Centros Chilenos en el Exterior

Estimados compañeros, amigos y público en general:

Una vez más nos encontramos en este lugar, con motivo de la presentación de la  quinta  Demanda Civil en contra del Estado, de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile con la participación de 600 sobrevivientes de prisión política y  tortura llegando con esto a los tres mil demandantes. 

Quisiera aclarar qué sentido tiene para nosotros  la presentación de este libelo en contra del Estado.

Tiene el sentido de expresarle formalmente al gobierno nuestro más sentido rechazo a la forma en que se ha abordado el tema de los Derechos Humanos en nuestro país.

 Queremos decir no! a la publicidad engañosa con que el gobierno embauca a la opinión pública nacional e internacional, presentándose como los paladines de la justicia, le queremos decir no! al cinismo con que por un lado el gobierno se postula a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mientras que por el otro, no cumple con suscribir los tratados internacionales que están pendientes y no  respeta lo ya firmados, y que hoy son parte de nuestro Código Penal, como por ejemplo el Artículo 14 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos  y Degradantes la cual establece que ..........Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una INDEMNIZACIÓN JUSTA Y ADECUADA, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización...

Queremos decir no!  al deprecio e insensibilidad del gobierno para con los ex prisioneros políticos  de Chile.  

 Queremos decir no!    a la impunidad.

 Exigimos JUSTICIA, así como nosotros y el mundo de los Derechos Humanos lo entiende, establecer  la verdad, castigar a los culpables,  y reparar  a los sobrevivientes en forma justa y adecuada de acuerdo al daño causado.

Acusamos al CDE de utilizar todo tipos de artimañas y ardides para entorpecer el justo derecho de las víctimas a demandar colectivamente y a obtener por parte del Estado una indemnización justa y adecuada de acuerdo al daño causado, acción responsable de que estas demandas civiles se eternizan en los tribunales en desmedro del derecho de las víctimas a recibir una atención rápida y expedita y en desmedro de la justicia. JUSTICIA QUE TARDA ES DENEGACIÓN DE JUSTICIA!!!

Como es posible que la mayoría de los juicios de DD.HH. lleven alrededor de 16 años de tramitación,  eso equivale a decir, ninguna víctima ha recibido la reparación a la que tiene derecho, es una vergüenza es un  descaro, esto es cinismo puro,  además  un atropello a la lógica y al sentido común, va contra toda Ética y Moral. Contraviniendo  los buenos deseos de toda la comunidad internacional que se ha expresado categóricamente en contra de esas innobles prácticas. 

Nuestra orgánica desde hace mucho tiempo, específicamente desde nuestro Segundo Encuentro Nacional el 9,10 y 11 de Octubre de 2004 en  Osorno, que reconocimos la necesidad de una reforma procesal civil, tanto así que se transformó en uno de los principales acuerdos de ese encuentro. Si somos capaces de impulsar esta  reforma no sólo nos favorecería a nosotros los ex prisioneros políticos sino que también favorecerán los procesos que enfrentan los familiares de ejecutados y desaparecidos y a toda persona que haya sido víctima de un hecho que le signifique un daño que se deba resarcir.

Es decir compañeros con mucha clarividencia fuimos capaces de reconocer, uno de los escollos más grandes que deberíamos enfrentar aparte  de la falta de voluntad política de los gobiernos de la Concertación que han sido otro gran componente obstaculizador para lograr Justicia, así como nosotros la entendemos.

 Queridos compañeros  una vez más queremos expresar nuestras exigencias que las resumimos  en nuestras tres tesis que consisten en:

1.  INDEMNIZACIÓN POR ENCARCELAMIENTO INDEBIDO Y TORTURA:

El Estado debe hacerse responsable del inmenso daño que afecta a decenas de miles de víctimas en Chile.             

Es un Derecho fundamental e internacionalmente reconocido:   "Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización  justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a una indemnización".  (Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Artículo 14)                    

Una indemnización justa y adecuada, junto con respetar normas internacionales, ofrece notables ventajas:

•a)    Es heredable. La indemnización cubre el daño de la familia, puesto que el daño fue transversal.

•b)    Dado el largo tiempo transcurrido, es conveniente que el grueso de la reparación  tenga ese carácter.

•c)     El Estado tiene gran superávit que permite se pague una indemnización  digna.             

El monto debe ser el propuesto en el año 2004; es decir, una indemnización base de UF 2000, más un incremento de UF 10 por cada día de privación de libertad. Además, debe aumentarse la indemnización  con un 50% en los casos de víctimas que quedaron inválidas o sufrieron violación sexual.

 2. SUBSANAR FALENCIAS DE LA PENSIÓN REPARATORIA DE LA LEY 19.992                                                                                                                

Proponemos subsanar las exclusiones y la discriminación.  La pensión debe ser compatible  con cualquier otro beneficio, como la pensión de exonerado político y que las pensiones asistenciales deben conservarse. 

 Debe dar derecho a una pensión de sobrevivencia en un 100% (para la viuda o pareja sobreviviente). Su monto debe equipararse a otras pensiones para víctimas de DD.HH., no somos víctimas de segunda clase.  Debe dar acceso a beneficios de salud en FONASA, sin descuentos. Exigimos la eliminación del artículo 15, ya que el Estado debe asumir su rol de garante de la justicia y no favorecer la impunidad.

 3.  GARANTIZAR ACCESO A JUSTICIA RÁPIDA PARA OBTENER REPARACIÓN ADECUADA

 La obligación del Estado de indemnizar a las víctimas comprende proporcionar los recursos jurídicos y de reparación a las víctimas directas o a sus parientes próximos. Nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que contemplan el derecho de las víctimas a obtener una reparación y adecuar la legislación nacional a dichos convenios, especialmente en la práctica judicial. Se hace absolutamente necesario reformar el procedimiento civil a fin de agilizar las causas y no se eternice la espera por reparación.  Exigimos se respete la Resolución 60-147 de 2006, acordada por la Asamblea General de la ONU en la que se fijan los "Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", elaborado por la Comisión de DD.HH. de la ONU en Ginebra. 

Nuevamente el discurso del 21 de mayo de la presidenta echó por tierra los anhelos de justicia para los sobrevivientes de la prisión política y tortura.  ,  y nos siguen obligando a ponernos de pié aún con todas las dificultades de salud propias de nuestra edad, por eso estamos aquí hoy y seguiremos estando el tiempo que sea necesario y que la vida nos permita mientras en Chile no se haga justicia. Entendemos que  nada se nos regalará, todo lo que se logre será a través de la lucha  judicial y política, sustentada en la UNIDAD y la MOVILIZACIÓN.

