al veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, dado que los querellantes adelantaron que apelarán al dictamen del juez.

Domingo 9 de noviembre de 2008   

Por Luis Narvaez / La Nación 

El secreto que esconden las fichas de Dignidad

La Presidenta y su familia fueron fichados por los jerarcas alemanes. Lo mismo políticos de la DC, socialistas y de la derecha, como Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Mónica Madariaga. También hay material de embajadores extranjeros. Pero los papeles incautados en 2005 aún son secreto de Estado y su contenido está vedado para los chilenos. ¿Qué se esconde?

La humedad y las esporas que se levantaban en el lugar se incrustaban en las fosas nasales de los policías que esa noche del 14 de junio de 2005, revisaban los cuatro cajones de madera repletos de papeles amarillentos y malolientes. Eran las fichas que la Colonia Dignidad ocultó durante más de 35 años y que cuyo contenido hoy sigue siendo un secreto de Estado.

Desde que se asestara el más duro golpe al enclave alemán, con la captura de Paul Schäfer, ni las armas descubiertas ni los dineros que se ocultan en paraísos fiscales son considerados un peligro para la seguridad nacional. Sí lo son las 36 mil fichas que se ocultaron celosamente.

El ministro Jorge Zepeda, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas al interior del recinto germano, les impuso la Ley de Inteligencia Nacional por lo que su contenido no puede ser revelado ni hecho público.

¿Pero, qué tan relevante para la integridad del país pueden esconder los papeles mohosos que fueron rescatados casi como en una operación de espionaje? El sistema procesal antiguo permitía al juez mantener en reserva la información durante un juicio incluso para los abogados que litigaban allí. Y si el celo era aun mayor, era posible acumular toda la información sensible en un "cuaderno secreto".

El juez Zepeda hizo todo eso, pero agregó el blindaje más severo que otorga la legislación chilena y de allí no se ha movido hasta ahora y nada parece hacer cambiar el criterio del juez. Se suma a esto que cerrada la investigación en un futuro próximo, si el juez así lo estima podría mantener clasificada la información, pese a que después de terminado un sumario, toda la documentación es pública.

Verdades y mitos se ocultan allí. Conductas sexuales desviadas, vicios, deudas, amantes, amistades, parte de la vida pública y privada de actuales autoridades del país, tanto del Gobierno como del Congreso o del Poder Judicial, de derecha o izquierda. Dicen que nadie se salva.

LND intentó tener acceso a las fichas que se encuentran actualmente en la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones. Para ello se solicitó formalmente acceso al material mediante un escrito, el miércoles 5 de este mes. En el documento también se pedía al magistrado que si negaba el acceso, explicara las razones. Pero el juez guardó silencio sin responder.

Los únicos que han tenido acceso a dicha información clasificada con Ley de Inteligencia incluida es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que es querellante en este proceso y ha tenido una activa participación solicitando diligencias, procesamientos y oponiéndose a la libertad de los jerarcas que estaban en prisión preventiva pudo leer la documentación.

Sin referirse al contenido del proceso, a través de la oficina de comunicaciones del CDE, el presidente de la entidad, Carlos Mackenney, indicó a LND que "según consta en el expediente de la causa, el ministro Jorge Zepeda, mediante resolución dictada el año pasado, puso en su conocimiento la documentación encontrada al interior de la Colonia Dignidad, por lo que él tiene conocimiento directo de ella".

Tal vez eso explique por qué el CDE no ha solicitado que se levante esa prohibición para que sea conocida por todas las partes del proceso incluidos los abogados, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (también querellante) o Hernán Fernández, abogado querellante por los delitos sexuales cometidos contra niños por Paul Schäfer.

Cualquier persona que revele antecedentes que están a cogidos a la Ley de Inteligencia pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Por eso no extraña el silencio que rodea el material.

Sui Generis

En 1968, Schäfer veía una amenaza en la continuidad de su secta y hasta ese momento sus secretas perversiones con niños alemanes y chilenos abusados reiteradamente por él. Desde ese año que se tienen datos de la confección de fichas de personas que pudieran resultar una amenaza o utilidad para el enclave.

Según las declaraciones de los máximos jerarcas detenidos y procesados antes y después de la captura de Schäfer en Argentina el sistema de registro de personas estuvo a cargo del colono Gerd Sewald Lefevre (85 años), un alemán que trabajó en la Universidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

"Desde el año 1974 clasifiqué la información, trabajo que me encomendó Paul Schäfer. Puede que antes se hayan manejado antecedentes que luego se estamparon en las tarjetas; antes no estaban clasificadas", asegura el alemán.

El anciano dice que la información la obtenía de fuentes abiertas (medios de comunicación, guías telefónicas) y de informantes que aportaban información referente a vecinos que ellos consideraban importantes que pudieran afectar a la colonia.

En la declaración que prestó en agosto de 2005, Sewald sostuvo que hubo especial interés en "gente de izquierda". Asimismo, reconoce que después del golpe de Estado de 1973, se incrementaron los lazos con los representantes de las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército y Carabineros. Por eso no demoró en describir el vínculo que se creó a partir de ese momento con la DINA, con visitas del jefe del organismo, Manuel Contreras. Al respecto, señala que los datos sobre prisioneros políticos le fueron entregados tanto por la institución castrense como, posteriormente, por la misma DINA a través de su agente en Parral, Fernando Gómez Segovia.

Para la década de 1980, con la dictadura consolidada y los negocios de armas fluyendo, Sewald dijo que "existía interés por saber más de las personas que nos visitaban. Esto no obedecía a una acción planificada, como ocurrió después con la confección de fichas. Si la persona adquiría relevancia con posterioridad, se incluían las notas en las fichas clasificadas".

En esta categoría sorprende la cantidad de fichas que fueron confeccionadas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet. Cuando aún era una estudiante y fue detenida por la dictadura fue fichada de inmediato por la colonia. Su tarjeta tuvo origen en la relevancia que en esos días tenía su padre, el general de la FACh, Alberto Bachelet, quien fue detenido dentro del grupo de oficiales de la institución que decidieron renunciar ante la violación de la constitución.

Como si un exhaustivo análisis de la prensa les hubieras dado un indicio de lo que sucedería en 2006, 15 años antes en los cajones se acumulaban ya fichas de su madre Ángela Jeria y de su hermano, Alberto, con datos acerca de sus estudios, militancia, lugares de detención, agentes de la DINA que los detuvieron, países de exilio y actividades en el extranjero.

Las fichas se confeccionaban a partir de una tarjeta de cartulina amarilla. En la parte superior se indicaba el nombre de la persona, una sigla que indicaba el origen de la información y, en el caso de ser personas integrantes de alguna institución, se coloreaba para identificarla (negro, Ejército; azul, Armada; rojo, FACh; verde, Carabineros; lila, sacerdotes).

Se complementaba con datos personales, de familia, direcciones, teléfonos, estudios y trabajos. Más abajo se consignaba un apartado donde se agregaban comentarios.

A medida que se adjuntaba información como declaraciones o recortes de prensa, estos se adjuntaban en hojas tamaño oficio y se pegaban con corchetes (ver copia).

A medida que pasaron los años, los documentos se acumularon en cajas tipo Kardex, de los cuales sólo se recuperaron cuatro, en cuyo interior se encontraban las 36 mil fichas. Pero testigos aseguran que las fichas eran varias miles más y que la mayoría fueron destruidas al fuego.

El material fue encontrado durante los mismos operativos en que se localizaron las armas de Dignidad. Uno de los bunkers subterráneos donde se acopió el material bélico tenía en sus rincones las cajoneras donde estaban las fichas.

La versión oficial indica que una vez desenterrado, todo fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles y de allí hasta Santiago, supervisado por el tribunal y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE): las armas a los Arsenales de Guerra y las fichas a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).

Pero existe otra versión. Después que se supone todo había sido trasladado a Los Ángeles, detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se percataron que en lugar de acopio (un viejo hangar) habían quedado los cajones con las fichas. Para subsanar el olvido, se consignó un acta al administrador del recinto, Hernán Briones, y se trasladó a Santiago en camioneta, hasta la Jefatura de DDHH, en el cuartel Independencia de la PDI, donde quedaron hasta el día siguiente. El hecho fue informado al ministro Jorge Zepeda, quien montó en cólera y ordenó retener al detective a cargo del traslado hasta aclarar las circunstancias.

Finalmente, tras seis meses de trabajo, la Jipol entregó un informe con el resumen del contenido de las fichas, que ha servido de guía para extraer información con la cual se han logrado comprobar, fundamentalmente, el paso de prisioneros políticos por ese lugar antes de desaparecer.

Es más, gracias las fichas se logró establecer que la doble agente Marcia Merino conocida como la "Flaca Alejandra" había mentido respecto a la suerte que corrieron algunos de sus compañeros del MIR, una vez que ella los delató a la DINA.

Tarjetas

Una vez que las fichas fueron halladas en junio de 2005, un equipo especial de la Jipol se abocó a la tarea de recuperar el material. Las tarjetas y papeles estaban húmedos, con hongos. Mediante un proceso de secado se logró rescatar el material y clasificarlo. Seis meses le tomó a este equipo elaborar el informe para el juez Zepeda.

En el documento se consigna la cantidad, naturaleza y lista de personas que allí aparecen, con datos respecto a las fechas más relevantes.

Fue ahí como se descubrió que existían fichas tanto de prisioneros políticos como personeros de la dictadura, de la izquierda, empresarios y parlamentarios.

En este sentido, diversa fuentes consultadas tanto en el ámbito policial como judicial, señalan que existirían fichas de amigos y visitantes del enclave. Entre ellos estarían los senadores Hernán Larraín y Andrés Chadwick, además del asesinado Jaime Guzmán. También figura el ex senador UDI Carlos Bombal. Respecto de todos ellos, figuran sus respectivas tarjetas y recortes de prensa y comentarios escritos por Gerd Sewald para Schäfer.

De las autoridades políticas de la dictadura, destacan el ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quien se consignaba además su calidad de terrateniente de extensos fundos en la Región del Maule, y la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.

De la Concertación destaca la presencia de información profuza sobre los senadores DC Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag (legislador por la zona) y del ex canciller Gabriel Valdés.

Capítulo especial merecía la Iglesia Católica. Hay decenas de fichas de religiosos como el obispo Carlos Camus.

Nombres Clasificados

Algunas de las razones por las que se estima se determinó dar estatus de "clasificado" al material fue por personas muy determinadas que allí aparecen y los cargos que hoy ostentan. Sin embargo, todo indica que el contenido de dichas fichas no revela información relativa a aspectos comprometedores de personas. "Paul Schäfer hizo del chantaje uno de los mecanismos de defensa que ellos tenían para mantenerse impunes, pero ese material no fue dejado en esas fichas, sino que en cintas magnéticas y videos que fueron sacados de la colonia", sostuvo a LND desde Alemania un ex colono que conoció dicho material.

De hecho, muchos de los colonos que huyeron de Dignidad coinciden en que el que mantiene en su poder ese material comprometedor es Erwin Fage, jefe de seguridad del recinto, quien también huyó y no fue capturado.

Un chileno que tuvo acceso a las fichas de Dignidad dijo que "en estas no se hace mención a cuestiones personales o íntimas de la gente, salvo algunas relaciones que se hace entre personas de diversa índole".

Lo delicado de la información que aparece en esas fichas, coinciden varias fuentes, está en que existen muchas personas que tenían fichas y que mantuvieron negocios o, más importante aún, eran informantes de la Colonia Dignidad.

Dichas personas, cuyos nombres manejan sólo el juez, detectives y eventualmente el CDE, hoy figuran en cargos públicos. Hasta donde LND pudo averiguar, esta categoría de personas estarían trabajando en el Gobierno, en el parlamento y en el servicio diplomático.

Las dificultades que existen en la actualidad son que el juez Zepeda tiene a su cargo investigaciones por delitos puntuales como el secuestro y desaparición forzada de personas, además de delitos por infracción a la ley de Control de Armas y Explosivos.

Respecto a los dineros que tienen su origen en negocios ilícitos, hace varios años que el juez despachó exhortos a Alemania solicitando información relativa a cuentas, sin embargo no han recibido ninguna clase de respuestas.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Alemania aún no notifica oficialmente al magistrado de la muerte del jerarca y número dos de la Colonia, Albert Schreiber, quien huyó de Chile evadiendo una orden de captura internacional. La justicia germana negó su extradición de ese país. Según trascendidos, éste habría muerto entre julio y agosto.

Pese a las dificultades con que se ha encontrado el juez y la excesiva carga de trabajo de los casos que originaron la investigación contra Dignidad, la información respecto de personas que tendrían la calidad de "doble agentes" está en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se desconoce si este organismo ha realizado indagaciones, contempladas en la ley, con la autorización judicial correspondiente.

Esta sería una de las ya conocidas razones que explicaría el fracaso de los allanamientos registrados en la década de 1990 o las dificultades que hubo para localizar a Schäfer en el extranjero.

La relevancia sobre el contenido de las fichas y los nombres también está determinada por la preocupación de que las fichas también revelan mayores antecedentes sobre las personas con las que la colonia realizó negocios de armas durante 25 años.

Trascendió que el ministro Jorge Zepeda, en la actualidad, persigue pistas relativas a la existencia de un nuevo arsenal fuera de la Villa Baviera. //LND

Lanacion.cl 

Miércoles 15 de octubre de 2008

El jefe de la comitiva de la dictadura fue condenado a seis años de presidio sin beneficios por el episodio San Javier, junto a otros cuatro militares en retiro. Además, el Fisco deberá pagar 80 millones a cada querellante en el proceso.

Foto: El jubilado general Sergio Arellano Stark.

 A seis años de presidio sin beneficios fue condenado Sergio Arellano Stark, por el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, según dictaminó hoy la Sala Penal de la Corte Suprema tras acoger un recurso de casación presentado contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El general retirado, jefe de la fatídica comitiva, fue sentenciado por homicidio calificado, junto a otros cuatro uniformados hoy jubilados, mientras Claudio Lecaros Carrasco y  Gabriel del Río Espinoza fueron absueltos.

Al igual que Arellano Stark, Carlos Romero Muñoz fue condenado a seis años de presidio, mientras que a cuatro años de presidio -pero con el beneficio de libertad vigilada- fueron sentenciados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace.

Asimismo, como indemnización por daño moral, el fallo determina que el Fisco debe pagar $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) a cada una de las dos querellantes que actuaron en el proceso.

El fallo fue dividido, con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal. El mismo Ballesteros, junto a Jaime Rodríguez estuvieron por acoger la excepción de incompetencia en materia civil. La sala estuvo integrada además por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, encontraron la muerte cuatro personas: Teófilo Segundo Arce Toloza, José Esteban Sepúlveda Baeza, Segundo Abelardo Sandoval Gómez y Leopoldo Mauricio González Norambuena.

La Nación 

Miércoles 15 de octubre de 2008   

La obra pertenece a la artista María Fernanda Rojas, del colectivo Londres 38, y contó con el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Monumentos Nacionales.

Familiares de los detenidos-desaparecidos de Londres 38, ex centro de torturas de la DINA, inauguraron ayer un monumento en homenaje a las 96 personas que fueron asesinadas en ese recinto, hoy perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales (en la foto).

La obra pertenece a la artista María Fernanda Rojas, del colectivo Londres 38, y contó con el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Monumentos Nacionales.

Junto con la inauguración, los familiares también pintaron los tradicionales adoquines de la calle Londres con los nombres de quienes pasaron por ese centro de detención. El collage es parte del proceso de "recuperación" de este inmueble.

Según los planes de esa cartera, Londres 38 se transformará en un memorial y para eso están estudiando las experiencias de los museos de Ana Frank en Ámsterdam, Holanda y el del Holocausto en Washington, EE.UU.

En este sentido, hoy se realizará la primera reunión para analizar qué tipo de museo o memorial se va a levantar en el lugar.

La Nación / ANSA 

Miércoles 1 de octubre de 2008  | 18:36   

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes sentenció al otrora jefe de la DINA; a Miguel Krassnoff y a Marcelo Moren Brito, como autores del secuestro calificado del militante del MIR, Álvaro Miguel Barrios Duque.

 Una nueva condena acumuló el ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras y dos de sus principales colaboradores.

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes sentenció al otrora jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional a 5 años y un día de cárcel; a Miguel Krassnoff (3 años de presidio) y a Marcelo Moren Brito, (3 años de presidio) como autores del secuestro calificado del militante del MIR, Álvaro Miguel Barrios Duque, a partir del 14 de agosto de 1974.

En tanto, sentenció a 800 días de presidio a otros dos ex uniformados, Basclay Zapata y Nelson Paz.

De este modo, el juez Fuentes mantuvo la doctrina aplicada por los tribunales chilenos en los casos de detenidos desaparecidos, aplicada desde el advenimiento de la democracia el año 1990, de que se perpetra un delito de "secuestro permanente", si no aparece el cuerpo de la víctima.

En los casos de Contreras, Krassnoff, Moren y Zapata la pena se deberá cumplir de manera efectiva, mientras que a Paz Bustamante se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Asimismo, el magistrado determinó que los condenados, salvo Zapata, deberán cancelar una indemnización solidaria de 35.000.000 millones de pesos, (unos 64 mil dólares) a Gabriela Zúñiga Figueroa, cónyuge de la víctima, desestimándose la acción con respecto al Fisco por aplicación de la prescripción de la acción.

La Nación 

Lunes 29 de septiembre de 2008   

Por SUSANA FREIRE

Presentan reedición de libro sobre el asesinato del periodista José Carrasco

Seis meses después que mataran al profesional en septiembre de 1986, sus amigas y colegas Patricia Collyer y María José Luque publicaron "Asesinato de un periodista". 22 años más tarde presentan el texto actualizado. Acá Collyer entrega detalles de la publicación.

Se podía oler la sangre en el aire. El atentado frustrado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo, gatilló el destino del periodista de revista Análisis José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) al otro día del atentado.

Por una petición del director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, las periodistas y compañeras de redacción de Carrasco, Patricia Collyer y María José Luque publicaron el 10 de marzo de 1987, cuando se cumplieron seis meses del homicidio de "Pepone" -como le decían cariñosamente- la primera edición del libro "Asesinato de un periodista". En él se escribió cómo fueron los hechos que le quitaron la vida.

Ahora, tras 22 años del alevoso crimen de este luchador por los derechos humanos, se lanzará una nueva edición de "Crimen de un periodista", corregida y actualizada.

Las autoras detallaron cómo ocurrieron los hechos esa fatídica madrugada del 8 de septiembre de 1986. Ahora se identifica con nombre y apellido a los responsables de los crimenes y además el nuevo texto relata detalles desconocidos del actuar de la CNI.

La historia narra que inmediatamente después del atentado se decretó estado de sitio y los profesionales de Análisis temían posibles represalias. Sin embargo, Carrasco decidió volver a su hogar, de donde fue sacado violentamente por desconocidos. Al día siguiente fue encontrado muerto en las inmediaciones del Parque del Recuerdo con 14 disparos de bala en el cuerpo.

"Cuando escribimos la vida y el asesinato de Pepe como un homenaje a él, siempre estuvo la idea de reeditarlo. Han pasado 22 años y ha habido cinco jueces que llevaron una investigación y llegaron, incluso, a dictar sentencias definitivas en contra de todos los integrantes de los comandos asesinos", dice Collyer. Agrega que todo el capítulo de los procesos, confesiones, sentencias y los roles de cada juez es material nuevo en la edición.

Mañana será presentada la obra en una conversación entre las autoras y el ex director de Análisis, Juan Pablo Cárdenas, que se realizará en vivo en el programa radial "Vuelan las plumas" que conduce la periodista Vivian Lavín, a las 18:45 horas en Sala Master de la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.

-Llama la atención que las especulaciones que ustedes escribieron hace 22 años calquen tan bien con las declaraciones de los involucrados.

-Nosotros habíamos especulado cómo había sido el crimen. Lo increíble que calza casi todo, porque era tan obvio cómo habían actuado en esa época. Entonces, ahora en las escenas donde se cometen los crímenes se agregaron los nombres y en dos capítulos se dieron a conocer todos los detalles del proceso y de las sentencias.

-¿Pensó José en algún minuto que podían tomar represalia?

-Creo que sí. La revista ya estaba en la imprenta el viernes y esto (el atentado) fue un domingo. Estábamos en nuestras casas y Pepe empezó a catetear para cambiar la portada y él se ofreció para ir a la imprenta y cambiarla, al menos logró que la revista no saliera como estaba. Luego nosotros le dijimos que no se fuera a su casa, pero él no quiso irse a dormir a otro lado porque su señora estaba súper enferma de la columna, estaba en reposo. Y me imagino que pensó la posibilidad, pero fue una ruleta rusa que se jugó y le salió mal. Él siempre me decía "cada vez que le doy contacto al auto pienso que va a estallar", pero igual él apostaba a la vida y apostó ese día también y perdió. Tenía algunas señales que podían tenerlo en engorda, pero ese día se fue a su casa. LN

Domingo 7 de septiembre de 2008   

Por Claudio Leiva / La Nación Domingo 

Almirante Rodolfo Codina y sus reuniones con grupos de DDHH

El comandante en jefe de la Armada explica que la dotación de las unidades posiblemente implicadas en violaciones de los derechos humanos en 1973 suma mil efectivos, "a todo reventar", y dice que no puede pedir perdón por toda la institución porque los que cometieron abusos o crímenes son un grupo "muy menor".

Foto: Polémico encuentro. “Nunca he dicho que mil marinos violaron los derechos humanos”, asegura el jefe de la Armada, quien se reunió el miércoles con representantes de Amnistía Internacional.

El almirante Rodolfo Codina sigue con interés el programa "Grandes chilenos", de TVN, y vota "todos los días" por Arturo Prat. También encuentra "simbólica" la competencia entre el héroe de Iquique y el ex Presidente Salvador Allende. Pero el comandante en jefe de la Armada está embarcado en una empresa más importante: "avanzar" en los temas de derechos humanos que involucran a la institución, y que no son pocos.

Por lo mismo, Codina y otros altos mandos navales se reunieron durante la semana en el "territorio neutral" de la Municipalidad de Valparaíso con representantes de Amnistía Internacional-Chile, la Comisión de Derechos Humanos, la Agrupación de Ex Marinos Constitucionalistas, los familiares de detenidos desaparecidos de la Región de Valparaíso y con el Grupo de Amigos del sacerdote chileno-norteamericano Miguel Woodward.

La entrevista dejó una polémica: ¿dijo o no Codina que, de los 30 mil efectivos navales que había en septiembre de 1973, mil participaron en violaciones de los derechos humanos? Según el director de Amnistía Internacional-Chile, el argentino Sergio Laurenti, el almirante lo afirmó en condicional: "Podrían haber estado comprometidos". Para el Grupo de Amigos de Woodward, en cambio, la frase fue textual.

El propio almirante Codina lo aclara a LND: "Nunca he dicho que mil marinos violaron derechos humanos. Cuando hablé de mil personas lo dije en otro sentido. Hablé de la Armada de hoy y de la Armada del año 73. Y cuando hablé de la Armada de hoy dije que solamente habemos cuatro almirantes que éramos oficiales en servicio activo el año 1973. Entre ellos estoy yo, que era teniente segundo, y tres vicealmirantes, que eran subtenientes; los almirantes [Mariano] Sarratea, [Cristián] Gantes y [Sergio] Robinson. Nadie más. Y en la Armada de ayer, de esas 30 mil personas, en los lugares donde hubo gente detenida y donde podían haberse violado los derechos humanos, sumando la Escuela de Grumetes, la Esmeralda, la Academia de Guerra, algunos destacamentos de Infantería de Marina, la dotación llegaría a mil, a todo reventar.

Según el Grupo de Amigos del sacerdote Miguel Woodward, su declaración textual fue que mil marinos participaron en estos hechos.
Están equivocados. Imagínese si fueran mil, cuántos procesos habría. Por lo demás, lo tendría que determinar la justicia. Y la justicia ha procesado a 16 oficiales y 13 gente de mar, y ha condenado la Corte Suprema a uno sólo [el teniente (R) Héctor Rivera Bozzo, por el homicidio de cuatro campesinos de la comuna de Lago Ranco, X Región, en octubre de 1973]. Y ha interrogado creo que a ciento y tantos. Con las listas de gente que nos han pedido, cuando nos piden las dotaciones completas, indudablemente llegamos a mil. Si me piden cuál era la dotación de la Escuela de Grumetes, partiendo por ahí, sumamos 500. La dotación del buque escuela Esmeralda, 300 más. La Academia de Guerra, 120 ó 180. La dotación del Fuerte Miller (Escuela de Infantería de Marina), otros 200 ó 300. Ésos suman mil, pero en ningún caso son mil los involucrados efectivamente en violaciones de los derechos humanos.

¿La iniciativa de reunirse con organizaciones de derechos humanos es compartida por el resto del alto mando?
No es que sea o no compartida. Es una responsabilidad que yo creo que uno tiene que asumir, porque si no la asumo yo, va a tener que asumirla el que sigue, y así el que sigue. Por lo tanto, una cosa es reunirse, conversar, aclarar las cosas. Por ejemplo, dicen que la Armada esconde información. Estas reuniones sirven para demostrar que la Armada no esconde ninguna información. Todo lo que se le ha pedido a la Armada se ha entregado.

Las agrupaciones de DDHH piden que se haga cargo de 32 detenidos desaparecidos de responsabilidad de la Armada, según consigna el Informe Rettig.
Todo está en manos de la justicia. La Armada, como institución, no tiene atribuciones para interrogar a nadie, de partida, que esté fuera de la Armada. Y las atribuciones mías son de hechos puntuales que hayan ocurrido dentro de mi mandato. Yo no puedo abrir un sumario por algo que ocurrió hace 35 años.

Además, solicitan información sobre supuestos entierros clandestinos en el Cementerio de Playa Ancha.
También está en la justicia. Yo no tengo conocimiento. Qué voy a saber yo, el año 2008, de entierros clandestinos del año 73. Si he ido al cementerio habrá sido como diez veces, a ver a familiares que están enterrados ahí y a ninguna otra cosa.

¿Ha entregado todo lo que le ha solicitado la jueza Eliana Quezada [que investiga los casos de tortura en la Esmeralda]?
Todo lo que ha pedido se le ha entregado. Yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila, y si me pide otras cosas que yo tenga, se las voy a entregar. Yo no sé qué más pueda pedir, porque ha pedido hojas de vida, fotografías de personas como eran en 1973, ha pedido bitácoras, listados de dotación. Lo que pasa es que a estas agrupaciones yo no les puedo entregar la información de lo que he dado, porque la mayoría de eso está en el secreto del sumario. Estaría contraviniendo aspectos judiciales.

Usted dijo que no podía obligar a los marinos en retiro a colaborar.
Eso está en la conciencia de cada uno. Cuando yo me reúno con los retirados, les digo: "Ojalá el que tenga información que ayude a aclarar esto la dé". Pero no puedo presionar más que eso.

Sin duda, el caso más delicado es el del sacerdote Miguel Woodward.
Hay una ministra que está llevando el caso y que ha sido bastante activa. Ha pedido mucha información a la Armada y se la hemos entregado. Ha sometido a proceso a un grupo de oficiales en retiro [seis] que ahora están en libertad bajo fianza.

¿Tiene conocimiento de dónde está el cuerpo del sacerdote?
Imagínese si yo supiera, cómo no estaría satisfecho de decirle dónde está y se termina el tema de la desaparición de Woodward.

¿Y el caso de Jaime Aldonay [ex interventor de la CCU, desaparecido en un campo de detención de la Armada]?
Ese es un proceso que ha avanzado más rápido y hay una condena en primera instancia [cuatro años de libertad vigilada para los oficiales (R) Sergio Mendoza Rojas, Patricio Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, y penas remitidas para el contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López].

¿Su doctrina sigue siendo que las responsabilidades llegan hasta los "mandos operacionales" y no los altos mandos?
Las responsabilidades son de las personas que se pueda determinar que han cometido violaciones de los derechos humanos. Lo que yo he dicho en otras oportunidades es que no hubo una política institucional de violar los derechos humanos.

¿Y la solicitud de que se elimine el nombre del almirante Merino de uno de los buques de la Armada, la van a acoger?
Es un buque que lleva el nombre de un comandante en jefe que estuvo muchos años en la Armada, como igual hubo un buque que se llamó Almirante Montt, que también participó en un enfrentamiento en el país, en la Revolución de 1891. El nombre de este buque no se somete a discusión.

El almirante Vergara dijo que no hubo torturas en la Esmeralda.
Yo no sé lo que habrá dicho el almirante Vergara. Lo que yo digo es que en la Esmeralda hubo gente detenida, como el caso del sacerdote Woodward, que después falleció, no a causa de torturas cometidas en la Esmeralda. Y eso lo ha reconocido la jueza en primera instancia.

¿Admite que hubo crímenes en la Esmeralda?
Crímenes, no. No hubo ningún asesinato, porque se habría sabido. Hay detenidos, ese tipo de cosas, y en el caso de Woodward, la jueza menciona que pasó por la Esmeralda, pero no que fue torturado a bordo.

¿Está dispuesto a pedir perdón institucional por las violaciones de los derechos humanos?
Yo dije el otro día que el perdón es personal. Podrá la institución lamentar algunas situaciones relacionadas con violaciones de los derechos humanos que cometieron algunas gentes de la Marina, pero la Armada, como institución, pedir perdón a nombre de todos, yo no estoy dispuesto. Porque es un grupo muy menor el que podría ser catalogado bajo este punto, y el resto de la institución no cometió ninguna violación de los derechos humanos.

¿Y considerarían alguna forma de reparación para las familias de las víctimas?
Las reparaciones las fija el Estado.

Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones del sur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces de campesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieron terratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunos casos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos y señores los campos, pueblos y caseríos del país.

 Por Jorge Escalante, Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo

Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vez en la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendos de guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces, desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidores de sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terre no contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmente al interior de los fundos donde la ley era el patrón.

Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales por mejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y a los militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.

En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temen a que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.

Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.

Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores, sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de sus vecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes y desamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.

La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operarios del campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.

El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas, para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal más grande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados.

SEÑORES DEL FIN DE CHILE

Foto: El empresario Luis García Guzmán.

Miguel Ángel Fuentealba tenía cinco años cuando el 10 de octubre de 1973 el negro de la noche se tiñó de rojo en el caserío de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina. A su padre lo llevaron junto a otros diez campesinos sobre el puente del río Toltén en Villarrica, le dieron varios tiros y le abrieron el vientre con corvo para que su cuerpo no flotara y desapareciera en la corriente.

Miguel, hoy en los cuarenta, por muchos años no supo qué pasó con su padre, Isaías. Por las tardes se peinaba bien, se ponía su mejo r ropa, "y bien lustradito me sentaba en un sillón que había afuera de la casa a esperar que mi viejo volviera en la micro del fundo en la que siempre llegaba". Tartamudea un poco, lo que le sobrevino desde entonces, mira a los ojos, y de repente su voz se hace más leve por la emoción del recuerdo. Afuera, en las calles de Villarrica, donde lo encontramos en un café, la lluvia es imponente.

Luis García Guzmán era el hijo de Julián, dueño de las Termas de Liquiñe, rabiosos anticomunistas ambos. La hostería y cabañas del complejo sirvieron de cuartel general para la cacería. Allí, Luis García y su padre, ya fallecido, le hicieron la lista de quiénes había que cazar al capitán Hugo Guerra Jonquera, que llegó con fuerzas militares de Valdivia. Los García pusieron también los vehículos para transportar a los detenidos hasta su destino final.

Once campesinos de los fundos Paimún, Trafún y Carranco sufrieron la condena que les impusieron estos amos y señores del pueblito.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, al que pertenecían los tres predios, la mayor área maderera en hectáreas y poder de los campesinos de la historia de Chile, fortalecido durante el Gobierno de Allende con José Liendo Vera, el "comandante Pepe", como su principal líder, fue temido entonces por los terratenientes de la precordillera de la X Región. Ahora era el tiempo de la reversa, cuando había que cobrar en vidas.

