Los ministros de la Presidenta Michelle Bachelet –en particular los que componen los equipos político y económico- están desde ayer con tarjeta amarilla. No cabe otra señalética para definir la condición de los secretarios de Estado, luego que la Mandataria les notificara que no le agrada la “locuacidad” en que han caído en medio de un clima que a cada minuto tiende a inestabilizar más al gabinete. Al punto que los siempre bien dispuestos dirigentes de la Concertación han comenzado un desembozado lobby a favor de un ministro o en contra de otro.
Durante su visita a un centro de salud en la comuna de San Joaquín, la gobernante intervino en el debate que ha marcado los últimos días. “Uno ha observado mucha locuacidad más allá de toda prudencia”, expresó la mandataria, lo que hizo de inmediato recordar el cartillazo de junio de 2006, cuando cuestionó en público la falta de coordinación de sus equipos a propósito de la rebelión de los pingüinos, disparando una secuencia de hechos que a las pocas semanas devinieron en su primera remodelación de gabinete.
Con todo, ayer Bachelet también apuntó a esclarecer su rol como árbitro de las diferencias para evitar la sensación ambiente de que hay empate catastrófico de fuerzas. “Mi trabajo es garantizar que una vez que se toman las decisiones (se ejecuten) y que yo zanjo eventuales diferencias de opinión, que por lo demás son naturales en cualquier organización”, indicó, para subrayar de inmediato que “cada vez que discutimos cualquier tema en el gobierno surgen dos o tres opiniones; lo importante es, salvo que haya una persona responsable directo, que soy yo quien decide y zanja la cuestión y así seguirá siendo”.
Reivindicación
La reivindicación de que la Presidencia no es un espacio colegiado ni de juego de mayorías o minorías, sino un ente unipersonal, llevó también a Bachelet a no dar luces específicas sobre cambios de ministros: “Me he enterado por la prensa de un supuesto cambio de gabinete. Hacer cualquier cambio o ajuste de gabinete está dentro de las atribuciones de esta Presidenta de la República y el día que tomara esa decisión se van a enterar de inmediato”.
-¿Quién anda muy locuaz? ¿Los ministros? -le preguntaron los reporteros.
-Todo el mundo anda muy locuaz -generalizó la Mandataria, agregando que “los llamados de atención los hago personalmente, no los hago por la prensa”.
De paso, la Mandataria no quiso referirse a los datos de la última encuesta Adimark –consultora dirigida por un cercano a Sebastián Piñera -el economista Roberto Méndez-, que mostraron una peligrosa inversión de la curva: más gente desaprueba que apoya la gestión de Bachelet. “Ustedes saben que no hago mis decisiones por encuestas”, puntualizó.
La admonición de Bachelet sumergió las pugnas en palacio. El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, optó por relativizar el carácter crítico de su disputa con el portavoz Ricardo Lagos Weber en torno a la culpa por el equívoco nombramiento de Ricardo Vorpahl en Chiledeportes, que es uno de los ingredientes del menú de locuacidad que ha observado Bachelet.
“Eso, un error no más…, un error. Imagínese, en un Estado tan grande se cometen muchos errores. Ojalá los errores fueran tan menores”, afirmó Viera-Gallo. “No hay ninguna (diferencia con Lagos Weber)), imagínese que hasta parece que esos decretos (de nombramientos) se hacen aquí en este ministerio. La culpa es nuestra”, añadió, después de que el miércoles endosara la responsabilidad al departamento jurídico de la cartera que comanda Lagos Weber. “Siempre puede ponerse mejor rigurosidad, pero no es un tema muy importante”, concluyó.
En una línea similar, Lagos Weber señaló que “si la palabra que usa (Bachelet) es prudencia, yo por prudencia no voy a interpretar las palabras de la Presidenta”. Agregó el portavoz que “ella fue muy categórica al señalar que esto no era un llamado de atención a nadie, por cuanto ella cuando hace esos llamados de atención los hace personalmente”.