Queridos compañeros agradecemos el esfuerzo que han realizado por llegar hasta aquí, admiramos  su espíritu de sacrificio y agradecemos  el compromiso con nuestra Organización, y como un gesto de lealtad a nuestro querido presidente  SALVADOR ALLENDE Y  PARA QUE SE ABRAN LAS ANCHAS ALAMEDAS COMO ERA SU  DESEO nos comprometemos a no renunciar a nuestra lucha por la justicia en nuestro país.

Nelly Cárcamo Vargas, Vicepresidente de la ONG

"Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile"

Santiago, Plaza de la Constitución, a 30 de mayo de 2008

 Es fácil llamar a confundir a la ciudadanía con propuestas legales que tratan de enmarañar mas los problemas de derechos humanos que estuvimos abocados durante la dictadura militar.

Desde que perdieron el ejercicio del aparato administrativo del Estado (plebiscito del 88) las FFAA y en particular el ejército, han tratado de mantenerse como si en Chile, lo que aconteció fue en parte por culpa de los que posteriormente fueron victimas de una represión criminal y desproporcionada.

Lo que NO han reconocido nunca, es que Allende, quiéranlo o no era un presidente elegido constitucionalmente, por voluntad popular y que golpe de Estado fue un hecho sangriento de quienes en uso del poder de las armas, se creyeron el cuento que eran dioses y que debían impedir el destino que la población civil se estaba dando.

La historia nos indica que Allende (presidente constitucional de Chile) fue derrocado, por una FFAA golpistas y sanguinarias, sin que ese rol de salvadores, se los haya asignado nadie. Y que Pinochet y sus secuaces de la junta de gobierno que se formo, eran TRAIDORES al juramento de respetar la Constitución que todos ellos habían hecho en algún momento. No estaban allí para salvar a la población civil del marxismo ni de nadie, ese rol NO existía en ninguna ley ni reglamento vigente.

El ejército hasta el día de hoy NO ha repudiado a los autores, ni menos lo hizo con quien encabezo la TRAICION.

Cheyre pudo pasar a la historia, si hubiera decretado degradar de todos sus rangos a su ex capitán general Augusto Pinochet Ugarte, cuando en los meses finales de su vida se descubrió, los subterfugios financieros ( por llamarlo eufemísticamente, a los robos cometidos ) en el ejercicio de sus funciones de comandante en jefe del ejercito en la década de los 90. En estos hechos ni siquiera estamos poniendo en juego lo que tiene que ver con los derechos humanos, simplemente estamos poniendo sobre las mesa, el robo descarado del erario nacional, de quien fuera la cabeza de una institución como es el ejército de Chile.

Cuando se engaño a todo el mundo e incluyendo a los chilenos, de que se pedía la extradición del general Pinochet (retenido en Londres), para ser juzgado en Chile, a sabiendas que ello jamás se cumpliría y que era un mero trámite para librarlo de la justicia internacional, tal cual ocurrió. Pinochet no estuvo ni un solo día retenido por juicio alguno, pese a los cientos de demandas que se impusieron. Es mas la Corte Suprema lo libero de toda culpa en la Caravana de la Muerte, en una decisión netamente política.

La situación del general Santelices, en que se usa como descargos su edad ( ser menor de edad a la fecha de los acontecimientos ) y haber actuado bajo ordenes, no quita que los subordinados tengan conciencia y él si la hubiera tenido habría solicitado su baja de las filas en las semanas siguientes, si hubiera tenido la mas mínima conciencia del acto atroz en que se había visto involucrado, no se necesita ser militar para tener una conducta moral básica, que Santelices NO tuvo cuando se le presento la oportunidad.

 Aquí nos encontramos frente a una situación muy delicada para el devenir de la conducción de las FFAA a futuro, pues los actuales coroneles y quienes están a punto de asumir el generalato, son oficiales que ingresaron a sus respectivas fuerzas, en las promociones después del golpe de Estado, ha sabiendas que iban a servir a una dictadura  ( jóvenes menores de edad ) y en conocimiento, que fue ratificado cuando estuvieron al interior de las instituciónes, de se violaban flagrantemente los derechos humanos de miles de compatriotas.

¿ Ingresaron a las FFAA por mero patriotismo y vocación o a sabiendas que iban a medrar de una dictadura ?

La respuesta la tienen ellos, pero sea cual fuere, los descalifica para asumir hoy la conducción del alto mando de cualquiera de las instituciones castrenses.

Estas son las respuestas que deben dar hoy sus ex subalternos general Cheyre y como guiar una alto mando confiable en los años venideros.

Seamos serios y si quiere conversar con la verdad, como usted lo plantea en su escrito, partamos por asumir las consecuencias de nuestros actos.

 Ricardo Salcedo Mettroz

Febrero 2008

DECLARACIÓN  PÚBLICA

 Los y las artistas, poetas e intelectuales mapuches de Chile, damos a conocer a la comunidad nacional e internacional nuestro dolor y nuestro duelo por el asesinato del estudiante de 22 años Matías Catrileo Quezada, quien fuera baleado por efectivos policiales en la madrugada del día 3 de enero de este año en el fundo Santa Margarita de la comuna de Vilcún, región de la Araucanía.

 Repudiamos enérgicamente este deleznable crimen y las sistemáticas y desproporcionadas acciones represivas del gobierno en contra de comunidades y personas mapuche movilizadas por justas y ancestrales reivindicaciones.

 Estas acciones, ejecutadas periódicamente desde hace 17 años, han traído aparejadas la militarización del territorio indígena y la criminalización de las demandas y movilizaciones que comunidades y organizaciones mapuches han realizado para recuperar y salvaguardar sus tierras y su cultura.

 El maltrato físico y trato humillante dado por parte de carabineros a niños, mujeres y ancianos integrantes de comunidades y organizaciones mapuches, ha sido denunciado desde hace años no solo por los afectados, sino por entidades de derechos humanos, incluyendo Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

 Niños como Daniela Ñancupil y Patricio Queupul Millanao, víctimas de balaceras, secuestros y torturas psicológicas y jóvenes asesinados como Alex Lemún y ahora Matías Catrileo, constituyen la parte visible de una población sometida regularmente a procedimientos represivos propios de la dictadura militar, período de nuestra historia reciente que la Concertación de Partidos por la Democracia insiste en haber dejado atrás.

