Patricia Verdugo

NO OLVIDAR Patricia Verdugo revela cómo El Mercurio recibía el dinero de la CIA

La cuenta suiza de Agustín Edwards

Lo dijo claramente el presidente Salvador Allende esa mañana aciaga del martes 11 de septiembre de 1973: “...quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estarán en sus casas esperando, con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y privilegios”. Palabras pronunciadas en el ocaso de una vida digna como pocas, que resumen de manera descarnada la tragedia de los mil días de la Unidad Popular. La asonada golpista fue el fin de un hermoso sueño colectivo y el comienzo de un largo infierno para los chilenos. Treinta años después la periodista Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo, acometió la tarea de hurgar en ese pasado que algunos esconden y que otros simplemente prefieren olvidar o traicionar.

La motivación de Patricia Verdugo fue “contarle la historia a mis hijos, pero luego comprendí que era importante narrarla a muchos hijos de este país”. Así nació el libro Salvador Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muerte, que relata la historia de la intervención norteamericana en Chile.

En sus páginas están los nombres detrás de la conspiración: Richard Nixon, Henry Kissinger y Agustín Edwards, como los protagonistas indiscutidos de esta trama donde la traición se impuso. Bastó que Allende ganara las elecciones para que Nixon -azuzado por el dueño de El Mercurio- echara a andar las acciones encubiertas “para reventar” el proceso chileno. “Es necesario precisar que el actual presidente de la Fundación Paz Ciudadana, Agustín Edwards, en septiembre de 1970 era partidario de la guerra ciudadana”, sentencia Patricia Verdugo.
Usted plantea en su libro que aunque el gobierno de Allende hubiera sido perfecto, la decisión norteamericana de derrocarlo hubiese sido la misma.

“Sí, aunque Salvador Allende hubiera sido un gobernante perfecto -que no lo fue- y aunque la Unidad Popular hubiese sido una coalición exitosa -que tampoco lo fue- el golpe se habría producido igual. Durante muchos años pensé que Estados Unidos no quería una ‘segunda Cuba’ en América Latina. Pero en la investigación me di cuenta que tenía más sentido el tema del eurocomunismo. Esto lo dicen varias personas que estuvieron muy cerca de Henry Kissinger, para quien Salvador Allende era más peligroso que Fidel Castro. Su experimento de socialismo en democracia podía hacer eco no sólo en América Latina sino también en Italia y Francia. Eso para Kissinger era insostenible. Por ello, Estados Unidos envió a Chile agentes de la CIA de primer nivel, a los más criminales”.

Usted aporta importantes datos en su libro, que prueban la intervención de la Casa Blanca en nuestro país en la elección de 1964. ¿Podría explicar qué motivó a EE.UU. a actuar en Chile y cuál fue el papel que cumplió en el triunfo electoral de Eduardo Frei Montalva?

“Chile se pone en la mira de Estados Unidos en 1958, cuando Salvador Allende, por escasos 30 mil votos, estuvo a punto de ser elegido presidente. Por eso, inician una gran campaña para evitar que gane las elecciones de 1964. De hecho, la Comisión Church del Senado de Estados Unidos estableció que la CIA entregó al menos tres millones de dólares para la campaña de Eduardo Frei Montalva, sin que éste se enterara. Además instigó una campaña del terror, con afiches en todo el país, donde se veían los tanques soviéticos entrando por la Alameda. Incluso todo indica que la acción sediciosa de octubre de 1969, conocida como el ‘tacnazo’, se hace con miras a un golpe militar. El objetivo norteamericano ya entonces era impedir que Salvador Allende fuera elegido presidente. Les costó tres años convencer a las Fuerzas Armadas y lograr una masa crítica proclive a la intervención militar”.

LA CUENTA REGRESIVA

¿Cómo intervino Washington en las elecciones de 1970 y cómo implementó la injerencia en Chile? “La Casa Blanca hizo de todo, desde invertir millones en acciones de sabotaje, apoyo financiero a la candidatura de Jorge Alessandri, dividir al Partido Radical, etc. Sin embargo, las mejores pruebas de la intervención de Washington surgen con el triunfo de Allende. Fue entonces cuando Nixon dio carta blanca a la CIA para actuar e impedir, según sus propias palabras, ‘que ese hijo de puta, ese bastardo asuma’. La orden era clara: había que aplastarlo y la manera de hacerlo era con un golpe militar. Para ello, la CIA se contactó, entre el 5 y el 20 de octubre de 1970, con 21 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. De acuerdo al Informe Church, ‘a todos aquellos que estuvieran dispuestos a ejecutar un golpe de Estado, se les aseguró apoyo al más alto nivel del gobierno norteamericano; con anterioridad y después de un eventual golpe’.

AGUSTIN Edwards Eastman, dueño de “El Mercurio” y artífice de la intervención norteamericana en el golpe del 73. Preside la Fundación Paz Ciudadana, de enorme influencia sobre el actual gobierno en materias de seguridad pública.

En ese contexto, el general René Schneider, comandante en jefe del ejército, democrático y constitucionalista, se constituyó en el gran obstáculo. La decisión fue eliminarlo y sabemos por el Informe Church y documentos desclasificados, que vía valija diplomática llegaron tres subametralladoras, abundante munición, granadas lacrimógenas y máscaras antigases que fueron entregados a los conspiradores, entre los cuales se encontraban los generales Camilo Valenzuela, Roberto Viaux y Alfredo Canales. Incluso el agregado militar de Estados Unidos, Paul Wimert, declaró que entregó 50 mil dólares a Viaux, entre el 13 y el 20 de octubre de 1970, además de prometerle un seguro de vida por 250 mil dólares. También recibieron la misma suma el general Valenzuela y el almirante Hugo Tirado, quien también estuvo involucrado. Otros conspiradores fueron el director de Carabineros, general Vicente Huerta Celis y el general de la Fuerza Aérea Joaquín García.

Lamentablemente, a pesar de todas las evidencias, hay una versión que han creído el ejército e incluso la familia del general Schneider: que el objetivo era el secuestro y no el asesinato. El poder le bajó el perfil al delito, lo que culminó en ese fallo horroroso de la Corte Suprema en que el secuestro con resultado de muerte termina siendo un secuestro con atenuante, en vez de agravante. Han pasado 33 años y el ejército no ha enviado siquiera una nota de protesta a la Casa Blanca, por la muerte de su comandante en jefe. Entonces uno se pregunta, cuánto tiempo tendrá que pasar para que asuma que el general Pinochet fue un asesino. Cuántos años transcurrirán para que le quiten el título de ‘Benemérito’. Cuánto para que los cadetes de la Escuela Militar y demás escuelas matrices asuman que la dictadura fue oprobiosa, criminal y bárbara”.