Pero esa noche la esposa de Luis García, María Hernández Calderón, vio todo. Veinte años después, García la abandonó con sus dos hijos por otra mujer, y fue ella quien ahora se vengó y denunció lo que presenció aquella noche de octubre: los once campesinos amarrados y vendados arriba de los vehículos de los García, y su marido manejando, uno de ellos vestido de militar. Ella vio salir desde la hostería el convoy de la muerte destino al río Toltén.

Refugiados de la lluvia bajo el alerón del edificio donde habita en Villarrica, María habló con LND para contar su desdicha. Pero después de su confesión a la justicia en 2005, García la visitó y con amenazas la obligó a firmar una carta desdiciéndose de sus declaraciones donde relató lo sucedido.

"Le firmé la carta para que me dejara tranquila, porque era prepotente, ya nadie lo quiere por eso". Pero meses después, la mujer arremetió de nuevo y volvió a ratificar sus dichos en el proceso que se instruye por este episodio. Sorprende su entereza y valor, y sus ideas claras. Huimos del frío y la lluvia y nos acompaña a tomar chocolate caliente para entibiar los recuerdos amargos.

Como una jugarreta del destino, Luis García, que también fue "alguacil" de Carabineros, bautizó su actual negocio de maderas nativas con el nombre de uno de los fundos de la tragedia: "Maderas Nativas Paimún S.A.", en la carretera entre Villarrica y Lican Ray. Allí lo buscamos sin suerte. Su mujer dice que está en Santiago.

SENTENCIA DE FAMILIA

Miguel Ángel, uno de los cinco hijos que dejó su padre, Isaías, no oculta que por mucho tiempo pensó en matar a los García cuando años después supo la verdad. De adolescente debió trabajar en las termas porque eran los únicos que en el villorrio daban trabajo. Su madre, Honorinda, también sirvió para los señores. Y los García con sus compinches militares siguieron acudiendo a festejar y cantar con la guitarra a la fonda de su abuela en Liquiñe.

"Hay todavía una esperanza de que él vuelva, aunque sé que es irracional Mi hija me dice a veces: ¿y si el abuelo está vivo en otro país? Es que la mente es tan extraña", divaga Miguel Ángel, mirando por la ventana del café a la calle mojada.

Foto: Miguel Ángel Fuentealba busca justicia para su padre.

En octubre de 1994, los García vendieron el complejo turístico a la Armada, que lo adquirió en 196 millones de pesos, bajo la lupa del notario de Panguipulli Leonardo Calderara.

Consultado el comandante en jefe, almirante Rodolfo Codina, afirmó desconocer el trágico pasado de lo que ahora es un sitio de esparcimiento para oficiales y gente de mar. "Desconozco si estas termas tenían alguna vinculación con violaciones de los derechos humanos", respondió el almirante a LND.

En Liquiñe, las tías de Miguel Ángel, Gloria y Marta, se sorprenden con nuestra llegada a preguntar por aquel pasado que ellas y todo el pueblo quisieran enterrar para siempre.

Suenan violentas las expresiones de cariño hacia "el abuelo Julián" y "don Lucho", los García que ayudaron a matar a su cuñado Isaías. Marta es directa: "Él se lo buscó, para qué anduvo metido en tonteras", sentencia en defensa de los amos del caserío. Y completa el sentimiento advirtiendo que fue Isaías el verdadero culpable de su propia muerte y no los García. Las palabras de la mujer parecen su propia sentencia en el almacén donde la encontramos. Su hija también habla familiarmente del "abuelo Julián" como si fuera el suyo propio.

Hace un par de años, el pueblito de Liquiñe salió a las calles con banderas y pancartas para apoyar a Luis García, después de que éste fue condenado en primera instancia a cinco años y un día como autor de los secuestros y desaparición de los campesinos. "Don Lucho" llegó pidiendo firmas de apoyo en su favor, y casi todos los 1.200 habitantes del lugar lo respaldaron y abrazaron.

Es la vida real y contradictoria de estas aldeas donde a veces parece que ni el mismo Cristo llegara todavía. Tan contradictorio como el cielo tormentoso que de repente se abre en un descanso del diluvio, y en medio de la oscuridad, la soledad y el silencio más pleno nos devela su manto de estrellas y constelaciones que sobrecogen y que contemplamos entumidos, con respeto a la inmensidad y al misterio de ese universo del sur.

Foto: Luis Enrique Ricardo Barrueto Bartings.

LOS DUEÑOS DEL MUNDO

Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara. Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre, humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.

Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que "el patrón" salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. "Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado", dice con amabilidad.

Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura. Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.

No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo.

Foto: Norma Panes, viuda de Miguel Cuevas, en cuya muerta está involucrado Ricardo Barrueto.

Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas. "Acá no se entra sin mi permiso", sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos de vuelta con nuestra cámara.

Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresa Seellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado "por activistas mapuches para causar disturbios".

Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbara entre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familias sin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel Cuevas Pincheira, "fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados", él no estaba ahí.

Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada (ver imagen) que obtuvimos de Ricardo Barrueto, Norma no duda: "Es él". Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio de zapatero.

Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas, permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles Sergio Fuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y José Valdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte. Norma lo grafica de la siguiente forma: "Ese día lo que hizo el grupo de civiles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabineros fue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto".

Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: "Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara", dice.

La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con Los Ángeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quién era el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtió sobre Ricardo: "Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían". El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que "es un hombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir. Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador".

Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados. Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.

Foto: Samuel Arriegada (foto), junto a Rolf During, son responsables de la muerte de José Orellana.

AMIGOS INSEPARABLES

Unos pocos kilómetros al sur de Santa Bárbara, en Mulchén, otra ola de secuestros se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado de civiles y Carabineros. Organizados de la misma forma, pero en esta ocasión vestidos con sus ropas, llegaron en la noche a buscar su venganza. Una de ellas recayó sobre el obrero y dirigente de un sindicato campesino José Orellana Gatica. Sus aprehensores: Rolf During Pohler y Samuel Arriagada Domínguez, más el contingente policial a su servicio. El motivo era claro: el obrero trabajaba dentro del fundo Verdún (nombre que alude a la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial protagonizada por alemanes y franceses), cuyos dueños eran los padres de During.

La esposa de José Orellana, Sara Mendoza, recuerda que la noche del 28 de septiembre del ‘73 el piquete llegó afuera de la casa que tenían al interior de la propiedad patronal. Sin preguntar abrieron fuego y luego de unos instantes botaron la puerta. Tomaron a su marido y lo sacaron a la fuerza. No le fue difícil reconocer a During y a Arriagada, ya que siempre los veía juntos dentro del fundo. Desesperada, salió con un candelabro, pero de un balazo lo volaron de su mano. El padre de José, quien también vivía ahí y trabajaba para los During, no se levantó. Su esposa le rogó que intercediera a favor de su hijo, pero el hombre, fiel a su patrón, le contestó que se callara y siguiera durmiendo. Pocos días después, el hombre echó a Sara del fundo y continuó trabajando para los During durante toda su vida. En ese momento ella tenía 21 años y seis meses de embarazo.

Para el equipo de LND fue imposible dar con Rolf During, ya que se mueve entre varias propiedades que mantiene entre la VIII, IX y X Región. Sin embargo, encontramos a su hasta ahora inseparable amigo, Samuel Arriagada, con quien viajó en el mismo vehículo a declarar por este caso a la Corte de Apelaciones de Concepción.

Foto: Sara Mendoza, viuda de José Orellana.

También hijo de latifundistas, pero hoy venido a menos, Arriagada no figura en ningún registro público. Sólo la casa a nombre de su hermana nos alerta sobre su posible presencia. Es una casona de madera, antigua, ubicada en la esquina de las calles Soto y Villagrán. En un pequeño almacén, ubicado a un costado, nos confirman que en esa casa vive Samuel Arriagada y que si bien es un personaje poco afable, no saben que esté involucrado en crímenes cometidos durante la dictadura.

Ante la presencia de una cámara fotográfica, de todas las personas que pasaron por el lugar, el único que puso mirada sospechosa y se molestó cuando fotografiaban el frontis de la casa fue un tipo de unos 65 años, que vestía casaca y blue jeans. A los pocos segundos ingresa al domicilio y ya no queda duda: es Samuel Arriagada.

Consultado por su situación procesal, al principio negó estar involucrado en ningún juicio. Al recordarle que estuvo detenido varias semanas, en 2003, dice no tener nada que ver y que no confía en la prensa. No aceptó más preguntas, sólo se mantuvo con la vista fija hasta que nos perdimos de su esquina.

Su hermetismo silencioso contrasta con la imagen que se llevó Sara cuando se careó con él. "Le faltó sólo pegarme", recuerda. Pero ella nunca se achicó. "Cada vez que los encontraba en el banco o en algún lugar, yo llegaba con mi hijo en brazos y le decía, sobre todo a Rolf: ‘Mátame a mí también'. Él siempre se limitaba a bajar el rostro. Su madre llegó a ofrecerme dinero para que yo dejara de acusarlos. A mí eso no me interesaba. Ni un peso les acepté", cuenta la mujer de ojos negros y sonrisa tierna.

La actitud combativa de Sara es aislada. Los hermanos de José, por ejemplo, se negaron a realizarse exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal para determinar si algunos de los restos óseos encontrados en diversas partes de Chile pueden coincidir. "Tienen miedo de que el golpe vuelva y arrasen con todo nuevamente", advierte Sara.

De todas formas, para ella siempre pudo más la añoranza de volver a encontrar a su marido. A pesar de que vivió 20 años con otro hombre y tuvo un hijo con él, no duda en mostrar sus cartas. "Elijo a José cien veces. Mis mejores momentos son cuando sueño con él. Estoy a su lado y me dice que deje de buscarlo. Ahí lo escucho y soy feliz. Cuando despierto todo cambia", cuenta.

Aunque ninguno de los dos confesó el secuestro, actualmente Samuel Arriagada está condenado en primera instancia a cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado de José Orellana. A Rolf During, en tanto, se le impusieron 10 años. El motivo es que el descendiente de alemanes guarda otro muerto bajo la mesa. En este último caso sí reconoce que fue uno de los que apretó el gatillo.

EL COMPAÑERO DEL AÑO

En su declaración judicial ante el ministro con dedicación exclusiva Carlos Aldana, Rolf During reconoció que el 28 de septiembre, mientras hacía guardia de apoyo a Carabineros, recibió a Jorge Narváez Salamanca, quien llegó detenido en compañía de "un grupo de personas". No recuerda quiénes eran. Posteriormente, relata During, subió a un auto y se sentó al lado de Narváez hasta que llegaron al retén de Quilaco, un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Mulchén. Ahí los esperaba el teniente de Carabineros Jorge Maturana (también condenado). Luego de una hora de espera, lo llevaron hasta el puente Quilaco, ubicado sobre el río Biobío, lo sentaron sobre una de las barandas y luego procedieron a ejecutarlo.

Foto: José Horacio Pacheco, ayudó a detener y hacer desaparecer a un compañero de liceo.

El otro civil que estuvo presente en la escena del crimen, José Horacio Pacheco Padilla, también declaró que During fue uno de los tres que disparó. Respecto de su participación, señaló que participó de la detención y que, como no estaba armado, sólo fue testigo ocular.

Sin embargo, Pacheco Padilla era compañero de colegio en el Liceo de Hombres de la ciudad de Jorge Narváez (iba un curso más arriba), pertenecía al grupo Patria y Libertad y también al grupo de apoyo civil a Carabineros. Por otro lado, Narváez tenía entonces 15 años, militaba en el MIR. De ahí que la evidencia judicial apunta a que fue él quien entregó el nombre de su compañero.

Cuando se pregunta por José Pacheco, en Mulchén su nombre suena conocido. "Maneja un colectivo de esos de letrero amarillo", comenta un vecino. La descripción agrega que trabaja para la "línea número 2", que tiene su garita al final de la calle Victoria, casi en el límite urbano de la pequeña ciudad. Es una casucha verde de madera, rodeada de los clásicos vehículos negros que llegan y se van. El resto de los colectiveros dicen que Pacheco maneja un Chevrolet Corsa, el único que hay en la línea. Además, todos cuentan que es un tipo afable y simpático. Ninguno de ellos reconoce saber que tenga algún tipo de problemas con la justicia. Lo consideran un hombre tranquilo que vive junto a su familia.

Tras unos minutos de espera, el vehículo aparece. De su interior desciende un tipo de unos 52 años, robusto, panzón, canoso y de bigote. Se apresura a indagar el motivo de nuestra presencia. "Una carrerita hacia Los Ángeles", le respondemos como excusa para saber cómo se desenvuelve a pesar de su pasado. Decide posar junto a su vehículo, con absoluto relajo.

En más de 32 años, nadie, excepto uno o dos familiares de las víctimas, le recordó su crimen: haber sido parte de un grupo de voluntarios que detuvieron ilegalmente a Jorge Narváez Salamanca, y participar en su ajusticiamiento.

Al igual que Rolf During, durante años Pacheco negó su participación en la muerte de Narváez. Sólo en los últimos años la memoria se le ha refrescado. Actualmente está condenado a cinco años y un día. Si se confirma su sentencia de primera instancia, tendrá que ir a prisión. During también.

EL LOCO BARRIENTOS

La metralla y el zumbido de las balas rompían el silencio de la noche del sur. Hoy, a medianoche, en los rincones de la X Región se sigue oyendo el batir de los árboles resistiendo el viento, las gotas de agua que caen desde las ramas y el murmullo de la fauna nocturna. La noche del 16 de septiembre de 1973 fue una de aquellas donde no fueron los truenos los que rasgaron la naturaleza, sino las ráfagas de las armas de uniformados y civiles que se descargaban contra campesinos, que eran parte generacional de esa naturaleza.

Esa misma fecha, a la misma hora, la familia Valderas se preparaba para dormir. Aunque habían sabido del golpe en Santiago, ellos no pensaron que las caravanas de la muerte que se desataron en el país podrían llegar hasta ellos. Es más, los 16 hermanos que componían la familia comenzaban a llegar para juntarse los días de Fiestas Patrias.

Todo esto hasta que se oyeron los pasos de varios hombres que se venían sobre la humilde vivienda, ubicada a 200 metros del camino que bordeaba el lago Puyehue. Flavio, el hijo mayor, se topó casualmente a mitad de camino con el grupo, cuando se dirigía a la letrina. "Alto ahí, buscamos a Flavio Heriberto Valderas, no te movái conchetumadre; te vamo a matar, culiao", dijo un carabinero. Un culatazo le quebró el arco superciliar derecho al joven y le desprendió parte de la piel. "Mi madre dijo que se le había salido el ojo del golpe", relata su hermana Luz Marina.

Foto: Luz Marina Valderas vio cuando el civil Jorge Barrientos y carabineros se llevaron a su hermano.

En su sencilla casa, ubicada en calle Diego de Almagro, ella relató a LND que "mi hermano era un chiquillo tranquilo, trabajador, que hacía un par de semanas se había peleado con un carabinero, y éste lo había amenazado. Esa noche, Barrientos acompañó a la patrulla de Carabineros, los guió y les facilitó vehículos. También les indicó donde vivía ‘Cantarito' y entró con el destacamento para señalarlo, porque también pensaba que mi hermano le había trancado la puerta de su casa para molestarlo".

Consta en el expediente del caso que Flavio Heriberto nunca tuvo una actividad política y que su muerte, más bien correspondió a una venganza personal.

Pero Luz Marina Valderas no ha olvidado ninguna de las numerosas ocasiones que ha tenido que encontrarse con Jorge Barrientos Camadro, en Osorno. La justicia dice que fue uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición de su hermano Flavio Heriberto, a quien apodaban "Cantarito".

Actualmente, Barrientos es un tipo que viste siempre con chaqueta, blue jeans y botas. Usa un sombrero de huaso y se moviliza en un todo terreno. Tiene dos fundos: uno en Puerto Octay y otro en Puyehue. Su vida, en los últimos 35 años, ha sido tranquila, a excepción de sus constantes arrebatos violentos y su conocido mal genio. El ex dueño de la Radio Sago, Pedro Burgos, relató a sus cercanos sobre una reunión en el club de caza y pesca local, donde asistió el sujeto. El anciano relató cómo Barrientos sacó de su cintura una pistola para disparar al aire porque no estaba de acuerdo con una decisión. Así ha pasado su vida, entre los fundos, la Feria Tattersall de ganado y, recientemente, desfilando por tribunales y pasando un tiempo en la cárcel.

Luz Marina hace muchos años que trabaja para el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ella cuida el departamento que el legislador mantiene en un céntrico edificio. Pero también trabaja, desde hace años, como garzona en eventos.

"Una vez me tocó el cóctel de inauguración de una planta de secado de Soprole. Yo servía en una bandeja y tuve pasar por su lado. Me conoció y me botó la bandeja de un manotazo", recordó la mujer.

Tampoco dice olvidar el odio con que la miró la mañana en que, nuevamente por casualidad, pasaba a dejar las llaves de su camioneta a un puesto de flores, antes de partir a Concepción, donde le esperaban varios días de prisión preventiva, el único tiempo que ha estado privado de libertad por la desaparición forzada del campesino.

Luego del recorrido, constatamos que a 35 años de las matanzas, estos "señores" siguen siendo los amos de sus pequeños reinos, cuyos súbditos les siguen temiendo, como si fuera hoy esa misma fatídica noche que muchos habrían preferido no vivir.

La Nación 

Miércoles 30 de julio de 2008   

Por Luis Narváez  

Por caso de ciudadano chileno-italiano, detenido desaparecido en Temuco

El abogado Alfonso Podlech fue detenido en Madrid en virtud de una orden emanada de la justicia italiana, por la desaparición del ex sacerdote Omar Venturelli.

Foto: Con esta fotografía, que corresponde a la de su pasaporte, fue identificado por policías españoles de Interpol Alfonso Podlech Michaud. Tras notificar a Interpol en Roma, Italia, la justicia de ese país ordenó su detención inmediata.

Funcionarios de Interpol España detuvieron al abogado chileno Alfonso Podlech Michaud, quien está acusado de participar en violaciones de los derechos humanos ocurridas en Temuco, tras el golpe militar de 1973.

Se trata de un hecho sólo comparable a la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en 1998, y la del general (R) Joaquín Ramírez, ocurrida en Buenos Aires, en 2004.

La captura se produjo el domingo en virtud de una orden de búsqueda y notificación que se encontraba vigente en los sistemas de Interpol, emanada de la justicia italiana.

En ese país se encuentra abierto, desde 1998, un juicio en contra de quienes resulten responsables de la desaparición de Omar Venturelli Leonelli, de 31 años, un ex sacerdote que residía en la capital de la Novena Región.

El ex fiscal militar que organizó los consejos de guerra en Temuco fue detenido en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, mientras esperaba conexión hacia República Checa.

El hecho fue confirmado a La Nación por fuentes policiales españolas quienes indicaron que al momento de chequear la identidad de Podlech, notificaron a Interpol Italia.

En pocos minutos, desde ese país se emitió una orden de captura inmediata con fines de extradición, pese a que la convención que creó la Unión Europea contempla la deportación inmediata sin trámites.

Desde 1998 el caso estuvo en manos del fiscal Giancarlo Capalbo, quien además indaga en el mismo caso la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

Alfonso Podlech viajó a Europa el 26 de julio y se encontraba junto a su esposa al momento de la captura.

Se trata de un profesional conocido en la Novena Región que incluso fue nombrado abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco e integrante del Tribunal Electoral Regional.

Según sus propias declaraciones, tras el golpe militar fue llamado al Regimiento Tucapel por el comandante de la unidad, Pablo Iturriaga Marchessi, para organizar los consejos de guerra. En ese marco, asesoró directamente al fiscal militar de la época Luis Cofré Soto.

A este tribunal ilegal se le atribuye haber ordenado la muerte de cuatro prisioneros a quienes se les aplicó la ley de fuga. Posteriormente, en 1974, asumió como fiscal titular, cargo que desempeñó hasta 1978.

Testigos que declararon en Chile, aseguran que Podlech vestía de uniforme al interior de la unidad militar, determinaba quiénes iban a consejos de guerra, además de determinar la libertad o detención de personas.

El abogado querellante en Chile, Hugo Gutiérrez, dijo que "sólo hay que expresar agradecimiento a la justicia italiana por lo que está haciendo respecto de este criminal. Demuestra que la jurisdicción universal ha traído la búsqueda de la justicia y una ruptura de la impunidad".

El panorama podría aún ser más sombrío para Podlech, debido a que también aparece mencionado como responsable de la desaparición de un ciudadano francés, Etienne Pesle, ocurrida en Temuco en octubre de 1973.

El caso está en etapa de juicio oral en París y los tribunales de ese país podrían solicitar que comparezca ante esa instancia.

Pesle es uno de los cuatro ciudadanos franco-chilenos por los cuales también se investigan violaciones de los derechos humanos, tanto en Chile como en Francia.

Los resultados se conocerán a fines de septiembre.

Análisis buscan facilitar las labores de investigación.

EFE  

Muestras de restos óseos de 60 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet serán analizadas en Austria para determinar su ADN, con el fin de facilitar las labores de identificación.

"Tendremos como máximo muestras de 60 víctimas, pero es demasiado temprano como para dar algún detalles (...) tendremos los resultados a finales de otoño o principios de invierno (boreal)", a fines de septiembre, precisó Walther Parson, director del centro de Biología Molecular del Instituto de Medicina Forense de Innsbruck.

El experto explicó que el centro participa por encargo del Gobierno chileno en el proceso para identificar a los desaparecidos de la dictadura.

Análisis de "notables"

El tipo de análisis de ADN que se realice -mitocondrial, nuclear o del cromosoma Y, o de los tres a la vez- aún está también por decidir.

Parson y su equipo médico han participado en casos tan complejos como la identificación del ADN del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, del escritor alemán Friedrich Schiller, y el reciente esclarecimiento del material genético que confirmó la identidad de dos de los hijos del último Zar de Rusia, Nicolás II.

También participó en los esfuerzos para identificar a las víctimas extranjeras del tsunami que en el 2004 acabó con la vida de más de 200.000 personas en una decena de naciones bañadas por el Océano Indico.

En Chile, la comisión encabezada por Raúl Rettig, que elaboró el conocido como "Informe Rettig", en 1991, documentó las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y estableció que hubo 3.197 víctimas, de las cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos.

En noviembre de 2004, la comisión que presidió Sergio Valech determinó que 27.255 personas fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet.

Cooperativa.cl

La Nación Domingo

Domingo 11 de mayo de 2008   

 Por Jorge Escalante 

El senador clama inocencia de los procesados en el caso Woodward

En una incendiaria carta, en la que califica de "oscura" la investigación de la jueza Eliana Quezada, el almirante en retiro defiende a los encausados. Pero las declaraciones en el proceso de los mismos procesados desmienten sus dichos.

 El sacerdote Miguel Woodward lo subieron encapuchado hasta el cuarto piso de la Academia de Guerra Naval, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, y lo sentaron amarrado a una silla. Lo golpearon por más de una hora entre al menos 10 oficiales de la Armada y Carabineros, entre los que estaban el capitán de corbeta Juan Mackay Barriga, que después llegó a vicealmirante, y el teniente 2 Ricardo Riesco Cornejo, quien luego ascendió hasta capitán de navío.

Sin embargo, para el senador de la UDI Jorge Arancibia todos los procesados por la jueza Eliana Quezada por el crimen de Woodward son inocentes. El parlamentario, quien teme que Joaquín Lavín le quite el cupo senatorial en la V Región y que está dispuesto a todo para aferrarse al escaño, las emprendió ahora contra la ministra en visita que investiga el crimen.

En una reciente carta suya, ampliamente difundida en los portales electrónicos nostálgicos del fascismo criollo como eldiezdeungranmes.blogspot.com, cuya colaboradora insigne es Bernardita Huerta, hija del ex canciller y almirante de Pinochet Ismael Huerta , Arancibia defendió la "inocencia" de los procesados y atacó la investigación de la magistrada Quezada, calificándola de una "oscuridad absoluta".

Sostiene el ex jefe de la Armada que visitó a los arrestados en el cuartel de la Infantería de Marina en Las Salinas, Viña del Mar, y comprobó que no tienen culpa alguna. Creyó todo lo que le contaron sin verificar nada. Y sobre esa base construyó su difundida defensa y ataque.

Dice Arancibia que Mackay fue sólo "un analista" en la Academia de Guerra, y que Riesco "nunca participó en algún operativo en tierra". Y añade que ninguno de los dos interrogó a detenidos ni presenció estas sesiones.

Sostiene asimismo que el médico naval Carlos Costa Canessa, también procesado, certificó en el Hospital Naval la muerte de Woodward "de cuerpo presente y no como dice la jueza que lo hizo sin ver el cadáver". Y que el vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, jefe del Estado Mayor de la Armada en 1973, también es inocente, pues nada tuvo que ver con detenidos ni con Woodward.

Las confesiones

Pero curiosamente y para desgracia del contendor de Lavín, los mismos personajes que él ardientemente defiende en su carta lo desmienten. Y cuando no son ellos lo hacen otros oficiales o suboficiales que declaran en el juicio por el caso Woodward.

Admite Riesco en el proceso: "Yo era operativo, detuve gente en la calle e incluso viajé a Santiago a detener ( ). Estuve en interrogatorios en la Esmeralda, en la Academia de Guerra y en el cuartel Silva Palma ( ). Los interrogadores usaban corriente ( ). Mi chapa era Alfonso".

El médico naval Costa afirmó judicialmente: "Nunca conocí al sacerdote Woodward. Tampoco vi su cadáver cuando certifiqué la defunción, porque sólo certifiqué el cadáver de alguien con traumatismo craneano, pero ese cuerpo en ningún caso correspondía al sacerdote, pues no estaba identificado".

Y en una de las declaraciones más directas sobre cómo maltrataron a Woodward que existen hasta ahora en el expediente, el oficial (R) de Carabineros Nelson López Cofré, operativo en la Academia de Guerra, afirma: "Me enteré que un sacerdote Woodward llegó detenido a la academia. Fui a ver el interrogatorio que hizo la gente de la Armada. Lo tenían sentado, encapuchado y amarrado a una silla en el cuarto piso. De los de la Armada estaban los oficiales Juan Mackay Barriga, Sergio Bidart Jiménez y Ricardo Riesco Cornejo. Yo estuve ahí con los oficiales de Carabineros Ángel Lorca Fuenzalida, Luis Araya Maureira y Enrique Corrales Díaz, también operativos en la academia, y los suboficiales nuestros Eduardo Vergara Bravo ["el Murciélago"] y Jorge Leiva Cordero ["el Cebolla"]. Varios de los nombrados lo golpeaban. Estuvimos como una hora".

Aldoney y la familia Mackay

Acerca de Mackay Barriga, el denominado "Cebolla" declaró: "Las detenciones las hacíamos por orden del capitán de corbeta Juan Mackay, quien ordenó trasladar a algunos detenidos desde la academia a la Esmeralda".

Valentín Riquelme Villalobos, comando y suboficial de Infantería de Marina, ahora en retiro, y uno de los interrogadores y torturadores en la academia, dijo judicialmente: "Los interrogatorios eran presenciados y supervigilados por los oficiales de la Armada. Entre ellos por Juan Mackay, Ricardo Riesco y el teniente Rafael Mackay Backler, sobrino del capitán Mackay".

Sobre Aldoney, capitán de navío (R), Franklin González Rodríguez, quien fue el jefe de la inteligencia naval (Ancla 2) en Valparaíso, y a quien el mismo Aldoney mandó a trabajar a la Academia de Guerra después del golpe, declara: "Identificábamos a los subversivos e informábamos a Aldoney, quien luego ordenaba actuar a los grupos operativos".

Aldoney dijo en el proceso que Woodward "parece que tenía pulmonía", y a la Comisión Rettig le informó: "Lo de Woodward fue un accidente".

El nombre de Bidart es nuevo en la investigación y existen datos que dirigió el pelotón de Infantería de Marina que detuvo al sacerdote y lo llevó a la Universidad Santa María, donde primero habría sido torturado.

La Corte de Valparaíso negó la libertad a los procesados por considerarlos un peligro para la sociedad, y en ello incidió la participación en el juicio de la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Karina Fernández, y el abogado Juan Matus. LND

CHILE: 32 AÑOS DE MUERTE, DESAPARICIÓN E IMPUNIDAD.

OPAL- A 32 años de los días del horror, aquel 29 y 30 de abril de 1976, cuando la dictadura vivida en Chile, quito la vida e hizo desaparecer a cuatro Miembros de la familia Recabaren: Luís Emilio Recabaren, Manuel Segundo Recabaren, Manuel Guillermo Recabaren y Silvia Rosa Mena Alvarado. Familiares, amigos y mas de treinta personas se dieron cita, el pasado 27 de abril, en la esquinas de Sebastopol con Santa Rosa, paradero 16 comuna de San Joaquín para rendir un emotivo homenaje.

Con momentos de profunda emotividad por el recuerdo de los familiares desaparecidos; la familia, y la actuación del cantautor popular Jorge Yánez. Marcaron la conmemoración del desaparecimiento del grupo familiar.

Jorge Yánez, Folclorista Nacional presente en el acto, recordó momentos anecdóticos vividos junto a Ana González en el triunfo del “No” de los años 80` y en entrevista con OPAL, dijo sentirse emocionado de participar en el recordatorio a la familia desaparecida:”Yo creo que la vida de todos nosotros esta unida por los ideales, por los sueños, por el amor. Y creo que todas las cosas que le han pasado a nuestro pueblo, nos han hecho sufrir mucho y aquí estamos rindiéndoles homenaje por el amor que han entregado esos seres humanos por nuestra gente, devolviéndoselos con ese mismo amor, mismo cariño, con el mismo compromiso de saber que entre todos, podemos hacer un mundo mejor y cada uno aporta con ese rayo de luz para que ocurra aquella tormenta”

¿Que te parece la poca asistencia a este tipo de conmemoraciones… somos un país que se va quedando sin memoria?

Al final de cuantas nos vamos quedando la familia, los amigos en esta lucha de verdad, justicia, pero estas muestras de cariño, de mucha esperanza nos llevan a que podamos algún día ver la luz con todo este clima adverso. Sentencio

Anita de Recabaren González, esposa, madre y nuera del grupo familiar desaparecido, en caminata al acto, manifestó sentirse alegre de recordar los días felices junto a su esposo, pero también tristeza, por esa lucha de días mejores cercenada por la noche oscura de la dictadura y la débil decisión de los gobiernos de la Concertación por hacer Justicia: “ siento que le privaron la alegría a Manuel de convivir con sus nietos, pasearse con ellos, también que todavía no podemos llegar a la verdad y la justicia, que la mentira la falsedad sigue imperando no se han dado cuenta que en la defensa de los derechos humanos, esta implícito el avance real de la democracia y el país”

Humildemente, cuestión que la caracteriza, Anita agradeció la presencia a los vecinos y amigos, que llegaron al lugar a acompañarla en su dolor y esperanza, invitando a los asistentes a prepararse para lo que será la reinstalación del monolito recordatorio en dicho espacio el próximo año, y cuando la intensa lluvia comenzaba a caer insistentemente, como si fueran aplausos de los que ya no están, insto a la treintena de personas a caminar hasta su hogar y culminar el acto al calor de lo que brinda su tremenda humanidad, de quien enseña día a día con alegría y esperanza, a como no dar tregua de lo que no se debe olvidar…

El estado, tribunales, fuerzas armadas, la sociedad, el silencio, se hacen cómplice de tan abominables crímenes.

Al país que olvida a sus mártires, le corroen sus raíces, el desierto lo va cubriendo sin valores, sin futuro, sin sueños, y avanza, tanto avanza, un camino lleno de sombras amenazantes para el futuro de nuevas generaciones, que camina por la senda que no llega a ninguna parte.

FUERON DETENIDOS POR LA DINA, ENTRE EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 1976 Y DESDE ESOS DÍAS SE ENCUENTRAN DESAPARECIDOS

““LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA, NO DEBEN LLAMARSE MUERTOS”.