 Los escritores, artistas e intelectuales mapuches provenimos de un mundo acorralado, censurado y aplastado por el peso de los prejuicios y de una larga noche en que la historia nacional ha tenido una sola y monolítica versión.  No ha sido, sin embargo, el resentimiento ciego y feroz lo que ha nutrido nuestros poemas, nuestras pinturas, nuestras artesanías, nuestros relatos y testimonios.   Hemos intentado, a través del trabajo intelectual y creativo, iluminar parte de las zonas oscuras de la historia oficial chilena y levantar los nombres de nuestras familias y comunidades desde las orillas abyectas a las que fueran reducidos.

 Realizamos además nuestro trabajo con el objetivo manifiesto de devolverle a este país una parte de su identidad, una parte de su piel y de su atormentado corazón.

Por lo mismo, no podemos callar ante el imperio y uso de las armas, ante la prepotencia de una legalidad que se impone a tiros y que defiende las escrituras del fraude y la usurpación con sentencias y condenas  "ajustadas a derecho"  probablemente, pero absolutamente enrarecidas por la mala fe, la desmemoria y la interpretación tendenciosa de acontecimientos trágicos en los que el pueblo mapuche siempre ha tocado la peor parte.

 Los poetas, artistas e intelectuales mapuches que suscribimos esta declaración, condenamos y exigimos el término de la violencia policial en el territorio de nuestros hermanos y el pronto esclarecimiento por parte de la justicia civil de la muerte del joven Matías Catrileo.

Exigimos asimismo al gobierno y a sus aparatos policiales bajar las armas y generar instancias válidas, respetables y productivas de diálogo con las organizaciones mapuches.  Exigimos, por último, al gobierno de la doctora Michelle Bachelet, a los estamentos del estado y a los partidos políticos de país propiciar soluciones participativas y realmente democráticas a las demandas y problemáticas de nuestro pueblo, que ha esperado estoicamente por casi dos siglos recuperar su territorio y su derechos.

 Invitamos a los intelectuales y artistas de Chile y el mundo a hacerse parte de esta declaración.

 Enviar adhesiones a:   loscantosocultos@gmail.com

 FIRMAN

 1.- Jaime Huenún           (poeta mapuche)

2.-Maribel Mora Curriao  (poeta y profesora mapuche)

3.-Carmen Paz Ñancuvil  (artista visual mapuche)

4.-Jaime Elgueta Catricheo  (artista visual mapuche)

5.-Luis Cárcamo Huechante  (académico Harvard Univesity, mapuche)

6.-Leonel Lienlaf             (poeta mapuche)

7.-César Cabello             (periodista, poeta mapuche)

8.-Erwin Quintupil           (poeta, profesor mapuche)

9.-Bernardo Colipán        (poeta, profesor mapuche)

10.- Ricardo Loncón        (poeta mapuche)

11.-Diógenes Huala        (artesano mapuche, Punta Arenas)

12.-Hipólito Huala           (artesano mapuche, Punta Arenas)

13.-José Ancán               (Historiador de arte mapuche)

14.-Colectivo Aczión Kultural  (gestores culturales, Punta Arenas)

15.-Marcelino Nicoreo Catrilef  (músico, gestor cultural mapuche)

16.-Rafael Cheuquelaf              (músico, periodista mapuche, Punta Arenas)

17.-Laura Restrepo                  (novelista, Colombia)

18.-Susy Delgado                    (poeta, Paraguay)

19.-Juan Cameron                   (poeta)

20.-Rosa Chávez                      (poeta, Nación Maya, Guatemala)

21.-Asociación Civil Caja Lúdica   (Guatemala)

22.-Joan Navarro                     (poeta, profesor, Valencia, España)

23.-Roberto Viereck                 (académico, Canadá)

24.-Marian García Herrero        (Historiadora, Caracas, Venezuela)

25.-Juan Emilio Pacheco           (poeta, México)

Ricardo Cumming 1161, Santiago.

Fono-fax: 6960678. E-mail: afdd@tie.cl

DECLARACION PUBLICA

Ante el asesinato del  estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos declara ante la opinión pública:

1.     Recuperar la democracia, costó la vida de miles de chilenos, que con valentía, decisión y verdadera convicción libertaria y democrática, no dudaron en oponerse a la dictadura para lograr que otros pudieran vivir en un autentico Estado de Derecho, en paz, libertad y respeto por el ser humano.

2.     Sin embargo, ese sacrificio, que hasta incomoda reconocer, finalmente dio frutos demasiado pobres, en comparación con el sacrificio, la tortura y la muerte de tantos.   El resultado es un parlamento que ante un asesinato guarda sepulcral silencio. Un Gobierno que habla de respetar el Estado de Derecho cuando no se respetó el único bien irreproducible e irrecuperable, la vida. Partidos políticos en crisis de mutismo o justificación.   Una Presidenta que ante este crimen permanece ausente.

  3.    Las responsabilidades son políticas y alguien debe asumirlas. No hay un país civilizado donde en dos años de gobierno se haya asesinado a dos personas, en medio de legítimas protestas sociales y reivindicativas, sin que la autoridad política responda. Esto pasa sólo en este país, precisamente donde la pérdida de una vida no puede dejar indiferente a nadie y donde se debe tener la responsabilidad de responder.

   4.    Si para el Estado los fardos de paja quemados, de un latifundista privado, valen más que la vida de un joven estudiante, quiere decir que nos equivocamos y que los rumbos de la alta política están profundamente dañados y reñidos con una ética básica de respeto por el ser humano.

  5.    Con los antecedentes que existen, la Presidenta de la República, por respeto a su padre, ya debió haber pedido las renuncias correspondientes al Ministro del Interior subrogante y al oficial que ordenó disparar con subametralladoras, para resguardar los fardos de paja.

  6.    El pueblo mapuche, del que todos somos descendientes, tiene derechos que en 17 años y 4 gobiernos concertacionistas no han sido escuchados para avanzar en forma seria y responsable en la resolución de un conflicto que nos divide como chilenos y que tiene su origen en las diversas usurpaciones de tierras ancestrales y primigeniamente mapuches.

  7.    Un disparo artero y asesino, no puede quedar impune judicialmente, pero tampoco moralmente. En coherencia con un mínimo de dignidad exigimos que Chile retire su postulación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la Presidenta pida las renuncias que corresponden y que sea la justicia civil, la encargada de investigar y sancionar con todo el rigor de la ley este nuevo crimen.