Usted plantea en su libro que los mil días de la Unidad Popular estuvieron fuertemente determinados por una puesta en escena planificada por y a la medida de Estados Unidos, y que en ese contexto las distintas fuerzas -incluida la Izquierda- actuaron en una lógica que tendió a potenciar la estrategia norteamericana. ¿Podría profundizar al respecto?

“Claramente, teníamos una Izquierda gobernando y otra Izquierda fuera del gobierno. Eso generó ciertos choques. Por ejemplo, para la Izquierda fuera del gobierno, la larga visita de Fidel Castro a Chile fue un acontecimiento glorioso. Lo cierto es que una visita que debió ser de tres o cuatro días duró casi un mes, y cuando se entra a la trastienda de este episodio, se comprende que esa visita fue un dolor de cabeza para el presidente Allende.

En otro ámbito; para Salvador Allende había un programa que definía las empresas a ser intervenidas. Las tomas le provocaron muchos problemas, porque no tenía cómo ordenar la situación. Su obligación era gobernar y salvar el proceso. La discusión en ese momento era muy fuerte. Lo prueba el extracto de un discurso de Miguel Enríquez, que incluí en el libro, donde da por abortado el proceso del presidente Allende y plantea que es la hora de tomar las armas. El hecho es que las tomó sólo un sector de chilenos y el resto fuimos las víctimas. Era imposible que ese grupo minoritario pudiera enfrentar a un ejército regular y por eso fue una masacre. En ese sentido, yo me quedo con Salvador Allende y lo que él se comprometió a hacer y con los medios con los cuales se comprometió a hacerlo”.

Sin embargo, él vivió sus últimas horas en La Moneda con un fusil en sus manos resistiendo el golpe...

“Cuando él toma el fusil que le regaló Fidel Castro y lo usa, lo hace como lo haría cualquier ciudadano en esas circunstancias. Estaba frente a un golpe, un delito subversivo. Salvador Allende era el presidente constitucional y por tanto, tenía que defender su cargo. Ese es el contexto en el cual toma el fusil. Por eso, para mí uno de los momentos más trágicos del 11 de septiembre en La Moneda es cuando el representante del comité central del Partido Socialista, Hernán del Canto le pide instrucciones. La respuesta de Salvador Allende quedó estampada para la historia: ‘Nunca antes me pidieron mi opinión. ¿Por qué me la piden ahora? Ustedes, que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen que hacer. Yo he sabido desde un comienzo cuál es mi deber’. Esa frase lo dice todo, para efectos de cómo tenemos que reorganizar el movimiento popular en Chile, proceso que tomará muchos años”.

Además del tiempo, ¿cómo visualiza usted ese proceso de reconstrucción?

“Será muy difícil, porque el eje de la dictadura fue destruir el tejido social. Para eso mató a las personas, las torturó y exilió. El terror tuvo como objetivo destruir el tejido social que Chile construyó con tanto esfuerzo durante el siglo XX. Como resultado, hoy en Chile no existe la percepción de que uno es persona en tanto pertenece al colectivo. La dictadura llevó a los chilenos a creer que son personas en tanto individuos aislados. El desafío es entender que somos personas en las distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas. Es de esperar que algún día esto dé como fruto una Izquierda madura, unida, con objetivos claros, que tenga claridad respecto del adversario; lo que exige mucha disciplina, realismo y capacidad de negociación. Al fin y al cabo, los que murieron son los de abajo”.

NIXON, KISSINGER
Y EDWARDS

¿Cuál fue el papel de Richard Nixon y Henry Kissinger en el complot contra Salvador Allende? ¿Cómo caracterizaría usted su participación en la tragedia chilena?

“Para América Latina siempre han sido nefastos los presidentes republicanos de Estados Unidos. De ellos, Richard Nixon es además un ejemplo de bajeza moral. La mejor prueba de su estupidez, fue creer que podría hacer en su país lo mismo que hizo en América Latina. Con Watergate cayó él mismo, lo que prueba su sandez. Sin embargo, en el caso chileno influyó una suma de factores que se potenciaron.

Por un lado, Henry Kissinger, con su inteligencia diabólica y su obsesión con Chile por lo que significaba esta experiencia de socialismo democrático, y por otro, Donald Kendall, presidente de la Pepsi-Cola, de quien Nixon era un empleado aun en la Casa Blanca. Kendall había financiado a Nixon luego de un fracaso político en California, hasta que llegó a la presidencia. Nixon se ve cercado por Kissinger, que le plantea actuar en Chile porque Allende constituye un peligro para la seguridad de Estados Unidos, y por Kendall, que lleva de la mano a su amigo chileno y dueño de la cadena El Mercurio, Agustín Edwards, quien lo convence de lo mismo en esa tétrica reunión del 15 de septiembre de 1970 en la Casa Blanca”.

En el libro usted atribuye un rol fundamental en la intervención norteamericana a Agustín Edwards. ¿Cuál fue la participación del dueño de “El Mercurio” presidente de Paz Ciudadana, en el golpe?

“Lo primero que hay que precisar es que el presidente de Paz Ciudadana, en septiembre de 1970 era partidario de la guerra ciudadana. El ha planteado que sólo fue a informar a EE.UU. lo que ocurría en Chile. Sin embargo, personeros de la Casa Blanca de la época le atribuyen papel fundamental en convencer a Nixon para actuar en Chile. El mismo Kissinger define a Edwards como el gatillador de la tragedia chilena”.

Según el Informe Church, la CIA entregó más de un millón y medio de dólares a “El Mercurio” para crear las condiciones para el golpe militar.¿Cómo fueron estas transacciones y otras destinadas a instituciones como la Sociedad de Fomento Fabril y qué importancia tuvieron en la desestabilización del gobierno?

“La CIA depositó un millón setecientos mil dólares, en partidas de cien mil dólares, en la cuenta suiza de Agustín Edwards. Otro tanto ocurrió con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), cuyo presidente era Orlando Sáez. Este ha reconocido que manejaba cinco cuentas bipersonales en Suiza. Allí la CIA depositaba el dinero que Sáez traspasaba a León Vilarín, de los dueños de camiones, para compensar las pérdidas por los paros. Pero la repartición de dólares no terminaba allí. El personero de la Sofofa también declaró haber entregado dinero a Pablo Rodríguez, de Patria y Libertad; a Pedro Ibáñez, senador del Partido Nacional; a Felipe Amunátegui, del Partido Demócrata Cristiano; y a Jaime Guzmán, del movimiento gremialista. Claramente, El Mercurio cumplió un papel clave en crear las condiciones para el golpe y los camioneros también hicieron lo suyo”.

El director de “Punto Final”, Manuel Cabieses, solicitó hace más de dos años la expulsión de Agustín Edwards del Colegio de Periodistas, por violar con sus actos el Código de Etica al gestionar la intervención norteamericana para derrocar a un gobierno legítimo e instaurar el terrorismo de Estado. ¿Cuál es su posición?