Indefinición
De cualquier forma todos los indicios apuntan a que los torpedos a la línea de flotación del gabinete continuarán. Si éstos se transforman o no en una espiral desestabilizadora incontenible, dependerá de las señales de la propia Presidenta de arbitrar y de la capacidad de pactar una tregua entre los dos polos que parecen haberse cristalizado en el Ejecutivo: un ala de orientación más estatista –algunos la denominan “socialdemócrata”, aunque la inspiraría un socialcristiano-, encabezada por Belisario Velasco y Osvaldo Andrade, y otra más liberal, anclada en el equipo económico (Andrés Velasco, Alejandro Ferreiro, Karen Poniachik y tal vez Ricardo Lagos Weber).
A mediados de la semana que termina, el Parlamento se convirtió en una usina de rumores. En las reuniones de bancadas de la Concertación –e incluso en las de la derecha- se daba por insostenible la continuidad del equipo ministerial bacheletista, averiado tanto por una cuestión más bien sicológica, la sospecha de traición y guerra sucia entre Hacienda e Interior, debido a la filtración a “El Mercurio” del informe del Metro sobre Transantiago –que terminó enredando a Belisario con la propia Presidenta-, así como por una indefinición de carácter mayor: el conflicto de Codelco, entendido como una batalla de modelos económicos sobre cómo redistribuir la renta nacional entre las personas.
Desde Valparaíso se decía que la Jefa de Estado estaba ya impelida a optar si avala a su alma más histórica y militante, favoreciendo en la “interna” gubernamental las políticas que le proponen Belisario Velasco y Osvaldo Andrade, o si respalda la estabilidad económica “macro”, encarnada en la visión más continuista de Andrés Velasco y sus seguidores de Expansiva (Bachelet tampoco querría pasar a la historia como la persona que devolvió a Chile la inflación, el corporativismo sindical y el estancamiento de la economía).
Los mismos análisis sugieren que lo que no puede mantenerse es la incertidumbre sobre el rumbo cuando Bachelet se aproxima a su año y medio de administración, aunque algunos piensan que quizás ya optó por navegar en el centro inclinándose a un lado u otro según las circunstancias.
Sin embargo, para la Presidenta el destino de los Velasco estaría condicionado uno con otro, según la lectura que hacen los congresistas, que creen que la justicia conmutativa debe implicar que la hipotética caída de uno arrastre al otro para no desatar -o agravar, si se prefiere-, la guerra civil en la coalición.
Si alguien secunda a la Presidenta con fidelidad, éste es el presidente del PS, Camilo Escalona, que a las pocas horas del llamado de atención de Michelle Bachelet apoyó sus palabras. Definió como “una cifra altamente preocupante” la encuesta Adimark, y dijo que “eso está vinculado al desorden de la Concertación”.
“La Presidenta hace bastante bien con hacer un severo tirón de orejas y llamarnos la atención, entiendo yo que a todos, porque en el ejercicio de la política muchas veces se cae en la locuacidad -a mí mismo me ha pasado varias veces-, de manera que creo que es una llamada de atención oportuna”.
También se distanció de la declaración de su bancada, que se cuadró con Belisario Velasco. “A la Presidenta no hay que crearle una situación forzada”, subrayó, añadiendo que “recomendar cambios de gabinete me parece a mí inoportuno, porque, además, genera situaciones incómodas, en que unos se ponen a defender a una persona, otros a criticar a otra y empieza a haber una especie de rifa o lotería respecto de cuál sale o cuál queda”.
En todo caso, consciente o no, hizo un guiño de que algo se cocina: “Es mejor que la Presidenta haga uso de sus atribuciones constitucionales sin presiones”. Claro que más tarde, tras un almuerzo en La Moneda en honor de la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, planteó que “como presidente del PS, yo no tengo ninguna señal o indicio que me permita afirmar una cosa como la que se señaló en los medios de comunicación”.
Según Escalona, el principio pactado en la Concertación en 1989 de un Poder Ejecutivo suprapartidario –exigido por Patricio Aylwin para evitar que se repitiera la hipoteca partidaria del Gobierno que ocurrió durante la UP- sigue vigente: “Desde el punto de vista de la Concertación, todos nosotros hemos mantenido inalterable el compromiso que suscribimos en el año 1989, en el sentido de respaldar, sin ningún tipo de fisura, las atribuciones constitucionales del Jefe de Estado para nombrar a sus colaboradores más cercanos y eso naturalmente que comienza por los ministros”.