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 5 de enero de 2008

DECLARACIÓN  PÚBLICA

1 - El Observatorio de la Escuela de las Américas, que agrupa a diversas organizaciones de derechos humanos, quiere manifestar nuestra preocupación y molestia por el hecho de que el Ejército de Chile ha continuado enviando militares a instruirse a la tristemente recordada Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto de Seguridad y Cooperación del Hemisferio Occidental (Whinsec). Lo más grave es que militares chilenos participan del funcionamiento de dicha institución como personal de planta con cargos de subcomandante, de Sargento Mayor de Comando y con un instructor Invitado por 2 años.

 2- El año 2006 asistieron a la Escuela de las Américas 170 soldados chilenos, (en su mayoría cadetes de la Escuela Militar ), a supuestos cursos de Asistencia Médica de Combate; Curso de Liderazgo de Combate; Curso de Operaciones de Ingenieros y Curso de Perfeccionamiento para Suboficiales. Cursos que siguen fomentando el combate y el enfrentamiento y que están lejos de buscar la "Paz, Libertad y Fraternidad", como reza un eslogan de la nueva Escuela de las Américas. En 1998 el Comandante saliente de la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU, El Coronel Roy Trumble, lo dijo claradamente "Esta organización ( la Escuela de las Américas) ha sido el eje para la estrategia militar de EEUU en América Latina por más de 50 años". Todos saben cuál ha sido la política guerrera del imperio.

3- Hasta el momento solamente hemos recibido de parte de las autoridades, del Ministro de Defensa José Goñi, evasivas y silencios sobre el tema pese a que le hemos solicitado directamente que Chile suspenda los envíos de soldados a la Escuela de las Américas. La última respuesta fue que visitáramos directamente la academia militar en Estados Unidos para que viéramos en terreno que ya no era lo mismo. ¿Cómo un ministro de estado puede creer lo que dice otro gobierno que siempre ha mentido? ¿Cómo puede creer un ministro que no se enseña o promueve el uso de la tortura en esta academia cuando los mismos Estados Unidos han señalado explícitamente que no descartan usarla? ¿Cómo es posible que un Ministro de Defensa no sepa las motivaciones de fondo que tiene Estados Unidos detrás de estos cursos de intercambio? Creemos que no es posible, a 17 años del retorno a la democracia, que todavía el poder civil no pueda tomar una decisión respecto a una materia tan grave como esta, por temor a molestar a los institutos armados.

4- Los Observadores de la Escuela de las Américas queremos que Chile se sume a los gobiernos de Argentina, Uruguay, Venezuela y recientemente Costa Rica que decidieron, en los últimos años, retirar sus tropas de esta academia militar. En igual sentido, Brasil ya no envía más soldados a la Escuela de las Américas y Bolivia ha señalado que realizará un retiro gradual de su contingente que asiste a sus cursos.

5- La Escuela de las Américas no es un asunto del pasado reciente, como algunos afirman. Resulta significativo que esta "Escuela de asesinos", como es conocida, haya sido condenada por muchos representantes del Congreso Norteamericano que, en junio pasado, votaron una Moción de Ley presentada por el representante demócrata McGovern y que, a pesar de no haber sido aprobada, obtuvo 203 votos a favor.

 6- Este fin de semana se realizaran en Estados Unidos protestas en el frontis de la Escuela de las Américas en el Fuerte Benning, Georgia. Estas actividades las encabeza el sacerdote Roy Bourgeois. Queremos señalar nuestro apoyo a la acción internacional. Nos sentimos unidos a los miles de estadounidense que dicen "no en nuestro nombre" y que se muestran dispuestos a cerrar una escuela de criminales.

7- Es hora que Chile se sume a los países que no envían militares a la Escuela de las Américas. Es hora que la democracia mande y se asegure, por todos los medios, un nunca más.

Alejandra Arriaza

Abogada,En representación del Observatorio de la Escuela de las Américas.

Huérfanos 1373, Oficina 1202. Teléfono-Fax: 6954529 E-mail: observadoreschile@gmail.com

Dentro de las Organizaciones que participan en el Observatorio se encuentran el Comité Oscar Romero, Memoria 119, Corporación por los Derechos Ciudadanos SEAL, Comité de Derechos Humanos Kamarikun, Comisión Ética Contra la Tortura , Sitio www.luisemiliorecabarren.cl, Izquierda Cristiana y Comité de Derechos Humanos Pudahuel. También han adherido la campaña anteriormente: Amnistía Internacional, CODEPU, AFDD, AFEP, CINTRAS, CEDM, Colectivo Oveja Negra, Corporación Parque Por La Paz Villa Grimaldi, PC, MPMR, Colectivo-Latinoamericano La Surda , Red Chilena de Objeción de Conciencia, CUR, Comité de Refugiados Peruanos en Chile, ANEXPP, Colectivo Conciencia, Partido Humanista, Mapu OC, Centro Cultural Mapuche Pikunche y muchos más...

¡¡No más militares asesinos, torturadores ni dictadores!!

¡¡No más envíos de militares chilenos a la Escuela de las Américas!!

Observadores de la Escuela de las Américas

www.observadoreschile.blogspot.com

Actividad 12 de diciembre 2007

Exhibición Video-Documental " La Escuela de Asesinos"

Auditórium UAHC, 19 horas

Condell 343 Providencia

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Ricardo Cumming 1161, Santiago.

Fono-fax: 6960678. E-mail: afdd@tie.cl

FALTA DE MERITOS

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos objeta  la postulación   de Chile al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2008-2012, considerando:

Chile vivió durante 17 años bajo un régimen dictatorial que violó masiva y sistemáticamente los derechos individuales y colectivos de amplios sectores de la sociedad, impuso el terror y conculcó drásticamente las libertades públicas. Los efectos del quiebre institucional y las secuelas de la política represiva se mantienen vigentes, irresueltas y constituyen un factor de tensión permanente entre los poderes del Estado y la sociedad.

La transición pactada a la democracia se ha caracterizado por la búsqueda de consensos y falta de decisión política para enfrentar los temas institucionales, de derechos humanos, económicos, sociales y culturales heredados del régimen de facto, lo que ha dificultado el restablecimiento de un Estado plena y consistentemente democrático. Demostrativo es que la Constitución Política del 80, sancionada mediante un plebiscito fraudulento,  siga siendo la Carta Fundamental de la democracia.

En materia de violaciones a los derechos humanos se ha actuado con cautelas y temores que han trabado y entorpecido su resolución, en detrimento de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Los avances en justicia, aún exiguos en relación al vasto número de víctimas,   no han sido la respuesta a una política motivada y sustentada desde los gobiernos democráticos sino y, principalmente, por el perseverante trabajo de los organismos y abogados de derechos humanos.   Tangencialmente contribuyó la incómoda situación que Chile enfrentó ante la comunidad internacional, tras la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres y la intervención del gobierno para evitar su juzgamiento.