“Cuando me enteré de la acción de Manuel, me encontraba haciendo gestiones para reincorporarme al Colegio. Eso me hizo decidir que no volveré a formar parte de la Orden, mientras el señor Edwards sea parte de ella. Apoyo absolutamente la iniciativa de Manuel y cumpliré mi decisión de no reintegrarme al Colegio de Periodistas mientras Edwards esté allí”.

OTROS HOMBRES

A la luz de estos antecedentes, ¿qué opinión le merece el “mea culpa” de Luis Guastavino, que planteó que todos los actores políticos -incluyendo la Izquierda y el gobierno de la Unidad Popular- tuvieron responsabilidad en el 11 de septiembre de 1973?

“Es raro lo que pasa en este país. A cambio de tener la portada del cuerpo D de El Mercurio y transformarse en personaje mercurial, alguna gente está dispuesta a decir barbaridades. Deberían ponerse en los zapatos de las familias de las víctimas, porque lo que hacen es colaborar con un ‘empate moral’ que es absolutamente bárbaro. Si tuvieran un mínimo de sensibilidad, no abrirían la boca.

Por muchos años al escuchar el último discurso del presidente Allende, yo me quedaba pegada en aquella frase de ‘...se abrirán las grandes alamedas...’. Llevamos trece años de transición esperando que se abran y no ha sucedido. Comprendí que la clave para que algún día se abran las grandes alamedas está en la frase ‘...superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse...’. Mientras la clase política esté conformada mayoritariamente por los mismos políticos que fracasaron en 1973, no tenemos salida. La democracia sólida y profunda a que aspiramos, será refundada por otros hombres y mujeres”.

Finalmente, ¿qué perdimos los chilenos con la muerte de Salvador Allende?

“Cuando se cumplieron diez años del golpe, yo era corresponsal de Televisa y salí con una cámara a la calle. Llevábamos varios meses de protestas y la gente comenzaba a perder el miedo. Me instalé en Huérfanos con Ahumada y encuesté a alrededor de treinta personas. Lo que más me sorprendió es que la mayoría se expresó con cariño del presidente Allende. Me sobrecogió que la palabra que más se repitió fue ‘dignidad’. Y pienso que fue eso lo que perdimos hace treinta años: la dignidad. No voy a decir que murió un sueño, porque los sueños existen en la medida que los tengamos en la cabeza y en el corazón. Lo que perdimos fue dignidad como personas, dignidad como pueblo. La primera tarea hoy es recuperar la dignidad”

MANUEL HOLZAPFEL GOTTSCHALK

http://www.puntofinal.cl/552/lacuentasuiza.htm

 

 

¿Quién manda al Ejército?

Por Patricia Verdugo

El gobierno nos ha dicho que es de "mal gusto" hablar del funeral de Augusto Pinochet mientras esté vivo. Pero me temo que, cuando muera, será tarde. Y haremos -como país- algo que no podremos explicar ante la historia. Y cuando digo historia, hablo de nuestros hijos y nietos y todos los que vengan por delante.

Ya parece claro que si el deceso ocurre durante el gobierno de Bachelet, no habrá "funeral de estado" encabezado por nuestra Presidenta. Pero todo indica que el Ejército le rendirá "honores militares" a quien fuera su comandante en jefe por veinticinco años. Así lo informó la ministra de Defensa, ratificando lo antes dicho por el actual jefe del Ejército.

Primera pregunta: ¿Es el Ejército un organismo privado que puede decidir por su cuenta y riesgo lo que le venga en gana?

La respuesta: no, se trata de un organismo estatal y, por ende, pertenece a todos los chilenos. Es uno de los cuatro organismos de la defensa nacional, cuyos salarios, armas, pertrechos y costoso entrenamiento son pagados con los impuestos de todos los chilenos. A ellos les damos -por ley- el "monopolio en el uso de las armas" justamente porque nos pertenecen a todos.

Segunda pregunta: ¿Quién manda al Ejército?

Como ocurre en toda democracia, el poder militar está bajo el mando del poder civil. Hasta hace muy poco no era así, ya que la negociación que dio paso a la transición dejó "enclaves autoritarios" que impedían al Presidente de la República cambiar a los jefes del ejército, la armada, la aviación y la policía en caso de ser necesario. Además, les confería un rol clave en el Consejo de Seguridad Nacional que coartaba al Jefe de Estado. El cambio se logró durante la administración del Presidente Lagos.

Tercera pregunta: Si el ejército es obediente al poder civil, expresión de la soberanía popular, ¿quién realmente rendiría honores a Pinochet al momento de su funeral?

Respuesta: todos los chilenos.

Cuarta pregunta: ¿Amerita el general Pinochet recibir honores militares? Respuesta: no, porque él mismo es el mejor ejemplo de quien transgrede gravemente el honor militar.

Vamos por puntos.

Rendir honores al general Pinochet es homenajear a quien indultó a los asesinos del comandante en jefe, general René Schneider. 

Rendir honores a Pinochet es olvidar que su policía secreta asesinó, en Buenos Aires, al ex comandante en jefe Carlos Prats, su antecesor en el cargo. Y con él a su esposa.

Eso para empezar a hablar.

Sigamos con lo que dijo el general Joaquín Lagos Osorio durante la dictadura, evocando las masacres ocurridas en 1973, mientras era comandante en jefe de la primera división del Ejército: "Fue y es un dolor tan enorme, un dolor indescriptible. Ver frustrado lo que se ha venerado por toda una vida: el concepto de mando, el cumplimiento del deber, el respeto a los subalternos y el respeto a los ciudadanos que nos entregan las armas para defenderlos y no para matarlos" (1).

El general Pinochet violó todas las leyes nacionales e internacionales, incluyendo la Convención de Ginebra, para perseguir a los disidentes a su dictadura. Ordenó asesinatos, desaparición de prisioneros, torturas. Todo ello está debidamente acreditado en los informes oficiales de las comisiones Rettig y Valech. Con aprobación del Congreso y con cargo a fondos del Estado, se han pagado y se pagan indemnizaciones a las víctimas y sus familias.

Quinta pregunta: Si el Estado ha reconocido las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet, ¿cómo es que el Estado va a rendir homenaje, a través del Ejército, a quien fue el jefe máximo de los agentes del Estado que cometieron tales crímenes? Respuesta: no puede hacerlo.

No vamos a agregar el fraude al Fisco que investiga la justicia tras descubrirse la red de cuentas secretas y millonarias del general Pinochet. Alguien podría decir que mientras no haya sentencia hay que darle el beneficio de la duda o la presunción de inocencia.

Pero tenemos que anotar, finalmente, que rendir honores militares al general Pinochet constituye un acto deleznable en el marco de lo que la propia justicia ya ha establecido. Y constituye un acto que atenta gravemente contra la misma democracia que nuestros legítimos representantes -en La Moneda y el Congreso- han jurado defender.

Última pregunta: ¿Qué cree usted que van a pensar los jóvenes cadetes de la Escuela Militar si participan en honores militares para el general Pinochet?