Nalvia Rosa Mena Alvarado, casada, un hijo, embarazada de tres meses, dueña de casa, militante de las Juventudes Comunistas; su cónyuge Luís Emilio Recabaren González, técnico gráfico, ex dirigente sindical; su cuñado Manuel Guillermo Recabaren González, casado, dos hijos, gasfiter; ambos militantes del Partido Comunista y su suegro Manuel Segundo Recabaren Rojas, casado, seis hijos, jubilado, ex dirigente sindical gráfico, militante del Partido Comunista, fueron detenidos por la DINA, entre el 29 y el 30 de abril de 1976. El día 29 de abril, alrededor de las 21:30 horas, Nalvia Rosa Mena fue detenida -en compañía de su esposo Luís Emilio Recabaren González, del hijo de ambos, Luís Emilio Recabaren Mena, de dos años y medio de edad y de su cuñado Manuel Guillermo Recabaren González- por agentes de la DINA en un operativo montado en el sector de Sebastopol con Santa Rosa.

Ese día, aproximadamente a las 19.30 horas, Nalvia Rosa junto a su hijo, fue hasta el lugar de trabajo de su esposo, ubicado en calle Nataniel N° 47 para, en compañía de éste y de su cuñado Manuel Guillermo, dirigirse desde ahí hasta su hogar, cosa que hicieron alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, no llegaron a su destino.

El único que llegó, hasta las proximidades del domicilio, fue el pequeño Luís Emilio, quien fue abandonado alrededor de las 23:30 hrs. en el lugar, por un sujeto alto y corpulento que se movilizaba en un taxi.

Por averiguaciones posteriores e informaciones de vecinos que fueron testigos presénciales de la aprehensión, se supo que Nalvia Rosa -con tres meses de gestación- había sido golpeada en el vientre con la culata de una metralleta, a pesar de sus gritos y súplicas y, en estado inconsciente, introducida en uno de los vehículos en que se movilizaban los agentes.

Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas, padre de los Recabarren González, salió de casa muy temprano, siendo detenido a las 07:10, en los momentos en que se disponía a abordar un bus con el propósito de iniciar gestiones tendientes a ubicar a sus familiares que habían sido detenidos la noche anterior. Desde ahí, Manuel Segundo Recabarren Rojas fue trasladado por sus captores hasta el cuartel denominado Villa Grimaldi, recinto de detención clandestino de la DINA, donde pudo ser visto por otros detenidos. Algunos de ellos, que recobraron su libertad, declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haberle perdido el rastro en agosto de 1976. Se consignó en el informe de esa Comisión que, desde esa fecha, de ninguno de los cuatro detenidos se ha vuelto a tener noticias.

Cabe señalar que, a pesar que el Gobierno militar negó la detención de los afectados, constan declaraciones del 14 y 17 de julio de 1976 de la División Nacional de Comunicación Social, (DINACOS), a través de las cuales dio a conocer que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar treinta y dos casas-buzones del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además de la detención de militantes de dicha colectividad, se agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.

Otro antecedente probatorio de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de los afectados, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario "Qué Pasa", en el que en un artículo bajo el título " tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso, se entregaban nombres de algunos de los detenidos. Del MIR al PC" se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista.

Viaja en el viento todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.

Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar.

Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer,

Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos, y por fin de nuevo a volar.

Tintos en sangre mares y el tiempo del humano que pide vivir aquí.

Toda su vida corre el peligro de vivir lo que quiere creer.

Savia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir y si no... ¿Cómo hay que seguir?

Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor y si no ¿qué puedo tener?

Dame un pedazo llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz.

Patria sagrada ansias del alba no te olvides que andamos muy mal sin ti

Danza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar desde la ternura hasta el sol.

Fieles amantes, cerrojos y pactos volcanes que están esperando milagros del bien.

Vueltas eternas calles desiertas la memoria girando en la luz.

Viaja en el viento todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.

Aún no encuentran a los efectivos de Carabineros que le dispararon

Se cumple un año del asesinato de Rodrigo Cisternas Fernández, quien fue acribillado a balazos por las fuerzas especiales de Carabineros, en el contexto de las movilizaciones que llevaban a cabo los Trabajadores Forestales en contra del Holding Arauco.

Fue justamente a las afueras de la planta de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), en la localidad de Horcones, Provincia de Arauco, donde ocurrieron los fatídicos hechos que enlutaron a los trabajadores forestales. Las impactantes imágenes que recorrieron el país, dieron cuenta, de la inusitada violencia de las Fuerzas especiales de la policía militarizada de Carabineros, en contra de trabajadores que negociaban en el Marco de la ley, exigiendo mejores y justas condiciones de trabajo y de vida.

En el marco de un incipiente movimiento Forestal que por primera vez lograba unificar su lucha, como una sola Voz, como una Sola Organización y que contaba con el Apoyo mayoritario de toda una Provincia, es asesinado a quemarropa el joven trabajador forestal. Después que éste utilizara una maquinaria pesada, para contra restar la represión que la policía ejercía, con sus carros blindados, gases, y balas. Pero Los obreros no sólo luchaban contra el poder económico, si no también contra el poder represivo del Estado, quienes desde el Gobernador y la Intendenta, hasta las autoridades nacionales como el Ministro del Interior de ese entonces (Belisario Velasco) y la Presidenta Michelle Bachelet, legitimaron y justificaron el actuar de las Fuerzas Represivas.

Días después, la Presidenta Michelle Bachelet, declaraba en la localidad de Puerto Saavedra que "ningún conflicto puede justificar la violencia" y que la muerte de Rodrigo Cisternas es una "derrota para la democracia", cuando inauguraba un hospital en esa localidad.

Organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos exigieron un juez especial para investigar el caso, pero el Fiscal MILITAR Renato Nuño, se hizo cargo de la investigación "sin encontrar culpables", entre los efectivos de Carabineros que le dispararon.

Dirigentes de los trabajadores de la empresa forestal Arauco lamentaron en ese momento, que el Gobierno no mostrara en este caso la misma disposición que tuvo posteriormente tras el asesinato del Carabinero Cristián Vera, donde la Presidenta Michelle Bachelet se dio tiempo de acompañar a su familia, mientras que se agilizaron las diligencias judiciales para la reconstitución de escena y dar con el paradero de los culpables.

Por el contrario, indicó, en este caso "los delincuentes están totalmente identificados, los que acribillaron a un compañero siguen ganando su sueldo y siguen vistiendo el uniforme; los que dieron la orden están plenamente identificados, sin embargo quedaron ocupando los mismos cargos para de alguna manera tapar y entorpecer lo que fue la investigación del ministro Nuño".

Después de cuatro meses se realizó la reconstrucción de escena, que intentó esclarecer cada detalle de los momentos en que fue acribillado el trabajador forestal; cuatro meses en que la máquina que conducía Rodrigo ha sido limpiada de toda huella y las dos entradas a la planta de celulosa Arauco transformadas.

1200 obreros han sido despedidos por Forestal Arauco, desde ese entonces. El Holding sigue sumando ganancias históricas .

La Nación / ANSA 

Sábado 19 de abril de 2008  | 11:45   

El documento, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo y diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el ex director de la DINA, general Manuel Contreras.

 Un documento firmado por ex colaboradores de la dictadura militar revela que Augusto Pinochet dio la orden de asesinar al jefe sindical Tucapel Jiménez Alfaro, en febrero de 1982.

El escrito, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo del sindicalista, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA, según la misma fuente.

El texto corresponde, siempre según ese informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo Álvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

"Me interesa que se sepa la verdad", dijo el diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la veracidad del documento.

La declaración de Álvarez, quien cumple una condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la declaración en el recinto de reclusión.

"Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este documento, se confirmaría", dijo el parlamentario. El ex dictador, fallecido en diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.

El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando problemas de salud.

La línea de investigación en torno al ex general fue descartada por Muñoz, quien cerró el caso en 2001 y condenó al mayor en retiro Carlos Herrera como autor material y confeso del crimen, y a Arturo Álvarez, Manuel Contreras y Francisco Ferrer, entre otros.

Tucapel Jiménez fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 kilómetros de Santiago, donde fue asesinado mediante disparos en la cabeza y degollado.

Una persona confesó por escrito ser el autor del crimen del sindicalista y luego se suicidó.

Sin embargo, se demostró en el proceso que había sido asesinado y que su testimonio era falso.

A instancias de un grupo de abogados franceses, un tribunal galo procesará a varios ex colaboradores de la dictadura por la desaparición de cuatro franco-chilenos.

Una quincena de antiguos represores chilenos afrontarán en mayo próximo en Francia un juicio que puede acarrearles hasta 30 años de prisión, afirmaron los abogados de los familiares de cuatro franco-chilenos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
 
"Se va a producir un hecho histórico, es un juicio muy importante, en Francia hay un gran interés y muchas expectativas", dijo la abogada Karinne Bonneau, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
 
Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle de Menil, Georges Klein Pipper y Jean-Ives Claudet Fernández fueron detenidos en Chile y Argentina por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, sin que hasta ahora se sepa de su paradero.
 
Entre los acusados destaca el general Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que junto a los otros imputados será juzgado "en rebeldía" por los delitos de arrestos, secuestros arbitrarios y torturas de los cuatro franco-chilenos.
 
Otros acusados son los generales Herman Brady y Raúl Iturriaga, los ex brigadieres Pedro Espinoza, José Zarah, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito, los civiles Emilio Sandoval y Enrique Arancibia, además del argentino José Osvaldo Riveiro.
 
La investigación judicial fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por los familiares de las víctimas.
 
Sarfati señaló que aunque la condena contra los represores no pueda concretarse, por normas de la legislación chilena, tendrá "un impacto simbólico" pues se esclarecerán estos crímenes ante un tribunal público y abierto.
 
"Lamentablemente (Augusto) Pinochet murió antes del juicio, que demoró pues las pruebas se buscaron en varios procesos abiertos a través del mundo", afirmó Sarfati, destacando que "la justicia chilena ayudó bastante a este proceso".
 
Añadió que una vez condenados, el Tribunal de lo Criminal de París dictará en su contra una orden de captura internacional, lo que les impedirá "al menos abandonar Chile".
 
Bonneau y Sarfati, junto a la responsable de Comunicación de la FIDH, Karine Appy y el cineasta Nicolas Joxe, se encuentran en Santiago para activar la información en Chile sobre el proceso en Francia.
 
Para ello se reunirán con jueces chilenos, con familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos y pedirán entrevistas a la Presidenta Michelle Bachelet y al ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
 
En Chile el proceso por este caso, en el que estaban imputados Augusto Pinochet y la cúpula de la DINA fue cerrado por prescripción en 2002. (EFE

Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), visita Santiago entre los días 14 y 19 de abril 2008 para tratar en Chile la demanda de acusación presentada ante la Corte Suprema de Francia en contra de 18 chilenos y un argentino por el arresto y secuestro agravado por torturas, de cuatro ciudadanos franceses detenidos desaparecidos.

La acusación se presentó luego de diez años de investigación efectuada por los jueces franceses Leloire y Sophie Clément y el principal inculpado en este juicio es el fallecido general Augusto Pinochet Ugarte.

Las víctimas francesas de la represión llevada a cabo por las dictaduras militares que gobernaron a Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983) son Jorge Klein, desaparecido después de su detención en La Moneda el 11 de septiembre 1973, Etienne Pesle, detenido y desparecido el 19 de septiembre 1973 en Temuco, Alfonso Chanfreau detenido y desaparecido por la DINA desde la casa de torturas de Londres 38, y Jean Yves Claudet detenido y desaparecido en Buenos Aires en 1975, en el contexto de la Operación Cóndor.

La delegación visitante esta integrada por la doctora en derecho internacional, abogada Karine Bonneau, el abogado querellante representante de CODEPU, parte civil en el juicio, Benjamín Sarfati , acompañados de la periodista Karine Appy y el cineasta Nicolás Joxe.

Los visitantes sostendrán reuniones con familiares de los cuatro ciudadanos franceses desaparecidos, con las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con otras organizaciones de derechos humanos, con abogados y autoridades de gobierno.
También visitaran los lugares de tortura y desaparecimiento Londres 38 y Villa Grimaldi, y además participaran en una reunión pública en la Universidad de Chile el día 16 de abril, entre otras actividades previstas durante su estadía en Chile.

Invitamos a los franceses residentes en Chile y a los chilenos retornados de Francia a juntarse y dialogar con los miembros de esta delegación el viernes 18 de abril, a las 19h00, en la Maison de France, San Crescente 451, Providencia (Metro El Golf).

Favor confirmar su participación al correo fr@fr.cl

Por la Corporación de Amistad Chileno-Francesa (www.fr.cl)

François Richard

Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), visita Santiago entre los días 14 y 19 de abril 2008 para tratar en Chile la demanda de acusación presentada ante la Corte Suprema de Francia en contra de 18 chilenos y un argentino por el arresto y secuestro agravado por torturas, de cuatro ciudadanos franceses detenidos desaparecidos.

La acusación se presentó luego de diez años de investigación efectuada por los jueces franceses Leloire y Sophie Clément y el principal inculpado en este juicio es el fallecido general Augusto Pinochet Ugarte.

Las víctimas francesas de la represión llevada a cabo por las dictaduras militares que gobernaron a Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983) son Jorge Klein, desaparecido después de su detención en La Moneda el 11 de septiembre 1973, Etienne Pesle, detenido y desparecido el 19 de septiembre 1973 en Temuco, Alfonso Chanfreau detenido y desaparecido por la DINA desde la casa de torturas de Londres 38, y Jean Yves Claudet detenido y desaparecido en Buenos Aires en 1975, en el contexto de la Operación Cóndor.

La delegación visitante esta integrada por la doctora en derecho internacional, abogada Karine Bonneau, el abogado querellante representante de CODEPU, parte civil en el juicio, Benjamín Sarfati , acompañados de la periodista Karine Appy y el cineasta Nicolás Joxe.

Los visitantes sostendrán reuniones con familiares de los cuatro ciudadanos franceses desaparecidos, con las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con otras organizaciones de derechos humanos, con abogados y autoridades de gobierno.
También visitaran los lugares de tortura y desaparecimiento Londres 38 y Villa Grimaldi, y además participaran en una reunión pública en la Universidad de Chile el día 16 de abril, entre otras actividades previstas durante su estadía en Chile.

Invitamos a los franceses residentes en Chile y a los chilenos retornados de Francia a juntarse y dialogar con los miembros de esta delegación el viernes 18 de abril, a las 19h00, en la Maison de France, San Crescente 451, Providencia (Metro El Golf).

Favor confirmar su participación al correo fr@fr.cl

Por la Corporación de Amistad Chileno-Francesa (www.fr.cl)

François Richard

CARTA ABIERTA DE UN SUBVERSIVO A MONSEÑOR GOIC

   Estimado Padre Obispo:

  Quien le escribe es un subversivo, un revolucionario y que encima tiene la desfachatez de denominarse cristiano o mejor dicho que trata de seguir las palabras del crucificado cuando dijo yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Soy un subversivo porque estudié en colegios católicos donde nos obligaban a ir a misa todos los jueves a primera hora. Lo que para otros era una lata y motivo para ir a jugar, a revolverla: para mí era motivo de alegría espiritual y de deleite al compartir la comunión, escuchar La Palabra de Dios y alimentarse con el cuerpo de Dios. Y fue esa palabra la que primero me subvirtió cuando cantábamos el Magnificat o cuando escuchaba el Mensaje de Cristo que llamaba a tener amor y decía que nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. También me "corrompió" entre comillas El Señor cuando dijo que no se podía servir a dos Señores, que era incompatible el amor a las riquezas y a Dios. Y para qué decir las Bienaventuranzas donde bendice a los pobres y maldice a los ricos (Lucas 6). Eso me hizo querer subvertir el orden en el que vivía: una sociedad injusta donde los pobres sufrían el abuso de los que hacían fortuna explotándolos y condenándolos a una vida donde cundía el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y la humillación por sólo ser pobres y después para justificar la injusticia los llamaban flojos y borrachos. Eso me subvirtió y quise cambiar las cosas, es decir revolucionarlas, y en eso vino el gobierno de Allende y entré en la política como una forma de unir mi fe con la acción. Hicimos cosas muy hermosas, como trabajo voluntario en la universidad realizamos la labor de los basureros durante dos días que diferencia con la decadencia de hoy donde los jóvenes se emborrachan y drogan como forma de festejar el ingreso a la Universidad. La gente en las poblaciones se extrañaba de ver a estos jóvenes echando la basura a los camiones, hicimos trabajos voluntarios en las poblaciones en los temporales sacando a la gente que estaba empapada y con bronconeumonía al hospital y construíamos mediaguas para que por lo menos tuvieran un techo y después para los terremotos lo mismo. Para mí hacer política era hacer eso: trabajar y trabajar por los más pobres. Me aburrían las discusiones ideológicas hasta que comenzaron a preguntarme por qué estrategia estaba si por crecer hacia los democratacristianos o formar un polo más de izquierda y tuve que empezar a buscar respuestas. Y la primera que encontré fue que en  los EEUU decía Nixon que no permitiría a otra Cuba en la Región y que había llamado a estrangular la economía chilena y que habían organizado el crimen del Comandante en Jefe del Ejército con apoyo de la CIA y grupos de ultraderecha. Que Nixon al saber que Allende subió al Gobierno lo había tratado de Hijo de Puta delante del embajador de ese país en Chile. Hay tanta información en los documentos desclasificados o en la comisión Church, pero son pocos los que conocen esos datos irrefutables.

Y vi como después se promovía el odio a través del diario de Patria y Libertad con el slogan CHILENOS JUNTEN ODIO. No le tomábamos el peso a esas palabras entonces empeñados en tratar de consolidar el gobierno y Ud. también recordará como aumentó en las elecciones las fuerzas de izquierda. Y sufrimos todo el terrorismo de la ultraderecha financiada por la potencia del Norte, volaban torres de alta tensión, líneas de tren, fábricas y locales de partidos. Yo creía en un país socialista con tres áreas económicas: una estatal, una mixta  entre privados y el estado y una privada. Y vino el Golpe que fue orquestado, preparado y financiado por las trasnacionales como la ITT que llevaron una campaña del terror. En esa época ni se soñaba que estas trasnacionales serían las dueñas del mundo como ocurre hoy que tienen más poder que las mismas naciones.

Quise defender el gobierno legítimo y constitucional pero la verdad es que no había con qué. Ni unas piedras, menos armas que estábamos dispuestos a empuñar para defender al que creíamos que era nuestro legítimo y constitucional Presidente de la República. Creímos que habría fuerzas comandadas por oficiales constitucionalistas como el General Prat, pero no había nadie y fue una masacre. Hicieron montajes como los de los 10.000 cubanos o los arsenales o el Plan Zeta, la misma lógica para invadir Irak, que tenía armas de exterminio masivo, nucleares, etc. En la historia la potencia del Norte no ha escatimado en mentiras cuando invadió Santo Domingo, la Isla de Grenada, Panamá, Nicaragua o promovió los Golpes militares en Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Yo no me quise exiliar ni pasar a la clandestinidad, nada de eso, me cambié de Universidad y poco a poco fuimos organizándonos en torno a la cultura y a la Iglesia. Recuerdo con cariño los retiros en Punta de Tralca, el contacto con el Obispo de los pobres Monseñor Alvear cuya alegría y valentía eran la presencia de Cristo en medio de un clima de miedo, represión y muerte. Nos organizamos poco a poco en un Movimiento Estudiantil que significó la relegación de muchos de sus valientes líderes y la expulsión de las Universidades que eran dirigidas por rectores militares.

Creció el Movimiento Estudiantil y también el descontento. La Iglesia bajo el Cardenal Silva Henríquez que para la derecha y la dictadura era el cura rojo, nos cobijó en la Vicaría de la Solidaridad. Estuve en los hechos históricos y vi la valentía enorme de las mujeres de los Detenidos Desaparecidos y de trabajadores en los  días del trabajador que conmemoramos arrancando o enfrentando la represión policial. Supimos de todo el terrorismo de Estado en hechos tan horrorosos como el del caso de los degollados, los muertos en falsos enfrentamientos, los desaparecidos, los decapitados y las torturas. Yo pasé a militar en lo que se llamaba la Resistencia Popular y hacíamos propaganda, organizábamos mítines y todo lo que sirviera para luchar contra la cruel dictadura. Nunca tomé un arma ni la he tomado. No por principios sino porque creo que es absurdo luchar contra ejércitos profesionales, por eso milité también en el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo e hicimos denuncias frente a los cuarteles de la CNI donde sabíamos que se torturaba. También organicé desde una perspectiva cristiana actos de Derechos Humanos que llevaban el nombre de Cristo en el Detenido Desaparecido, Cristo en el Preso Político, Cristo en el torturado y contamos con la reflexión teológica de Monseñor Hourton, José Aldunate, Roberto Bolton. Conocí a la comunidad de Mariano Puga y  allí a la Familia Vergara Toledo. Supe de sus asesinatos que coincidían en la fecha con los degollados. Era el terrorismo de Estado basado en lo que la Iglesia del Cardenal Silva denunciaba como sustento ideológico de las FFAA, la Ideología de la Seguridad Nacional que convertía a los ciudadanos en enemigos a los que había que espiar, presionar e incluso asesinar si se les consideraba enemigos internos. Esa Doctrina creada en EEUU sigue rigiendo a las FFAA de Chile.

Querido Pastor, después me fui de Chile a Venezuela y terminé en Nicaragua el año 82. Hacía tres años que habían derrocado a la dinastía de los Somoza y era primera vez que los cristianos participaban en un proceso revolucionario y el Ministro de Cultura era Ernesto Cardenal, para mí el mejor poeta de Latinoamérica. Me di cuenta cómo se creó un mito sobre la Iglesia Popular porque no había nada  de ello, era más avanzada la Iglesia chilena en la liturgia, en la doctrina y de lo que sí había conciencia era de que Reagan organizó un ejército de ex torturadores de Somoza en la frontera de Hondura donde iniciaron una guerra de desgaste que era terrible. Todos los días atacaban centros civiles como Sindicatos, Escuelas, Hospitales y se tomaban poblados y asesinaban a los líderes comunitarios. Todo ello asesorados por las Fuerzas Armadas de USA y de países como Chile, Argentina y otros. Cuando estuve detenido en Fiscalía Militar donde me torturaron física y psicológicamente, el Fiscal me contó que habíamos estado el mismo año en Nicaragua, él luchando contra el pueblo nicaragüense y yo trabajando en un Centro Ecuménico como periodista. Cuando caí en Fiscalía Militar fue por un montaje burdo que me hicieron los carabineros echándome encima una micro de fuerzas especiales en contra de un auto viejo y cacharriento. Me bajaron a culatazos y me tiraron en el suelo con la metralleta en la nuca. Creí que me mataban como a tantos y que dirían que yo los agredí. Con la tortura psicológica me crearon un episodio microsicótico y nunca hasta hoy han dejado de amenazarme y hostilizarme porque también nunca he dejado de denunciar que en Chile vivimos un país que no es nuestro. El acoso me ha significado tortura, relegación, cárcel y un poco tiempo exiliado.

Me destruyeron una familia hermosa, me han cerrado las puertas en los trabajos a  pesar de que he sido buen profesor universitario por las evaluaciones. Ahora vivo de allegado donde mis padres en Viña del Mar tratando de sobrevivir. No quise apitutarme con la concertación porque seguía el mismo modelo económico y porque no creí en una democracia basada en una constitución ilégitima que creó Pinochet a su medida. Algunos dicen que es la transición. Yo creo que con la democracia ocurre como con el embarazo no se puede estar un poco embarazada.  En una época me dio su apoyo el que fue mi guía espiritual el sacerdote holandés Arnoldo van deer Mer que tal vez Ud. lo conoció.

Ahora he escrito muchos artículos de denuncia y libros de poesía que tratan de mostrar el verdadero rostro del día a día. Por lo mismo las amenazas son mayores y es probable que pasen a más. Chile es una colonia de las trasnacionales y ejemplo del capitalismo para Latinoamérica. Han cambiado la mente de la gente, la han vuelto individualista, consumista, egoísta. Los niños no nacen con esas características, pero a la sociedad chilena la han programado así y yo me atreví a denunciar los mecanismos comunicacionales que usan y me eché encima la Coca Cola, logré retirar junto con la gente de la Revista Pastoral Popular un spot que era una ofensa para los creyentes. Junto con los amedrentamientos aparecieron sujetos que son mencionados en diferentes informes como trabajando para los organismos de seguridad de EEUU amenazándome y también me han señalado por teléfono que me van a asesinar, amenazaas que se repiten por mail y en las calles me hostilizan de la misma forma como lo hacían en dictadura. Yo sigo haciendo lo que es mi naturaleza, ser poeta y denunciar a la ideología neoliberal que se muestra como la única alternativa mientras nos tienen absolutamente aislados de lo que pasa realmente en los países hermanos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Mi viejo tiene un dicho "dile al tonto que tiene fuerza", yo lo aplico a nuestro país donde nos dicen que vamos bien y la gente cree que al otro le va bien y que él es el que no sale a flote, que él es el fracasado entonces se deprime baja su  autoestima y cunde la violencia. Si supiera como ha sido la persecución y la venganza de los partidarios de la dictadura y del Imperio. La película LA VIDA DE LOS OTROS que trata de la policía política en la Alemania Comunista queda chica al lado de la realidad que nos toca vivir a nosotros y que pocos conocen. En cuanto a la censura colocan a Chile como ejemplo de Democracia, pero tenemos un duopolio que dice las mismas cosas y del mismo modo. Esta es la dictadura de las trasnacionales que compran conciencias y medios de prensa. Ocurre tal como lo denuncia en su libro la periodista australina Naomí Klein y que no es casualidad que se le conozca poco en Chile.

Me he querido dirigir a Ud. Pastor porque en realidad corro peligro, y aunque estoy acostumbrado a ello, la dictadura nos familiarizó con el miedo y le perdimos el respeto.

Pero quería decirle que con sus actuaciones le ha devuelto la esperanza a millones de chilenos que como decía el Padre Hurtado son los Cristos de Hoy explotados por los que adoran el becerro de oro, y porque he escrito varios artículos refiriéndome a Ud. Ayer fue el día anterior al día del Joven Combatiente y me encargué de dar a conocer por los medios a mi alcance lo que Ud dijo sobre la Familia Toledo en la Radio Bio Bio y que ningún otro medio reprodujo, creo que se debe a Ud el que ayer no hubieran  muertos. Patricia Troncoso también le debe mucho. Mientras algunos la llaman terrorista, Ud la acompañó cristianamente y dijo la Verdad, que somos un país racista y clasista. En Centroamérica conocí la vida y muerte de Monseñor Romero, el Santo de Latinoamérica y yo humildemente repito sus palabras: si me matan resucitaré en el pueblo chileno. Y como sabemos hay muchas formas que tienen para eliminar a alguien, desde la bala hasta la enfermedad extraña o el accidente.

Quiero abusar de Ud y hacerle llegar mis libros donde podrá ver la posición de un subversivo que ha usado como arma su poesía y que ha tratado de seguir a Cristo sabiéndome pecador pero que El Señor vino a buscarnos a nosotros, a los que necesitamos médico y no a los sanos y fariseos.

Padre Obispo me despido pidiéndole que ruegue por mí para que sepa aceptar la voluntad del Señor. Sea ésta concederme  más días de vida para escribir poesía o sea la de compartir la cruz de tantos mártires de Latinoamérica.

Rece por mí, creo en la fuerza de la oración porque lo viví con monseñor Alvear al que

le dediqué un libro y también me enseñó a orar  mi guía espiritual el padre Arnoldo y porque Cristo se retiraba frecuentemente a orar buscando la fortaleza del Padre. En nombre de tantos que ven como hace Ud realidad las palabras de Cristo que dicen que Ël es el Camino, la Verdad  y la Vida. Me despido en la paz del Señor.

Osvaldo Ulloa Sánchez

www.elpoetaulloa.blogspot.com

oulloas@hotmail.com

  29/3/2007

Etiquetas: Igesia`, Dictadura, Resistencia, Vicaría, de, la, Solidaridad

Lanacion.cl 

Sábado 22 de marzo de 2008   

Por Jorge Escalante

El dictamen de la jueza Ema Díaz Yévenes, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, condenando duramente a 24 oficiales y suboficiales de Carabineros por 31 víctimas de Osorno en 1973, deberá ser ahora revisada por esa corte y por la Sala Penal de la Corte Suprema, que se ha destacado por rebajar sustancialmente condenas o absolver a los criminales de la dictadura.

Las duras condenas dictadas en una sentencia de primera instancia por la ministra de la Corte de Valdivia, Ema Díaz Yévenes, en contra de 24 oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro por los crímenes de 31 víctimas de Osorno y alrededores, esperan ahora las resoluciones de las cortes de Valdivia y Suprema. 

A ellas necesariamente llegarán las penas de presidio perpetuo, y a 20, 15 años y otras menores aplicadas por la magistrada a un general, un coronel, un teniente coronel y 21 suboficiales de Carabineros, que actuaron con extrema crueldad y alevosía las primeras semanas después del golpe militar de 1973 en contra de víctimas indefensas. Todos campesinos, dirigentes sociales y políticos y autoridades locales de Osorno, La Unión, Entrelagos y otros lugares de la provincia.

Se trató de la sentencia más numerosa en cuanto a condenados y víctimas y magnitud de penas, dictada en la historia de los juicios que se instruyen en el país por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Pero la preocupación de abogados querellantes y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, así como de los familiares de las víctimas y de los prisioneros sobrevivientes, está puesta en la Sala Penal de la Corte Suprema.

Esa será la que, en última instancia, deberá revisar lo obrado por la jueza Díaz cuando vea la causa fallada por la vía de la casación que con seguridad interpondrán los abogados de las defensas de los condenados.

La inquietud tiene su fundamento en que esa sala, y especialmente los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, el primero integrante de los Consejos de Guerra realizados en Osorno en contra de los detenidos políticos en los días posteriores a la asonada militar, se han destacado en el último año y medio por rebajar sustancialmente las condenas dictadas en contra de ex agentes de la represión.

Ello, bajo la premisa confesada en privado por un integrante de esa sala, en el sentido de que “rebajamos las penas para equilibrar las cosas, y no absolvemos derechamente para que no se nos acuse mañana de que no hicimos justicia”.

Es el caso del oficial (R) de Carabineros de Osorno Hans Schernberger, absuelto de una pena de diez años, y quien integró junto a Ballesteros los irregulares Consejos de Guerra de Osorno, lo que al ministro de la Suprema le valió una acusación de familiares de desaparecidos y ejecutados ante el pleno del Máximo Tribunal.

¿Cuántas de estas penas aplicadas por la ministra Díaz se mantendrán en la Corte de Valdivia y en la Corte Suprema? La duda se mantendrá hasta cuando sendas cortes revisen lo obrado por la jueza Ema Díaz en la sentencia más contundente dictada entre todos los procesos abiertos en Chile por delitos de lesa humanidad.

Agresiones a familiares

La investigación realizada por la magistrada Díaz es considerada como una de las más completas, informadas y documentadas, similar a las que realiza el ministro Víctor Montiglio en Santiago.

Montiglio debe resolver en los próximos días el destino procesal del recientemente llamado a retiro general (R) Gonzalo Santelices y el teniente (R) Pablo Martínez Latorre, así como de otros oficiales (R) de Ejército que se han ido sumando al episodio de Antofagasta de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, en el cual se asesinó a 14 prisioneros.

La sentencia de la jueza Díaz consta de más de 200 páginas y en ella relata con detalle los hechos acontecidos con relación a las 31 víctimas de las que dio cuenta su investigación.

Se trató además del dictamen más duro que afectó a la policía uniformada en la historia de estos procesos, similar o incluso mayor que aquella por la que se condenó a los autores del degollamiento de tres dirigentes comunistas en marzo de 1985, en la que también se dictaron penas de presidio perpetuo.

En el caso de la provincia de Osorno, los oficiales (R) condenados fueron el coronel Adrián Fernández Hernández, a presidio perpetuo, el general Hernán Rodríguez Guerrero, a 15 años de presidio, y el teniente coronel Antonio Baros Muñoz también a 15 años de cárcel.

Los suboficiales Rolando Becker Solís, Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz, Raúl Enrique Zapata y Jorge Obando Rodríguez, sufrieron las penas de 20 años de presidio.