La imagen difundida por los gobiernos democráticos, de un Chile con capacidad y voluntad política para lograr verdad, justicia y reparación, enfrenta una realidad distinta.

La aspiración de Chile de llegar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no es moralmente viable sin antes enfrentar y avanzar significativamente en aquellos aspectos pendientes e irresueltos, donde el compromiso del Estado con una ética de los Derechos Humanos se refleje en la adopción de políticas que impidan la impunidad judicial y social, así como la defensa, promoción y respeto de la normativa internacional de derechos humanos y la garantía de su ejercicio.

Si Chile no ha sido capaz de ratificar los más importantes Tratados Internacionales; no ha adecuado la normativa nacional al Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos; no ha construido una cultura de respeto a la vida e integridad de todos sus ciudadanos; no ha terminado con los enclaves autoritarios; no ha dictado políticas reparatorias justas y dignas para las víctimas; no ha introducido la doctrina de los derechos humanos en la educación formal, Chile no debe ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si Chile, no ha sido capaz de anular el Decreto Ley 2.191 de Amnistía, principal instrumento de auto perdón de la dictadura y permanente peligro para el logro de sanción efectiva en los procesos criminales, Chile no debe ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si Chile criminaliza la movilización y legitima protesta social; reprime a los trabajadores, pueblos originarios, organizaciones sociales y de derechos humanos; reedita la abusiva práctica de detención por sospecha; enfrenta la delincuencia con allanamientos que nos retrotraen a los de la dictadura y difunde el temor reforzando el imperio de la fuerza, Chile no debe ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si Chile está creando un Instituto de Derechos Humanos que dejará a las víctimas sin defensa judicial; que excluye a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para ser depositarios de un futuro informe sobre la situación de derechos humanos en el país, Chile no debe ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si Chile no ha democratizado a las Fuerzas Armadas; Carabineros es un cuerpo policial no sujeto al poder político, omnipotente e incontrolable y la oficialidad del Ejército sigue formándose en la Escuela de las Américas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, Chile no debe ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aunque sabemos que Chile tiene todas las posibilidades técnicas de llegar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, moralmente no está habilitado para hacerlo, porque no ha asegurado que en su propio territorio nunca más se vulnere el derecho a la vida, porque no respeta las libertades públicas, porque no ha enfrentado con decisión la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura.

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 29 de octubre de 2007.

Saludos afectuosos

Cecilia Morelia González G.

¡¡¡MUJER, CUIDADO EL MACHISMO MATA,...tambié n politicamente! !!

Te invito a  visitar:

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Estimad@s Amig@s del Pueblo PPD:

El Sábado junto a mis seres queridos asistí a la Jornada por la Memoria en homenaje a Manuel Guerrero y José Manuel Parada. En la misma esquina del acto (Los Leones con El Vergel) hace 22 años ambos profesionales fueron secuestrados, torturados y posteriormente degollados, por agentes policiales.

Esta tarde de Sábado 31 de Marzo del 2007 se inundó el espacio de Vida, Esperanza, de niños corriendo, jugando, pintando y leyendo libros... de jóvenes alegres, entusiastas, llenos de sueños y utopías, también estábamos los adultos, los jóvenes de ayer que nos encontramos y reencontramos mirándonos a los ojos y preguntándonos ¿Qué hacemos para cambiar nuestro Chile?
Debo confesar que el asistir me dio mas fuerzas para seguir en la lucha por mis valores, por mis sueños de creer que efectivamente otro Chile es posible, que si sumamos ganas, convicción y trabajo podemos dejarle a nuestros hijos un Mundo mas Humano, mas Solidario, mas Justo, mas Fraterno y Amigable.

Los invito a visitar la página de Manuel Guerrero hijo manuelguerrero.blogspot.com
Los invito a sumarse en la tarea de construir un Mundo Mejor.

Valeria Bustos Arriagada
Consejera Nacional PPD
http://ar.f607.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=puebloppd@gmail.com
09-1011005
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  Hoy 24 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que interrumpió el gobierno constitucional peronista en 1976, cuando apenas faltaban nueve meses para las elecciones.  Ese infausto episodio de nuestra historia reciente marca el inicio de lo que hoy se perfila como el ocaso y caída definitiva de la Nación Argentina.  Comprender sus orígenes, objetivos y consecuencias resulta de vital importancia para nuestro Pueblo, por lo que el MSRA - Movimiento por la Segunda República Argentina - señala ciertos factores clave a tener en cuenta, si se han de superar las trágicas consecuencias políticas, sociales y económicas de aquél crimen institucional:

1. Fue un Golpe Cívico-Militar - El atropello de marzo del '76 no fue un simple "golpe militar" como suele creerse, sino más bien un golpe cívico-militar, por cuanto contó con el importante apoyo de innumerables civiles influyentes y poderosos, dentro y fuera del país.  No solo de funcionarios civiles que integrarían aquél gobierno, sino también de un ejército de periodistas, comentaristas y académicos; de buena parte de los sectores empresarios y bancarios; y también de amplios sectores de la población entonces aturdida y exacerbada por la constante violencia homicida perpetrada por los grupos terroristas Montoneros, FAR, ERP y otros.  Por sobre todo, el régimen cívico-militar contó con el aval diplomático de las grandes potencias, notablemente de Estados Unidos - siempre enemiga del justicialismo en particular, y de la Argentina en general - entonces gobernada por el partido republicano del presidente Gerald Ford, del vicepresidente Nelson Rockefeller y del secretario de Estado Sir Henry Kissinger.  Ciega a las verdaderas implicancias de esta realidad, desde hace décadas la izquierda doctrinaria local y extranjera aprovecha para satanizar a nuestras instituciones armadas sin entender que una Argentina sin fuerzas armadas articuladas, poderosas y creíbles, no tiene futuro.  Llamemos, entonces, a las cosas por su nombre: lo del 24 de marzo de 1976 fue un golpe cívico-militar, funcional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados, y a las finanzas internacionales, que entonces se apoderaron de los resortes clave de la economía nacional iniciando la destrucción de nuestro país.  Esto lo lograron copando el Ministerio de Economía que fue confiado exclusivamente a civiles alineados con los intereses de las estructuras de Poder del Nuevo Orden Mundial: José Martínez de Hoz, Christian Zimmermann, Adolfo Diz, Guillermo Walter Klein, Alejandro Reynal, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Machinea, Jorge Wehbe, Francisco Soldati, Enrique Folcini, José M. Dagnino Pastore, Manuel Solanet, Carlos Helbling, Roberto Alemann, Juan Alemann, Lorenzo Sigaut, y un nutrido elenco de economistas, empresarios, banqueros y operadores que endeudaron ilegal e ilegítimamente al Estado con la banca privada usurera internacional, contando con el apoyo mediático local e internacional.  De esta manera, lograron encadenar a la Argentina dentro del Sistema de Deuda del que no ha logrado liberarse desde entonces.
2. No hubo 30.000 Desaparecidos - Los atropellos cometidos por el Régimen cívico-militar entre marzo 1976 y diciembre 1983 en la legítima lucha contra la guerrilla, tuvieron claros excesos.  Sin embargo, no debe perderse de vista que: (a) la guerrilla atacaba permanente al país y a las fuerzas armadas en su pretensión de imponernos su "revolución" a través del terror; o sea hubo una guerra en nuestro país; (b) los militares no sólo abordaron la lucha en el plano militar sin comprender que, por sobre todo, aquello fue - y sigue siendo - una insidiosa guerra psicológica contra nuestro país.  Sus nefastas consecuencias hacen que, a casi treinta años de su derrota en el plano militar, aquellos mismos guerrilleros hayan regresado al país con más fuerza que nunca, copando amplios sectores de los medios de difusión y los claustros y ocupando puestos clave en el Gobierno Kirchner.  (c) toda guerra conlleva el derramamiento de sangre, a menudo sangre inocente, lo que no debe justificar ninguno de los excesos cometidos por determinados miembros de las fuerzas armadas; sin embargo, el juzgamiento de individuos no debió ni debe llevarse a la defenestración de las instituciones militares de la Nación.  Un caballito de batalla en esta insidiosa guerra psicológica sigue siendo la flagrante mentira de los "30.000 desaparecidos".  Mentira, decimos, ya que el propio informe de la CONADEP - Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas - habla de unas 8.600 denuncias/casos, muchas de ellas erróneas, mal documentadas o directamente falsas.  Por ejemplo, en sus listados aparecen personalidades como la Dra. Carmen Argibay, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia y, claramente, no "desaparecida"...   Bien podemos entender por qué esta falacia se ha arraigado tan profundamente en el imaginario colectivo de nuestro Pueblo, toda vez que el propio presidente Néstor Kirchner no pierde oportunidad de mantenerla viva cuando con su usual vehemencia se refiere repetidamente a los "30.000 desaparecidos".  Así lo hizo, por ejemplo, el pasado 25 de mayo en su discurso al país desde Plaza de Mayo.  Cabe preguntarse cuáles serán las razones que tiene el presidente Kirchner para que, desde su alta investidura, personalmente propague y mantenga vivo el Mito de los 30.000 Desaparecidos, aún sabiendo que se trata de un dato sin sustento que sólo sirve interéses políticos y que se inserta dentro de una clara operación de guerra psicológica contra la Argentina y sus fuerzas armadas.
3. ¿Porqué no se investiga la Deuda Externa del Régimen? - Resulta notable que las dirigencias políticas, mediáticas y académicas sólo hayan combatido al régimen cívico-militar por sus acciones en el plano de la así-llamada "lucha antisubversiva", llevando así a la virtual destrucción de nuestras Fuerzas Armadas, lo que incluyó importantes proyectos como los de autonomía en materia nuclear y aeroespacial.   Si el virtual desarme unilateral de la República Argentina ante un mundo tremendamente peligroso conforma una de las mayores traiciones cometidas por esas dirigencias políticas, cabe resaltar sin embargo el atronador silencio que han guardado ante la destrucción económica iniciada por el régimen cívico-militar, cuyas consecuencias para el país han sido y so infinitamente más graves.  Si la lucha antisubversiva costó miles de muertos, la destrucción económica iniciada por Martinez de Hoz y su equipo cobró cientos de miles, sino millones, de vidas argentinas destruídas anónimamente.   La lucha antisubversiva de aquél régimen concluyó el 10 de diciembre de 1983, mientras que las políticas económicas de Martinez de Hoz se han mantenido, sin solución de continuidad, a través de los gobiernos "democráticos" de Alfonsin, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner.  Esas políticas económicas tienen un único norte: garantizar que la Nación Argentina se mantenga permanentemente encadenada al Sistema de Deuda Usuraria, sabiendo que ese es el mejor instrumento de dominación sobre nuestro país.  Los gobiernos "democráticos" siempre han estado subordinados a las estructuras de poder del Nuevo Orden Mundial, sea por debilidad (como en los casos de Alfonsin, De la Rua-Cavallo y Duhalde), sea por voluntad propia (gestión de Menem-Cavallo) o sea por cobardía (gestión Kirchner, con su flanco debil de los desaparecidos fondos de Santa Cruz que tranforma al presidente en un rehén de esas fuerzas mundiales).  Ninguno de estos gobiernos se atrevió a tomar la única y fundamental medida que la Argentina viene necesitando desde hace un cuarto de siglo: la investigación a fondo la la deuda externa pública, aprovechando los multiples instrumentos jurídicos, políticos y económicos locales e internacionales a nuestro favor.   Ello ha quedado profusamente comprobado en investigaciones realizadas por Alejandro Olmos, Héctor Giuliano, Mario Cafiero y por analistas internacionales de primer rango, según hemos publicado en nuestros boletines.
4. Kirchner, el mejor discípulo y heredero de Martinez de Hoz y Videla - La continuidad de las políticas iniciadas por Martinez de Hoz y sus dos grandes protectores David Rockefeller y el Gral. Jortge Videla, probablemente hayan tenido su punto culminante a principios de 2006 cuando el presidente Kirchner decidió pagar unilateralmente, sin quita alguna y en divisas, la totalidad de la supuesta deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional de unos u$s 10.000.000.000.   Así, mientras los ahorristas argentinos y otros inversores vieron sus acreencias confiscadas, forzosamente convertidas a pesos, y se les practicaron fuertes y arbitrarias quitas, Néstor Kirchner priorizó los intereses de la usura internacional, dejando "para otro día" resolver los graves problemas sociales que Argentina sigue teniendo, a pesar de que nos hayamos acostumbrado a convivir con ellos.  Claramente, Néstor Kirchner resultó ser un excelente discípulo de Martinez de Hoz.  El hecho de que Kirchner declarara explícitamente antes de las elecciones de 2003 que si llegaba al poder NO investigaría el orígen ilegítimo en el régimen cívico-militar de la deuda externa pública (ver su libro "Despues del derrumbe", publicado en abril 2003; capítulo 10), seguramente fue lo que le permitió recibir la "luz verde" de las estructuras de poder del Nuevo Orden Mundial para acceder a la presidencia   
5. ¿Se habrán rendido nuestras Fuerzas Armadas? - Hoy más que nunca la oficialidad en actividad de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad debe tomar la iniciativa de informarse acerca de cómo funciona realmente el sistema de coloniaje que mantiene a la Nación Argentina postrada.  Debe comprender cuáles son los graves peligros de fractura territorial y social que nos amenazan desde adentro y desde afuera.  Debe comprender cuáles son las poderosas técnicas de guerra psicológica practicadas contra nuestro Pueblo y contra las propias fuerzas armadas, lo que, en este mundo altamente peligroso, les ha impedido cumplir con su rol fundamental de defensoras del Interés Nacional.  Si nuestra oficialidad en actividad da ese necesario salto cualitativo, entonces podrá mejor comprender porqué se priorizó su destrucción, para lo cuál Alfonsin, Menem, de la Rua y Kirchner no son mas que voluntariosos agentes locales al servicio de potencias extranjeras y estructuras de poder supranacionales, que necesitan una Argentina debilitada para poder así lograr sus futuros planes imperiales en nuestra región.  Nuestros oficiales y suboficiales deben comprender en forma activa y decidida lo que sus predecesores bajo el Régimen cívico-militar no supieron o no quisieron comprender: que ellos mismos cumplieron el lamentable rol de guardias pretorianas y verdaderos verdugos al servicio de intereses imperiales.   Ello los llevó a cometer gravísimos desaciertos politicos, atropellos sociales, desvaríos militares y errores económicos entre 1976 y 1983.   De manera que el lamentable Régimen cívico-militar preparó el camino para los tan o aún más lamentables regímenes "democráticos" de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner.  Juntos han conducido, y hoy conducen, el proceso que lleva a un único y previsible fin: la destrucción de la Nación Argentina.  Quizás los gobernantes "democráticos" de hoy sean menos violentos que los militares en términos de armas, pero han resultado ser infinitamente más violentos en términos de la entrega y el despilfarro del patrimonio nacional, la destrucción de la educación y la salud pública, la devastación de las fuerzas productivas, y la desculturización planificada, a lo que debemos agregar su inaudita capacidad para robar y su desfachatez insolente para mentir.