Respuesta: que todo lo que hizo quien está en el féretro estuvo bien hecho. Y mañana, siendo generales, pueden repetir esas acciones.

Si todos los políticos -desde el oficialismo y la oposición- nos repiten "nunca más", si hasta el ex comandante en jefe Emilio Cheyre pronunció ese "nunca más" con solemnidad, ¿en qué quedamos? Muchos ciudadanos creemos que esto pone en jaque nuestra futura "seguridad" como nación y tenemos derecho a sentirnos desconcertados.

(1) Los Zarpazos del Puma

 

 

Patricia Verdugo: la Concertacion tiene que garantizarle a Pinochet que no sera condenado...

Diario Electronico El Mostrador.

5 de Diciembre de 2006

Habla de su eventual muerte

Patricia Verdugo: ''Ruego porque Pinochet esté lo más sano posible''

Por  Pablo Soto A.

No solo las páginas de la historia reciente hablarán de Augusto Pinochet. También las de los libros de la periodista y escritora Patricia Verdugo. Porque cada una de sus publicaciones gira en torno a la investigación de algún crimen de la dictadura militar en nuestro país. Por eso es que por ahora, según la Premio Nacional de Periodismo, el ex jefe militar no debe morir ya que su deuda con Chile aún no está saldada.

Foto: Patricia Verdugo, quien reedita su libro "Bucarest 187"

La periodista y escritora nacional Patricia Verdugo es uno de los personajes más reconocidos en el ambiente de las letras por su acucioso trabajo de investigación en materia de derechos humanos e historia reciente de nuestro país. Su libro titulado "Los zarpazos del puma" le valió la admiración y consagración que se coronó con la entrega del Premio Nacional de Periodismo en 1997, y múltiples ediciones piratas que aún se observan en las calles. Y que resto de su trabajo se ha transformado en un verdadera compilación de las principales violaciones a los DDHH de la dictadura militar.

Sin embargo y a pesar de su amplio conocimiento en el tema, no fue hasta 1999, con la publicación de "Bucarest 187", que Patricia no profundizó en su historia personal con la represión militar de la que fue víctima el país entre 1973 y 1989. La aclaración de la extraña muerte de su padre, el ingeniero Sergio Verdugo, asesinado en 1976 por los servicios de seguridad, fue el objetivo de su escritura reveladora y de denuncia, donde Augusto Pinochet juega un rol preponderante.

Hoy, desde su oficina, observa con atención el detalle de la evolución médica de Pinochet. Su más reciente columna detallaba que todo Chile hoy reza porque no muera. Quienes están de su lado y se declaran sus seguidores. "Aquellos que lo ven como un héroe", dice, pues aseguran que salvó al país de una gran guerra civil.

Por otro lado, personas como ella, madres, padres, esposas e hijos de las víctimas de su régimen de terror que esperan también paradójicamente que Pinochet no muera. Por lo menos no antes de que sea condenado por los tribunales de justicia, pues sino será alcanzado por los beneficios del artículo 93 del Código Penal que sobresee a quienes fallecen mientras se tramita una causa en su contra.

 

Un hecho clave para esta escritora que acaba de relanzar, ampliado y corregido, aquel trabajo literario donde describe, paso a paso, los detalles de la muerte de su padre en manos de uno de los órganos represores de la dictadura. Un libro que luce diferente a aquella primera edición de 1999 y también a las cuatro reediciones subsiguientes, tras la serie de datos nuevos que el texto aporta y que Verdugo decidió incorporar, porque, según contó en entrevista con El Mostrador.cl, "una investigación periodística siempre debe actualizarse".

Bucarest 187, recargado

-¿En qué consisten estas actualizaciones?

-Implica todo lo que ocurrió con el caso de mi papá desde el año 1998 en adelante y además la actualización de muchos datos que tienen que ver con otros procesos que cuando escribí el libro no estaban. Por ejemplo los culpables de determinados casos. Por lo tanto esta reedición es mucho más completa.

-¿Esta reedición también pretende llegar a un público de lectores diferente?

-El principal beneficiado es el público joven. Todo el trabajo que hemos hechos, de recuperación de la memoria histórica, está dirigido a los jóvenes, para que ellos puedan conocer en detalle la historia del país y puedan formar su propia opinión sobre los hechos, no la que heredaron de sus familias u otras voces.

-En el caso de este libro, ¿aún podría estar sujeto a actualizaciones en el futuro?

-Claro que si. Cada cierto tiempo es necesario revisar y actualizar. Ahora estamos viendo la posibilidad de llevar el caso de mi papá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos dependiendo en este sentido de lo que decida el gobierno. Si se anula o deroga la ley de amnistía o si se aprueba una ley interpretativa de ella.

Plegarias por Pinochet

Mientras Patricia Verdugo se encarga de los detalles de la reedición de su libro, ruega al cielo por la salud de Pinochet, porque se recupere pronto y porque esté lo más sano posible. Algo que resulta sin duda extraño, considerando que se trata de la figura de quien fue la cabeza de la dictadura militar que terminó con la vida de su padre.

No obstante tal lectura resulta mucho más obvia cuando la escritora explica su objetivo real. "Yo necesito que Pinochet esté vivo para que sea condenado, para poder sentir que vivo en un país decente, en un país con niveles éticos mínimos. Necesito que sea condenado por sus crímenes".

-La llegada de Pinochet a Chile desde Londres representó un símbolo mundial. La justicia chilena era capaz de juzgar y condenar a Pinochet. Sin embargo, los procesos nunca culminaron en una condena. ¿Qué le hace pensar que Pinochet a los 91 años sea condenado?

-No se trata solo de Pinochet, sino también de los mandos más altos del Ejército y eso también corre para el general Sergio Arellano Stark, quien, recordemos, impulsó el complot del golpe de estado de 1073. Acá hay una suerte de impunidad en el aire que la derecha chilena entregó a estos personajes quienes hicieron el trabajo sucio. Quien realmente dio el golpe militar no fue Augusto Pinochet o el Ejército de Chile, sino la derecha política. El pago por eso es la impunidad de los jefes.

-¿Quines deben pedir perdón entonces?

-El tema que pidan o no pidan perdón es un tema secundario. Aquí tiene que hacerse justicia. Esa es la única manera que tenemos de asegurar que no haya otro golpe militar en el futuro usando a las Fuerzas Armadas como el brazo armado de la derecha. Es con justicia y no de otra manera, de modo que los oficiales sepan que el costo de un hecho como ése es muy alto.

-¿Cómo observa la actitud del Ejército durante estos días en que Augusto Pinochet ha estado hospitalizado?

-Mientras Augusto Pinochet siga siendo padre benemérito de la patria, nombrado por el Ejército de Chile en 1998, mientras el comandante en jefe del Ejército interrumpa su weekend de descanso para ir a verlo al Hospital Militar y mientras se hable de los honores de su eventual funeral, sin que haya justicia de por medio, solo estaremos hablando de barbaridades.