Según informaron familiares de las víctimas, en los últimos días algunos de los sentenciados los han insultado y agredido en las calles de Osorno, acusándolos de que ahora tendrán que ir a la cárcel.

Eso, si la Corte de Valdivia y especialmente la Sala Penal de la Corte Suprema no los absuelve o rebaja sustancialmente las condenas, concediéndoles el beneficio de cumplir una pena inferior a cinco años y un día en libertad por el recurrido expediente que han aplicado en otros casos: “por tener el sentenciado irreprochable conducta anterior”.

Publicado por Manuel Guerrero

CON MEMORIA Y ALEGRÍA ADELANTE POR LA VIDA

SÁBADO 29 DE MARZO 2008

JORNADA ARTÍSTICO CULTURAL PARA TODA LA FAMILIA

EN RECUERDO DE PARADA, GUERRERO Y NATTINO

INVITA: CIUDAD ELEFANTE

Los elefantes tienen una memoria prodigiosa, pueden memorizar centenares de sonidos y olores entre ellos y de manera muy especial, los de su tribu. También pueden reconstruir mentalmente un mapa de los lugares visitados y de las distancias recorridas por su familia. Los elefantes no olvidan a los suyos e incluso hay estudios que demuestran que llevan luto por los ausentes. Pero se dice también que no sólo son capaces de almacenar recuerdos, si no que también de resignificarlos permanentemente.

Estos elefantes no quieren que la vorágine de la ciudad les prive del recuerdo. Buscan retransmitir su memoria, dar continuidad a su relato, para que este lugar siga enunciando el recuerdo como un regalo a las nuevas generaciones, para convocar a la vida, la verdad y la justicia.

Estas ideas fueron las que nos motivaron hace un año a convocar masivamente a recordar la vida, el secuestro y posterior asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurrido el 29 de marzo de 1985, en el ex frontis del Colegio Latinoamericano de Integración, en una jornada cultural de seis horas de duración en El Vergel con Los Leones, en la comuna de Providencia, al que asistieron mil personas -niños, jóvenes, adultos y gente mayor- amenizados por diversos artistas invitados, stands, bibliobus y actividades recreativas. La consigna, "Con Memoria y alegría, adelante por la vida" resumía el espíritu de aquel evento. La invitación era a conmemorar, desde el presente, los proyectos de una generación que luchó por la democracia y una sociedad más justa y amable, para compartirlo con los más jóvenes y con quienes portan la memoria y desean abrirla a los demás en un acto de amor y creatividad sin exclusiones. Una mirada al pasado para construir el futuro.

Este año queremos repetir y ampliar la experiencia. Queremos llevar la memoria al corazón de la ciudad y la ciudad al corazón de la memoria. La invitación es a ser parte de una jornada artística el día sábado 29 de marzo desde las 11 a las 21 horas, en tres lugares de Santiago.

• MEMORIAL "LAS 3 SILLAS"

En primer lugar nos sumaremos al acto que todos los años organiza el Colegio de Profesores. Esta actividad comienza a las 11 horas en el Km. 18 de la Av. Américo Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional de Santiago, lugar donde fueron encontrados los cuerpos maltratados de Guerrero, Parada y Nattino hace 23 años.

Inicio de caravana por la vida hacia Plaza Brasil. (Habrá MicroMemorias para el traslado)

• PLAZA BRASIL

La memoria en el corazón de la ciudad: Llevaremos el recuerdo al centro de Santiago, para llenar la memoria de nuevas miradas. Acto artístico- cultural, reunirá música, literatura y actividades para niños. Se llevará a cabo en Plaza Brasil en la Comuna de Santiago Centro a partir de las 13 y hasta las 17 horas.

Luego nos trasladamos en MicroMemorias al ex frontis del Colegio Latinoamericano de Integración.

• EX FRONTIS COLEGIO LATINOAMERICANO (Los Leones con El Vergel)

En el corazón de la memoria: Acto artístico cultural en El Vergel con Av. Los Leones desde las 18:00 horas. En este lugar, donde fueron secuestrados los Manueles presentaremos el proyecto de memorial en su homenaje, y la propuesta de declaratoria de sitio histórico de la esquina donde se les vio vivos por última vez.

El día terminará con una velatón por la memoria, aproximadamente a las 20 horas.

Esta actividad pretende llevar a la ciudadanía toda, muy especialmente a las nuevas generaciones, el recuerdo de la injusticia, pero también del aporte de seres humanos que entregaron todo por un mundo mejor. En este homenaje cabemos todos y todas, y lo haremos no desde la tristeza de la pérdida, sino desde la inspiración que nos genera el recuerdo de los Manueles y don Santiago para continuar, con esperanza, alegría y creatividad, dando ahora nuestro aporte por una sociedad más justa, equitativa y feliz. Solo así creemos que la vida le habrá ganado al exterminio.

LOS ESPERAMOS A TODAS/TODOS

CIUDADELEFANTE

PARTICIPAN Y ADHIEREN:

Movimiento Nueva Izquierda - http://www.nuevaizquierda.cl/

Cultura en Movimiento - http://www.culturaenmovimiento.cl/

PATROCINA Y TRANSMITE EN DIRECTO:

Radio Tierra - 1300AM - http://www.radiotierra.cl/

Si quieres contactarte con nosotros, escríbenos a ciudadelefante@gmail.com

O navega en http://ciudadelefante.blogspot.com

 Por  Jorge Escalante / La Nación Domingo 

LA HISTORIA SECRETA DEL CAMPO DE EXTERMINIO DE 1973

En dicho cuartel operaron al menos dos compañías de fusileros, cada una al mando de un jefe con grado de capitán. De allí salieron los oficiales, suboficiales y conscriptos que torturaron y despedazaron a tiros a decenas de aldeanos de Paine.

  Cuando el 2 de octubre de 1973 el capitán Luis Cortés Villa ordenó a Juan Quintanilla que preparara el camión y lo llevara al Cerro Chena, para ponerse a disposición del subteniente Andrés Magaña, la suerte de los 15 campesinos ya estaba echada.

En la Escuela de Infantería, en San Bernardo, habían resuelto asesinarlos la madrugada siguiente en la Cuesta Chada. Fue el aniquilamiento masivo que antecedió a los 22 ejecutados de la quebrada de Los Quillayes, en Rapel, dos semanas después. El capitán Cortés advirtió a Quintanilla que no podía fallar, porque ahora la mano estaba dura.

El conductor, que también manejó después hacia Rapel, era un civil, del Sindicato de Dueños de Camiones, muy activo en el paro de camioneros contra el Gobierno de Allende. Después del golpe militar se disfrazó de oficial "para cumplir con las reglas", como justifican algunos de los asesinos en sus declaraciones en el proceso por el caso Paine, a cargo del juez Héctor Solís.

En Cerro Chena, cerca de la Escuela de Infantería, operó el cuartel Dos de dicha unidad militar. Después del golpe militar, este cuartel se convirtió en un campo clandestino de prisioneros que poco tenía que envidiarle a los de la DINA. Se le conoció como el campo de Cerro Chena, hasta hoy poco percibido públicamente como área de represión.

Pero el horror reinó allí casi al mismo nivel que en la Escuela de Artillería de Linares, aunque tal vez algo menos que en el temible cuartel Simón Bolívar, donde el Grupo Delfín de la Brigada Lautaro eliminó cruel y salvajemente a la dirigencia comunista encubierta.

Según la información que hasta ahora ha sido recopilada en la investigación judicial del proceso Paine, fue del cuartel Cerro Chena del que salieron los oficiales, suboficiales y conscriptos que torturaron y despedazaron a tiros a decenas de aldeanos de Paine y sus alrededores.

Allí operaron al menos dos compañías de fusileros, cada una al mando de un oficial con grado de capitán. Una de ellas, a cargo del capitán Jorge Romero Campos, con sus distintas secciones, tres o cuatro por compañía, las que eran comandadas por oficiales con grado de teniente o subteniente.

Setenta fueron las víctimas de esa localidad rural; los cuerpos de 29 de ellas fueron recuperados, pero hay otros 41 que continúan desaparecidos. Fue, proporcionalmente, la masacre más grande del país en relación a la cantidad de habitantes del lugar.

Todos niegan

Como se sostiene expresamente en algunos autos de procesamiento dictados por los magistrados que han tenido la indagatoria en sus manos el último es el juez Solís , hasta hoy el Ejército no admite que Cerro Chena fue un campo de prisioneros, ni menos las atrocidades que allí sucedieron.

Tampoco lo reconocen los, al menos, 25 oficiales que en septiembre y octubre de 1973 eran subtenientes y servían en la Escuela de Infantería, y, alternadamente, también en Cerro Chena.

Así se constata al conocer las declaraciones judiciales formuladas en la búsqueda de los dos subtenientes "fantasmas", que varios reconocen pero que ninguno de ellos nombra, que tomaron parte en la matanza masiva del 16 de octubre de 1973 y, probablemente, también en el crimen de Cuesta Chada, ambos operativos liderados por el joven subteniente Andrés Magaña. Todos los oficiales admiten que estuvieron en Cerro Chena y, sin embargo, dicen haberse enterado "por la prensa" que ese fue un campo de prisioneros y que allí se violaron los derechos humanos. Casi todos afirman que allí sólo cumplieron "entrenamiento e instrucción militar".

Al revisar los relatos que estos antiguos tenientes y subtenientes hicieron en el proceso, incluidos aquellos de los cuatro que hoy son generales en activo, todos ellos niegan haber tenido conocimiento de los sucesos ocurridos en Cerro Chena. Sin embargo, al menos uno fue efectivamente parte de una de las secciones de las dos compañías de fusileros que allí operaron, lo que, en caso de avanzar el proceso, podría convertirse en otro dolor de cabeza para el Ejército, similar al que terminó con la salida del general Gonzalo Santelices.

CAMINO a la muerte

Pero fue el propio subteniente Magaña el que, tras sus últimos mea culpa y el reconocimiento de sus mentiras en la investigación judicial, destapó sin medias tintas la función de Cerro Chena como campo de detenidos.

Quien tampoco ocultó la siniestra función del cuartel fue el subdirector de la Escuela de Infantería, el entonces teniente coronel Pedro Montalva Calvo, quien, en 1979, declaró al juez Humberto Espejo que "los detenidos que eran internados en el campo de Cerro Chena se hacían por orden del coronel Leonel K nig Altermann, director de la Escuela de Infantería de San Bernardo".

Ahora se conoce que desde Cerro Chena salió Magaña para matar en Cuesta Chada y Rapel. Desde allí partió el camión de Juan Quintanilla, el civil disfrazado de oficial que requirió por Cortés Villa. Y desde ese lugar salieron los 20 a 30 subalternos que acompañaron a Magaña en ambas misiones. "Fueron los mismos cada vez, porque ya teníamos experiencia", sostiene el subteniente en el proceso.

Incluso A. G. B., un conscripto adolescente que en 1973 estaba adscrito a Cerro Chena y que integró una de las secciones de fusileros, recuerda la visita de inspección que hicieron al lugar el "Lobo" Sergio Arellano Stark y el segundo de la DINA, Pedro Espinoza Bravo. En el proceso, el joven relata que cuando ellos estuvieron se "intensificaron los interrogatorios y torturas". Dato importante, pues cerca de la mitad de las víctimas de Paine encontró la muerte en el fatídico campo de Cerro Chena. LND

El Gobierno señaló este miércoles que corresponde al comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, definir la continuidad o marginación del general Gonzalo Santelices de la institución, quien figura como uno de los involucrados en el caso Caravana de la Muerte.

Así lo expresó el vocero de La Moneda en calidad de ministro de Defensa (s), Francisco Vidal, quien sin dar detalles de la conversación telefónica que tuvo con Izurieta, señaló que le manifestó la opinión del Ejecutivo respecto de esta situación.

"Hemos cumplido con comunicar la opinión del Gobierno pero las decisiones las debe tomar el general Izurieta", sentenció el secretario de Estado, accediendo a la petición de organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos que sostienen que el oficial debe ser removido del cargo que actualmente ejerce como jefe de la Guarnición Militar de Santiago.

Según indicó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, tras reunirse con Vidal en La Moneda, "le hemos señalado (al secretario de Estado) nuestra indignación y molestia por la permanencia en el alto mando hoy día del Ejército, pero (también) en distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de agentes genocidas de la dictadura militar que nunca dibieron haber llegado a esta responsabilidad".

Agregó que "jamás un gobierno y un Estado que se dice comprometido con los derechos humanos permite tanta impunidad. Nos parece vergonsozo que el señor Santelices toda´vía siga ocupando su responsabilidad y no sea degradado por deshonrar a las Fuerzas Armadas".

Con forme a la investigación judicial que sustenta el juez, Víctor Montiglio, y a los antecedentes que posee el abogado querellante en el caso, Hugo Gutiérrez, Santelices está implicado el en caso denominado "Caravana de la Muerte" y su participación en los hechos, conforme él mismo reconoció, es haber sacado a los 14 prisioneros políticos desde la cárcel de Antofagasta la noche del 18 de octubre de 1973 y llevarlos en camiones hasta la Quebrada del Way, donde fueron asesinados.

Cabe precisar que no obstante, el oficial aún no ha sido procesado como coautor del hecho, como pide el abogado Gutiérrez.

Domingo 13 de enero de 2008  

 EFE 

 "Operación Cóndor": confirman cacería de chilenos en Brasil

Documentos demuestran que servicio secreto pidió captura de exiliados chilenos Adriana Leticia Padín Villegas, Fernando Garrido Manzol y Oscar Mateluna Peña. 

Dos documentos del servicio secreto de la dictadura brasileña (1964- 1985) revelan que Brasil persiguió exiliados chilenos y argentinos en la llamada"Operación Cóndor", aplicada por los gobiernos militares en el Cono Sur, informa hoy la prensa.

El diario Folha de Sao Paulo tuvo acceso a los dos documentos enviados, uno en 1976 y otro en 1977, por el Servicio Nacional de Información (SNI) al Departamento del Orden Político y Social (DOPS), ambos organismos de la dictadura.

En esa época el director del SNI era el general Joao Baptista Figueiredo, a la postre el último dictador brasileño (1979- 1985). Su nombre ya había sido citado como el responsable de la "Operación Cóndor" en Brasil por el periodista estadounidense John Dinges, en el libro "Los años del Cóndor".

Uno de los ex ministros de Figueiredo, Jarbas Passarinho, admitió en una reciente entrevista con el diario de mayor circulación del país que Brasil, "efectivamente, participó de la operación".

La historiadora María Aparecida de Aquino, especialista en los archivos del DOPS en Sao Paulo, resaltó la importancia de los dos documentos, donde el SNI pide la captura de chilenos y argentinos.

"Ellos ayudan a reconstituir la posible participación de Brasil en ese caso. Por medio de textos como esos se pueden descubrir más detalles y hacer preguntas que antes no se hacían", apuntó la profesora de la pública Universidad de Sao Paulo (USP).

Uno de los documentos pide informaciones sobre los chilenos Adriana Leticia Padín Villegas, Fernando Garrido Manzol y Oscar Mateluna Peña, la primera abogada y los otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El otro documento con el rótulo de "confidencial", sin nombres y fechado el 27 de diciembre de 1977, pide investigar a "todos los argentinos sospechosos de nexos con movimientos subversivos".

Tres años después, los argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, ambos con nacionalidad italiana y considerados miembros del grupo revolucionario "Montoneros", desaparecen en Brasil.

Esas y otras 23 desapariciones de italianos, llevó a que la jueza de Roma Luisianna Figliolia expidiera 140 órdenes de detención de ciudadanos latinoamericanos, entre ellos.

Jueves 27 de diciembre de 2007  

El escritor brasileño Carlos Heitor Cony relacionó ayer la muerte del Presidente Juscelino Kubitschek con el Plan Cóndor y afirmó que el pedido de captura de represores brasileños ordenado por Italia puede ayudar, indirectamente, a revelar lo que ocurrió.

Cony, autor de un libro sobre el accidente de tránsito que mató a Kubitschek, en agosto de 1976, recordó que el nombre del Mandatario brasileño es mencionado en una carta enviada por la dictadura de Chile al general Joao Baptista Figueiredo, jefe de los servicios de inteligencia de Brasil en 1975.

En su libro "El beso de la muerte", Cony sostiene que las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de Kubitschek que fue embestido de frente cuando viajaba hacia Rio de Janeiro- dan lugar a sospechar que hubo una conspiración.

En la carta de 1975, que estaba firmada por el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, se citan los nombres de Juscelino Kubitschek y Orlando Letelier, ex canciller durante el Gobierno de Salvador Allende.

Cony -quien también sufrió persecución durante el Gobierno militar- dijo ayer que "en agosto (1976) murió Juscelino (Kubitschek) y en septiembre, Letelier, en Washington", para luego agregar que "hay cosas que debieran ser investigadas".

La carta en cuestión es del 28 de agosto de 1975 y en ella Contreras le dice a Figueiredo: "Comparto su preocupación por el posible triunfo del Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos". "También tenemos conocimiento del reiterado apoyo de los demócratas a Kubichek (escrito así erróneamente) y Letelier, lo que en el futuro puede influenciar seriamente en la estabilidad de la región", agregaba Contreras en la misiva.

El escritor afirmó además que el pedido de la justicia italiana de 13 represores brasileños es un hecho que puede favorecer el debate de lo ocurrido en Brasil durante el período militar.

Las declaraciones de Heitor Cony se producen a dos días que la jueza italiana de investigaciones preliminares, Luisanna Figliola, emitiera 140 órdenes de arresto en el marco de una investigación sobre las víctimas de origen italiano causadas por el Plan Cóndor.

Salvo Néstor Jorge Fernández Troccoli, el ex agente de los servicios de inteligencia de la Armada de su país (Fusna), que fue detenido el mismo lunes 24 en la ciudad de Salerno, al sur de Italia, los otros 139 ex represores de la lista se encuentran en Sudamérica.

Por dicho motivo, en los próximos días la magistratura italiana pedirá al Ministerio de Justicia que ponga en marcha las prácticas para la búsqueda de los indagados a fin de solicitar su extradición a Italia.

Por otra parte, Cony descartó la posibilidad que en Brasil haya puniciones contra los responsables de violaciones a los derechos humanos, pues "esos delitos ya han prescrito", apuntó, aunque destacó que es importante que se investigue qué ocurrió en Brasil.

Restos de primera detenida desaparecida identificada llegan a Chile el próximo viernes

Cristina Carreño es la primera víctima chilena en la denominada Operación Cóndor.

El viernes 28 de diciembre serán repatriados desde Argentina, lo restos de la dirigente de las Juventudes Comunistas, Cristina Carreño, la primera víctima chilena en la denominada Operación Cóndor, y cuyas osamentas fueron identificadas recién este año.

La disidente al régimen militar de Augusto Pinochet fue arrestada en Buenos Aires en 1978, en el marco de este plan de inteligencia de las dictaduras imperantes en ese entonces en el cono sur, y para neutralizar a los grupos de izquierda.

Los restos de la dirigente de la JJ.CC. fueron encontrados en 2005, en las costas de La Plata y recién el año pasado, hubo plena certeza de que el cadáver correspondía al de Cristina Carreño, lo que hizo acelerar su traslado a Chile luego de casi 30 años de búsqueda por parte de sus familiares.

Sobre este caso, y fustigando el accionar del Gobierno en esta materia, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó que "en este país ha habido nula voluntad política para enfrentar el tema y la pronta llegada de Cristina será una bofetada en el rostro al Gobierno y a las autoridades".

A renglón seguido, recordó fallidas instancias como la Mesa de Diálogo promovida por La Moneda y los errores del Servicio Médico Legal (SML) en torno a la individualización de restos de detenidos desaparecidos exhumados en el Patio 29 del Cementerio General.

Por su parte y complementando las afirmaciones de Pizarro, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, añadió que "esperemos que esta aparición, que fue un gran campanazo para el Estado argentino, lo sea también para nuestro país", recalcando que "la llegada de Cristina Carreño es un símbolo de significación muy grande y marca fuerte y completamente a nuestro partido".

CRISTINA CARREÑO

Cristina Carreño, dirigente de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), murió a los 33 años  luego de haber sido detenida en Buenos Aires en el marco de la `Operación Cóndor`, plan de carácter políticomilitar conformado entre los diversos regímenes autoritarios latinoamericanos.

Agradeciendo a la EAAF las gestiones para identificar el cadáver encontrado como el de su hermana, Dora Carreño, aseguró que "todavía falta lo más importante que es la justicia, sin eso no hay ni habrá reparación, sin embargo es importante lograr algo de paz luego de años de angustia".

Siempre aludiendo al concepto de justicia, Lorena Pizarro aseveró que "nuestra agrupación siempre ha sido de una línea y la actividad que tenemos planificada para recibir los restos de Cristina también es una convocatoria para decir claramente que no queremos más impunidad", recordando que en Chile todavía quedan 78 cuerpos de mujeres en que no existe claridad sobre su paradero.

Más explícito aún, Lautaro Carmona dijo que "esta llegada es un símbolo para todos quienes dan pelea por ideales justos y la aparición de Cristina habla por sí sola respecto a cuánta razón hemos tenido con nuestra lucha a lo largo de los años", remarcando que la fallecida militante de su colectividad "fue víctima de una verdadera operación terrorista denominada Operación Cóndor".
UPI

Jueves 20 de diciembre de 2007   

Por Jorge Escalante / La Nación 

Condenados militares autores del crimen de sus padres que se disfrazó de "suicidio"

Corte de Santiago sentenció a diez años a los autores materiales de los asesinatos en 1973 en la IV Región. El entonces teniente Juan Emilio Cheyre entregó a las monjas al hijo de dos años que sobrevivió, con la versión falsa del suicidio de sus padres.

Foto: Ernesto Ledjerman Ávalos, junto a sus padres ajusticiados en 1973.

Ernesto quedó sólo en la mina abandonada en la Quebrada de Gualliguaica, en el valle del Elqui, cerca de la frontera con Argentina. Tenía dos años de edad, y vio morir a sus padres acribillados por los militares del regimiento Arica, de La Serena, el 8 de diciembre de 1973.

No sabe cómo, pero horas después fue entregado al convento de las religiosas de La Providencia, en La Serena, para que se encargaran del huérfano. Llegó en los brazos del teniente Juan Emilio Cheyre.

El destino sentenció que 30 años después, el portador del infante fuera ungido comandante en jefe del Ejército. La falsa versión oficial que también se entregó a las religiosas, fue que los padres de Ernesto "se suicidaron dinamitándose".

Pero el niño del convento creció y hoy, a los 37 años, Ernesto Ledjerman Ávalos, ciudadano argentino residente en Buenos Aires, e incansable buscador de justicia para el crimen de sus padres, se convirtió en el querellante que a partir de ayer dormirá más tranquilo, acompañado por la sensación de que se reparó en parte el daño causado.

Ayer, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la pena de diez años y un día a los autores materiales de los homicidios calificados del ciudadano argentino Bernardo Ledjerman Konujowska, y la mexicana María Ávalos Castañeda, los padres de Ernesto. Estos son el brigadier (R) que no llegó de ascender a general, Fernando Polanco Gallardo, y los suboficiales (R) Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola.

NUNCA CONTARON LA VERDAD

El ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y el entonces comandante del regimiento Arica, de La Serena, coronel Ariosto Lapostol, del cual Cheyre era su ayudante, no resultaron condenados pues el tribunal consideró que no tuvieron participación en el delito. Sin embargo, ninguno de ellos reveló nunca a la justicia la verdad de cómo murieron los padres de Ernesto, alegando desconocerla.

En calificación de la parte querellante, con su dictamen la sala reparó así "la tremenda injusticia" cometida por el juez Joaquín Billard redactor de la sentencia de primera instancia y último instructor de la causa, que absolvió a los autores del crimen considerando que el delito se encontraba prescrito por el transcurso del tiempo.

Desde hace tiempo Billard es criticado por abogados querellantes y organismos de derechos humanos porque -a su juicio- "no investiga y exculpa a los autores de crímenes de lesa humanidad".

"Estamos muy contentos por esta sentencia", declaró Ernesto Ledjerman a La Nación desde la capital argentina, representado en Santiago por el abogado Héctor Salazar.

Recordó con emoción que, además de la pérdida de sus padres cuando recién se asomaba al borde de la vida, luego de abandonar el convento entregado a las autoridades argentinas, "debí trabajar duro desde los once años porque mis abuelos con los que viví en Argentina recibían una pensión muy baja, Pero luché y me hice técnico electrónico, a pesar de todas las privaciones que enfrenté".

La Novena Sala condenó además al fisco a pagar 300 millones de pesos a Ernesto Ledjerman, como acción reparatoria material por el daño moral y síquico ocasionado.

En opinión de Ernesto, la sala dictó también justicia "porque de manera incomprensible, el Consejo de Defensa del Estado chileno se opuso a esta reparación, aduciendo algo increíble: que la acción civil reparatoria prescribe a los cuatro años, lo que quiere decir que yo, el único hijo, debí interponer esa demanda cuando tenía seis años, y cuando en Chile se vivía el tiempo más duro de la represión".

Ahora las condenas pasarán el filtro de la Sala Penal de la Corte Suprema, que sistemáticamente viene rebajando las penas a los violadores de derechos humanos.

www.elmostrador.cl

17 de Diciembre de 2007

Ministro recibe identidad de agente que habría envenenado a Frei Montalva

por  Jorge Molina Sanhueza

''Bernardo'' es la chapa operativa que usó el sindicado como el responsable de la muerte del ex mandatario, según declaró Eugenio Ortega al juez Alejandro Madrid. Magistrado también reconstruyó reunión del director de Gendarmería en 1981 con dos presuntos agentes de inteligencia, semanas previas al envenenamiento en la ex cárcel pública.

Eugenio Ortega, esposo de la ex senadora e hija del fallecido mandatario Carmen Frei, solicitó audiencia al ministro en visita Alejandro Madrid hace algunos meses.

Su idea era entregar una importante información: una conversación secreta que sostuvo con el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien se encuentra condenado a presidio perpetuo por el crimen del líder sindicar Tucapel Jiménez.

Según pudo averiguar El Mostrador.cl, el ex oficial le reveló a Ortega el nombre y la “chapa” del militar que habría envenenado al Presidente en enero de 1982 en la Clínica Alemana.

Se trata de un agente cuya identidad operativa en 1982 era “Bernardo”. Si bien este diario la conoce, se la reserva para no entorpecer las diligencias de Madrid.

Este medio intentó obtener una versión del abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, quien declinó hacer comentarios al respecto.

Otra vez un muerto

La investigación sobre la muerte de Frei es una de varias que tramita el magistrado como parte de un megaproceso, con hechos vinculados entre sí: el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, el del ex agente del mismo organismo Manuel Jesús Leyton y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Sin embargo, existe otra arista en manos del magistrado: el envenenamiento de reos en la ex cárcel pública en diciembre de 1981, del que sobrevivieron los entonces militantes del MIR Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales (“El Ronco”) y Adalberto Muñoz Jara.

En esta arista, Madrid ha logrado importantes avances en el último tiempo, al punto de establecer quiénes eran los funcionarios de Gendarmería que mantenían relaciones con la inteligencia militar de la época y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Se trata de Jaime Arenas Valderrama, un ex funcionario de servicio de prisiones, que junto a Jorge Sepúlveda, Orlando Manzo y el mayor Sergio Raúl Sierra Contador. Todos se relacionaban con el mayor de la CNI Joaquín Molina (quien murió a fines de los 80 acribillado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda).

Las sospechas del magistrado son concretas. En su declaración, Arenas Valderrama asegura que en los 80 se contactaba regularmente con Berríos en la panadería San Pancracio, que regentaba junto a su tía en la calle Carmen, precisamente al frente de la Escuela de Gendarmería.

Más aún, le explicó al magistrado que tenía perfecto conocimiento de la existencia del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército que funcionó en la misma calle Carmen, en el 339, sede actual del Archivo Judicial, y que en dicho lugar se producían venenos para eliminar opositores al régimen militar.

Reunión misteriosa

Madrid tiene acreditado que los militantes del MIR que sobrevivieron al envenenamiento con toxina botulínica se contaminaron al consumir alimentos. Por esta razón, ha revisado el sumario administrativo que hizo Gendarmería en su oportunidad, como el proceso que llevó adelante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago.

A partir de estos antecedentes, estableció que un funcionario de Gendarmería estaba a cargo de una oficina donde llegaba la comida que los familiares de los presos traían durante la semana, y que un reo era el responsable de repartir las viandas.

Hasta ese punto, son sólo sospechas de que la toxina, que se habría sido convertida en polvo en el LBGB del Ejército, pudo haber sido introducida a los alimentos.

Pero el ex gendarme Valderrama le entregó una pista a Madrid. Se trata de una reunión realizada en la oficina del entonces director Sergio Rojas Bruger, sólo días antes de que los miristas fueran envenenados.

Al encuentro concurrió también Valderrama y otros dos sujetos, quienes le plantearon modificar el sistema de alimentación en conservas al interior de la cárcel pública.

Fuentes allegadas al caso explicaron que estas dos personas serían agentes de inteligencia de la época. El ministro Madrid, se indicó, ya los tendría identificados.

El hombre con rostro

Lo averiguado por Madrid se condice con el testimonio prestado por el ex agente CNI Raúl Lillo Gutiérrez, perteneciente a la Brigada Político Sindical y que siguió durante varios años a Frei Montalva.

En una declaración, que consta a fojas 6.710 a 6.714 del tomo XIX del expediente, Lillo, ex miembro de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que sacó a Berríos de Chile, reveló a Madrid una conversación que mantuvo con el ex químico en Uruguay.

Según relató, Berríos le comentó que en diciembre de 1981 introdujo a la ex cárcel pública una toxina preparada por él al interior de unos tarros de conserva. “Él inoculó esa sustancia capaz de producir envenenamiento”, aseguró Lillo Gutiérrez.

13 de Diciembre de 2007

Recurso inaplicabilidad por nombramiento de jueces especiales

por  Jorge Molina Sanhueza

Ex oficial de Ejército Klaus Kosiel, encausado por torturas y desapariciones en Tejas Verdes, pidió a través de su abogado que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de las designaciones de jueces especiales, basándose en que una ley derogó esa facultad de los supremos en 2000.

Un escrito de 54 páginas ingresó este martes al Tribunal Constitucional el abogado Cristián Heerwagen, en representación del ex oficial del Ejército Klaus Kosiel, procesado por torturas y desapariciones en el caso de Tejas Verdes.

El escrito, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del auto acordado que dictó el Pleno de la Corte Suprema en que designó a los jueces especiales y ministros con dedicación exclusiva para resolver las causas por violaciones a los derechos humanos.

Básicamente la presentación está dirigida contra las resoluciones adoptadas por el ampliado de ministros en 2001, que distribuyó por primera vez los procesos que entonces tenía acumulado el jubilado

Dichos autoacordados fue modificado en 2004, fijando un plazo de seis meses para que los magistrados resolvieran los casos, cuestión que debió ser modificada en 2005.

Heerwagen se quejó sobre la dificultad que tuvo en el máximo tribunal para obtener la documentación que fundó su escrito al TC.

En el acto

La presentación alude a que la ley 19.665 de 9 de marzo de 2000 modificó el artículo 50 Nº2 del Código Orgánico de Tribunales (COT), en cuanto a las materias que podían conocer los ministros de fuero nombrados para indagar procesos de primera instancia.

Señala que en la antigua redacción permitía a los magistrados abocarse causas civiles, criminales y de simples delitos de quienes tuvieran fuero (Presidente de la República, parlamentarios, jefes de las Fuerzas Armadas, etc.) Sin embargo, el nuevo texto sólo los faculta para pesquisar materias civiles, argumenta.

En ese sentido, sostiene que las actuaciones serían nulas e inconstitucionales, ya que la ley sobre Efecto Retroactivo establece que las normas procesales rigen “in actum”. Para ello, cita los estudios que se realizaron en la comisión de Constitución del Senado respecto al fuero, en el marco de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal.

En todo caso, el libelo debe pasar primero por un trámite de admisibilidad antes que pueda ser analizado por los miembros de la instancia. Existe la posibilidad de que ni siquiera traspase esa valla o bien sea visto y se llegue al fondo de la argumentación.

