Falsificar actas de asistencia o cobrar por clases nunca realizadas son algunas de las estrategias para “engañar al fisco” y embolsar la subvención. “Los sostenedores se apropian indebidamente de 6 mil millones de pesos por año”, denuncian los fiscalizadores aburridos de ver pasar ministros que no frenen el escándalo.
Pararon en todo Chile. Cuatro mil trabajadores del propio Ministerio de Educación adhirieron a la movilización convocada por los secundarios. “No trabajamos toda la mañana en apoyo pleno a las demandas estudiantiles, lo que incluye derogar la LOCE”, apunta Nelson Viveros, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Mineduc, Andime.
Junto a Viveros está Miguel Verdugo, secretario nacional, profesor de Estado y uno de los 1.100 fiscalizadores que mes a mes ven pasar las subvenciones que otorga el Estado a los sostenedores. Como pocos, ambos conocen la forma en que no pocos dueños de escuelas y liceos -privados, municipales o religiosos-, “engañan al fisco apropiándose indebidamente de unos 6 mil millones por año”, acota Viveros.
La cifra asombra y da cuenta, dicen, de que “la educación es un negocio redondo”, enseña Viveros. “Y ojo que el dato es del Mineduc”, dice. En el año 2000 se registraron “dos millones de horas de clases no realizadas”, precisa Verdugo. Esa plata, unos 10 mil 300 pesos por hora, igual llegó a bolsillos de sostenedores que recurren a diversas estrategias para pasar por caja.
‘Mañas’ hay varias. No sólo la nutrida falsificación de las actas de asistencia en base a las cuales se paga la subvención de 30 mil pesos mensuales por alumno. “Pasan asistencia con lápiz grafito y después las adulteran en una oficina. No reemplazan a profesores que están con licencia, pero cobran igual y las clases nunca fueron hechas. O empiezan el año escolar dos o tres días después del día oficial, e igual cobran esos días. O en lugar de terminar el 20 de diciembre, lo hacen el 14. Y siguen cobrando”, detalla.
¿Más? “Contratan profesores, algunos incluso que no tienen título universitario y les pagan menos. O contratan hasta noviembre para no pagar enero y febrero, pero igual reciben esos dos meses de subvención. También declaran imposiciones y no las pagan”, añade Viveros. Así la cifra crece hasta las nubes. “Y pese a las presiones que recibimos porque el sostenedor habló con el alcalde o el diputado y éste se quejó ante el director regional de educación, levantamos 700 actas con las irregularidades más graves”, grafica.
La creación de la Jornada Escolar Completa (JEC) ha sido generosa fuente de recursos para algunos. “Hay casos donde sostenedores han recibido hasta 800 millones para construir colegios, pero se pasan meses ganando intereses hasta que al final construyen. Y hay que ver la calidad de las construcciones”, destapa Viveros.
“Es un negocio redondo y se han construido imperios. Es un vergüenza que en 16 años nadie haya frenado esto. ¿Cuántos ministros y subsecretarios han pasado? Hay sectores dentro del ministerio que plantean un ‘Transantiago de la educación’: terminar con los buses amarillos, o sea los sostenedores pequeños, y tener ‘buses articulados’ concentrando colegios”, dice el presidente de Andime. Nadie está libre de pecado. “No son pocos los dirigentes políticos, o sus familiares, que tienen colegios”, apuntan Viveros y Verdugo. Claro, concluyen ambos, notaron que “la educación es un buen negocio”. |
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