-A su juicio, ¿cómo debería ser el funeral de Augusto Pinochet?

-Su funeral debe ser absolutamente privado, sin que participe ninguna fuerza del Estado que nos represente a todos, porque cuando el Ejército chileno realiza un homenaje, está actuando como repartición estatal, que pertenece a todos los chilenos. En un país con un sentido ético elemental, nuestras Fuerzas Armadas no le pueden rendir honores a quien fue en el pasado un criminal y un ladrón.

Alivio compartido

La lectura hipotética que Patricia Verdugo hace sobre la muerte de Pinochet no deja de ser interesante. Sobre todo por su teoría sobre el "alivio político" que implicaría ese deceso tanto en la Alianza Por Chile como en la Concertación. Dos protagonistas centrales de la política nacional, uno en cada extremo, pero unidos durante 17 años de democracia por la figura de Pinochet.

-¿Alguien saldría beneficiado con la muerte de Pinochet?

-Claramente para la derecha política como para la Concertación, la muerte de Pinochet sería un gran alivio. Es un incordio tener que seguir buscando maneras de garantizar impunidad a un criminal tan evidente y para alguien que ha sido tan corrupto en material administrativas. Ambos bandos tienen cada vez más problemas para garantizar tal impunidad.

-¿Cuál fue a su juicio una de esas garantías de impunidad de las que habla?

-Por ejemplo cuando Pinochet tuvo que hacerse el loco y no fue capaz de lograrlo. Siguió dando entrevistas, siguió ufanándose de su cordura y mantuvo una gran cuota de cordura para seguir manejando sus cuentas secretas y mover los dineros para obtener mejores ganancias. Al hacer alarde de esa cordura, obligó a las cortes, por su prestigio elemental, a declararlo sujeto apto de proceso. Por eso el que esté vivo representa un incordio. Los primeros que estarán contentos con su muerte serán los integrantes de la derecha, que por fin se podrán liberar de esta figura que tanto peso les confiere y, segundo, la Concertación, que por años ha debido jugar este doble juego: por un lado Pinochet el adversario y por otro un Pinochet a quien hay que garantizarle que no será condenado.

-¿Cómo debería enfrentar Chile como país la eventual muerte de Pinochet?

-Yo quisiera que el día en que Pinochet muera, mi país se quede en silencio.

"DE FRENTE, GENERAL. AHORA, DE PERFIL, POR FAVOR..."

CHILE. DEJAR ATRÁS EL MIEDO

 

 

Por Patricia Verdugo*

 

 

FUENTE: http://www.pieldeleopardo.com/

 

 

Nunca ha parecido tardar tanto la justicia; pero lo que bien acaba, bien habrá comenzado. El otrora dictador llegó a sus metas obvias: procesamiento por asesinatos múltiples y ser fichado como ladrón:

 

"De frente, general. Ahora, de perfil, por favor. Su mano derecha, general. ¿Me permite su izquierda? Estire mejor los dedos para facilitar el entintado".

 

Palabras más, palabras menos, eso fue lo que escuchó el general Pinochet cuando diciembre de 2005 agonizaba. Funcionarios del Registro Civil y de la Policía de Investigaciones llegaron hasta su casa de La Dehesa, en la capital chilena, y lo ficharon. "Un agravio" irreparable, dijo su defensor, el abogado Pablo Rodríguez, otrora jefe del grupo terrorista de ultraderecha Patria y Libertad.

 

El supuesto agravio se reforzó cuando la Corte de Apelaciones, por 21 votos contra tres, lo desaforó nuevamente para que sea juzgado por malversación de caudales públicos.

 

Más de alguien puede extrañarse de que un simple fichaje se transforme en noticia. Lo normal, en un estado de Derecho, es que le ocurra a toda persona procesada por delitos. Pero el general Pinochet, ya sabemos, no es una persona cualquiera.

 

Una dictadura –cualquiera sea su signo ideológico– utiliza el miedo como la herramienta clave de dominio. Miedo que va desde perder la vida hasta perder el empleo, pasando por campos de concentración y cámaras de tortura. Terror a perder el derecho a vivir en la patria o a ser relegado –dentro de ella-–a gulags en sitios lejanos e inhóspitos. Incluso hablamos del miedo a perder la tranquilidad cotidiana, ese estado que nos permite equilibrarnos en la cuerda floja de la aparente normalidad aún cuando se viva en dictadura. Y las voces se silencian, cunde la delación y se imponen autocensuras tan sutiles que ni los propios afectados reconocen lo que les está prohibido.

 

La dictadura del general Pinochet –como todas– usó grandes dosis de miedo como política de Estado. La primera fue inyectada el 11 de septiembre de 1973 al tiempo que los aviones bombardeaban el Palacio de Gobierno. Imagen imborrable, casi tanto como el ataque a las Torres Gemelas.

 

Y si la dictadura usa el terror, la democracia y su estado de Derecho busca dar confianza a los ciudadanos. El paso de una a otra es lo que llamamos "transición". A veces se da por terminada la transición porque se cumplen requisitos democráticos: ejercicio de la soberanía popular, separación de poderes, libertad de prensa, entre otros. Pero una transición termina cuando un pueblo recupera plenamente el estado de confianza y de dignidad que tenía antes de la dictadura.

 

Porque los miedos se cuelan en los más finos intersticios de la sique colectiva. En Chile, por ejemplo, tras 16 años de transición, ni los socialistas se atreven a usar la palabra pueblo. Se habla de la "gente". Se autocensura el término justicia social. Se habla de equidad. Sólo hace un año se aceptó que los torturados tenían calidad de víctimas. Y los conflictos sociales se cubren con soluciones de consenso –entre el gobierno y la oposición– porque el disenso se sigue percibiendo como peligroso, como detonante de crisis política y no como parte del debate normal entre los diversos componentes de una sociedad pluralista.

 

La transición chilena, desde 1990, ha sido lenta y difícil. Y las razones están a la vista. El pacto que le dio inicio estuvo marcado por el miedo. Pinochet retuvo una cuota muy importante de poder por ocho años más. Como jefe del Ejército, se quedó con la llave del arsenal. Se instaló, pistola en mano, en la invisible mesa de negociación política. Era intocable. Y cuando dejó la jefatura castrense, pasó a ocupar un sillón vitalicio en el Senado (marzo de 1998). Mantuvo la coraza protectora, asegurando su impunidad. Hasta que la justicia de España abrió el primer boquete en esa coraza y logró su arresto en Londres.

 

Ese día de octubre de 1998 –con Pinochet en los titulares de todos los diarios del mundo– marcó el inicio real de la transición chilena, del proceso de pérdida del miedo. En los más de 500 días que España lo retuvo en Londres, le llovieron más de 300 querellas en los tribunales chilenos. Y cuando el ex dictador regresó a Chile (marzo de 2000), fue desaforado y sometido a juicio por un crimen masivo de disidentes, conocido como "la caravana de la muerte".