Abogados de derechos humanos que fueron consultados por este diario -que prefirieron omitir su identidad, porque no conocían por completo el recurso- estimaron que la presentación no tiene posibilidades de ser ni siquiera admitida por el TC.

La acción constitucional de Heerwagen se suma a otras iniciativas de estrategia legal que están preparando otros ex militares, ya sean condenados o procesados en casos de derechos humanos.

Destaca, por ejemplo, la del ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Hugo Salas Wenzel -condenado a presidio perpetuo en el proceso conocido como la Operación Albania-, de generar una suerte de conciencia en los jueces de que muchas de las muertes del organismo represivo son obra del jefe operativo de ese servicio, Álvaro Corbalán.

Al mismo tiempo, en otros sectores de ex militares procesados, se planean iniciativas de carácter político, con el objeto de conseguir un perdonazo generalizado

* Hasta el 10 de diciembre, y como una estrategia más de lucha contra la invisibilización de la violencia de género, compartiremos con ustedes materiales relacionados con distintas expresiones de la violencia de género. Esperamos que sean de tu interés, y que nos ayudes a difundirlos, tomando esta lucha en tus manos. Esta es la entrega nro. 14 de 16.

 Enviado por Victor Ibañez prensaopal@yahoo.es

De los Carabineros que hicieron uso de sus armas y que dieron muerte a trabajador,no se sabe.

Por Corresponsal en la zona.

La noche del 3 de mayo pasado, en las afueras de la planta Horcones de la Celulosa Arauco y Constitución (Celco) en laRegión del Bío Bío. Una huelga de trabajadores forestales, era violentamente reprimida por la policía militarizada de Carabineros.

El inusual despliegue de fuerza y provocación por parte de la autoridad, instó a Rodrigo Cisternas a enfrentárseles, subiéndose a una maquinaria de trabajos pesados y arremetió en contra de los vehículos policiales que temerariamente hacían de las suyas con los huelguistas.

Los profesionales del orden, respondieron con sus armas de fuego reiteradamente, las que dieron muerte al trabajador en forma instantánea.

La Corte Marcial o Justicia militar, encargada de investigar los delitos de uniformados, designó al "Juez" Renato Nuño como ministro en visita, quien determinó tras siete meses de investigación, el cierre del sumario al "no descubrir responsables" por la muerte del trabajador.

La organización que agrupa a los trabajadores forestales (CTF, Confederación de Trabajadores Forestales), expresó su rechazo al saber que la "justicia militar" resolviera que la muerte del trabajador Rodrigo Cisternas, "no tiene responsables".

En un comunicado enviado a los medios, la CTF denuncia a la Fiscalía Militar y su actuar para con los uniformados implicados en delitos: "Esta resolución era previsible, por cuanto en Chile la Justicia está inclinada hacia ciertos sectores, que no son precisamente los trabajadores. Por ello era muy poco probable que un militar castigara a otro militar", agregando, "la resolución del Juez Nuño, otorga impunidad a los asesinos de nuestro compañero Cisternas, quien entregó su vida para salvar a sus compañeros que eran salvajemente agredidos por carabineros, y que de no mediar su heroica acción hubiera costado la vida de muchos más".

"No nos quedaremos de brazos cruzados ante esta injusticia y continuaremos luchando para llegar a la verdad en esta operación y que los culpables de este asesinato paguen por lo que hicieron.

Nuestros abogados estudiarán los pasos a seguir, y esperamos llegar a la Corte Marcial en la búsqueda de justicia", finaliza la nota.

Juan Miranda, dirigente de la empresa forestal Arauco, en una entrevista a la Radio Bio Bio, dijo: "que lamentaba que el Gobierno no mostrara en este caso la misma disposición que tuvo posteriormente tras el asesinato del carabinero Cristián Vera, donde la Presidenta Michelle Bachelet se dio tiempo de acompañar a su familia, mientras que se agilizaron las diligencias judiciales para la reconstitución de escena y dar con el paradero de los culpables.

Por el contrario, indicó, en este caso "los delincuentes están totalmente identificados, los que acribillaron a un compañero siguen ganando su sueldo y siguen vistiendo el uniforme; los que dieron la orden están plenamente identificados, sin embargo quedaron ocupando los mismos cargos para de alguna manera tapar y entorpecer lo que fue la investigación del ministro Nuño".

En un Plazo de 15 días podrá ser apelada por las "partes" la decisión del "Juez" Nuño.

La "Justicia militar", es una herencia de la dictadura de Pinochet y la "Derecha" chilena. Pese a la recomendación de la comunidad internacional, a los distintos gobiernos chilenos de eliminar esta practica de hacer "justicia", los uniformados chilenos son enjuiciados por sus actos, por una justicia en donde son jueces y parte.

www.lacoctelera.com/prensaopal

             OPAL Chile, Prensa para América Latina

 de Diciembre de 2007

La nueva unidad estará a cargo de José Cabión


Enfatizando una dura doctrina en defensa de los Derechos Humanos, el director Arturo Herrera deja atrás las divergencias con Rafael Castillo, uno de los íconos en investigaciones de este tipo.

“Cuando un miembro de la policía atenta contra el derecho de las personas, atenta contra el Estado Derecho". Con estas palabras, el director de Investigaciones, Arturo Herrera, se refirió a la recién estrenada Jefatura Nacional de Delitos contra DDHH.

Esta nueva unidad de la policía civil tendrá preocupación especial sobre casos de derechos humanos y dependerá administrativamente de la Subdirección Operativa, lo que implicará una inyección de recursos para indagar en estos procesos.

La creación de esta unidad se enmarca dentro de una política de reordenamiento en investigaciones y que significará que todos los detectives con conocimientos en materias de DDHH serán reubicados en este departamento, lo mismo ocurrirá con los miembros de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE).

La nueva repartición deberá mantener un permanente contacto con ministros, fiscales del Ministerio Público, jueces, organismos y agrupaciones de Derechos Humanos, con el objeto de colaborar en todo lo necesario para la resolución de estos casos.

Para Herrera, “las consecuencias del actual sistema de enjuiciamiento criminal implican un cambio no sólo de los procedimientos, sino que también de las formas de entender la justicia y la función policial en un escenario que se ha vuelto más complejo y dinámico”.

Para amoldarse a este “nuevo escenario”, Investigaciones dispuso que José Cabión fuera el director de este departamento, tal como lo adelantó El Mostrador.cl la semana pasada.

Cabión tiene un vasto recorrido en esta materia, investigando casos como Caravana de la Muerte, Colonia Dignidad transformándose en la mano derecha del ex juez Juan Guzmán.

Jueves 29 de noviembre de 2007   

Por Andrea Chaparro / La Nación 

Juez ordenó enviar restos al SML para que se comparen con muestras de banco de ADN

El ministro en visita Héctor Solís, a cargo del caso Paine, también pidió realizar peritajes a 311 evidencias culturales, luego que el equipo que trabajó con él encontrara trozos de tela, botones, fragmentos de vidrios ópticos, anillos y broches en el sector del Lago Rapel.

 Con el hallazgo de 295 piezas óseas acabó la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de Paine que encabezaba desde septiembre pasado el ministro en visita Héctor Solís en cercanías de la Quebrada de los Arrayanes, sector de Los Quillayes, en la zona del Lago Rapel.

Las diligencias terminaron el 26 de octubre y el juez ordenó de inmediato enviar estos restos al Servicio Médico Legal (SML) para que se comparen con las muestras guardadas en el banco de ADN.

Al respecto, el director del organismo forense, Patricio Bustos, sostuvo que "obviamente que encontrar osamentas que correspondan al tiempo en que hubo víctimas de la dictadura y que estén siendo buscados por ministros a cargo de distintas causas de derechos humanos es un tema muy importante".

Sobre el plazo en que habrá resultados concretos, expresó que "lo haremos en el menor tiempo posible, pero con la calidad técnica acreditada internacionalmente que esta situación amerita".

Añadió que el SML está capacitado para hacer el análisis que permitirá determinar la data de los restos y si efectivamente pertenecen o no a víctimas del régimen militar.

"Realizaremos todo el trabajo que podamos hacer en nuestro país y luego de ello se recurrirá a un laboratorio internacional", precisó Bustos.

El juez Solís pidió al organismo elaborar un preinforme con las conclusiones a las que lleguen tras estudiar las muestras.

Evidencia cultural

El equipo dirigido por el magistrado también consiguió 311 evidencias culturales como trozos de tela, botones, fragmentos de vidrios ópticos, anillos y broches. El juez ordenó periciar estos elementos.

A ellos, se agregan al menos 100 vainillas de fusil y revólver y otros 150 proyectiles percutados. Este material será analizado por el laboratorio de Carabineros de Chile.

Las pesquisas en el sector de Rapel las realizó un equipo compuesto por cerca de 20 personas pertenecientes al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y profesionales del SML.

Querellantes cautos

Pese a la gran cantidad de evidencia encontrada, los querellantes desde septiembre piden manejar la información con cautela, ya que en otras ocasiones ha habido problemas con la identificación de desaparecidos durante el régimen militar.

Los errores cometidos en la identificación de los restos en el caso Patio 29 han hecho que los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad tomen con calma este tipo de antecedentes. LN

Enviado por Angelica Palleras Norambuena angelicapalleras@yahoo.com 

A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos

 Un significativo grupo de Oficiales y Suboficiales no aceptan ningún tipo de conciliación o la negociación que el Estado está mañosamente ofreciendo a los involucrados en el proceso de la Fuerza Aérea caratulado  "Contra Bachelet y Otros - Rol 1973".

 Ya en el año 2001 los Oficiales y Suboficiales constitucionalistas que se opusieron a participar en el golpe militar recurrieron de revisión ante la Corte Suprema , haciendo uso de un recurso extraordinario de nulidad que permite modificar sentencias firmes y ejecutoriadas cuando surgen hechos nuevos que comprueban manifiestamente su carácter erróneo o la inocencia del condenado.

 Concretamente se pedía que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de 1980, en la Constitución política de 1925, convenios de Ginebra de 1949, Código de Justicia Militar, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código Orgánico de tribunales, Declarar : la Inexistencia Procesal de la causa de Justicia Militar en  Tiempo de Guerra, caratulado "Contra Bachelet y Otros" Rol 1-73, en razón de haber sido instruida sin  que se verificaren los presupuestos esenciales  de derecho para el ejercicio de la jurisdicción previstos en la Constitución y la ley.

 En subsidio se pedía se declarase la Nulidad de  Derecho Publico de dicho proceso, o un recurso de queja en  contra del Consejo de Guerra   pertinente.

Pues bien, la Corte Suprema ante la solicitud de revisión formulada y sin entrar  a conocer  a fondo el asunto, con fecha 2 de  Septiembre de 2002 resuelve que "la resolución impugnada corresponde a una sentencia condenatoria dictada por Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, materia que no ha sido entregada a la  competencia de esta Corte Suprema"

 Frente a  esta actitud cómoda y evasiva, los Oficiales y Suboficiales recurren a la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando el hecho, y enfatizando la  denegación de justicia de que han sido objeto en su país.

La CIDH  ha considerado  ADMISIBLE nuestro reclamo de justicia, a pesar de la incomprensible posición del Estado democrático de Chile.

 En efecto este Estado (Chile) respondió a la solicitud de la Comisión para que formulara  observaciones sobre la admisibilidad de  esta petición, solicitando que se declarara INADMISIBLE  la petición porque se refería a hechos ocurridos antes del 11 de Marzo de 1990.

 Que reexpresión generosa podríamos aplicar a este Estado (y a quienes lo conducen) que evita transitar por los luctuosos laberintos de antes del 11 de Marzo de 1990? (fecha de termino de la Dictadura e inicio del Estado democrático de derecho). Pretende el Estado que junto con  èl  asumamos la cobardía de ignorar   instrumentalmente los hechos ocurridos antes del 11 de  Marzo de 1990?.

 Si los códigos y la interpretació n jurídica de este Estado "democrático" se niegan a  revisar un proceso que los demandantes consideran viciado y por tanto nulo, existe afortunadamente  un Organismo Internacional que esta señalando sin lugar a dudas que el reclamo por denegación de justicia es ADMISIBLE.

 Siendo así, creemos que nada hay que negociar, ni conciliar, ni transigir, sino mas bien insistir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que obligue al Estado chileno a revisar su legislación en consonancia  con las obligaciones internacionales que ha contraído.

 Creemos que la consecución del objetivo de anular el proceso o anular las sentencias (nunca ha habido delito y mal puede haber sentencia) debiéramos si es necesario llegar hasta la Corte Interamericana. Insistimos que el  Estado tiene el deber inexcusable de proveer justicia y propender a que ella,  se reponga cuando ha sido denegada.

Aquella  curiosa teoría de que el Estado chileno no puede anular el proceso o las sentencias, porque no tiene las facultades  legales o jurídicas, resulta sorprendente. Precisamente, porque la Corte Suprema dice que no puede modificar lo resuelto en tiempo de guerra  porque no tiene facultad para ello, es que estamos recurriendo a la  CIDH. Queremos que la Colisión o la Corte   Interamericana de Derechos Humanos, exija al Estado chileno a modificar su legislación para  aquello que hoy NO SE PUEDE, SE PUEDA MAÑANA.

 Ahora bien si anular el proceso o las sentencia de la causa Aviación contra Bachelet y Otros, obliga  al  Estado y al Poder Judicial a revisar todos los Consejos de Guerra  incoados durante la Dictadura , habremos conseguido  un objetivo superior.

 Objetivo que por lo de más ha sido  difundido por el CODEPU (Organismo que mueve judicialmente nuestro caso), en el Documento  titulado "Propuestas para una agenda de Derechos Humanos del Bicentenario.

Copiamos párrafo 1.- del referido documento:

 "Avanzar en la obtención de la verdad, la justicia, y la reparación para las victimas de violación a los Derechos Humanos y sus familiares" destaca mas adelante  los puntos a)  y  f) de dicho párrafo.

a) Revisar el marco legislativo, de manera que se cumpla en todos los casos con los Estándares Internacionales de respeto y protección a los Derechos Humanos y contribuya sustancialmente a su defensa y promoción". Y finalmente el más importante acápite  dice:

f) ANULAR TODAS LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS  CONSEJOS DE GUERRA, DURANTE LA DICTADURA.

 Finalmente queremos señalar que no compartimos en absoluto la opinión de aceptar la amnistía de 1978 decretada por  la  Junta Militar, aduciendo que ello  significa que se desconocen o eliminan  los delitos  establecidos en el proceso:

 La amnistía es olvido de los  delitos.

Nosotros postulamos y aseveramos que no hemos cometido  ningún delito.

 Por otra parte, aceptar la amnistía  decretada por la Junta   Militar es conferirle legitimidad a dicha espuria autoridad.

  El Proceso reparte delitos con delirante soltura, desde incumplimiento de deberes militares hasta la traición, pasando por la sedición y motín, y la seducción para la sedición. Todo  ello  configurado con declaraciones obtenidas bajo tortura.

 Los supuestos delitos no requieren amnistía. Esos "pintorescos"  delitos nunca existieron.

 Firman:

Ernesto  Galaz Guzman-Comandante de Grupo (R) - galazguzman@ hotmail.com

Jorge Silva - Capitan de Bandada (R) - jorge_uk@hotmail. com

Juan Ramirez- Sgto - nimbusrain50@ yahoo.co. uk

Manuel Moya - Cabo - moya_manuel@ hotmail.com

Ozvaldo Cortez  - Cabo - ozvaldo@hotmail. co.uk

Mario Arenas - Cabo- m.arenas@ntlworld. com

Jose Ayala - Cabo - jayala@lycos. co.uk

Enviado por Pedro alejandro Matta p.matta@vtr.net

13 de Noviembre de 2007

Osamentas fueron descubiertas en recinto de la comuna de El Bosque, donde actualmente se levanta un supermercado.

El ex juez Juan Guzmán Tapia interpuso una denuncia por inhumación ilegal, posible secuestro y homicidio calificado tras detectarse la presencia de osamentas humanas en terrenos que pertenecieron a la Fuerza Aérea de Chile (FACH), en la comuna del Bosque, y donde se construye un supermercado.

El escrito, presentado en el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, señala que las osamentas humanas fueron descubiertas en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 10.375, en El Bosque. En este lugar, actualmente de propiedad de la tienda comercial Falabella, funcionaron dependencias de la Fuerza Aérea.

El hallazgo, explicó Guzmán, quien por primera vez en su calidad de particular presenta una denuncia, fue advertido por testigos que pidieron expresamente la reserva de su identidad.

Esto, debido a que los actuales dueños de los terrenos habrían pedido a los trabajadores a cargo de la construcción de un supermercado de la multitienda, que guardaran silencio sobre la situación.

"Por las características que los testigos me han señalado que tenían las osamentas éstas corresponderían a restos humanos. Descarto que se trate de un cementerio indígena en esos terrenos y presumo que son restos relativamente recientes, pueden ser del último siglo", afirmó el ex magistrado.

Agregó: "Tengo la obligación moral de hacer la denuncia. Hace varios años, cuando estaba en el ejercicio de mis funciones como juez supe que en alguna parte de Gran Avenida se habían descubierto restos humanos y en varias oportunidades pedí que me precisaran, pero nunca me precisaron los detalles, pero hace una semana atrás, una persona me manifestó que se habían descubierto osamentas humanas hace un mes, en un sector de la Gran Avenida".

Para Guzmán, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el hallazgo es importante, ya que es posible que los restos correspondan a detenidos-desaparecidos, cuyas causas están cerradas o, bien, se están investigando.

"En atención a los hechos consistentes en la desaparición forzada de personas, ocurridas entre 1973 y 1990 en el país y al lugar en el que se han encontrado las osamentas, puede colegirse que aquéllas corresponden a personas que fueron secuestradas en ese período de tiempo", indicó.

El ex magistrado sostuvo que "es necesario que las personas que son familiares de detenidos- desaparecidos tengan la posibilidad de que si se encuentran restos y pertenecen a sus seres queridos, se les brinde la ocasión de recibir sus restos".

Cabe señalar que las faenas en el lugar se encuentran suspendidas.

Lunes 12 de noviembre de 2007

La Nación.cl /  Agencias 

Un grupo de 130 ex presos políticos acompañados de familiares, visitaron hoy la Isla Quiriquina, frente al puerto de Talcahuano, en la que estuvieron recluidos tras el golpe militar de 1973.

A este acto "de reencuentro con la memoria histórica", que culminó con una misa, asistieron también el ministro de Defensa José Goñi y el comandante en jefe de la Armada, Rodolfo Codina.  

El jefe naval comentó que "el valor más importante es contribuir a la reconciliación de los chilenos, porque estamos seguros que un país unido y reconciliado trabaja mucho mejor".  

La Isla Quiriquina, ubicada frente a Talcahuano, fue utilizada durante la dictadura como un centro de detención de la Armada y por sus calabozos pasaron, entre otros, el diputado Antonio Leal (PPD) y la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y militante socialista, Mireya García.  

Esta última, que decidió no participar en la visita, justificó su ausencia, señalando que "para mí es un sueño volver a ese lugar, pero es un sueño que quiero cumplir con los míos y no con quienes fueron los que me detuvieron, maltrataron y destruyeron mi vida".

8 de Noviembre de 2007

Daniel Prieto, interrogado por muerte de Víctor Jara
Analista de defensa presenta fotos junto a Bachelet para acreditar inocencia

por  Jorge Molina Sanhueza

En el proceso que sustancia el ministro Manuel Fuentes Belmar, apareció un testigo que identifica a un tal Prieto de la Marina que estuvo en el Estadio Chile en momentos en que el artista fue asesinado. El experto en temas bélicos negó haber estado en el recinto sin responder directamente lo que se le preguntó y haciendo alarde de sus conexiones.

El analista de defensa Daniel Prieto Vial se valió de fotografías tomadas junto a la Presidenta Michelle Bachelet para justificar una “conducta intachable” luego que fuera citado a declarar en el proceso que instruye el ministro Manuel Fuentes Belmar por el homicidio de Víctor Jara.

El experto llegó hasta el despacho del magistrado para ser interrogado, ya que en uno de los cuadernos que mantiene hay un testigo que asegura que en el Estadio Chile hubo un sujeto apellidado Prieto y que podría ser el profesional antes mencionado, ya que las características físicas así lo indicarían.

Fuentes allegadas a la investigación dijeron a El Mostrador.cl que llegó junto a su abogado, un ex ministro integrante de la Corte de Santiago, y en todo momento evitó contestar directamente las preguntas que se le formulaban. En todo caso, negó las imputaciones del testigo.

Fuentes asumió en 2005 el caso por la muerte de Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre del 73 en la ex Universidad Técnica del Estado (actual Usach), donde el artista e integrante de las Juventudes Comunistas prestaba servicios como director teatral.

En la investigación, se encuentra sometido a proceso el comandante (R) del Ejército Mario Manríquez como autor del homicidio calificado de Jara, en su calidad de ex jefe del entonces campo de prisioneros que funcionó en el otrora Estadio Chile.

Prieto Vial es uno de los analistas en defensa que se mueve en torno al círculo de académicos que se contacta con el ministerio del ramo.

Pariente del ex gobernante José Joaquín Prieto, según ha referido en distintas entrevistas, se desempeñó en la Armada, institución a la que partió a retiro como capitán de corbeta. Es ingeniero comercial y labora como académico en la Universidad Andrés Bello.

Este medio intentó conversar con Prieto sobre el particular, pero éste decidió cortar el teléfono y no responder.

7 de Noviembre de 2007

Por  Felipe Portales

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.

Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.

De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.

Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.

Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.

Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.

Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.

Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.

Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.

A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.

El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución.

7 de Noviembre de 2007 

Por  Felipe Portales

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.

Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.

De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.

Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.

Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.

Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.

Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.

Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.

Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.

A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.

El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución

Ministro Aránguiz Asegura que ex Director de Carabineros, Rodolfo Stange Sabía del Asesinato de Frentistas

OPAL CHILE- Ministro en visita deberá tomar declaración indagatoria a Rodolfo Stange, al ex integrante de la Junta Militar de de la dictadura de Pinochet y ex senador de la UDI en la investigación por la muerte de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, dos de los frentistas que asaltaron retén de Los Queñes en Octubre de1988.

El magistrado, emitió estas declaraciones tras confirmar en sometimiento a proceso de los ex carabineros Julio Acosta Chávez y Carlos Bezmalinovic Hidalgo por el delito de homicidio calificado del "Comandante José Miguel" y "Tamara", como eran conocidos los dos lideres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

Luego del asalto del 21 de octubre de 1988 al retén de Los Queñes,, los cuerpos de ambos frentistas aparecieron el 28 y 31 de octubre 1988, en el río Tinguiririca, con evidentes signos de haber sido torturados antes de ser ejecutados, de acuerdo a lo que estableció la Comisión Rettig. LERR MAS EN: www.lacoctelera.com/prensaopal

www.lacoctelera.com/prensaopal

OPAL Chile, Prensa para América Latina

Por Andrés López Vergara / La Nación 

En la muerte de Carlos Prats, Jorge D'Orival, Sumar, Telecomunicaciones de Iquique y Los Queñes

Uno de los dictámenes más relevante fue la condena del ministro Solís contra la cúpula de la DINA por el secuestro calificado del mirista Jorge D'Orival Briceño.

Foto: En el Patio 29 fueron enterrados los cuerpos de tres obreros de la empresa textil Sumar, uno de los casos de derechos humanos en

SEGÚN ESTUDIO 

 El golpe de Estado de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende es el hito más importante de los últimos 50 años para los santiaguinos, concluyó un estudio elaborado por la encuestadora Feedback en 400 hogares del Gran Santiago.

El estudio Marca Ciudad, que aborda las principales características de la capital y sus habitantes, consideró la infraestructura, oportunidades de desarrollo de proyectos de vida y las relaciones de los santiaguinos con la ciudad.

Frente a la pregunta "En los últimos 50 años, a su juicio, ¿cuál de los siguientes acontecimientos diría usted que ha impactado más a los habitantes de la ciudad de Santiago?", un 46,4% mencionó el golpe militar, seguido de lejos por la visita del Papa Juan Pablo II en 1987 (31,5%).

Siguen el terremoto de 1985 (8,9%), la muerte de Augusto Pinochet (6,8%), el Mundial de Fútbol de 1962 (2,7%) y las fotos del desnudo masivo del fotógrafo Spencer Tunick en 2002 (2%).

Por Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo 

EL EX CARABINERO IVÁN QUIROZ ESCAPÓ HACE TRES SEMANAS

Huye solo, está armado y no quiere cumplir su condena de 10 años de cárcel por los asesinatos de la Operación Albania. Investigaciones le sigue el rastro, pero saben que es un hombre con experiencia y, a diferencia de Raúl Iturriaga, no está dispuesto a entregarse pacíficamente.

Foto: Quiroz, al igual que algunos oficiales de menor rango que durante la dictadura estuvieron a cargo de las acciones más sangrientas de la CNI, está molesto con los mandos superiores. Se siente abandonado y cree que no se ha reconocido que actuó siguiendo órdenes.

Por Jorge Escalante / La Nación 

Lucía Sepúlveda Ruiz

Rebelión

Tras más de 50 días de huelga de hambre, la lonko Juana Calfunao y su hermana Luisa, recluidas en la Cárcel de Mujeres de Temuco, presentan compromiso severo de salud y en el caso de Luisa, riesgo vital. El informe fue evacuado por la doctora Ociele Núñez, médica privada, que examinó a las huelguistas a petición de Carolina Landero Calfunao y Carlos Acosta, hijos de las presas políticas mapuche. Waikilaf Cadín, el hijo mayor de Juana, no puede visitarla: cumplirá sus 27 años el 1º de octubre en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. El siguiente es el parte médico evacuado el 29 de septiembre sobre las comuneras, luego de ser sometidas a examen clínico en una sala cualquiera del penal, por no estar disponibles las llaves que permitieran el acceso a la enfermería:

"La Sra Juana (51 años) luce con gran pérdida de peso, tos persistente, hemodinámicamente estable, pero con frialdad y palidez de su piel y mucosas. Presenta un cuadro de bronquitis obstructiva, que es imprescindible revertir a la brevedad. Se la ve agobiada y con irritabilidad emocional, pero sin compromiso neurológico aún". El informe describe como más comprometido el estado de Luisa Calfunao (41 años), que no pudo llegar por sus propios medios al lugar del examen. Reporta la doctora Núñez: "Luce francamente comprometida de salud, muy enflaquecida, con disminución severa de su masa muscular, evidenciada por disminución del deltoides, y de ambos cuadriceps, destacando los huesos, ha bajado aproximadamente 10 Kg lo que representa una baja del 13% de su peso, con riesgo de desnutrición severa, palidez de piel muy acentuada, piel delgada, seca y fría, neurológicamente consciente, orientada, pero agotada y gran sobrecarga emocional. Temo por su vida. De permanecer en esta situación, el riesgo de su vida es inminente por posibles alteraciones cardiorrespiratorias, renales, inmunológicas, gastrointestinales. Además, la disminución de la temperatura corporal, dado por el ayuno, contribuye frecuentemente a la muerte."

Entre las demandas de Juana Calfunao y su hermana están el reconocimiento de la calidad de prisioneros políticos a todos los mapuches encarcelados por defender su territorio, y que se les dé garantías de seguridad física y psicológica.

Incumplimiento oficial

Estas demandas fueron extensamente discutidas con autoridades de la región, encabezadas por Christian Dulansky Araya, Secretario Regional Ministerial de Justicia hace más de un mes. En la oportunidad hubo un compromiso oficial de avanzar en el cumplimiento de esos puntos, lo que no se ha materializado.

Las demandas de las mujeres mapuche incluyen el reconocimiento como autoridades ancestrales a los detenidos que tengan esa calidad conferida por su comunidad, y el cese inmediato del maltrato, hostigamiento y amedrentamiento por parte de gendarmería de Chile. Finalmente, la huelga de hambre busca poner término a la desarticulación, desarraigo e incomunicación en que hoy está la familia Calfunao, y su comunidad Juan Paillalef, que tiene prohibición de ser visitada por los familiares libres, que son la abuela e hijos y hermanos.

Una de las demandas de las huelguistas respecto de la situación de salud del werken Cadin ha sido cumplida parcialmente, ya que el miércoles 3 de octubre, en el hospital penitenciario de Santiago, el werken Antonio Cadin será sometido a una intervención quirúrgica que venía requiriendo desde largo tiempo y para lo cual fue trasladado a la capital cinco días atrás. Su hijo Waikilaf tampoco podrá ver a su padre por estar -además- recluido en otro recinto, la Cárcel de Alta Seguridad.

Denuncia de la Comisión Etica

Al informe médico citado se suma la denuncia realizada a comienzos de septiembre por Vicente Maniqueo y Enrique Pérez, Ricardo Frodden, Enrique Núñez y Nelson Aramburu, dirigentes regionales y nacionales de la Comisión Etica Contra la Tortura, quienes luego de visitar a los presos mapuche en las cárceles de hombres y mujeres en Temuco, denunciaron las condiciones de inseguridad y hostigamiento que se viven en ambos recintos y la agresión sufrida por Ernesto Lincopan, agredido con arma blanca por un reo. Ellos constataron que son seis los integrantes de la familia Calfunao Cadín detenidos. Sólo quedan en libertad las hijas y la madre de Juana Calfunao. "Esta situación -dice la Comisión Etica- demuestra la existencia de un cuadro de amedentramiento y persecución contra la comunidad de esta familia y los luchadores mapuches en general, en que se utiliza todo el aparato del Estado para mantenerlos en prisión, separarlos de su entorno y negarles derechos básicos de todo ciudadano y procesado".

Juana Calfunao y su hermana permanecen encarceladas a la espera de un nuevo juicio oral cuya fecha aún no se ha determinado. En el juicio anterior el tribunal prácticamente la absolvió de todos los cargos más graves, y estaría en libertad si no se hubieran mantenido las medidas cautelares que impiden su libertad condicional. El fiscal está pidiendo cinco años de prisión no remitida para la lonko, y tres para su hermana. Ellas están presas desde el 15 de noviembre de 2006.

En una carta abierta, Juana Calfunao expresó el 28 de septiembre: "Preferimos morir de pie, firme en nuestros ideales, a vivir sin dignidad y al amparo de este gobierno corrupto y sin moral. La cárcel no encarcela los ideales y el espíritu de lucha. Por el contrario, nos fortalece, porque encarceladas, no se acaba nuestra lucha."

http://www.lacoctelera.com/prensaopal

La decisión de la Cámara significará que el proyecto, que fue rechazado en tercer trámite constitucional, deberá ser concordado ahora por una Comisión Mixta de diputados y senadores.

Las modificaciones del Senado al proyecto (Boletín 3878) recibieron en la Cámara 48 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención.

El propósito de la iniciativa legal del Gobierno es crear, dentro de la institucionalidad nacional, un organismo autónomo encargado de la promoción y protección de derechos humanos de las personas que habitan el territorio chileno.

El texto modificado en el Senado en el segundo trámite, dispone que el Instituto Nacional de Derechos se relacionará con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, lo que, a juicio de quienes lo rechazaron, limita su autonomía.

Objetivos

El objetivo del organismo es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional.

Entre sus funciones y competencias está proponer a los órganos de la administración del Estado y al Congreso Nacional, medidas para la promoción y protección de los derechos humanos.

También deberá recopilar, analizar y sistematizar toda la información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural, destinados a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica.

Otra función será reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o violencia política.

La dirección superior del Consejo estará a cargo de un Consejo, encabezado por un director. Además, habrá un Consejo Consultivo Nacional, en el que tendrán representación los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Dotación

La dotación máxima del Instituto será de 30 personas, quienes se regirán por las normas del Código del Trabajo. El organismo, en cuanto integrante del Sector Público, quedará sometido a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

La iniciativa también crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos.

Miércoles 3 de Octubre de 2007

Editor: mromero@congreso.cl

Por Jorge Escalante / La Nación 

Decisión de la Corte de Apelaciones causó estupor en familiares de víctimas

En una decisión considerada "sospechosa" por la AFDD debido a una circunstancial integración de la Quinta Sala, ésta dejó libres a 13 ex agentes de la Brigada Lautaro, entre ellos los dos "sopleteros" del cuartel Simón Bolívar. Todos siguen procesados.

