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Centros Chilenos en el Exterior

EN ESTADO CRITICO SE ENCUENTRAN EN PRISION PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Grave deterioro físico experimentan en la cárcel de Angol –Novena Región- los prisioneros políticos Patricia Troncoso Robles, "Chepa" (36 años), y los hermanos Juan Patricio Marileo Saravia (31 años) y Florencio Marileo Saravia (27 años), al cumplir 44 días de una huelga de hambre completamente ignorada por las autoridades de gobierno, y silenciada por los medios de comunicación. El padre de Patricia Troncoso, don Roberto” “Troncoso, demandó urgente solidaridad pues su hija (36 años de edad, auxiliar de párvulos, ex alumna de Teología) muestra los efectos del ayuno con pérdida de peso, marcada debilidad y orina con rastros de sangre. Asimismo, un informe del doctor Patricio Guzmán Muñoz, del recinto penal de Angol señala que Juan Patricio Marileo Saravia ha perdido ya 14 kilos de peso, y padece mareos, adinamia y astenia. Con alarma, su esposa denunció que el sicólogo del recinto penal lo examinó para luego decirle al reo "Usted no merece la libertad". El lonko Cariqueo explicó que allí se vive directamente el racismo y repudio al pueblo mapuche. Gendarmería considera como muestra de mala conducta que los presos se nieguen a reconocerse como terroristas. Por tanto no certifica su buena conducta. Aunque hay presos que ya cumplieron la mitad de la pena, (Pascual Pichún, Aniceto Norín y Víctor Ancalaf, que no se plegaron a la huelga de hambre), no se les ha concedido la salida dominical ni menos la libertad condicional.

Movilizaciones de apoyo

En Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, que celebra el jueves 27 de abril sus cien años con una tocata en Portugal con Alameda a las 13 horas, dará un espacio a la solidaridad con la huelga de hambre. Y el viernes 28 se realizarán manifestaciones al mediodía frente a La Moneda, para exigir a la Presidenta Bachelet la libertad de los presos políticos mapuche.

La única mujer del grupo, Patricia Troncoso, es oriunda de Chillán Viejo, una activista de reconocido liderazgo que ha sido sometida a cinco procesos y declarada culpable sólo en el juicio en que se la encausó por incendio terrorista. En todos los casos las acusaciones han sido formuladas tanto por el gobierno (a través de un abogado del ministerio del interior) como por la Forestal Mininco. Cada vez que ella ha sido absuelta, el gobierno ha apelado considerándola miembro de una "asociación ilícita terrorista", pese a que el tribunal ha señalado que hablar de terrorismo implica acciones que conlleven desprecio a la vida humana, propia o ajena, lo que no ocurre en los hechos descritos en estos procesos.

Piden anular las sentencias

Un recurso de revisión de las sentencias de estos tres presos políticos mapuche, presentó la abogada Alejandra Arriaza el miércoles 26 de abril en Tribunales, acompañada por familiares y amigos de los prisioneros. El recurso, dirigido a la Corte Suprema, solicita anular la sentencia y ordenar la libertad inmediata de los recurridos. La movilización iniciada el pasado 16 de marzo en la cárcel de Angol demanda del gobierno el fin de la condena a diez años y un día, impuesta por tribunales chilenos como supuestos autores de "incendio terrorista" en el fundo Poluco Pidenco de la empresa forestal Mininco. A esta sentencia se suma el pago de la suma de 425 millones de pesos a la forestal.

Los incendios del año 1977

El fundo Poduco-Pidenco en que ocurrieron los hechos por los que se ha condenado a los mapuche, ocupa tierras que pertenecieron ancestralmente a comunidades mapuche cuyos territorios fueron "reducidos" en el siglo XIX, cuando el Estado chileno entregó títulos de merced sólo por el área correspondiente a viviendas y chacras, usurpando los grandes espacios ocupados para pastoreo, recolección, fuentes de agua y bosques. Sin embargo durante la reforma agraria, en el gobierno del Presidente Salvador Allende esas tierras fueron expropiadas y recuperadas por la comunidad.

Después del golpe de Estado, en 1977, los comuneros de Tricauco del fundo Podenco fueron desalojados y sus casas “fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol “. Esas son las tierras que los mapuche de Ercilla siguen reclamando como propias y que fueron adquiridas por Forestal Mininco entre los años 1982 y 1986.