 

Entonces ocurrió el brusco frenazo. La derecha y las Fuerzas Armadas se jugaron a fondo. En ese escenario, el juez Guzmán no se atrevió a ficharlo. Y el inconfesado pacto político fue simple: otorgarle impunidad por "demencia" a cambio de que abandonara el escenario. Renunció al Senado y el Parlamento dictó una nueva ley para darle fuero como ex Presidente de la República. Único requisito: quedarse callado, hacerse invisible. Pero el arrogante Pinochet no resistió la tentación. Dio entrevistas, se paseó por las calles, presidió comidas de homenaje y siguió realizando hábiles operaciones bancarias en más de 150 cuentas secretas para aumentar su mal habida fortuna.

 

Una investigación del Senado de Estados Unidos develó su corrupción (julio de 2004) y de ahí en adelante la carga de los defensores de derechos humanos encontró acogida en las cortes. Fue declarado lúcido, sujeto apto para ser procesado. Vuelven a caer los fueros y avanzan los procesos por corrupción, evasión de impuestos y –lo más importante– crímenes de lesa humanidad.

 

La justicia aún no puede cantar victoria, pero el fichaje de Pinochet marca un punto clave de inflexión en este lento proceso de pérdida del miedo en Chile. Porque no hay nada que atemorice más a los pueblos – incluso más que actos de terrorismo, aumento de índices de delincuencia o crisis económica– que la impunidad de los más poderosos.

 

 

* Periodista y escritora chilena

 

Prontuario de Pinochet:

Ángeles en La Dehesa
     Por Patricia Verdugo

En la foto: Muriel Dockendorff Navarrete

     Cuando ayer entraron en la casa de Pinochet los funcionarios de Investigaciones y del Registro Civil, llevaban sobre sus cabezas -invisibles- al menos 119 espíritus que han clamado por justicia por tres décadas. Las 119 víctimas de la llamada Operación Colombo. De frente, general. Ahora, de perfil. Su mano derecha, general. Ahora su izquierda. Estire bien los dedos...
    Uno de esos espíritus es el de Muriel Dockendorff. Era muy linda y tenía solo 23 años. Estudiaba Economía en la universidad. Era prima de quien hoy es ministro de la Presidencia, Eduardo Dockendorff. Fue arrestada en 1974 en su casa, arrancándola de brazos de su madre que clamó por saber adónde la conducirían los agentes secretos. Muriel se perdió en la espesa niebla de los detenidos que desaparecieron en los campos de concentración. Y como si hubiera intuido lo que iba a ocurrirle, escribió estas líneas a una amiga que también estaba arrestada en Cuatro Alamos: “Nos encontraremos a través de la niebla que despejaremos. No me olvides, camarada”.
         También de 23 años y estudiante de Derecho de la Universidad de Chile era Cecilia Castro Salvadores. Fue arrestada en 1974, un año después del golpe militar. Era una de las mejores amigas de la ex canciller y electa senadora Soledad Alvear.
         Muriel y Cecilia eran dos jóvenes chilenas, cultas e inquietas, soñaban con un mundo mejor y no habían cargado más armas que sus lápices para dibujar un Chile justo y solidario. Eso era todo y eso las hacía peligrosas. Pertenecer a un partido de izquierda y no rendir su conciencia ante el terror de la dictadura.
         No hubo tribunales. No hubo acusaciones ni derecho a defensa. Sabemos lo que hubo y no es necesario entrar en detalles para sentir escalofríos. Podríamos hasta rogar por un rápido disparo en la nuca, pero sabemos que la tortura se toma días y semanas que parecen eterna pesadilla hasta destruir a un ser humano.
         Muriel y Cecilia son dos de los 119 chilenos que sucumbieron en la llamada Operación Colombo, por la que el general Pinochet está siendo procesado y ayer fue prontuariado. La mayor parte de las víctimas son jóvenes, menores de 30 años. Los 119 no tienen en común ni el partido político, ni la fecha de arresto, ni el campo de concentración. Su común denominador es una siniestra operación matemática que eligió 60 nombres para conformar una lista y 59 para otra, sumando 119 en una “acción de comunicaciones” que requirió del apoyo de la prensa pinochetista.
         Los hechos son simples. La ONU presionaba a la dictadura chilena para que respetara los derechos humanos. La Iglesia Católica presentaba recursos de amparo por los prisioneros que no aparecían. Y el general Pinochet aceptó la propuesta de su jefe de inteligencia, el coronel Manuel Contreras. ¿En qué consistió la Operación Colombo? En inventar una "noticia" para deshacerse de más de un centenar de muertos. La tal noticia informó  que guerrilleros chilenos, infiltrados clandestinamente en Argentina, se habían enfrentado en una batalla por pugnas internas. Y el trágico saldo era de 119 muertos. Las listas fueron publicadas por dos revistas de única edición – la argentina Lea y la brasileña O’Dia- y la agencia UPI difundió la noticia que fue titular de portada de los diarios chilenos por varios días. Incluso el diario vespertino La Segunda –perteneciente a la cadena de El Mercurio- tituló “Exterminados como ratones”.
         Imagine por un momento que, en esas listas, aparece el nombre de su hermano, de su padre, de su hijo. Imagine lo que ocurrió con los padres de Muriel y de Cecilia. Las listas se publicaron hace 30 años y demás está decir que nunca aparecieron -en Argentina- los cuerpos de los muertos en esa supuesta batalla.
         El dolor de las familias ahora se alivia. El ahora lúcido Pinochet está sometido a proceso y un juez valiente, Víctor Montiglio, ordenó prontuariarlo. Paso a paso, a golpes de sol y de agua, de memoria y de coraje, se avanza en la tarea de hacer justicia.