Foto: Ingreso del ex cuartel de Avenida Simón Bolívar, donde además fueron asesinados con gas sarín dos ciudadanos peruanos cuya identidad se investiga. Foto: Esteban Garay

www.elmostrador.cl

 2 de Octubre de 2007

Por  Nicolás Espejo y Domingo Lovera

Durante estos últimos días hemos sido testigos del intenso lobby desplegado por el gobierno de Chile con miras a la postulación del Estado chileno al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta ha adquirido tal fuerza e importancia, que todos los sectores políticos han cerrado filas tras la mandataria Michelle Bachelet. La postulación, además, se ha visto potenciada por la decisión de la Corte Suprema que autorizó la extradición del ex Presidente de Perú Alberto Fujimori. La Corte Suprema -dijo la Presidenta-" ha hecho una decisión consecuente en un tema que para nuestro país es importante, que es el tema de los derechos humanos". ¿Pero, es verdad que Chile está en línea con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos? Creemos que esto es discutible. Algunas razones para ello:

En el derecho comparado, una de las principales instituciones encargada de defensa de los derechos humanos es la del defensor del pueblo. El proyecto que busca incorporar esa figura en Chile, sin embargo, descansa en el Congreso desde 1990. A su vez, el Instituto de Derechos Humanos ha comenzado a ser concebido de forma tal que su eficacia en la protección de los derechos humanos resulta más que pobre.

Por otra parte, Chile aún no ratifica diversos instrumentos internacionales que son esenciales para los derechos humanos de miles de personas. Entre otros, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención que declara imprescriptible los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio; la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas; el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional; el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y; el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En la actualidad, el Estado de Chile aún no da cumplimiento cabal y efectivo a tres de las cuatro sentencias que la Corte Interamericana ha dictado contra el país. Tales sentencias (Palamara vs. Chile; Claude Reyes vs. Chile y Almonacid Arellano vs. Chile), condenan al Estado por la extensión y características de la justicia militar en tiempos de paz, la falta de acceso efectivo a la información de interés público y la no resuelta situación de casos previamente amnistiados por tribunales nacionales.

Tal y como lo ha documentado consistente y permanente el Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile desarrollado por este Centro de Derechos Humanos, en Chile existen graves y extendidas prácticas de tortura, hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos de salud, higiene, agua y alimentación básica para los internos de los recintos penitenciarios del país; Chile carece de una política efectiva de prevención y sanción en materia de violencia contra la mujer y de acceso efectivo a salud sexual y reproductiva para mujeres adolescentes; el país no dispone de una política indígena que, lejos de manifestarse como una mera extensión de la política criminal de turno, se condiga con la letra y espíritu del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Chile adolece de una pobre política migratoria que resulta pasiva frente a la falta de acceso a salud, vivienda y trabajo digno para miles de inmigrantes y refugiados.

Sin perjuicio de la anunciada agenda de transparencia activa, las prácticas de secretismo y falta de acceso efectivo a información de interés público continúan siendo característica permanente de la mayoría de las reparticiones públicas, cuestión que ha justificado la interposición de una nueva denuncia internacional contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una semana.

Finalmente, y a pesar del fallo "Fujimori", los tribunales nacionales -particularmente las Cortes- desconocen permanentemente las obligaciones internacionales suscritas por Chile en materias como la libertad de expresión, los derechos del niño y la no-discriminación.

La persistente y evolutiva incorporación de Chile en el concierto internacional no es sólo un desafío, sino que debiera ser una obligación. Pero para ello no debemos tapar el sol con un dedo. Si Chile quiere ser parte de aquel selecto grupo de estados llamado a velar por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en el mundo, buena cosa sería empezar por casa. Y en esta tarea, Chile aún no satisface los estándares requeridos.

Nicolás Espejo y Domingo Lovera. Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales

www.elmostrador.cl

 2 de Octubre de 2007

Parlamentarios insistieron en la importancia recuperar el proyecto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados, es decir, con facultades de recurrir a tribunales.

Tras reunirse con agrupaciones de derechos humanos, la bancada de diputados del PS reiteró su decisión de votar en contra todas las indicaciones del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, que fueron aprobadas por el Senado.

A raíz de que originalmente la iniciativa sería puesta en tabla esta semana, las agrupaciones llegaron hasta el Congreso para conversar con cada una de las bancadas de diputados de la Concertación.

En ese marco, los diputados PS insistieron en la importancia recuperar el proyecto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados, es decir, con facultades de recurrir a tribunales.

"Después de una reunión con las Agrupaciones de Derechos Humanos hemos acordado enviar todas las modificaciones del Senado a comisión mixta", señaló el jefe de bancada del PS, Fulvio Rossi.

El parlamentario, a su vez, emplazó a los diputados de la Alianza a definir una postura en materia de DDHH.

"Esta es una prueba de fuego para ellos, porque han amenazado con ir al Tribunal Constitucional si no aceptamos sus términos que, a juicio de las agrupaciones, debilitan y desnaturalizan el Instituto como fue concebido originalmente", agregó.

A su vez, la diputada Clemira Pacheco llamó a los parlamentarios de la Concertación a apoyar que se repongan las facultades originales del proyecto.

"No podemos tener un Instituto de Derechos Humanos de papel. Esto no nos hace bien como sociedad, porque deja de manifiesto que la red de protección que ha favorecido a sistemáticamente a los violadores de los derechos humanos", aclaró.

Por José Miguel Jaque / La Nación 

Villa Grimaldi, en homenaje a las mujeres asesinadas o desaparecidas

Las flores que no recibieron en sus cumpleaños, aniversarios o cuando pudieron ser madres, están en un pedazo de tierra en Villa Grimaldi. Tienen sus nombres, sus historias y representan un ciclo de vida. Como las suyas, que fueron interrumpidas de golpe. 

Foto: Michele Drouilly cuida la rosa de su hermana Jacqueline, quien tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida y desaparecida por funcionarios del gobierno militar. Foto: Gastón Flores.

Hay un relato sobre Jacqueline que permanece en el tiempo. Una testigo recordó que cuando fue llevada al centro de detención de José Domingo Cañas, Jacqueline se acurrucó en un rincón medio escondida en su gorro de lana. Permaneció horas sin hablar con nadie. No dejó de mirar el suelo. De pronto, levantó la cabeza. Empezó a hablar y a hacer reír a la gente. "Floreció", dice su hermana, Michele Drouilly.

 Michele quiere conservar esa imagen de su hermana. Una imagen vital que contrasta con la suerte que corrió finalmente: Jacqueline, que tenía un embarazo de tres meses, desapareció junto a su marido, Marcelo Salinas, luego de ser detenida en su departamento por el agente Osvaldo Romo. Por eso, Michele propuso un proyecto que homenajeara a las mujeres víctimas de la dictadura: recuperar la gran rosaleda en el Parque por la Paz Villa Grimaldi.

 "Muchas sobrevivientes de Villa Grimaldi nos contaban que las hacían pasar por delante de estas rosaledas con los ojos vendados y podían percibir el aroma de las flores. Eso las hacía volver a la vida entre tanto horror", cuenta Margarita Romero, vicepresidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y encargada del proyecto.

Cada rosa recuerda a una mujer y lleva una placa con su nombre para que sea una flor con una historia. "Una planta homenajea mucho más a una mujer que un monumento. Es algo vivo, que florece. Aquí esta el ciclo de la vida, que en su caso fue interrumpido de forma abrupta", cuenta Michele Drouilly. "Muchas eran militantes, lucharon por recuperar la democracia, pero hay otras olvidadas, que no se sabía que habían muerto por una causa u otras víctimas de la violencia dictatorial, que murieron por una bala perdida y que dejaron una familia en la indefensión".

 El proyecto se financia con los socios, amigos y la comunidad. Quien quiera, puede amadrinar una rosa. Ya lo han hecho incluso desde Australia, Canadá, Bélgica, por ejemplo. En la primera etapa, concluida el 9 de marzo cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se plantó una rosa por cada una de las 36 mujeres que fueron ejecutadas o que su rastro se perdió en Villa Grimaldi. La segunda etapa, que concluyó el pasado domingo, recuerda a todas las mujeres que murieron ejecutadas, desaparecieron o fueron víctimas de abuso de poder en la década del 70. Está proyectada una tercera etapa para las mujeres víctimas en los 80 que será inaugurada el 9 de diciembre.

 "Yo las podé"

 Lautaro Videla recorre el lugar intentando reconocer los rincones y reconstruir pedazos de su propia historia. El ex dirigente del MIR fue uno de los presos que más tiempo permaneció en Villa Grimaldi -entre febrero y agosto de 1975- y logró una especial cercanía con algunos de sus guardianes. Por eso, los domingos, cuando se iban los oficiales, lo dejaban salir al jardín. Él puso lo suyo: dijo que sabía podar rosas.

"En realidad no tenía idea, pero me gratifiqué mucho al poder salir al jardín algunas tardes", cuenta. Tijeras en mano, podaba el mismo lugar donde plantó una flor con el nombre de su hermana, Lumi Videla, integrante del comité central del MIR. "Es extraño estar acá. El lugar donde los guardias me permitieron estar un ratito jardineando los fines de semana con la venda arriba, respirar, sentir la naturaleza, pincharse con las flores... era una oportunidad increíble. Y las mismas rosas son el símbolo que recuerda a la Negra ".

 A su Negra la torturaron y mataron en José Domingo Cañas. Su cuerpo sin vida fue lanzado en noviembre de 1974 al antejardín de la embajada de Italia por agentes de la DINA. Ella no llegó a conocer el Cuartel Terranova, como le decían a Villa Grimaldi, pero ese lugar (el centro de José Domingo Cañas) fue destruido y luego se transformó en una industria de juguetes. "Ahí no se logró rescatar un centro de testimonios o un museo. Entonces, que exista un recuerdo de ella y otras víctimas acá, es hermoso y ofrece la oportunidad de visitarlas y homenajearlas".

 El lugar de flores multicolores también le regaló una nueva mirada a Ana Verónica Alvarado. Desde que plantó una rosa por su hermana María Inés, la relación entre ellas cambió. "Llegué a mi casa con mucho dolor, pero con una fuerza que había perdido", cuenta. Ese impulso la hizo tomar su auto y dirigirse a la casa de una sobrina que se había quedado con el diario de vida de María Inés. "En 30 años nunca me sentí capaz de abrirlo, de ver su letra, de leerlo. Pero ese día lo repase hoja por hoja. Encontré una foto más reciente de ella, de cómo era cuando la detuvieron. Ver el diario fue como estar con ella. Fue muy potente".

 Ana conoció de nuevo a su hermana, quien era mucho menor que ella. Se enteró que cuando murió su padre, María Inés dormía en la cama matrimonial con su mamá. Que era muy regalona. Que se preocupaba mucho de sus hermanos mayores. Y que adoraba a sus sobrinos.

 María Inés tenía 21 años cuando desapareció junto a otras 18 mujeres y cien hombres en la Operación Colombo. El domingo, esa flor le dio un nuevo aire a Ana Verónica. "Tengo más fuerza para seguir buscando justicia y aguantar el dolor de una herida que se abre cada cierto tiempo. Las rosas también nos devolvieron la vida a nosotros", concluye.  LN

Por SORAYA RODRÍGUEZ / La Nación 

Familiares de desaparecidos de Paine reconocieron sitio del fusilamiento

En un bus, especialmente contratado para la ocasión, el grupo hizo el que probablemente haya sido el mismo recorrido que hicieron las víctimas hace casi 34 años en sus últimas horas. El viaje de entonces no se debe haber sentido tan largo como el de hoy.

Foto: Esposas y madres de Paine llevan 34 años en busca de sus familiares y ayer oraron en el sitio donde, todo indica, que asesinaron a los suyos.

Por Jorge Escalante / La Nación 

Restos óseos, vainillas y cien proyectiles incrustados en una quebrada de Rapel

La delegada de la Presidenta para materias de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo ayer que "habría evidencias ciertas que en ese lugar ejecutaron a las 22 víctimas" arrestadas en Paine.

Valparaíso, 18 de septiembre

Queridos amigos,

Hoy fui a Santiago para manifestarme en las escalinatas de la  Catedral antes del Te Deum . Puesto que es el gran día de la jerarquía como institución -organizan este evento con muchos invitados y mucha panoplia- me pareció apropiado llevar un cartel alusivo a los 7 sacerdotes que dieron su vida por los pobres,  habiendo sido asesinados y, en la mayoría de los casos, calumniados por el régimen militar. Son: Joan Alsina, Omar Venturelli, Antonio Llidó, Étienne Pesle, Gerardo Poblete, André Jarlan y Miguel Woodward. Pedía a los obispos que refutasen las calumnias - que hasta ahora nunca han sido refutadas ni desde el púlpito ni por cualquier otro medio.

Además, llevaba una petición sobre ese tema dirigido al Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Alejandro Goic, firmado por 75 personas. Esperaba entregárselo si se personase en las escalinatas, junto con una copia de una carta de diciembre de 2006 sobre el mismo tema que mi mujer,  Patricia Woodward, le había dirigido - a la cual (igual que a una carta anterior) no había recibido contestación alguna.

Me encontré con que las fuerzas de seguridad habían acordonado toda la Plaza de Armas y dos cuadras alrededor. Por lo tanto tuve que dirigirme a Banderas esquina con Moneda por donde pasaban los autos oficiales camino a la Catedral. Me puse por detrás de una barrera frente a unos carabineros.

Aproximadamente a las 10.35, desplegué mi cartel y fui inmediatamente rodeado por varios carabineros, uno de los cuales sin explicaciones lo destrozó. Cuando le increpé, haciendo referencia a la libertad de expresión y preguntándole por la ordenanza que le permitía actuar de esa forma se limitó a decir “hoy no”.

Esperé unos diez minutos más hasta que se veía a la Presidenta en su vehículo oficial y entonces saqué de mi carpeta una hoja, un folio que detallaba los nombres de los 7 sacerdotes para que la Presidenta, sin, evidentemente, poder leerlo, pudiera al menos ver que  había algo que quería comunicarle.

Inmediatamente, sin más. fui agredido por varios carabineros y, con especial contundencia, por un joven de civil que se encontraba  a mi lado. Sin medir palabra y sin tratar de leer lo escrito en el folio, me tiraron al suelo y el joven se echó con todo su peso sobre mi,  inmovilizándome durante unos tres minutos.

Durante ese tiempo uno de los carabineros agarró mi carpeta y salió corriendo, igual que los demás carabineros cuando vieron que se acercaban unos fotógrafos de prensa. El joven, mientras tanto, me dijo que era policía y que yo estaba detenido.

Al levantarme, desapareció el policía y me dirigí en primer lugar a los carabineros que habían vuelto a aparecer, requiriendo mi carpeta.   Se apartaron sin contestar y cuando les seguí me encontré con que al  lado suyo estaba el policía quien me había agredido y otro de los carabineros que tenía mi carpeta. Me dirigí a uno de ellos que tenía el nombre Moya en su uniforme y que se identificó como responsable de los funcionarios allí presentes. Me identifiqué, presentándole mi pasaporte británico con el cual entré en Chile ayer. Él transmitió los datos a un superior suyo por celular. Le pregunté al oficial Moya si el joven era en realidad policía y me contestó que sí y que estaba bajo sus órdenes. Le pedí que me diera el nombre de ese policía y se negó a ello. Al preguntárselo dijo que no estaba detenido.

Puesto que mi brazo sangraba por causa de la agresión, le pedí al oficial Moya donde podría encontrar un hospital donde curarme. Me dijo que en la Avenida Portugal – que, averigué mas tarde, estaba a bastante distancia. Luego le pregunté donde había una Comisaría para denunciarle  y me contestó  que no iba a decírmelo.

Dadas esas circunstancias decidí regresar a Valparaíso. Presentándome en Urgencias del Hospital Van Buren me dieron un parte que hace referencia a lesiones en un brazo, que me curaron, y  hematomas en varias partes del cuerpo. Luego denuncié los hechos en la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Entiendo que el informe policial allí redactado será enviado al Fiscal de guardia mañana y que, previsiblemente, éste se declarará incompetente, reenviándolo a la Fiscalía apropiada en Santiago.

Se da la circunstancia que el 2 de abril del año en curso, dos días antes de regresar a España, fui agredido en el molo de Valparaíso con ocasión de la despedida de la Esmeralda por dos desconocidos en presencia de un Carabinero, el Sgto. Juan Lucke, que no intervino. 

Denuncié los hechos en la misma Oficina de Investigaciones de Valparaíso, informe ese que también pasó a la Fiscalía. Pedí que, como primer paso, identificasen a mis agresores, puesto que todo el incidente había sido filmado por un cámara de TVN, el Sr.Danilo Ahumada. Hasta el día de hoy no tengo noticias de las investigaciones que pudieran haberse llevado a cabo a este respecto.

Espero que verán bien dar a conocer que Carabineros está actuando fuera de la ley y que los obispos siguen despreocupados por la verdad.

Saludos, Fred

 argenpress.info

Las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges llegaron a 49 en Chile, cuando un hombre ahorcó con sus manos y un cordón a su conviviente en Santiago.

El homicida de 34 años, quien fue identificado como Oscar Ureta Martínez, enfrenta una pena de 15 años o cadena perpetua por asesinar a su conviviente, la uruguaya Juanita Fernández Fontes, de 30 años.

El agresor había sido denunciado por su pareja por violar a una de sus hijas, de una relación anterior, y por violencia doméstica.

Este sería el 'feminicidio' número 49 de este año por parte de sus maridos o parejas, según el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

Un reciente estudio realizado en Chile sobre el 'feminicidio' encontró que los agresores no tienen conciencia de que la violencia intrafamiliar es un delito, y lo mismo ocurre con algunas mujeres.

Los agresores son mayoritariamente hombres que buscan una relación de poder sobre la víctima, y se vuelven peligrosos, llegando a asesinar a su pareja.

Lento cambio cultural respecto al tema en Chile

A casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar, promulgada en octubre del 2005, el cambio cultural ha sido lento.

En los juicios de violencia intrafamiliar se escucha frecuentemente decir a un acusado 'le pegué, pero no fue para tanto', o 'tenía razones para pegarle', lo cual es un reflejo de un rasgo generalizado en los agresores.

Un caso que conmocionó a la sociedad chilena fue el de un hombre que roció gasolina y le prendió fuego a su auto cuando se encontraba en su interior su esposa embarazada de ocho meses. La criatura se salvó, pero la mujer lleva más de dos meses en el hospital.

La autora del estudio, la abogada Lidia Casas, comentó que los hombres agresores 'no logran entender que su conducta es reprochable social y penalmente'.

Recordó a un abogado defensor que argumentó que 'hay que entender a estos hombres: trabajan mucho y llegan a la casa cansados del trabajo y encuentran que su mujer anda comadreando con la vecina'.

'Eso grafica lo que mucha gente piensa respecto a la violencia intrafamiliar', concluye la abogada, quien agregó: 'Si no lo tienen incorporado los operadores de la justicia, qué se le puede pedir a los imputados'.

El estudio señala que el cambio cultural incluye a las mujeres, porque 'no falta la mujer que dice 'es mi marido, por algo me pega'. Hay quienes entienden las relaciones con escenas de celos y maltrato'.

Eduardo Sepúlveda, defensor nacional, afirmó que poco a poco se ha logrado sensibilizar a los abogados defensores, pero no todos entienden el carácter de este delito.

'Queremos que el defensor le haga comprender a su defendido que maltratar a una mujer es un hecho grave, significativo para la sociedad, y que no lo queremos volver a tener como cliente', agregó.

El perfil de los hombres culpables de violencia intrafamiliar

Según el estudio, es difícil establecer un perfil del agresor, pero hay algunos rasgos comunes. Se trata de tipos con baja autoestima e inseguros que adquieren confianza en sí mismos a través del control hacia otros, fundamentalmente en el espacio íntimo. A eso se puede sumar la agresividad y la impulsividad.

Un rasgo adicional que se observa en algunos agresores es el menosprecio al ser femenino.

Hay casos de imputados que se han negado tajantemente a ser defendidos por una mujer. Se trata de hombres que tienen una relación compleja con las mujeres en todos los ámbitos.

La violencia no es campo exclusivo de los hombres. El estudio muestra que 15 por ciento de mujeres agresoras también basan la violencia en una relación de poder, pero hay matices.

Se concluye que las mujeres que no pueden aceptar la ruptura del vínculo amoroso con su pareja no resultan peligrosas; no buscan reestablecer la relación de poder con su pareja y sólo quiere vengarse, rayar el auto o romper sus vidrios, por ejemplo.

En estos casos, la mujer no es una figura que sea un riesgo para la seguridad del marido.

En el caso del hombre, éste por lo general hostiga a su cónyuge, la persigue, no acepta que ella lo haya dejado, que tenga otra pareja, y todo ello se convierte en una espiral de violencia, que puede terminar en un 'feminicidio'.

En Chile, los hombres agresores tienen en su mayoría entre 21 y 29 años.

Se aduce que eso se debe a que en la población más joven se ha entendido la necesidad de denunciar y no acostumbrarse a una violencia habitual. La violencia también se produce en los rangos de mayor edad.

Los casos de violencia familiar no sólo se registran en familias pobres, sino también en los sectores medio y alto de la sociedad chilena, aunque los que se producen en los estratos ricos no se divulgan por la prensa.

La pasada semana quedó en libertad una mujer que mató de dos disparos a su marido en Santiago, tras comprobarse que el hombre abusaba de ella diariamente. El juez acreditó que hubo legítima defensa.

La violencia intrafamiliar, extendida en todos los países de América Latina, es un fenómeno social difícil de erradicar, y sólo podrá reducirse a medida que se vayan alcanzando altos niveles de educación y cultura.

Lamentablemente, en la región hay más de 223 millones de personas que viven en la pobreza y unos 105 millones en la indigencia.

Con una placa en la plaza de Armas de Río Gallegos, el Centro Cultural de Refugiados Políticos en la Patagonia “Salvador Allende” agradeció al pueblo argentino la solidaridad brindada a los refugiados políticos tras el Golpe Militar.

El presidente del Centro Cultural Solidario de Refugiados Políticos en la Patagonia, Sergio Barrientos, expresó que en el acto quisieron recordar cómo y por qué decidieron salir de Punta Arenas el 11 de septiembre de 1973, mientras los compañeros eran secuestrados, torturados y asesinados en recintos militares.

Mientras, el secretario de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, Alberto Marucco indicó que este es el inicio de un sinnúmero de actividades con la agrupación magallánica.

Asimismo, se realizó un acto cultural en el que participaron el grupo folclórico Aike Troba y la cantante Sandra Baeza, y donde además el Centro Cultural Solidario de Ex Refugiados Políticos en la Patagonia ‘Salvador Allende vive en la memoria’, hizo entrega de distinciones al Presidente Néstor Kirchner, al gobernador de la Provincia de Santa Cruz Daniel Peralta, al intendente de Río Gallegos, Héctor Roquel, al secretario de Derechos Humanos, Alberto Marucco y a los vecinos que refugiaron a los exiliados.

En el homenaje además, estuvieron presentes el senador Pedro Muñoz, las consejeras regionales Nancy Dittmar y Flor Mayorga, los concejales de Punta Arenas, Carlos González y José Saldivia, integrantes de la agrupación de familiares de ejecutados políticos.

Cabe destacar la hospitalidad de los integrantes del Centro Chileno en Río Gallegos y del Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Alberto Marucco durante la estadía de la delegación que viajó desde Punta Arenas para participar en las actividades.


Daniela Hichins

Los abajo firmantes, todos trabajadores del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestamos nuestra mayor preocupación a la Presidenta de la República, a los parlamentarios y a las agrupaciones de derechos humanos respecto a las indicaciones sustitutivas del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aprobadas anteayer por el Senado.

El nuevo texto suprimió la facultad que entregaba el artículo 4 número 7 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, para "deducir querella y ejercer las demás acciones legales respecto de hechos que sean constitutivos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. La misma obligación recaerá sobre los crímenes y simples delitos que deban ser investigados y sancionados según los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes".

También se le quitó la obligación - establecida en el número 8 de este artículo- de hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con causas de detenidos desaparecidos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.123.

De acuerdo con lo anterior el Instituto no tendrá la facultad de actuar judicialmente.

El ministro Viera-Gallo ha expresado a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la opinión pública: "eso no nos preocupa, porque respecto a los juicios pasados está el Programa de Derechos Humanos".

Sin embargo, de acuerdo al texto aprobado no es posible que el Programa de Derechos Humanos pueda seguir actuando en los juicios. Este Programa ha operado como continuador de la  ley 19.123 ejerciendo acciones judiciales como parte, en virtud de los artículos 2° y 6° de esta ley, lo que no podrá seguir haciendo porque ya no será el continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; sino que lo será el Instituto de Derechos Humanos, el que -según la historia fidedigna de la ley- no estará facultada para actuar en los juicios. (Ver Artículo 4 N° 5).

A mayor abundamiento, el texto aprobado señala que le corresponderá especialmente al Instituto "Custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por (...) el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior".

En la práctica es y ha sido el Programa de Derechos Humanos el organismo que sostiene la acción penal en la inmensa mayoría de las causas en que se persigue la responsabilidad penal de los violadores de derechos humanos, respecto de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos.

Por tanto, dado que el Programa de Derechos Humanos no podrá seguir efectuando sus funciones y que el Instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, es claro que este proyecto favorece a los defensores de los violadores de derechos humanos, ya que deja fuera de los procesos al organismo que está dando movimiento y haciendo seguimiento a las causas. El proyecto, para los violadores de derechos humanos, es tan favorable como el decreto ley de amnistía ya que posibilita la impunidad impidiendo que desde el Estado se persiga en los tribunales de justicia la responsabilidad criminal de los agentes.

Resulta paradójico, contradictorio y decepcionante que el futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera facilitar la impunidad. No nos oponemos a su creación, sino a que sea un organismo que prive a los familiares de la víctimas y a la sociedad de obtener la anhelada verdad y justicia.

Santiago, 07 de septiembre de 2007

Sonia Arnal Morey;  Olga Bascuñán Parraguierre; Alma Barahona Cancino; Joseph Bereaud Barraza; Rosemarie Bornand Jarpa; Rodrigo Cortes  Muñoz; Cristián Cruz Rivera; Karinna Fernández Neira; Magdalena Garcés Fuentes; José Antonio Guerrero Uriarte; Ximena González Vergara; Humberto Lagos Schuffeneger; Yheni León Bohórquez; Jaime Madariaga De la Barra; Marta Madrid Acevedo; Isabel Maturana Villagra; Loreto Meza Van den Daele; María José Middleton Humeres; María Eugenia Miranda Brossard; Hugo Montero Toro; Cecilia Noguer Fernández; Boris Paredes Bustos; Patricia Parra Poblete; Wladimir Riesco Bahamondes; Isabel Rojas Zepeda; Norma Rojas Pizarro; Luis Romeo Canibilo; Enrique Ross Leiva; Eduardo Saavedra Díaz; Gladys Vásquez Parra; Agustín Villalobos Molina.       

Abogado Boris Paredes:

por  Jorge Molina Sanhueza

El profesional habló con El Mostrador.cl en representación de los querellantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y advirtió que una vez que se dicte la ley que crea el nuevo organismo las víctimas quedarán sin defensa, por lo que ''vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más''.

Preocupación y desazón. Ésas son las expresiones que mejor resumen el ánimo que reina en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de que el Senado aprobara la creación del instituto del ramo y una comisión que revisará y heredará los archivos de las comisiones Rettig y Valech.

Este jueves, los profesionales que a diario litigan estos procesos se reunieron para analizar el escenario y nombraron al abogado Boris Paredes, como su vocero.

En entrevista con El Mostrador.cl, el profesional aseguró que la dictación de la ley implicará que los familiares de las víctimas no tendrán defensa judicial, debiendo quedar al arbitrio de algunos ministros que investigan acuciosamente.

¿Cómo recibieron esta noticia?
- Primero que todo, quiero dejar en claro que ésta no es una reinvindicación de carácter laboral. A ninguno de nosotros se nos ha dicho que nos vamos a quedar sin trabajo o algo parecido, sino que es una preocupación por el destino de las causas. Desde ese punto de vista creemos que, o por mala fe o por ignorancia, eso no lo podemos calificar se ha entregado información errónea a la ciudadanía que no pensamos que sea el parecer de la Presidenta.

¿En qué sentido?
-Se ha dicho que no importa que el Programa de Derechos Humanos no se pueda querellar ni sostener acciones penales por las víctimas que son detenidos desaparecidos. Pero resulta que si actuaba en calidad de continuador de la comisión Rettig y si el continuador va a ser este nuevo organismo, el programa va a carecer de todas facultad para seguir haciéndolo.

¿De qué manera califican como abogados esa situación?
- Es grave, por decir lo menos, porque en gran parte de las causas el programa es el único actor real. Y desde ese punto de vista, es nuestra preocupación y se va a convertir en un instrumento de impunidad. Y eso es lo que no queremos. Además, vemos con mucha preocupación que un proyecto que se haya tramitado casi dos años, consensuado, discutido, donde todos los actores opinaron y ¡se cambie en 24 horas por una comisión que salió de la noche a la mañana!

Pero aquí también hay una cuestión de futuro, porque creemos que debe existir un organismo independiente que sostenga las acciones penales en casos de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, cuando haya violencia policial, cuando un fiscal tenga aquiescencia con Carabineros. ¿Quién va a representar al ciudadano? Y ahí aparecerá la paradoja de que vamos a pedir de que no desaparezcan las fiscalías militares porque van a ser los únicos que van a poder poner coto a estas actuaciones desmedidas.

¿Y no basta con la propuesta del ombudsman?
- En este momento, el ombudsman no existe, en este momento a las personas se les deja en el desamparo. Porque este instituto que sale no es más que un centro de estudios. Basta con los que hay, como el de la Universidad Diego Portales, que como órganos independientes lo hacen bastante bien. ¿Entonces para que sirve este instituto? Pues para dejar a los familiares de las víctimas sin defensa legal.

¿Puede ser mejorado en la Cámara de Diputados este proyecto o la Presidenta debiera enviar un veto para esclarecer esta situación?
-Creemos que el proyecto lógico era el original, que salió discutido y consensuado. Insistimos que el nuevo salió de tres personas que dicen ‘somos los sabios’ y aseguran saber cómo debe ser un Instituto de Derechos Humanos. Me van a perdonar, pero ¡ninguno de ellos tiene la experiencia que tienen los abogados que trabajamos en el programa!

¿Qué se hace entonces?, ¿se vuelve al proyecto original?, ¿se anula lo que hay?
- Eso es lo que hay que discutir. Sucede que eso no puede resolverse en 24 horas con una comisión que tiene cero representatividad, porque no representa a los organismos ni a los abogados que, en la práctica, están llevando las causas y vienen a imponer un instituto que no sirve para nada y es más, ¡es un instrumento de impunidad!

¿Se equivocó el Gobierno al presentar este proyecto? - No creo que el Gobierno se haya equivocado. Lo que pasa es que aquí se están diciendo cosas que no son ciertas, como que no se a va afectar en nada la actuación del Programa de Derechos Humanos y eso es falso, por ignorancia o por mala fe, eso no lo calificamos. Lo que sí sabemos es que cuando salga este proyecto al otro día nos van a estar dejando fuera de las causas de derechos humanos.

¿Alguien les ha dicho que ello va a ser así?
- No, pero nosotros conocemos la ley. No basta con que alguien nos diga. Sabemos lo que sucederá. De hecho, los abogados de la contraparte nos han tratado muchas veces de dejar fuera de las causas, porque saben que es el escollo. Y nosotros podemos seguir llevando estos procesos porque tenemos esta calidad y facultades jurídicas esta calidad de continuador va a pasar al instituto se lleva nuestros papeles, documentos, biblioteca, expedientes. O sea, ¿vamos a mirar el techo?