“El vocero de los huelguistas”

Junto a la abogada Arriaza se encontraba el vocero de los huelguistas, longo José Cariqueo Saravia, de la comunidad mapuche José Guiñón de la comuna de Ercilla, novena región, a la que pertenecen también estos prisioneros políticos. Cariqueo fue recientemente absuelto de idénticas acusaciones y el tribunal sostuvo que no se pudo probar el carácter "terrorista" del incendio ni su participación en él. Parlamentarios y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, como CODEPU, la Comisión Etica Contra la Tortura, y el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, así como Moiura Millan, del Frente de lucha Mapuche y Campesino, de los mapuche del lado argentino, apoyaron la presentación del citado recurso y el rechazo de la aplicación de la ley antiterrorista a quienes luchan por reivindicaciones territoriales ancestrales de su pueblo.

“Fundamentos del recurso”

El recurso plantea que en Angol sólo hubo una “apariencia de juicio “, ya que no se probaron los cargos formulados ni se valoraron los medios de prueba, emitiéndose una sentencia que "podría hacer sido hecha por un infante de 7 años con un computador". El tribunal de Angol en su considerando décimo noveno, destinado a probar el carácter terrorista del delito imputado, "se limitó a hacer uso de las funciones computacionales de 'cortar' y pegar" para condenarlos, copiando textualmente el Considerando Décimo de una sentencia anterior dictada por el mismo Tribunal en el juicio oral seguido contra Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso, en abril de 2003. El recurso sostiene que esa sentencia es un documento no conocido en el proceso, hecho contemplado legalmente como causal válida de revisión si es de tal naturaleza que prueba la inocencia del condenado.

“Apoyo internacional”

A nivel internacional se está desarrollando una intensa campaña de solidaridad con los huelguistas de hambre, enfatizando que el gobierno chileno se niega a cumplir las recomendaciones formuladas por Rodolfo Stavenhagen, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos de los mapuche, en particular su derecho a un debido proceso. El experto rechazó la aplicación de la legislación antiterrorista, creada en tiempos de dictadura, a los luchadores sociales mapuche. En similares términos se ha expresado la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, luego del informe de una misión que estuvo en Chile como observadora de uno de los procesos contra presos políticos mapuche. El pasado 3 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en audiencia especial concedida en el marco de su 122º periodo ordinario de sesiones, recibió a una delegación integrada por el alcalde de la comuna de Tirúa y representante de la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, Adolfo Millabur; el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander, y la abogada del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez quienes informaron sobre la situación que viven los presos políticos mapuche, entre otros aspectos.

El próximo viernes 28, Día Mundial de la Solidaridad con los presos políticos mapuche, se realizarán en capitales europeas y latinoamericanas de países con gran intercambio comercial con Chile, movilizaciones de apoyo a los huelguistas y repudio a la legislación antiterrorista.

Otras gestiones

La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche y organizaciones de derechos humanos, han emprendido diversas gestiones en Chile y el exterior. De parte del Ministerio del Interior no se ha expresado voluntad alguna de intervenir en la situación, por lo que los próximos pasos apuntan directamente a una intervención de la Presidenta Bachelet. Un indicio preocupante es que el nuevo gobierno no ha cambiado la política del Presidente Lagos en cuanto a la aplicación de la legislación antiterrorista a los luchadores mapuche. Recientemente el gobernador de Ercilla, Rubén Quilapi, por instrucción del gobierno, presentó un recurso de nulidad de la sentencia absolutoria del lonko José Cariqueo, vocero de la huelga de hambre.

En cambio, sectores parlamentarios comienzan a involucrarse en el tema. Luego de visitar a los presos políticos en Angol, el senador Alejandro Navarro y el diputado Marco Enríquez-Ominami elaboraron un proyecto de ley de amnistía argumentando la aplicación errónea de la legislación antiterrorista a los mapuche. La iniciativa de los parlamentarios del Partido Socialista puede contribuir a visibilizar el tema en el Parlamento y la opinión pública, pero tiene nulas posibilidades de ser aprobada, ya que el elevado quórum requerido no se conseguirá pues los partidos de derecha nunca han votado a favor del pueblo mapuche.

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