La lección de Joan Alsina

24 de Octubre del 2005
Por  Patricia Verdugo

Sabía que lo buscaban y no huyó. Sabía que el arresto conllevaba un alto riesgo de tortura y de muerte. Y sabiendo todo eso, el español Joan Alsina Hurtos tomó lápiz y papel la noche del 18 de septiembre de 1973 y escribió con la certeza de estar en víspera de morir. ¿Por qué? ¿No debió ser más fuerte el instinto de sobrevivencia? ¿O acaso se hizo misionero buscando ser un mártir?
Quizás nada de eso. Tenía apenas 31 años y ninguna duda acerca de su papel en este mundo. Ser sacerdote católico fue su deseo desde niño. Así lo dijo a sus padres, José y Genoveva, cuando cumplió once años en su hogar de la “masia” catalana de Castelló d’Empuries. Comenzaba la década de los cincuenta y el niño Alsina –en pleno franquismo- quería ser un cura obrero, levadura en la masa para hornear un pan que alimentara a los hambrientos.
Primero fue el seminario de Girona, luego el Hispano Americano de Madrid, teniendo en la mira el objetivo al que apuntar la energía de su vida: ser misionero en Latinoamérica. No había indicios que apuntaran al martirio cuando abordó el avión en Barajas y abrazó a sus padres y hermanos. Para entonces, 1968, Chile parecía un destino luminoso para un joven español iluminado por la fe cristiana. Iba a convertirse en un remero más de una goleta que, capitaneada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, tenía claro el puerto de arribo: una Iglesia progresista para ayudar a construir un país con justicia social.
Entre lecturas de Teología de la Liberación y días de intenso trabajo, el joven Alsina se bebió de un sorbo el santo grial de la esperanza, inmerso entre los pobres de Chile –cristianos y marxistas- que apostaban al socialismo democrático con Salvador Allende como líder. Hasta que un día negro de septiembre de 1973 cuajó el complot y, con La Moneda en llamas, comenzaron a escucharse los bandos militares que instaban a la entrega de los rojos.
El nombre de Joan Alsina estaba escrito en uno de esos bandos. Y sabiéndolo, ordenó sus escasas pertenencias y escribió la carta de despedida con la certeza de que “Cristo nos acompaña siempre, dondequiera que estemos” y con la percepción de ser grano de trigo en el campo de la historia: “si el grano de trigo no muere, no da fruto”.
¿Durmió esa noche? ¿Cuán largas fueron sus oraciones? No lo sabemos. Quizás el paisaje de Girona y los rostros amados custodiaron su vigilia. Al día siguiente, 19 de septiembre de 1973, cruzó temprano la puerta del Hospital San Juan de Dios –donde trabajaba- y fue arrestado.
Pocas horas después, golpeado y sangrante, fue llevado hasta un puente de los tantos que cruzan el río Mapocho. El suboficial Donato López dio la orden de matarlo. Y el joven soldado Nelson Bañados, de apenas 18 años, cumplió la orden. Dice en su confesión:
“Saqué a Juan del furgón y traté de vendarle los ojos. Pero Juan me dijo ‘por favor, no me pongas la venda. Mátame de frente, porque quiero verte para darte el perdón’. Fue muy rápido todo. Recuerdo que levantó su mirada al cielo, hizo un gesto con las manos, las puso luego sobre su corazón, movió los labios como si estuviera rezando y dijo: ‘Padre, perdónalos’. Yo le disparé la ráfaga… lo hice con la metralleta para que fuera más rápido”.
Diez de la noche, 19 de septiembre. Los focos del vehículo iluminaban el patíbulo. La fuerza de la ráfaga dejó el cuerpo de Joan Alsina sobre la baranda del puente Bulnes y el soldado Bañados sólo lo impulsó levemente para que cayera. Abajo, las oscuras aguas del Mapocho se hicieron tumba para el sacerdote español como lo fueron para tantos chilenos en la dictadura.
Ahora, treinta dos años después, un juez condenó a cinco años de cárcel al suboficial López. El soldado Bañados no necesitó condena. Se condenó a sí mismo a la lenta tortura de ver cada día la mirada de Alsina, bendiciéndolo y perdonándolo, antes de morir. Y se suicidó.