En La Moneda se dice que una cosa no tiene que ver con la otra y que el programa va a seguir tal como antes...
- Insistimos: eso es falso. Porque hay una ley que dice que no tenemos facultades y el instituto tampoco las tiene. Es decir, las causas se quedan sin abogados y vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más.

LONDRES 38: LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

Borrar significa "hacer desaparecer por cualquier medio lo representado". O también, " hacer rayas sobre lo escrito, para que no pueda leerse". Ambas acepciones registradas por el diccionario resultan pertinentes para describir lo sucedido con Londres 38,   donde funcionó uno de los más importantes centros de detención, tortura y exterminio de detenidos políticos y el único, de los que operaron en la Región Metropolitana, que se mantiene intacto.

En este lugar fue donde se dio inicio a la implementación de la desaparición forzada como práctica sistemática del Estado. Entre mayo y septiembre de 1974, un número aún no determinado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas. Desde allí la DINA hizo desaparecer   o ejecutó a 95 personas;  en promedio, un prisionero por día, la mayoría de los cuales eran  militantes del MIR. Esto sucedió en pleno centro de la ciudad, a escasas cuadras del Palacio de la Moneda, de los   Tribunales de Justicia y de las oficinas de los que eran los principales diarios de entonces, los mismos de hoy.

Como una forma de borrar lo sucedido, la dictadura sustituyó la numeración original que designaba al inmueble, por el número 40. Así, las denuncias realizadas comenzaron a apuntar, a partir de ese momento,   a una dirección inexistente. Luego, en 1978, mediante decreto firmado por el propio Augusto Pinochet, la propiedad del recinto fue transferida gratuitamente a un organismo estrechamente vinculado al Ejército, el Instituto O'Higginiano. Esta fue la   primera "borradura".

En el año 2001, el Partido Socialista de Chile renunció a la recuperación del inmueble que hasta septiembre de 1973 le había pertenecido, acogiéndose a los beneficios de la Ley de Bienes Confiscados durante la dictadura y reclamando, a cambio, una indemnización monetaria. Ello, a pesar de que en este recinto también permanecieron secuestrados algunos de sus militantes, y siete de ellos  fueron hechos desaparecer, incluyendo a Joel Huaiquiñir, miembro de su Comité Central. Esta fue la segunda "borradura".  

Así, durante  treinta años, 17 de ellos en democracia,  Londres 38 habría permanecido "borrado" --ocupado por el Instituto O'Higginiano, oculto bajo el número 40 e ignorado por sus primeros propietarios--, de no haber sido por diversos  "emprendimientos de la memoria", llevados a cabo por familiares de las víctimas, sobrevivientes, testigos directos de los hechos y diversas organizaciones sociales. De hecho, fue gracias a la iniciativa, trabajo y movilización de estos grupos - y no a la del Estado-- que se  obtuvo la protección y declaratoria del lugar como Monumento Nacional; se realizó el diseño de una intervención conmemorativa en la calle Londres cuya construcción se iniciará próximamente; se avanzó en la investigación y difusión de su historia, así como también en la elaboración de una propuesta concreta de uso de este espacio, una vez que fuera recuperado por el Estado, la que fue presentada  ante diversas autoridades del actual y anterior gobierno de la Concertación, sin obtener hasta el día de hoy una respuesta.

Como e l significado de un sitio histórico está determinado por el valor que las personas y la sociedad le asignan, y por la existencia de un relato que haga posible la transmisión de las diversas memorias,  propusimos que, una vez desocupado, se diera un uso público al inmueble, abriéndolo a la comunidad e instalando una señalética básica de carácter provisorio que informara a   los visitantes sobre la historia del recinto. Ese ejercicio participativo permitiría recoger las propuestas de quienes quisieran ejercer ese derecho y hacerse parte del debate necesario   para definir cómo representar y transmitir lo que fue el Terrorismo de Estado en Chile, así como las experiencias, memorias y prácticas de quienes lo sufrieron. Hacerlo desde el centro de la ciudad, tal como el propio terror operó, era y es  todo un desafío ya que implica otorgar una nueva visibilidad al lugar, distinta a la mayoría de las intervenciones y monumentos realizados hasta ahora en los cementerios, espacios cerrados o en la periferia de las ciudades.

No obstante, con fecha 14 de agosto, el gobierno ha informado que el Estado recuperará, mediante una permuta, la propiedad del inmueble para convertirlo en las oficinas del aún inexistente e indefinido Instituto de Derechos Humanos sobre el cual el Congreso no termina de pronunciarse. De materializarse, esta decisión significaría la tercera  "borradura" de Londres 38. Guardando las proporciones, es como si Auschwitz, espacio símbolo de los crímenes contra la humanidad, hubiera sido convertido en sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El gobierno ha desperdiciado, una vez más, la oportunidad de contribuir a abrir un debate en torno al uso de este tipo de sitios históricos, ha renunciado a asumir su responsabilidad con una política de largo plazo, y no puramente reactiva, y ha desoído las propuestas y demandas planteadas al disponer una medida que sólo concitará rechazo.

Bajo el incuestionable rótulo de los "derechos humanos", las historias y las memorias relacionadas con este centro de detención, las experiencias de lucha, así como la identidad social y política de las víctimas y protagonistas de esta historia, serán desplazadas de Londres 38, al igual que las personas y agrupaciones  que  con su accionar han hecho visible este recinto, impidiendo que se convirtiera en un lugar en ruinas, un sitio eriazo o un condominio residencial, como ya sucedió con otros importantes centros de detención, tortura y exterminio. Estas consideraciones deberían llevar a las autoridades a revertir esta medida, a lo menos, equivocada,   evitando así  una nueva "borradura" en el espacio público, de una memoria que reclama ser develada, expuesta a la mirada y a la conciencia de todos los hombres y mujeres de nuestro país .

Quienes deseen suscribir esta demanda pueden agregar su nombre a la lista y reenviarlo a sus contactos, con copia al correo:  http://ar.f607.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=londres38@gmail.com

Gloria Elgueta                                      

Erika Hennings

Miguel Angel Rebolledo                      

Margarita Romero

Viera Stein                              

Claudia Marchant

Raimundo Elgueta

Elisa Muñoz

 Argenpress.info

Un ex centro de torturas de los servicios secretos de la dictadura militar, ubicado en pleno centro de Santiago, se convertirá en sede del Instituto de los Derechos Humanos, anunció hoy la ministra de Bienes Nacionales de Chile, Romy Schmidt. 'Lo importante es que aquí habrá un espacio destinado a la memoria, la historia y el futuro en materia de derechos humanos', señaló Schmidt.

El centro de detención y torturas conocido como Londres 38 fue usado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente por la Central Nacional de Informaciones (CNI), durante el régimen de facto de Augusto Pinochet (1973-1990).

El proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos se tramita actualmente en el Congreso chileno, y forma parte de uno de los compromisos en esta materia de la presidenta Michelle Bachelet, antes de asumir el poder.

La sede cuenta con 453 metros cuadrados de superficie construida y se está barajando su uso como lugar de archivo y documentación de materias relativas a causas de derechos humanos.

El inmueble entregado por el régimen militar a un centro de estudios de ex uniformados fue devuelto al Estado en una gestión de la propia secretaria de Estado. Un informe oficial sobre la tortura durante la dictadura, conocido como Informe Valech, consignó que decenas de miles de chilenos fueron sometidos a detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas por parte de agentes del Estado chileno.

La Nación

Así lo confirmó a La Nación una alta fuente castrense

Jorge Escalante

La Nación

 Foto: Eduardo Frei Montalva falleció en circunstancias extrañas en 1982 en una clínica de Santiago de Chile.

www.argenpress.info

La muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva, ocurrida en circunstancias extrañas en 1982 en una clínica de Santiago, podría ser aclarada tras las últimas diligencias del Juez Alejandro Madrid relacionadas con el asesinato de un agente de la policía política del régimen militar.

'Entramos definitivamente en una recta final de la investigación', indicó la ex senadora e hija del fallecido mandatario, Carmen Frei, quien se mostró satisfecha con el trabajo 'muy acucioso' del magistrado, al tiempo que cuestionó el papel de las autoridades de Estados Unidos en las indagaciones.

'Cuando se mandaron muestras de mi papá a Estados Unidos, los resultados se demoraron mucho tiempo, incluso creo que todavía no han llegado los informes, han dilatado la situación durante mucho tiempo', indicó, y agregó que podría tratarse de algún ocultamiento de los hechos.

Tanto el presidente del Senado y ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle como su hermana han reiterado durante muchos años que hay presunciones fundadas de que su padre fue otra víctima de la dictadura militar.

Esta semana, el juez Madrid sometió a proceso al ex auditor del Ejército, general Fernando Torres Silva y al coronel Enrique Ibarra por la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Además, encausó a cuatro médicos por el crimen de un agente del mismo organismo que falleció por gas sarín en la clínica London.

Uno de los facultativos estaba en la Clínica Santa María en 1982, cuando murió el ex presidente Frei, que dirigió el país entre 1964 y 1970.

Frei Montalba había ingresado en noviembre de ese año en la clínica Santa María para una operación quirúrgica simple de una hernia hiatal, la cual se realizó normalmente sin ninguna consecuencia posterior, pero hubo que internarlo nuevamente en diciembre para una nueva intervención, que le provocó la muerte al parecer por envenenamiento.

La ex legisladora aseguró que en el caso de la muerte de su padre 'hay más personas' involucradas 'que el juez va a ir desvelándolas en el proceso'.

'Creo que estamos cada día más cerca, ya sabemos que fue gas mostaza, sabemos de estos médicos que estaban en la Clínica Santa María, que entraban diariamente a la pieza de mi papá sin que nosotros supiéramos, sin dejar nunca en la ficha clínica que entraban y lo examinaban', destacó.

Por otro lado, en un acto celebrado este jueves en ocasión de los 50 años de la Democracia Cristiana en donde se rindió homenaje al ex presidente Eduardo Frei Montalva, la senadora y presidenta de ese partido, Soledad Alvear, aprovechó para referirse al que fue, según ella, el asesinato 'más horroroso' del régimen militar.

En ese sentido, destacó los procesos dictados por el juez Alejandro Madrid contra cuatro médicos y otras nueve personas por el crimen del ex agente de la policía Manuel Leyton, ocurrido en 1977 en la llamada clínica London, cuyo caso es vinculado a la muerte de Frei Montalva.

'El día de ayer hemos tenido un adelanto de lo que efectivamente puede ser el fallo del juez, yo creo que todos estamos conscientes en nuestro país de los horrores de la dictadura y qué importante es a la luz de estos horrores seguir trabajando en nuestro país para el 'Nunca Más' de las violaciones a los derechos humanos', apuntó Alvear.

La familia Frei tiene la convicción de que hubo intervención de terceras personas en la muerte del ex mandatario, quien en esa época era el máximo dirigente de la Democracia Cristiana y el más connotado líder de la oposición al régimen militar de Augusto Pinochet.

En este caso se registraron múltiples irregularidades respecto al fallecimiento del entonces líder de la Democracia Cristiana, como que la familia no sabía que le habían hecho una autopsia, la cual estuvo perdida durante 20 años, y que se había cambiado el féretro, puesto que lo sepultaron en uno de madera y el que está en el mausoleo en el cementerio de Santiago es metálico.

Eduardo y Carmen Frei han planteado de manera reiterada que el 'Ejército oculta algo' y han pedido a la Comandancia de esta institución que cumpla su promesa de colaborar con la justicia y ordenar a quienes tienen antecedentes que los entreguen al juez que lleva la causa.

Enviado por: Pedro Alejandro Matta p.matta@vtr.net

Agencias

Una propuesta que obliga al Estado a reconocer oficialmente el exterminio organizado en siglos pasados de las etnias australes Ona y Tehuelche, ya desaparecidas, presentó hoy el senador por esa región, Pedro Muñoz.

Según Muñoz, esos indígenas 'fueron víctimas del afán colonizador a fines del siglo XIX y principios del XX que percibió en la ganadería el principal sustento económico de la región, en abierta contradicción con sus medios ancestrales de subsistencia'.

El senador, de la bancada oficialista, consideró que debido a sus costumbres cazadoras, esas etnias fueron 'destinadas al exterminio físico y a la negación de su patrimonio cultural, lingüístico y religioso'.

Por ello es necesario 'el reconocimiento oficial de esos hechos junto a una serie de medidas que honren la memoria de estas malogradas culturas que se encuentran extintas en su forma pura desde hace varias décadas'.

Los pueblos Ona y Tehuelche eran originarios de la Isla Grande de Tierra del Fuego y de la Patagonia continental, respectivamente.

El número de esos indígenas comenzó a declinar drásticamente a fines del siglo XIX, hasta su completa desaparición a principios del siglo XX.

17 de Julio de 2007

por  Jorge Arrate

"Me siento humillado y vejado por venir a votar a este plebiscito que ofende a los chilenos". Son las palabras dichas a la prensa por el ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 11 de septiembre de 1980, cuando se efectuó el plebiscito que "aprobó" la Constitución de Pinochet y prolongó su "mandato" hasta 1989.

Pocos días antes, el 27 de agosto, en un acto público realizado en el Teatro Caupolicán, Frei Montalva había denunciado el carácter de la convocatoria: "Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad". Frei Montalva agregó: "Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla".

Efectivamente, el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin medios de comunicación disponibles para expresar opiniones disidentes y con las severas limitaciones a las libertades públicas que rigieron durante la dictadura. Los resultados que entregó el Ministerio del Interior indicaron al primer análisis que las cifras gubernamentales eran falsas. A la desinformación y temor de los ciudadanos se sumó el engaño gubernamental.

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde entonces. Las sucesivas modificaciones a la Constitución pinochetista han logrado, lentamente, aminorar sus contenidos no democráticos. Los parches constitucionales incluso permitieron que la firma de Pinochet fuera eliminada del texto y sustituida por la de Ricardo Lagos, un presidente electo por voto popular. En la solemne ceremonia en que su gobierno proclamó esta “nueva” Constitución para Chile, Lagos atribuyó al texto refundido que suscribía virtudes que no tiene. Dijo: “Tener una Constitución que nos refleje a todos es fundamental para las tareas que los chilenos tenemos por delante, puesto que ello consolida el patrimonio de lo que hemos avanzado en lo económico, en lo social, en lo cultural”. Y más adelante agregó: “Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile.”

Pero la Constitución “nueva” del 2005 no refleja la opinión de todos los chilenos, si bien es positivo que la vergonzosa firma de Pinochet haya sido eliminada. Para que una Constitución refleje la opinión democrática debe ser acordada democráticamente y no puede considerarse tal una discusión legislativa limitada a partes de la Constitución y realizada en un Congreso del que se excluye, por disposiciones que hasta el 2005 estaban en la Constitución, a un segmento significativo de los chilenos.

El propio Lagos entendía estas limitaciones y señaló en la solemne ceremonia realizada en La Moneda en septiembre del 2005 que no se cerraba allí el capítulo. Pero lo que se requiere es más que otra reforma, por importante que sea. En el caso de Chile se requiere sanear el origen ilegítimo de la actual Constitución y discutir sus contenidos. Esa tarea debe realizarla una Asamblea Constituyente y su propuesta debe ser posteriormente sometida a un plebiscito. La ciudadanía necesita, por otra parte, ser claramente informada sobre estas materias, para generar una participación mayoritaria y real.

Así lo han entendido dirigentes sociales y políticos, académicos, sindicalistas y ciudadanos que en estos días construyen un amplio movimiento por una Asamblea Constituyente. Efectivamente, Chile necesita otra Constitución, originada y aprobada con la participación de todos, para garantizar los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, para establecer un régimen político que pueda llamarse verdaderamente democrático. Lograr ese objetivo es tarea de todos los chilenos y sus organizaciones. Entre ellas, los partidos políticos deben pronunciarse claramente y también aquellos que aparecen como sus posibles abanderados en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

17 de Julio de 2007

Quieren precipitar declaración de muerte
Conferencia: Ex militares revelan crudos asesinatos en búsqueda de amnistía

por  Jorge Molina Sanhueza

Una de las confesiones fue entregada por un ex agente de la disuelta DINA, quien relató cómo detuvo, torturó y asesinó a Reinalda Pereira Plaza. El sujeto declaró que mientras usaba la ''parrilla'', la mujer fallecía, mientras que que el hijo que llevaba en su vientre también se movía producto de los tormentos.

Una nueva estrategia están utilizando los militares procesados por violaciones de los derechos humanos principalmente en el llamado caso Conferencia, como una manera de evitar ser condenados por el delito de secuestro calificado o permanente.

Los ex funcionarios castrenses, paulatinamente, han comenzado a asumir en sus declaraciones toda la cadena de hechos que derivaron en la desaparición de las víctimas, desde la detención, la tortura, la aplicación de venenos o disparos y el lanzamiento de cuerpos al mar.

La decisión de los ex agentes obedece a que, como el criterio de fallo de la Suprema ha sido condenar por el delito de secuestro porque no se han acreditado las muertes, decidieron asumir la autoría de asesinatos a personas con nombre y apellido.

Este es un detalle que los abogados de derechos humanos han comenzado a detectar paulatinamente en el proceso que sustancia el ministro Víctor Montiglio, donde se busca precipitar la declaración de muerte de las personas y aplicar la ley de amnistía.

Una de las confesiones es la de una ex agente que relata cómo detuvo, torturó y asesinó a Reinalda Pereira Plaza.

Una fuente que leyó el testimonio asegura que el sujeto asesinó a Pereira mediante la aplicación de corriente, mientras el hijo que llevaba en el vientre también se le movía hasta que ambos murieron, se indicó.

Montiglio, aparte de ser un acucioso investigador, ha aplicado la amnistía, sentencias que han sido revocadas por la Suprema.

De esta manera, si el magistrado acredita la muerte de los hasta ahora detenidos desaparecidos, quedaría en condiciones de aplicar el cuerpo legal dictado en 1978.

Los abogados de derechos humanos, en todo caso, están preparando una batería de argumentos al respecto, si es que deben enfrentarse en el máximo tribunal.

De hecho, la Suprema en diciembre del año pasado, en un fallo considerado “histórico”, declaró imprescriptible e inamnistiable los casos de dos estudiantes asesinados en Panguipulli tras el golpe de 1973, ratificando las condenas por secuestro calificado contra tres ex carabineros.

Montiglio mantiene a más de 60 personas encausadas en el caso Conferencia, agentes que pertenecían al centro de detención y exterminio que la DINA tenía en Simón Bolívar.

El llamado caso Conferencia es una operación lleva a cabo por la DINA en 1976 que asestó un duro golpe a la dirección clandestina del Partido Comunista, donde desaparecieron, entre otros, Víctor Díaz, padre de Viviana Díaz, quien fue por varios años la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El caso Conferencia, por estos días, espera que la Corte de Apelaciones de Santiago, resuelva una contienda de competencia entre Montiglio y el ministro Juan Fuentes Belmar por dos casos que se entrecruzaron en sus indagatorias. Esto sucedió porque desde 1998, cuando se acogió la primera querella contra Pinochet, vino una avalancha de acciones legales del mismo tipo.

Muchas de ellas fueron asumidas por el entonces ministro Juan Guzmán Tapia. Sin embargo, luego que se retiró del Poder Judicial fueron repartidas en otros magistrados.

Por: Lucía Sepúlveda Ruiz 

Víctor Toro, activista político de la Peña del Bronx, ex preso político y ex dirigente mirista chileno fue detenido el viernes 6 de julio por una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security).Se trata de la US Border Patrol que lo apresó en la ciudad de Rochester, New York transfiriéndolo luego al centro de detención Cayuga en Auburn, estado de Nueva Jersey. Se desarrolla una campaña a nivel internacional para lograr su libertad. El abogado Carlos Moreno interpuso un recurso de amparo en su favor.

Toro es indocumentado en Estados Unidos y está legalmente muerto en Chile. Hasta la fecha han fracasado sus intentos legales de que los gobiernos democráticos reviertan lo que hizo la dictadura: declararlo muerto en 1978, después de haberlo expulsado del país sobreviviendo a la tortura sufrida en su paso por el AGA, Villa Grimaldi Cuatro Alamos, Tres Alamos, Ritoque y otros campos de concentración.

En junio de 2006, Víctor Toro denunció su situación en una carta pública en la que explicó cómo se originó la publicación en el Diario Oficial que impide su retorno al país, porque ¿cómo podría retornar un difunto?

Así relató 'Melinka', el histórico dirigente del Movimiento de Pobladores Revolucionarios MPR y del MIR de fines de los '60 y durante el gobierno del Presidente Allende la maniobra de la dictadura: 'Yo me preparaba para el retorno a Chile y así apoyar la lucha de resistencia del pueblo y los trabajadores. Los servicios de represión de la dictadura, a través de los servicios de inteligencias a nivel internacional [EEUU y Europa], se las arreglaron para saber sobre nuestros andares revolucionarios, en particular sobre los que se integraban o retornaban a Chile.

En mi caso, urdieron la patraña de mi desaparición antes de mi supuesta llegada a Chile, engañaron, presionaron y chantajearon a mi madre Rosa Ramírez, que no sabía leer, ni escribir y la obligaron a realizar trámites para reubicarme por donde no me encontrarían jamás, y así después de unas pocas investigaciones y 'búsquedas', a través de esbirros y mercanchifles de la dictadura que actuaban en la ciudad de La Serena, rápidamente me dieron por muerto, nada mas y nada menos que en El Diario Oficial de Chile.

Han sido tan burdas las artimañas de los esbirros de la dictadura, que con muy poca destreza se puede mostrar sus mentiras, pasos y acciones criminales. En 1962 cumplí con el servicio militar en el Regimiento Rancagua de Arica, volviendo a mi casa a vivir con mis padres y familia en la Serena; después regresé al norte [Iquique] y después de varios años me instalé en Santiago. Entre 1972 y 1973, visite la ciudad de la Serena y como dirigente nacional del MIR, hablé en varios lugares públicos, en la Universidad Técnica y en el Teatro de la Serena, en las zonas agrarias, en Coquimbo y visite a mi madre y familia en la Compañía Alta. Varias de mis hermanas asistieron a algunos de los actos públicos donde hablé. Cuando ocurrió el golpe militar de 1973, todo Chile vio mi fotografía entre muchos otros, a los que se buscaba por ser peligrosos para el régimen militar. Posteriormente, cuando fui arrestado el 20 de abril de 1974 en San Miguel, saliendo de la casa del Guatón 'Omar' [Eduardo Díaz], fui trasladado a los centros de tortura de la Fuerza Aérea.

En Ritoque, fui visitado por mi familia y hermanas. Después de permanecer varios años en centros de torturas y campos de concentración de la dictadura de Pinochet, nuevamente fui puesto en una lista de 18 presos políticos que no podrían vivir en Chile, tampoco podrían ser dejados de libertad dentro de Chile, por lo tanto fueron expulsados sin ninguna documentación.

A fines de 1976, nuestras fotos salieron en muchos periódicos acusándonos de indeseables. Mientras he vivido en el exterior, exiliado, hemos vivido indocumentados. Primero fui activista del MIR; posteriormente asumí, en el campo de la solidaridad, como activista social y comunitario. Vivo actualmente en los EEUU.

Esta nota persigue poner al descubierto la patraña criminal de la dictadura, pero también la impunidad de los gobiernos de la Concertación que hasta hoy se niegan a documentarme como ciudadano de Chile, entregarme pasaporte, identidad y borrarme del Diario Oficial como muerto y resucitarme entre los vivos. Para aseverar documentadamente mis dichos, tengo en mi poder el diario Oficial mencionado al comienzo de esta nota; testimonio del obispo Tapia sobre la veracidad de este caso, así como información atestación reciente y oficial del Registro Civil de Chile.'

El correo del abogado que defiende a Víctor Toro a raíz de su detención en Nueva York, es MrnCrls@aol.com (de MORENO LAW OFFICE, P.C.) donde se puede adherir a la demanda de libertad inmediata para el consecuente luchador chileno, líder de los indocumentados e inmigrantes en Nueva York. Otros correos válidos para la campaña son: lapena2006@hotmail.com, rodstarz@gmail.com, rodwon@yahoo.com

8 de Julio de 2007

A fin de mes se conoce listado

Por  Gabriel Angulo

Ministra de Bienes Nacionales dijo que ése es el objetivo del ''Catastro histórico de Inmuebles Fiscales'' que considera 512 edificaciones, la mayoría de las FF.AA., que fueron identificadas por el informe Valech. Aclaró que con esto no se pretende ''perseguir a nadie'', sino que ''construir la memoria histórica del país para que esto no ocurra nunca más''.

Transcurridos 17 años del retorno a la democracia, el Estado de Chile está por primera vez reconociendo de manera oficial que, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, parte importante de su infraestructura fiscal fue puesta al servicio de la política represiva de la dictadura, como centros de detención o tortura.

Esa es la visión que tiene la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, respecto del rol que cumplirá el “Catastro histórico de Inmuebles Fiscales”, que está terminando de elaborar su cartera y que será publicado a fin de mes a través de Internet.

Se trata de un registro de 512 inmuebles utilizados durante el régimen que encabezó el fallecido general (r) Augusto Pinochet, que van desde escuelas matrices de las Fuerzas Armadas hasta retenes de Carabineros y cuarteles de la policía civil, los cuales fueron identificados e individualizados de acuerdo a la información recopilada por el informe Valech.

Schmidt sostiene que la elaboración de este listado se ajusta a la línea de trabajo que está impulsando la Presidenta Michelle Bachelet en materia de Derechos Humanos y que, en el caso de Bienes Nacionales, era una deuda pendiente, principalmente porque durante la dictadura dicha repartición dejó de cumplir su rol histórico de “apoyo a las políticas públicas” y de orientarse a proteger a las minorías y grupos socialmente vulnerables.

“Yo diría que recién con el informe Valech esta sociedad terminó de aceptar que aquí hubo represión. Antes de eso todavía había mucha gente que señalaba que no hubo tortura, que las ejecuciones fueron en medio de un proceso judicial, y después del informe Valech esto pasó a ser un hecho de la causa, como decimos los abogados”, afirmó la secretaria de Estado entrevistada por El Mostrador.cl.

Sin embargo, advirtió que faltaba que el propio Estado hiciera un reconocimiento oficial de lo sucedido. “Esto lo hizo el Estado, no un grupo terrorista, no una fracción, aquí fue el Estado, que es otro tipo de represión. ¿Dónde lo hizo?, ¿fue aislado?, ¿fue dentro de los grandes grupos urbanos del país?, ¿fue también en la ruralidad?”, se preguntó la secretaria de Estado sin ocultar su satisfacción por la posibilidad de responder estas interrogantes, en parte, a través de la iniciativa que elaboró su cartera con el apoyo de una mesa interinstitucional conformada por representantes de los ministerios del Interior, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, además de la Comisión Presidencial en materia de DD.HH. y el Consejo de Monumentos Nacionales.

”No hay un afán de perseguir a nadie”

Schmidt aclara que el objetivo del catastro es transparentar una situación que ocurrió en Chile e involucró de distinto modo a miles de compatriotas y no estigmatizar a las instituciones en cuyas dependencias se produjeron estos actos.

“No hay un afán aquí de perseguir a nadie. El afán es ayudar a construir la memoria histórica del país para que esto no ocurra nunca más. Esto es algo en lo que hemos ido avanzando pero no está concluido y tal vez nunca terminemos de concluirlo. Entonces quisimos hacer un aporte en eso, a la transparencia, construir la memoria histórica del país y también con eso acoger muchas inquietudes, muchas frustraciones de la gente”, sostuvo.

“Bienes Nacionales no se hace cargo de señalar quién ejerció la represión. La institución sí, pero no personas con nombre y apellido. Ese es un problema que tal vez la justicia tenga que deliberar (...). Hoy día tenemos ubicadas 515 –inmuebles- que están en ejercicio, o sea están en uso, y la mayoría de ellos están destinados a las mismas instituciones que lo estaban para el 11 de septiembre de 1973, pero es muy distinto lo que hoy día pasa sobre ellas. Lo que era comisaría de Carabineros y que fue un centro de represión, hoy día es comisaría de Carabineros y cumple las funciones de tal, no es un centro de represión”, recalcó.

Dejó claro también que cada ciudadano estará en su derecho a sacar sus propias conclusiones. “Hay gente que se sorprenderá por la cantidad de inmuebles fiscales que se ocuparon para esto y hay otra gente que, por el contrario, le parecerá muy poco. Esto va a decir relación con las inquietudes personales, con las historias personales que la gente tenga, y desde el lugar de la sociedad en que se esté”.

Y agregó que “probablemente para aquellas personas que desde los distintos ámbitos de las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en ejercer la represión les va a parecer que esto es un chiste; en cambio, al otro lado de la moneda, a las víctimas, con quienes hemos tenido un nivel de contacto, les parece que esto es algo sumamente necesario y agradecen la posibilidad de canalizarlo”.

La ministra reconoció que si bien el catastro incluye la fotografía, la ubicación e incluso una reseña histórica de los recintos, que en gran parte pertenecen a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, el tema no ha sido abordado con las autoridades de estas instituciones, sino que solamente con agrupaciones de víctimas y la mesa intersectorial.

"No hemos tenido conversaciones con las Fuerzas Armadas porque para esta acción nosotros no vamos a hacer intervención de los lugares”, argumentó, y sostuvo que dichos contactos sólo se llevarían a cabo si prosperan otras iniciativas, como la “Ruta de los Derechos Humanos” que requeriría el eventual ingreso a esos recintos o la instalación de algún tipo de señalética alusiva a las situaciones que allí ocurrieron.

Esmeralda y recintos privados excluidos

Schmidt advirtió que el catastro abarca solamente los recintos fiscales reconocidos en el informe Valech y no aquellos de carácter privado u otros que, si bien pertenecen a instituciones dependientes del Estado, no tienen el carácter de “inmuebles públicos”, aunque figuran igualmente como lugares usados como centros de detención y tortura.

“Hay edificación privada puesta para estos fines, pero no podemos hacernos cargo, porque sale de nuestro ámbito de competencia. Si alguien quiere construir un catastro de ello es una posibilidad que está abierta, pero Bienes Nacionales no se puede pronunciar”.

Y sobre el buque Escuela Esmeralda, la secretaria de Estado afirmó que “no es una edificación, no es un inmueble. Entiendo que es un bien de la Armada, pero no es un inmueble y por lo tanto no lo administra Bienes Nacionales, en el catastro no estaría”.

Dentro de los recintos que si estarán considerados, se encuentra el propio edificio de Bienes Nacionales, ubicado en el número 720 de la Alameda Bernardo O’Higgins de la capital, y los fines “oscuros” para los que fue usado durante la dictadura, fue uno de los que sirvieron de inspiración para llevar adelante el catastro. De hecho, más de algún funcionario que actualmente se desempeña en esa repartición fue alguna vez privado de libertad por el Comando Conjunto tras el golpe militar y llevado en calidad de prisionero a dichas dependencias.

Pero el listado incluye un amplio espectro de edificaciones que van desde escuelas matrices de las ramas de las Fuerzas Armadas hasta cuarteles policiales de todo el territorio nacional. De hecho, de los 515 recintos fiscales -de los 802 reconocidos por el informe Valech-, más del 50% (285) corresponde a recintos de Carabineros, como retenes y comisarías, seguido bastante más abajo por el Ejército (alrededor de 60), Gendarmería e Investigaciones (estos dos últimos con poco menos de medio centenar), la Armada, la FACH, y con menos cantidad, pero por cierto no menos relevantes, los que estaban a cargo de la CNI y la DINA.

Asimismo, y a diferencia de lo que se cree comúnmente, la mayor cantidad de recintos que fueron utilizados dentro de la política represiva del régimen de Pinochet se localizan en la Región del Bío Bío (81 recintos) y Valparaíso (76), seguidos por la Región de la Araucanía (59) , Los Lagos (58), Santiago (58); El Maule (46); O’Higgins (35); Antofagasta (29), Tarapacá (17), Atacama (17), Magallanes (17) , Coquimbo (16) y Aisén (6).