En la Argentina se nos ha querido hacer creer que existe una profunda división entre civiles y militares.  Eso es falso, como también es falso pretender que existe entre el Pueblo Argentino una división entre izquierdas y derechas.    En la Argentina la verdadera división la hallaremos entre Colaboracionistas entronizados en el Poder por un lado, y la creciente Resistencia por el otro que, aún hoy, sigue esperanzada en que algún día el Pueblo Argentino reconquistará su Soberanía Política, precondición indispensable para recuperar la necesaria Independencia Económica, sabiendo que recien cuando estas dos conquistas hayan sido consumadas, podremos siquiera empezar a soñar con la tan anhelada Justicia Social.     

por Movimiento por la Segunda República Argentina - (MSRA)

Adrian Salbuchi

 (Fundador) 

Los días 14 y 15 de marzo del presente año, el Estado de Chile, fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata del Quinto  Informe Periódico sobre las disposiciones que ha adoptado Chile y que den efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso en cuanto al goce de esos derechos.

Previamente  al examen realizado en Nueva York los días 14 y 15, al Estado de Chile se le habían formulado 22 preguntas específicas referidas a diversas materias relacionadas con la situación de los derechos humanos en el país que, se debían abordar al examinar el Quinto Informe periódico de Chile.

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo –CODEPU-, con el apoyo de la Federación Internacional de los Derechos Humanos -FIDH- y su oficina en Nueva York hizo llegar las observaciones a las respuestas formuladas por el Estado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.[1]

Codepu, se hace un deber, informar a la opinión pública nacional e internacional, que el documento entregado a las Naciones Unidas, por el Estado de Chile, en respuesta a las preguntas formuladas por el Comité, incurren en algunos de sus aspecto fundamentales en una franca distorsión de la realidad, omitiendo, o bien tergiversando los hechos.

Dentro de aquellos temas, respecto de los cuales francamente la Cancillería Chilena miente o tergiversa, podemos señalar los siguientes:

Se pregunta sobre el Rol del Consejo de Defensa del Estado en la lucha contra la impunidad y se señala por el Estado que: “En cuanto al rol del Consejo de Defensa del Estado en la lucha contra la impunidad, a este organismo le ha correspondido un papel destacado en un conjunto de causas vinculadas a gravísimas violaciones de derechos humanos … desempeñando en todos ellos un rol activo y de colaboración permanente dirigido a lograr avances y progresos sustantivos en cada una de estas causas…”

Nada dice el Gobierno de Chile, sobre la tesis sostenida hasta el año pasado sobre la Amnistía Impropia , que era la consagración de la impunidad, y menos sobre la sistemática negación por parte del CDE de reconocer, a familiares y víctimas, el derecho a la  reparación por las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado en el pasado reciente.

Sobre la vigencia del DL de Amnistía, se sostiene que este no recibe aplicación por parte de los tribunales de justicia, y que hay voluntad de modificar dicha legislación, sin embargo, omiten reconocer que ninguna iniciativa legislativa auspiciada por el Ejecutivo ha sido promovida a efectos de anular el espurio decreto ley.

Se pregunta al Estado  si se ha acusado de terrorismo a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El gobierno sobre el particular señala: “El Estado de Chile en caso alguno ha utilizado la legislación que sanciona conductas terroristas para evitar las legítimas demandas de comunidades indígenas por hechos vinculados a la lucha social de la tierra y los legítimos reclamos en torno a ello”.

La respuesta proporcionada por el Gobierno es francamente irritante. Es público y notorio, que el Estado, sí ha invocado la ley antiterrorista para sancionar a comuneros y dirigentes Mapuche. Sólo hace un par de días, el Sub Secretario del Interior, se vanagloriaba de la captura del dirigente Mapuche José Huenchunao, condenado a 10 años de cárcel, precisamente por supuesta infracción a la ley antiterrorista.