Caso Clarín: ¿Cómo que no hay testamentos?*

Por Patricia Verdugo    
miércoles, 19 de octubre de 2005 
 
Rápido reaccionó el ministro Jaime Ravinet –Vivienda, Urbanismo y Bienes- ante el artículo de Rocinante en la pasada edición. Pero lo cierto es que las réplicas del terremoto continúan, pese a que cinco ministros –liderados por el jefe de gabinete- se movieron de emergencia al Parlamento, en helicóptero, para impedir que la Cámara de Diputados iniciara una investigación sobre el "caso Clarín". (Artículo publicado en la Revista Rocinante el 2002).
Todo indica que la extraña operación de ASINSA se inició ante la alarma que despertó, en 1997, la decisión de los españoles Víctor Pey y Joan Garcés de acudir al tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI). Asustó el monto solicitado como indemnización, incluyendo el lucro cesante: 517 millones de dólares.
            Alguien –con mucho poder- dio el "vamos" a la propuesta de crear una red de herederos, de modo de despojar a Pey de sus derechos. Hay que recordar que Pey fue expropiado por la dictadura militar de todos sus bienes, mediante decreto supremo 580, tras comprobarse que era el propietario de Clarín. En la caja fuerte de su oficina privada se hallaron el contrato de compraventa, todas las acciones y sus traspasos endosados, así como los comprobantes de pago. Y un tribunal le devolvió estos documentos en 1995.
        La "red de herederos" fue montada con habilidad. El abogado Enrique Testa primero, en 1998, entregó un informe en derecho al Comité de Inversiones Extranjeras y luego, en 1999, creó la empresa ASINSA para comprar derechos sucesorios. Amparado en un informe de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, sostuvo que los dueños de Clarín eran Darío Sainte-Marie, Emilio González, Ramón Carrasco y Jorge Venegas. La realidad es que el primero vendió todas sus acciones en 1972 a Pey. Y los otros tres fueron "potenciales" compradores en una operación que no se finiquitó. Razón por la cual Pey tenía en su poder todas las acciones y los traspasos firmados, lo que –según el Código Civil, el Código de Comercio y la ley de Sociedades Anónimas- comprueba sus derechos propietarios.
        Para completar el oscuro cuadro, esta red de herederos –liderados por el abogado Testa- pidió en junio de 1999 acogerse a la ley de restitución de bienes confiscados por la dictadura. Y el mismo día que la División de Bienes emitió su informe jurídico -28 de abril del 2000- el ministro Claudio Orrego estampó su firma en la resolución Nº 43 para aprobar los pagos.
        Primera pregunta: ¿qué provocó tanta agilidad funcionaria, rompiendo la tradición burocrática chilena? Respuesta: la urgente necesidad del abogado Juan Banderas, entonces fiscal del CIE, de cerrar el caso en el tribunal internacional, argumentando que el Estado chileno ya había aprobado el pago a los "reales" dueños de Clarín. Pero la estrategia fracasó y el caso sigue adelante en Washington.
        Segunda pregunta: ¿Cómo se explica que, después de tanto apuro, el Ministerio de Bienes se haya tardado más de dos años para evacuar la resolución Nº 43 rumbo a la Contraloría General de la República? Porque se dictó en abril del 2000 y sólo ingresó a la Contraloría a comienzos de junio del 2002. Respuesta posible: el ministro Jaime Ravinet empleó mucho tiempo para estudiar el caso debido a sus posibles consecuencias.
        Tercera pregunta: ¿Cómo es posible que en la resolución Nº 43 se repita la palabra "intestados" en circunstancias que sí hay  testamentos? Respuesta: no hay por ahora.
Los testamentos
        Veamos el testamento de Darío Sainte-Marie Soruco, fundador y dueño de Clarín hasta 1972. Millonario en dólares, firmó el documento de siete fojas en Madrid el 28 de marzo de 1979. Declaró que dejaba todos sus bienes a sus cinco hijos y expresamente desheredó a su mujer, Carmen Kayser Labbé, por "haber contraído nuevo matrimonio civil en país indeterminado de América del Sur".         
        Su biblioteca y archivo los dejó al periodista Carlos Alberto Cornejo, cuya mujer –la abogada Aránzazu de Sasia- quedó como albacea. Cuando murió, en febrero de 1982, los herederos se reunieron en Madrid. Y los hijos acordaron incorporar a su madre como legítima heredera, repartiéndose entre los seis la herencia. Firmaron un completo inventario de "todos los bienes" que llenó 43 fojas: mucho dinero en cuentas bancarias y depósitos a plazo, cuatro departamentos en el lujoso edificio Centro Colón de Madrid y siete fastuosos departamentos en Marbella, amén de estacionamientos y un lujoso Jaguar. ¡Las acciones de Clarín no figuran en parte alguna!
        Eso en lo que respecta a la familia Sainte-Marie, ahora declarada por el Ministerio de Bienes como co-propietaria de Clarín, por lo que recibirán parte importante de los nueve millones de dólares aprobados por el Estado chileno.
        En cuanto a Emilio González González, de quien también se dice que murió "intestado", hizo testamento en la notaría de Jaime Morandé Orrego, en Santiago, el 25 de mayo de 1977. Y dejó como su heredera universal a su esposa Flor María Medina Rojas. No tenían hijos. Al morir González en 1991, su esposa estaba ya gravemente enferma, al punto que no pudo firmar y sólo estampó su huella digital en el poder general que le hizo firmar uno de sus sobrinos. Al morir ella, se hizo el inventario de bienes para el reparto entre sobrinos. Y en dicho inventario no se menciona en parte alguna las acciones del diario Clarín. El 40 por ciento de esa herencia –unos pocos muebles viejos, restos de una camioneta y un pasivo de más de nueve millones de pesos- la compró el abogado Testa a través de la empresa ASINSA.
        Respecto al abogado Ramón Carrasco Peña, no se ha podido establecer si dejó testamento. Lo heredaron su viuda legal, Luz Dávila, y dos hijas. Nada reclamaron, en todo caso, hasta que fueron alertadas por el abogado Testa –en 1999- sobre la posibilidad de transformarse en millonarias herederas de Clarín.
        Y en cuanto a Venegas, único vivo, fue la misma empresa ASINSA quien lo representó para obtener la suculenta indemnización ante el Ministerio de Bienes. Y el ahora anciano Jorge Venegas, quien vive en Talca, rechazó todas las preguntas de ROCINANTE cuando le preguntamos con qué dinero había pagado las acciones de Clarín y por qué entregó dichas acciones y los traspasos endosados a Víctor Pey. "No, no doy información", repitió una y otra vez. 
        Para mayor claridad, hay que recordar que la dictadura también expropió bienes a Jorge Venegas y Emilio González, quienes elevaron escritos ante el Ministerio del Interior para aclarar que nada tenían que ver realmente con la propiedad del diario Clarín. Y por eso el decreto supremo 580, en su artículo 5º, ordenó -el 21 de abril de 1975-  que "a contar de la fecha del presente decreto, podrán disponer libremente de sus bienes".
        ¿Cómo es que Venegas y González pudieron convencer a la dictadura de que no eran dueños de Clarín y cómo es que ahora convencen al Ministerio de Bienes de que sí son dueños?
        Todo es muy extraño, por decir lo menos. La clave es que el Estado no debería dar curso al pago de nueve millones de dólares de indemnización –dos de los cuales se los lleva ASINSA- sin que haya completa claridad en este caso.
 
        Los prejuicios
 
        Una montaña de prejuicios impide a los políticos y a la prensa investigar con seriedad lo ocurrido en el "caso Clarín", donde lentamente han ido emergiendo datos para conformar un escándalo millonario que se pagará con los impuestos de los ciudadanos.
        La derecha: Con el Instituto Libertad (RN) a la cabeza, está convencida de que Clarín fue comprado por el Presidente Salvador Allende en 1972, con plata que le entregó Fidel Castro, y que usó al español Víctor Pey -su amigo y asesor- como testaferro. De nada sirve que la diputada socialista Isabel Allende les diga, una y otra vez, que su padre no tuvo relación alguna con la operación de compraventa realizada en Estoril, Portugal. O que Pey pueda probar que pagó con su propio dinero. La derecha cree que, de pagarse a Pey, todo o gran parte del dinero iría a las arcas del PS para su campaña electoral o para poner en circulación Clarín con fines proselitistas. Y esgrime como prueba que el socialista ministro del Interior, José Miguel Insulza, era canciller cuando dicho ministerio modificó la "hoja índice" certificando que Pey era español (dato clave para el tribunal del Banco Mundial). Para calmar suspicacias, el gobierno designó al abogado RN Guillermo Carey en el equipo legal de defensa. Y RN contestó que dicho nombramiento no saciaba su sed investigativa.
       
La Concertación: EL PDC también cree que las platas terminarán en las arcas del PS de pagarse una indemnización a Pey. Cedió a la presión gubernamental para que la Cámara no investigara y pidió a cambio la intervención del Consejo de Defensa del Estado, lo que hasta el cierre de esta edición no se había materializado. El diputado Gabriel Ascencio lidera la inquietud de este partido e incluso pidió al Colegio de Abogados que investigara los actos de Testa. Pero el PDC está complicado además porque dos de sus militantes aparecen avalando la extraña operación de ASINSA: el actual ministro Jaime Ravinet y el ex ministro Claudio Orrego.
        El PPD, por su parte, está en un lío. Porque Álvaro García era ministro de Economía cuando el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) encargó al abogado Enrique Testa el estudio del caso. Y este abogado se asoció con su yerno Isidoro Gorodisher (actual concejal PPD por Las Condes) y con Ronald Youlton –se desconoce militancia- para comprar derechos de algunos supuestos herederos, representar a otros y embolsarse al menos dos de los nueve millones de dólares que aprobó el Ministerio de Bienes. La diputada Laura Soto lidera la petición para que el Consejo de Defensa del Estado investigue lo ocurrido.
        
        Carta de Ravinet
 
        En carta personal dirigida a Patricia Verdugo, el ministro precisó –en síntesis- que la empresa ASINSA actuó legalmente, "acreditó plenamente" sus solicitudes con documentos, "los que se tuvieron a la vista por el Ministerio de Bienes Nacionales al momento de dictar la resolución Nº 43 y el respectivo decreto de indemnización". Agregó el ministro Ravinet que la "legalidad" de toda la operación fue avalada por la Contraloría cuando, en julio pasado, tomó razón de los decretos que ordenaron la indemnización. 
 
 
*Artículo publicado en Rocinante el 2002
  
Última modificación ( miércoles, 19 de octubre de 2005 )