Por todas estas variables es que Romy Schmidt prefiere no emitir un juicio sobre cuales son los lugares más “emblemáticos” del catastro, ya que a su juicio es un criterio que varía caso a caso. “Es muy difícil decir cuál es el más simbólico, ¿aquel que tuvo al torturado más importante?, ¿aquel que tuvo la mayor cantidad de ejecutados?. Entonces es complejo establecer qué define lo simbólico”, dijo, recalcando que toda situación de tortura, sin importar donde haya ocurrido, es igualmente relevante.

Expectativas de las víctimas

Respecto a los aspectos técnicos, Schmidt dijo que se adaptó una ficha similar a la que se utiliza para otro tipo de inmuebles. “Para estos efectos, se creó una ficha especial para cada edificación relacionada para derechos humanos. Llegamos entonces a tener fotos de los 515 lugares, la ubicación incluso con un plano, a qué institución estaba destinada en este período, y a qué institución está destinada hoy día. El nombre de fantasía también, y eventualmente, cuando se tiene el dato, el organismo que ejerció la represión en él, cosa también sacada del informe Valech”.

Añadió que en el sitio web habrá un banner de DD.HH. donde los ciudadanos podrán buscar información región por región, identificar el listado de todos los centros de detención y tortura, y conocer la ficha de cada uno de ellos, su historia y también un contacto donde se pueden enviar vía correo electrónico más información al respecto.

“La idea es permitir que haya una expresión ciudadana sobre los inmuebles fiscales y ayudar a construir la parte de la historia que a Bienes Nacionales no le compete, a través e los aportes de la gente”.

Al respecto, indicó que no son pocas las personas que debieron transitar como detenidos por estos recintos y que tienen interés en recavar información de los mismos. “Ellos saben que hay determinados lugares donde sufrieron esta represión, pero no tenían idea donde estaban porque entraban y salían con los ojos vendados y los ubicaban sólo por el nombre clandestino que les tenía la gente, y ahí se construyeron nombres simbólicos como la ‘Venda sexy’, ‘Cuatro Álamos’, etcétera”, sostuvo.

6 de Julio de 2007

Por  Osvaldo Torres

Osvaldo Romo irrumpió en mi vida apuntándome con una metralleta AKA, la madrugada del 30 de enero de 1975. Sin orden de detención un comando de la DINA me arrestó junto a mi compañera Nubia Becker, mi amigo y dirigente socialista Eduardo Charme y Marcela Bravo. Dejaron aterrados a los dueños de casa y al hijo de Nubia, Hernán A Jaramillo de sólo 4 años.

En Villa Grimaldi Romo se hizo cargo personalmente de torturarme junto a Krasnoff, el Teniente Pablo, el Troglo y toda esa fauna de funcionarios del Estado que cumplían con sus obligaciones. No fui el único, ni el más torturado por esos equipos; tuve la suerte de salir vivo.

Al conocer la noticia de su muerte reviví la experiencia, la comenté con Nubia y recordamos a Eduardo. Pero también surgió la reflexión sobre el país que tenemos y que hemos construido desde esos años. Romo debe obligarnos a revisar el pasado reciente y las formas cómo se ha procesado; el ejercicio de la memoria es clave para recordar sin traumas que paralicen la acción política.

Romo se transformó en la figura que condensaba la tortura y la maldad de una época. Esta operación simbólica fue inevitable luego de sus declaraciones sobre cómo torturaban, mataban y dejaban morir; el valor que le asignaban de la dignidad y vida humana y el precio que cobraban por sus servicios en el Estado. Pero Romo simboliza mucho más, pues es la expresión del “castigo-aprendizaje”, ya que la idea era aterrorizar a la sociedad, paralizarla por el miedo para poder gobernar e imponer su modelo de sociedad. Su detención y condena ayudaron a espantar esos fantasmas, mas no a eliminarlos.

Romo tenía jefes y patrones. ¿Quién era el superior directo? ¿En la planilla de sueldos de qué institución estaba? ¿Su abogado era pagado por el Ejército? ¿Quién lo sacó a Brasil o luego lo escondió en Santiago el año 2002? ¿Si era infiltrado en la izquierda, quién fue su oficial superior? Romo se fue con muchos secretos y hay muchos cómplices dando vueltas. La democracia debe resolver estos enigmas, para que se confíe en ella.

Romo no fue una excepcionalidad histórica ni un “resto arqueológico”. Fue un instrumento para concretar un proyecto de país en el cual vivimos. Proyecto ideado por civiles y ejecutado con el apoyo militar.

La tarea de ahora, si queremos procesar sin traumas el pasado, es transformar el país que nos impusieron. Parte de la tarea está realizada, pero a muchos el susto a “volver al desorden”, “a los conflictos del pasado”, léase la Unidad Popular, los ha paralizado para reabrir el debate y la movilización por ampliar la democracia y la justicia social. En este sentido el arquetipo de Romo se levanta como la figura que logra paralizar el cambio, pues han aprendido la lección de lo que nos podría llegar a ocurrir si “repetimos la farra”, como si los contextos internacionales y nacionales no hubieran cambiado definitivamente.

Las tareas pendientes son, qué duda cabe: la Asamblea Constituyente para que todos los chilenos, sin imposiciones de fuerza, construyamos la democracia que decidamos libremente; el debate sobre las riquezas naturales y los verdaderos royalties que se debieran pagar –para no hablar del control nacional sobre esos recursos-; la discusión acerca de los impuestos a las utilidades para reducir las brechas de desigualdad en educación, previsión, salud y vivienda; el control civil sobre las FFAA, su doctrina y entrenamiento. Es obvio que abrir la agenda a estos temas es, particularmente para los poderes fácticos, desestabilizador y “querer regresar al pasado”, pero el problema más complicado es que, quienes luchamos por el regreso a la democracia, no lo tengamos como norte de la acción política por “el temor al pasado”, por creer que “se abre una caja de Pandora”.

Mientras nos sigamos negando a poner en el centro del debate nacional la transformación del país, el espectro de Romo y sus amigos seguirá persiguiéndonos como una “lección aprendida”. Superar a Romo es luchar por el Chile que queremos.

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Osvaldo Torres G. Concejal de Peñalolén

Fecha edición: 04/07/2007 10:27

A mediados de los '70, Osvaldo Romo se trasladó a Brasil con su esposa Raquel González Chandía y sus cinco hijos. Vivieron durante 16 años en la clandestinidad en un pequeño poblado. El se hacía llamar Andrés Henríquez Mena, y aunque trabajaba en una empresa de seguridad también ejerció como entrenador de fútbol.

La historia de Romo, a la vez, da para una novela. De joven, y mucho antes de que fuera agente civil de la Dina, se le ligó a un partido de derecha. Pero luego se convirtió en dirigente poblacional afiliado a la Unión Socialista Popular, mantuvo vínculos con el MIR y fue colaborador del Partido Socialista. Es uno de los personajes emblemáticos en los casos de violaciones a los derechos humanos. Considerado uno de los miembros más sanguinarios de la Dina, acumuló una larga lista de enemigos por su calidad de doble agente, bajo la cual "entregó" a varios de sus ex compañeros.

El 16 de noviembre de 1992 fue expulsado de Brasil, país donde se le acusó de tres infracciones a la Ley de Extranjería, de falsificación y uso indebido de documentos de identidad. A su llegada a Chile lo esperaba el proceso por la desaparición de Lumi Videla y luego por el secuestro del ciudadano chileno francés, Alfonso Chanfreu.

Entre los casos por los que fue condenado figura el de la periodista Diana Aron Svigilsky, el contador Manuel Cortez Joo y Ofelio Lazo, todos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenidos y hechos desaparecer en 1974.

También estaba procesado por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, también detenido desaparecido.

Según fuentes penitenciarias, su familia sigue viviendo en Brasil y Romo jamás recibió visita alguna en los años en que estuvo preso.

Conocido por su fama de torturador, el agente civil de la DINA falleció esta madrugada en el Hospital de la ex Penitenciaría. El condenado cumplía dos penas por caso de detenido desaparecido que suman quince años en la cárcel de Punta Peuco.

lanacion.cl

Osvaldo Romo Mena, considerado uno de los más feroces y siniestros torturadores durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet en Chile, murió hoy en un hospital carcelario, informaron fuentes penitenciarias.

Foto: Muere osvaldo romo mena, torturador de la DINA.  

Romo, de 70 años, estaba involucrado en más de un centenar de casos de detenidos desaparecidos y sumaba condenas a 92 años de prisión, varias de ellas ya refrendadas por la Corte Suprema.

El preso, que sufría de diabetes y varias enfermedades asociadas, murió a las 05:30 horas (09:30 GMT) a causa de un paro cardiorrespiratorio, precisaron las fuentes.

Entre los casos por los que fue condenado figura el de la periodista Diana Aron Svigilsky, el contador Manuel Cortez Joo y Ofelio Lazo, todos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenidos y hechos desaparecer en 1974.

También estaba procesado por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, también detenido desaparecido.

Romo ya había sido hospitalizado en grave estado en junio de 1974, debido a un cuadro de descompensación diabética y neumonía. Además, sufría las secuelas de un accidente vascular encefálico y una cardiopatía.

Hace algunos años, en una entrevista con el Canal Univisión, Romo afirmó que el gran error de la dictadura de Pinochet (1973-1990) fue haber dejado izquierdistas vivos.

'Yo siempre le decía a mi general (Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura), no hay que dejar a ningún periquito vivo', afirmó en esa ocasión, en la que además nombró a cuatro dirigentes socialistas a los que, si tuviera la ocasión, según dijo, asesinaría.

En el año 1977, Romo fue enviado por sus jefes a vivir a Brasil, donde según creen organismos de los derechos humanos pudo haber participado en escuadrones de la muerte.

En junio de 1992, ya recuperada la democracia, fue localizado y detenido en Sao Paulo, donde vivía con una identidad falsa, su esposa y cinco hijos. Fue deportado a Chile en noviembre de ese mismo año.

Según las fuentes penitenciarias, su familia sigue viviendo en Brasil y Romo jamás recibió visita alguna en los años en que estuvo preso.

Osvaldo Romo se hizo conocido antes del golpe militar de septiembre de 1973, como agitador ultraizquierdista en barrios obreros, miembro del Partido Socialista Popular y simpatizante del MIR.

Tras el golpe, apareció en los mismos barrios, de uniforme militar deteniendo a sus amigos y conocidos; en los círculos de izquierda todavía se debate si cambió de bando o fue siempre un infiltrado en el movimiento popular.

En lo que sí coinciden los supervivientes de la Villa Grimaldi, el más conocido centro de torturas de la DINA, es que Romo era un sádico que no sólo violaba personalmente a las prisioneras, sino que además utilizaba perros y les introducía ratas en la vagina y se solazaba especialmente con la aplicación de electricidad.

Terra Actualidad - EFE

Enviado por Valeria Bustos  puebloppd@gmail.com Consejera Nacional

Actualmente cumplía condena en el penal de Punta Peuco por casos de violaciones a los derechos humanos.

El ex agente civil de la DINA, Osvaldo Romo Mena, falleció a las 5.30 de esta madrugada en el hospital de la ex Penitenciería producto de un paro cardiorrespiratorio.

Romo fue hallado en 1992 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, país del que fue expulsado. Actualmente cumplía condena en el penal de Punta Peuco por casos de violaciones a los derechos humanos.

Cumplía condena de 10 años y 1 día por el secuestro calificado del militante del MIR Manuel Cortez Joo y de 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Ofelio Lazo, detenido en julio de 1974 por cinco civiles que no exhibieron orden de detención ni credencial alguna.

El ex agente ya tenía antecedentes de salud, pues el pasado 6 de junio de 2004 fue ingresado de urgencia a la UTI de la Posta Central, en estado grave, debido a un cuadro de descompensación diabética y neumonía. Además, sufría las secuelas de un accidente vascular encefálico y una cardiopatía.

Según se informó, no habrá ninguna versión en persona por parte de Gendarmería, sino que se entregará sólo un comunicado de prensa por parte de la institución, en el que se entregarán los detalles del fallecimiento de Romo Mena.

A 34 años de un intento de golpe con más de 30 asesinatos

Por: Ernesto Carmona / argenpress.info

Foto: El cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez en acción frente al Banco Central, dispara contra el camarógrafo el 29 de junio de 1973.

Este viernes 29 de junio se cumplen 34 años del fallido intento de golpe contra Salvador Allende perpetrado por un grupo de oficiales del regimiento de tanques Blindados Nº 2, que pasó a la memoria como El Tancazo o el Tanquetazo. También se conmemora la muerte del camarógrafo argentino-sueco Leonardo Henrichsen, asesinado en las calles de Santiago ese mismo día de 1973, al igual que una treintena de víctimas civiles. En Santiago, habrá hoy dos actividades recordatorias, organizadas por periodistas y amigos de la profesión:

1) 11 horas, Acto in Memoriam, Amunátegui 31, tercer piso (Círculo de Periodistas de Santiago)

2) 12 horas, Romería y Ofrenda Floral frente al Banco Central (Agustinas y Morandé)

A las 11 horas se reindirá tributo a la memoria de Henrichsen con una ceremonia en el Memorial de los Periodistas, un muro de mármol erigido en el tercer piso de la sede institucional de Amunátegui 31 para recordar a los caídos donde figuran los nombres de los 30 periodistas y estudiantes asesinados y desaparecidos por la dictadura militar. En la Biblioteca del Círculo se exhibirá enseguida la secuencia de dos minutos filmada por Henrichsen antes de morir, en cuyos fotogramas aparecen los primeros planos del responsable de la patrulla que le dio muerte, el suboficial Héctor Hernán Bustamante Gómez, quien jamás ha sido sancionado por este asesinato impune. También se mostrarán otras imágenes de la jornada.

El cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez en acción frente al Banco Central, dispara contra el camarógrafo el 29 de junio de 1973.

Romería al Banco Central

Una vez celebrada esta actividad In Memoriam, los asistentes caminarán en Romería hasta la fachada del Banco Central, en calle Agustinas esquina Morandé, para depositar una ofrenda floral en el lugar exacto donde cayó el periodista. Allí los periodistas solicitarán al Banco la instalación de una placa recordatoria en el frontis del edificio del Instituto.

A esta actividad fueron invitados la embajadora de Suecia, Maria Christina Lundqvist, y el embajador de Argentina, Carlos Enrique Abihaggle, como asimismo la intendenta de Santiago, Adriana Delpiano. Participarán, además, María Verónica Martínez, presidenta del Círculo de Periodistas de Santiago; Luis Conejeros y Tebni Pino, presidente y secretario general, respectivamente, del Colegio de Periodistas de Chile; Patricio Martínez, presidente del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio; y Ernesto Carmona, Consejero Nacional del Colegio y Secretario Ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Antecedentes del crimen

Henrichsen cubrió el levantamiento militar del 29 de juicio de 1973 para la Radio y Televisión de Suecia. Encontró la muerte mientras filmaba a una patrulla al mando del cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez, quien fracasó en conseguir que Carabineros permitiera el acceso a La Moneda por la Comisaría de Accidentes del Tránsito (CIAT) que se hallaba debajo de la Plaza de la Constitución, en la parte posterior del palacio presidencial. Distintos uniformados también fracasaron en otras tareas ordenadas por el jefe de los sublevados, teniente coronel Roberto Federico Souper Onfray, como solicitar la rendición a la guardia de Carabineros encargada del palacio presidencial y exigir la definición de las fuerzas del regimiento Buin, que llegaron al sector desde el norte de la ciudad, al mando del coronel Felipe Geiger Stahr, quien finalmente decidió no intervenir, abandonando a su suerte al jefe del levantamiento, que se hallaba a bordo de un tanque estacionado en los aledaños de la Plaza de la Constitución. El periodista registró las imágenes de los militares que lo mataron cuando tuvo la mala suerte de toparse, a las 9:10 de la mañana, con el malhumorado cabo Bustamante que, tras el fracaso de su misión de enlace, se dedicó a agredir a los civiles que transitaban por las calles Agustinas y Morandé hasta que Souper dio la orden de huir en desbandada.

Durante este episodio ocurrieron algunos hechos singulares. Uno fue el oscuro desempeño de Agusto Pinochet, entonces jefe del estado mayor del Ejército, quien apareció en el palacio de La Moneda, después de la huida de Souper, al mando de las tropas del Buin, en circunstancias que ese regimiento tenía su propio jefe y, además, su investidura de jefe de estado mayor lo obligaba a estar siempre cerca del comandante en jefe, como un secretario, en este caso, del general Carlos Prats González, quien no lo vio durante toda esa mañana. Cuando el presidente Salvador Allende llegó al palacio, apareció Pinochet. El general se cuadró y le dijo 'Todo bajo control, mi Presidente', ante los distraídos Prats y el ministro de Defensa José Tohá. Otro detalle fue que todos los altos oficiales, incluido el general Prats, anduvieron todo ese día vestidos con el uniforme corriente, la llamada 'gabardina 2', utilizada por reglamento para trabajos de oficina, en cambio Pinochet apareció 'vestido para matar', en ropa de combate, como si hubiera sabido temprano que ese día habría una pequeña guerra. Este detalle fue registrado en el 'Diario de Guerra' que debió abrir ese día el general Guillermo Pickering, jefe del comando de institutos militares, quien sospechaba de Pinochet y diseñó con Prats la estrategia para sofocar la intentona de golpe. Lo más probable es que Pinochet haya permanecido toda esa mañana 'al cateo de la laucha', esperando hacia dónde se inclinaría la balanza del poder y cuál sería la fuerza real que exhibirían los golpistas, a quien también les falló el apoyo civil y para militar comprometido por la organización fascista Patria y Libertad, cuyos miembros no aparecieron por ninguna parte a pesar que esa misma madrugada sacaron del regimiento abundantes armas largas y pesadas que les fueron entregadas por los oficiales sublevados. Para esa fecha, Prats y Allende tenían absoluta confianza en la lealtad de Pinochet.

En la 'foja' 342 del expediente de la causa 2765/73, que el Ejército instruyó inmediatamente después del intento de golpe, a cargo de Francisco Saavedra Moreno, Fiscal militar ad hoc de la Segunda Fiscalía Militar, el teniente coronel Souper Onfray declaró el 9 de julio: 'En relación a la referencia de fojas 247 vuelta, que de mí hace el cabo 1º Alejandro Latorre, no es totalmente efectivo, puesto que cuando llegó junto a mi tanque el Capitán Alliende le pregunté por el Comandante del Buin, haciéndole además la pregunta expresa de '¿dónde estaba la ayuda del Buin?'. El me contestó que estaba al mando de la Unidad mi General Pinochet y que luego de consultar volvería junto a mí; pero no lo hizo'. Esta declaración por lo menos confirma la connivencia previa del Buin con el intento de golpe.

Otro hecho muy curioso fue que el cabo Bustamante casi muere ese día por lo que podría llamarse 'fuego amigo'. La camioneta 3/4 en que se desplazaba su patrulla huyó en dirección sur, por la calle Teatinos, pero fue interceptada en la Alameda por las tropas 'leales' del regimiento Tacna, al mando del entonces coronel Julio Canesa, quien salió de mala gana a reprimir a los golpistas, presionado personalmente por el general Prats. Las tropas del Tacna se posicionaron en Alameda, frente al ministerio de Educación, donde detuvieron a muchos sublevados, pero le dispararon al vehículo de Bustamante cuando no acató la voz de alto. Hubo un muerto y varios heridos graves, que fueron llevados de inmediato al Hospital Militar, entre ellos el cabo Bustamante, quien hoy quizás sea cojo porque recibió los impactos de grueso calibre en las extremidades. Un Informe Reservado del Ejército de Chile [Dirección General de Logística, Sección de Sanidad, Hospital Militar], dirigido al tribunal castrense el 24 de julio de 1973, describió la atención prestada a los heridos y fallecidos el día 29 de junio de 1973 y registró: 'CB.1 Héctor Bustamante, Regto. Blind. 2 Fractura húmero izquierdo y pie der. Hospitalizado'. Inmovilizado por sus heridas, Bustamante no compareció a declarar ante el fiscal militar, como lo hicieron decenas de cabos, suboficiales, oficiales, y centenares de soldados, carabineros y civiles.

Para ocultar que hubo encuentros armados en el centro de la ciudad entre militares 'leales' y golpistas el Ejército creó una fábula: los disparos que recibieron algunos sublevados, como la patrulla de Bustamante, salieron de la construccion de la Torre Entel, a pocos metros de distancia, donde Investigaciones detuvo a 159 personas, entre obreros, ingenieros y otros trabajadores, quienes estaban desarmados y más bien se habían ocultado temerosamente en los sótanos del edificio que carece de ventanas. En definitiva, el cabo Bustamante Gómez fue uno de los pocos militares atacados por sus propios pares en el centro de la ciudad, ya que las fuerzas del Tacna se tomaron a tiros la sede del regimiento Blindados Dos, más de un kilómetro al sur de La Moneda, donde hubo un conscripto muerto y otros heridos. En la jornada hubo 22 muertes civiles documentadas por el fiscal y una decena de uniformados.

El 12 de julio de 1973, el conscripto José Orlando Villa Paredes, del Regimiento Blindado 2, en la foja 528 (b) aparece declarando textualmente ante el juez militar: 'Nos apostamos en Morandé con Moneda, mandados por el cabo Bustamante, quien nos ordenó disparar al aire para espantar los civiles. Mi cabo después nos ordenó corrernos a Morandé con Agustinas, también nos ordenó disparar al aire. Al rato, como se iban los tanques del lugar, el cabo Bustamante nos ordenó subir a la camioneta en que habíamos ido y en la Alameda nos detuvo mi General Prats, quien estaba frente a la Torre Entel. No sé de dónde nos dispararon y murió un conscripto que iba en la camioneta, quedando dos de nosotros heridos, a los que llevamos al Hospital Militar'. Este conscripto de la patrulla de Bustamante está, por lo tanto, entre los candidato a la autoría directa del asesinato del periodista, puesto que el disparo mortal definitivo lo hizo un soldado, debido a que el cabo erró por mala puntería, no por falta de deseos de matar. El conscripto Villa Paredes reconoció ante el juez haber disparado por lo menos al aire, pero entrevistado por este periodista el 27 de abril de este año, en su domicilio de Puente Alto, para un documental sobre Leonardo Henrichsen del realizador argentino Andrés Habegger, describió su actuación de ese día más como si sólo hubiera participado en un pacífico paseo militar por el centro de la ciudad. Treinta y cuatro años después ni siquiera admitió haber disparado al aire. '¡Jamás disparamos!'

Ex Conscripto José Orlando Villa Paredes

El asesinato de Leonardo Henrichsen todavía continúa impune. Hasta ahora los tribunales chilenos han denegado justicia a la familia del periodista. La jueza Romy Grace Rutherford Parentti, del Segundo Juzgado del Crimen, desestimó por 'prescripción' la querella criminal presentada por los hijos Josephine y Andrés Henrichsen Macfarlane, el 27 de octubre de 2005, contra el cabo Bustamante Gómez 'y quienes resulten responsables'. La corte de Apelaciones acogió también la tesis de la prescripción. El último reclamo de justicia fue un recurso introducido ante la Corte Suprema a fines de abril de este año, por el abogado Hiram Villagra, “por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita genocida, crímenes de guerra y homicidio calificado” de cuatro ciudadanos argentinos muertos o asesinados bajo la dictadura militar: Leonardo Henrichsen, Oscar Héctor Bugallo Celuzi, Miguel Angel Lacorte y Héctor Garzán Morillo.

Mientras tanto, Bustamante Gómez residiría actualmente en Arica, en el extremo norte de Chile. Y todos los jefes, autores intelectuales y cómplices civiles de este putsch acaecido 74 días antes del golpe de Pinochet –11 de septiembre de 1973– gozan de libertad y buena salud. Souper Onfray prestó incluso sus servicios a la DINA de la región metropolitana de Santiago, la guardia pretoriana que eliminó o hizo desaparecer a más de 3.500 disidentes y opositores a la dictadura.

 El comandante en jefe del Ejército se reunió por cerca de tres horas con la agrupación y el ministro de Defensa para analizar la situación del general (R) Raúl Iturriaga.

Los familiares de las víctimas, sin embargo, se mostraron insatisfechos tras la cita, pues aseguran que Izurieta no manifestó "un rechazo abierto" a la actitud del prófugo militar.

General (R) Raul Iturriaga Neumann (Profugo)

El comandante en jefe del Ejército chileno, general Oscar Izurieta, se reunió hoy durante tres horas con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en un inédito encuentro que sin embargo dejó insatisfechos a estos últimos.

La reunión, en la que participó también el ministro de Defensa, José Goñi, tuvo como tema central la situación del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, que está prófugo desde el pasado 11 de junio tras negarse a cumplir una condena por violaciones a los derechos humanos.

El ministro calificó de "histórico" el encuentro, el primero entre un jefe del Ejército y la agrupación que aglutina a los familiares de los 1.197 detenidos desaparecidos que dejó el mandato de Augusto Pinochet.

Goñi añadió que la reunión, solicitada por la AFDD, es "un gesto más de normalidad democrática" y valoró "la profundidad del diálogo que se dio".

Iturriaga Neumann fue sentenciado a cinco años y un día de prisión por la desaparición, en 1975, del izquierdista Luis Dagoberto San Martín.

El ex militar, que envió desde la clandestinidad un mensaje en el que se declara en rebeldía, está procesado además por el asesinato del ex jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, que murieron víctimas de un atentado el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde vivían exiliados.

En relación con Iturriaga, la AFDD pidió ayer al Ejército que investigue si ha recibido apoyo de personal en servicio activo.

Sin embargo, después de la reunión de hoy, las dirigentes se declararon insatisfechas pues el general Izurieta, según dijo a los periodistas la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, no manifestó "un rechazo abierto" a la actitud del prófugo militar, que califican de "peligrosa".

También lamentó que el jefe castrense no hubiese dado una respuesta concreta a la demanda de que el Ejército deje de financiar a los abogados de los militares imputados por violaciones a los derechos humanos.

Según Pizarro, el jefe del Ejército al respecto sólo les señaló que el tema "estaba en estudio".

El ministro de Defensa, en tanto, afirmó que el Ejército dejó en claro que no había ningún funcionario castrense involucrado en una red para proteger al prófugo, y añadió que Izurieta reiteró lo que señaló en una declaración anterior, en cuanto a que la institución condena esta situación.

Goñi destacó su "convicción y disposición" para seguir avanzando en la relación entre el Ejército y la AFDD, en la que a su juicio, este miércoles se marcó "el inicio de una nueva etapa".

IMAGEN DEL PAIS
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, también se refirió hoy a la situación de Iturriaga Neumann señalando que su figura "no tiene la más mínima importancia" para la imagen exterior de Chile.

Tras participar de la inauguración de la Conferencia Internacional de Memoria y Democracia, Van Klaveren señaló que "este tema no ha estado presente (en la conferencia), la situación del señor Iturriaga es una situación importante, desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia, pero es un tema muy menor (en el contexto de la imagen internacional de Chile)... el señor Iturriaga no tiene la más mínima importancia".

El subsecretario agregó que lo "que si es importante, es que él formó parte de un régimen que violó masivamente los Derechos Humanos, y que en Chile se está haciendo justicia, y que nadie puede estar al margen de ella; pero (la situación del general retirado) no ha sido un tema de tratamiento de este seminario".

El gobierno realiza un monitoreo constante y se mantiene informado de las pesquisas que realiza la policía de Investigaciones para dar con el paradero del general (R).

Según informó La Tercera hace unos días, las indagaciones se concentran en la Quinta Región, específicamente en los balnearios de Maitencillo y Zapallar. Paralelamente el fin de semana las distintas unidades de Carabineros recibieron el encargo para detener a Iturriaga lo que contempla además informar de inmediato al alto mando.

La Nación

General que huye...

•Familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes de los centros de tortura que dirigió el general (R) Raúl Iturriaga Neumann reaccionaron ayer en contra de los militares retirados que insisten en solidarizar con su subversivo compañero de armas.

•Los oficiales (R) realizaron fuertes críticas contra los jueces que instruyen procesos por violaciones de los derechos humanos acusándolos de prevaricación y de “sometimiento al poder político de turno”.

•La derecha, esta vez, guardó silencio. Parlamentarios de la Concertación entregaron una dura respuesta a las justificaciones a la fuga que levantaron algunos senadores y diputados de la UDI.

•Testimonios del juicio por la detención y desaparición de Dagoberto San Martín, delito por el que el militar en retiro está condenado a cinco años. de prisión, demuestran que el ex DINA nunca otorgó a sus prisioneros lo que hoy exige: un debido proceso.

18 de Junio de 2007

Organizaciones de DDHH se enfrentan con ex militares por Iturriaga


Entidades llegaron hasta el Club de la Unión donde el Círculo de Oficiales en Retiro realizaba un conferencia de prensa para apoyar al prófugo general retirado.

Organizaciones de derechos humanos llegaron hasta el Club de la Unión donde el Cuerpo de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas ofrecía una conferencia para apoyar la actitud de rebeldía del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, quien se encuentra prófugo de la Justicia, tras ser condenado por violaciones a los derechos humanos.

En primera instancia, la agrupación de ex militares, encabezada por el general (R) Jaime Núñez, entregó su "apoyo moral" a Iturriaga Neumann, quien el pasado lunes no se presentó a cumplir la sentencia a cinco años y un día de cárcel dictada en su contra por el secuestro calificado del mirista Luis Dagoberto San Martín.

En la oportunidad, Núñez calificó como una "ficción jurídica inexistente en el Código Penal" la figura de secuestro calificado usada por los magistrados, y que ha permitido aplicar condenas a los ex uniformados involucrados en la desaparición de opositores a la dictadura militar.

Más duro, sin embargo, fue el capitán (R) Román Balla, secretario de la entidad, quien repudió declaraciones como las del subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien calificó como un delincuente al prófugo ex uniformado, otrora jefe del Departamento Exterior de la disuelta DINA.

"(Expresamos nuestro) total repudio a las insolentes y desmedidas declaraciones de personeros de Gobierno y colaboradores de él, en el que han como delincuente a un prestigioso y distinguido general de la República, tratando de ponerlo a la altura de delincuentes comunes", afirmó.

Tras la conferencia, los ex uniformados fueron increpados por un grupo de manifestantes, entre los cuales había miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que desplegaron lienzos y carteles alusivos al prófugo militar retirado del Ejército, donde destacaban su carácter de "peligro para la sociedad".

Los uniformados en retiro aseguraron no tener información sobre el prófugo, e indicaron que debe haber voluntad política para modificar la aplicación de las leyes que están haciendo tribunales. Además de manifestar su defensa del mecanismo de la amnistía y prescripción de los crímenes cometidos durante el gobierno militar.

PC entrega carta al Ejército

Por su parte, la dirección regional del Partido Comunista entregó esta mañana una carta en la Comandancia en Jefe del Ejército en la que llamó a la institución a no colaborar de ninguna forma con el militar condenado por violaciones a los derechos humanos.

"No podemos dejar de manifestar que la imagen de este ex funcionario daña a la democracia, al estado y a las FFAA, ya que es la del cobarde, que fue capaz de sacrificar miles de vidas mientras estaban atadas, vendadas y hoy cuando tiene que enfrentar como hombre por sus actitudes, se esconde en la oscuridad del desacato como el más cobarde", señala la misiva.

Les imputaron el delito de prevaricar y apartarse de la Constitución y las leyes
 

En una enardecida rueda de prensa solidarizaron con el prófugo Iturriaga Neumann y justificaron las muertes y desapariciones argumentando que “en una guerra hay violencia”. De paso, dijeron que los únicos delincuentes fueron Allende y sus colaboradores.

Foto: Una verdadera encerrona debieron soportar los oficiales (R) que ayer apoyaron a Iturriaga y criticaron la labor de la justicia. Foto: Leandro Chávez

Corte Suprema 

“No me gustan para nada esas opiniones porque no creo que sea así”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, respondiendo una consulta por los referidos dichos proferidos ayer en contra de jueces y ministros por los conferencistas. Aludiendo al alegado no debido proceso de Iturriaga, el presidente dijo irónicamente “tengo entendido que son varias hojitas, donde el señor ha declarado como cualquier ciudadano y un Estado de derecho las sentencias se cumplen, pero simplemente el señor Iturriaga se fugó”.