Sobre otros temas de preocupación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como la vigencia del sistema electoral binominal, la existencia de jurisdicción militar para sancionar e investigar a civiles, la lucha contra la discriminación y el igual tratamiento de la ley a las minorías, reconocimiento de los pueblos originarios, despenalización del aborto,   etc,  no se reconoce que a pesar de las casi ya dos décadas de transición democrática, ningún avance efectivo se ha experimentado, persistiendo en todos estos temas la legislación heredada de la dictadura.

CODEPU, denuncia y lamenta, que la Cancillería chilena en representación del Estado, intente engañar a la comunidad internacional, comprometiendo gravemente la imagen del país, exponiéndolo a incurrir en responsabilidad internacional al no dar cumplimiento de buena fe a sus obligaciones, derivadas de su condición de signatario de uno de los instrumentos internacional más importantes en materias de Derechos Humanos.

Federico Aguirre Madrid

CODEPU 

Santiago; 23 de marzo de 2007

En el día de hoy Domingo 18 del mes de Marzo de 2007 el Bloque por el Socialismo en conjunto con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y militantes de izquierda independientes hemos decidido aunar nuestros esfuerzos democratizadores del paìs formando el Movimiento Democratico de los Pueblos de Chile - MDP

El MDP se dedicarà a construir una clara alternativa de izquierda en oposición a los gobiernos neoliberales, sean estos de derecha o concertacionistas. La oposición que nos proponemos serà el camino para construir una verdadera alternativa al neoliberalismo, con una definida proyección al Socialismo, pues consideramos que èsta es la única alternativa real para superar los graves problemas que aquejan al conjunto de la humanidad

El MDP se organizará y movilizará para terminar con la indefensión en que nos encontramos frente al desarrollo creciente del neoliberalismo, en todas sus expresiones. Construíremos la fuerza democratizadora necesaria para terminar con las causas y consecuencias de las injusticias sociales y políticas que se mantienen por más de tres décadas -- reafirmadas en la Constitución dictatotial de 1980 -- que la Concertación y Lagos, con mucha dedicación se encargaron de enriquecer y perfeccionar.

El MDP tiene una convicción unitaria de los trabajadores y de los pueblos del país y por eso, desarrollará esfuerzos para que este paso inicial siga ampliándose con todos los hombres y mujeres que honestamente quieran fortalecer la construcción de una fuerza propia, para impulsar un programa que efectivamente democratize la sociedad chilena. Pero al mismo tiempo denunciarà las conductas políticas que surgiendo desde el campo popular -- solamente ayudan a la Concertación a resolver sus contradicciones con la Derecha -- en su disputa por el control del gobierno para sus grandes negociados

Los primeros pasos del MDP se orientaràn al fortalecimiento y desarrollo de sus instrumentos políticos y a la construcción de los organizaciones sociales que lucharàn por una vida digna para todos

Santiago 18-Marzo-2007

Enviado por: "Política Cono Sur" politicaconosur@gruposyahoo.com pim_pin_serafin
Sáb, 3 de Mar, 2007 8:22 am (PST)
Sábado, 03 de marzo de 2007, www.elclarin. cl

La Fundación Presidente Allende, con la colaboración del BancoEstado, ha dirigido 19.952 cartas individualizadas a los beneficiarios residentes en Chile, a sus domicilios, explicando el procedimiento a seguir para percibir la correspondiente indemnización del Fondo de Ayuda de la Fundación a las víctimas de Pinochet. Los beneficiarios que, a fecha de hoy, NO hayan recibido la carta que durante los meses de noviembre y diciembre de 2006 les ha enviado la Fundación, se debe, en general, a que el beneficiario así afectado no reside en la actualidad en la dirección que entregó al presentar su postulación al Fondo.

Aquellos beneficiarios que han recibido la carta de la Fundación y a fecha 27 de febrero de 2007 no han cobrado su cuota debido a que su documentación está incompleta o con defectos, se les ruega ESPERAR una segunda carta, ya que a más tardar durante los meses de abril a julio de 2007, y si es posible antes, la Fundación se pondrá en comunicación con cada persona interesada, enviándole una carta personal a su domicilio ofreciéndole remitir la documentación faltante, sin perjuicio de las informaciones generales que en comunicados eventuales publique CLARIN (www.elclarin. cl).

  Comunicado de Prensa

Roberto Garretón, abogado chileno

Las autoridades argelinas, una vez más, se lucieron por su denegación de las normas democráticas más elementales prohibiendo al experto en Derechos humanos, Roberto Garretón, la entrada en el territorio argelino.

Roberto Garretón, abogado chileno, recibió la noticia vía telefónica de la parte del propio Embajador de Argelia en Chile, quién le comunicó la prohibición formal de entrar en el país sin que se haya mencionado ninguna razón específica.

Esta situación se produce mientras que Roberto Garretón ya había recibido su visado para trasladarse a Argelia, donde es esperado por las asociaciones de familiares de desaparecidos y las asociaciones de víctimas del terrorismo que organizan en conjunto un seminario titulado "para la Verdad, la Paz y la Conciliación" , a realizarse los días 7 y 8 de febrero en Argel.

Roberto Garretón, ha sido invitado en calidad de experto de la justicia transitoria, por su rol de colaborador del Centro Internacional para la Justicia Transitoria (CIJT). Además, en su calidad de relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos humanos en la República Democrática del Congo, su experiencia como miembro de la organización chilena de defensa de las familias de los presos políticas (ODEP) y por su apoyo indefectible a las distintas asociaciones de defensa de los Derechos humanos en Argelia.

Mientras que el Gobierno argelino se congratula por su apertura sobre el mundo y declara su adopción a los grandes principios democráticos, una vez más demostró su voluntad de aislar a la sociedad civil argelina del resto de la comunidad internacional. El Estado argelino demuestra de nuevo su menosprecio para los derechos fundamentales haciendo el ejercicio de su soberanía un bozal para los partidarios de los Derechos humanos.

Continúa siendo muy difícil establecer un diálogo constructivo entre las víctimas y las instituciones argelinas. El Colectivo de las Familias de Desaparecidos en Argelia; SOS Disparu(e)s; ANFD; Djazairouna, Familias víctimas de terrorismo y Somoud, Justicia y Paz condenan firmemente esta decisión arbitraria y sin fundamento del Gobierno argelino y deploran esta nueva destrucción de los espacios de libertad y expresión sobre el suelo argelino.

Argel, 6 de febrero 2007

Por el Comité organizador

Nassera Dutour / SOS Disparus Alger

Tél./Fax : 00 213 (0)21 63 41 28 E-mail : algerie_seminaire_ paix@yahoo. fr