Por Cristóbal Peña y Matías Fouillioux,
Enviado por CIPER el 1 de Abril de 2010 contacto@ciperchile.cl
A los estragos que dejó el terremoto y maremoto entre los habitantes de la zona centro sur del país, se agrega un nuevo castigo: la aplicación del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo que deja a los trabadores automáticamente sin empleo y sin pago de indemnizaciones. Entre el 1 y el 30 de marzo los despidos a nivel nacional por "caso fortuito o fuerza mayor" sumaban 8.758. La controversia por los abusos cometidos en el uso de dicha facultad recién comienza al tiempo que los vasos comunicantes entre política y negocios suben la temperatura de las negociaciones. Es lo que ocurrió en la central térmica Bocamina II con los 938 despidos por esa causal de una empresa del nuevo intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría. Lo peor, diagnostican, es lo que viene: con despidos o sin ellos muchas pequeñas y medianas empresas no podrán pagar sueldos.
La segunda semana de marzo, a once días del terremoto, el empresario penquista Hernán Versluys Castro reunió a los empleados de la pastelería que lleva su nombre y les dio la noticia. Debido a que la fábrica en Concepción estaba prácticamente en el suelo, y a que la sucursal de San Pedro había sido saqueada, se veía en la obligación de despedirlos a casi todos amparándose en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, que permite, "en caso fortuito o de fuerza mayor", poner fin al contrato laboral sin pagar indemnizaciones. De esta forma la afamada pastelería fundada en 1982 se deshacía de 306 trabajadores.
Los empleados recordarán que Versluys Castro se veía muy afectado y que incluso derramó algunas lágrimas. No era para menos. El empresario que en 2005 recibió el Premio al Espíritu Emprendedor de manos del entonces decano de la Universidad del Desarrollo y hoy ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se declaraba en la ruina. Sin embargo, de acuerdo con los trabajadores, a los pocos días el empresario echó a andar la fábrica de San Pedro y para ello recontrató a algunos de sus ex empleados, sin reconocerles la antigüedad. Es más, se queja el maestro pastelero Mauricio Denevis, despedido con fuero sindical y doce años de antigüedad: los pocos que se reincorporaron lo hicieron con una rebaja de sus sueldos y bajo el compromiso de marginarse del sindicato.
Al teléfono desde Concepción, el empresario Hernán Versluys admite que tras al terremoto "ha habido mucha gente que ha abusado" de la aplicación de ese artículo del Código del Trabajo, pero a continuación dice que esa ley fue pensada para casos como el suyo:
-¿Qué voy a hacer si no tengo ni una posibilidad de armar el negocio en un periodo breve? -se pregunta el empresario-. Mi situación es catastrófica, fui saqueado, tuve dos amagos de incendio y me obligaron a demoler el local de Concepción, ¿cómo entonces voy a pagar los sueldos y desahucios?
ENDESA Y LOS SUBCONTRATISTAS
El caso de la Pastelería Versluys representa de manera ejemplar la controversia generada por la aplicación masiva que se ha hecho -después del 27 de febrero- del artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo para poner fin a contratos laborales. La mitad del negocio está en el suelo, pero la otra mitad sigue funcionando. Tiene seguros comprometidos y en los próximos días, a instancia de la Dirección del Trabajo, su propietario deberá asistir a un comparendo de conciliación que podría terminar, en caso de no llegar a acuerdo, en tribunales. El conflicto en esta pastelería se repite en muchos otros sectores productivos del centro y sur del país.
Entre el 1 y el 30 de marzo los despidos a nivel nacional por "caso fortuito o fuerza mayor" sumaban 8.758. Hasta antes del terremoto y maremoto, en los dos primeros meses del año, se reportaban 547 de estas causales. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección del Trabajo, cerca del 85% del total de marzo fue generado en partes casi iguales entre la Región Metropolitana y la Octava (ver gráfico), aunque el impacto más severo al empleo está radicado en esta última: muchas de las grandes empresas que ejecutaban obras en la Región del Bío Bío tienen sus oficinas principales en Santiago, desde donde notificaron las cartas de despido ante la Dirección del Trabajo.
La Octava Región concentra entonces más del 60% de los nuevos cesantes a quienes se les aplicó la causal del artículo 159 N° 6. Los casos bordean los cinco mil y una sola industria contribuyó con la mitad: la central térmica a carbón Bocamina II, en Coronel, un proyecto de Endesa Chile por US$ 460 millones que ha estado cruzado por la polémica desde sus inicios.
Al impacto ambiental producido por Bocamina II en poblaciones aledañas, que la obligó a desembolsar US$ 9 millones en indemnizaciones, se sumó ahora el despido "por caso fortuito o fuerza mayor" de la totalidad de las personas que trabajaban en la construcción de la planta. Los afectados fueron cerca de 2.500 obreros especializados que dependen de empresas subcontratistas, que a la vez prestan servicios para la filial chilena de la italiana Tecnimont que actúa como ejecutante de Endesa.
La medida no sólo despertó polémica por el alto número de empleados desvinculados sin derecho a indemnización. Los sindicatos asociados a las empresas subcontratistas pusieron en duda que la planta en construcción haya sufrido grandes daños, más aún porque en Coronel no hubo maremoto. En Endesa Chile indican a CIPER que "el proyecto está siendo evaluado a través de una profunda ronda de seguridad, proceso en el que participan especialistas de Endesa Chile, filial del Grupo Enersis, y de las empresas contratistas, con el objeto de establecer la seguridad general de las obras y evitar cualquier tipo de peligro para los trabajadores".
Pero lo que terminó por darle relieve nacional al caso fue un sensible vínculo entre política y negocios que los sindicatos se ocuparon de ventilar: Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, empresa del nuevo intendente de la Región Metropolitana Fernando Echeverría, era uno de los subcontratistas de Bocamina II y responsable del despido de 938 trabajadores bajo la causal del artículo 159 N° 6. La misma que el gobierno había llamado a evitar.
Entonces, una vez que el hecho se hizo público, comenzaron a activarse las negociaciones para revertir la medida.
QUIÉN PAGA
La división de montajes industriales de Echeverría Izquierdo es la encargada de construir la caldera de Bocamina II. Sus casi mil trabajadores fueron notificados de su despido a principios de la segunda semana de marzo. De acuerdo con el gerente de Administración y Finanzas de la empresa, Nelson Azócar, la decisión pasó por los mandantes del proyecto, Endesa Chile, que invocaron la causal de fuerza mayor para interrumpir las faenas. Sin embargo, al ser consultados por CIPER sobre el tema, en Endesa afirman que "se ha solicitado a los contratistas mantener la continuidad laboral, sin realizar despidos por fuerza mayor a causa del terremoto".
En los hechos, casi tres mil trabajadores quedaron cesantes y sin derecho a indemnización en la central térmica Bocamina II. Casi todos subcontratistas. A Echeverría Izquierdo se sumaron 390 obreros de Construcciones y Montajes Com, 786 de Constructora Tecsa y 463 de Servicios y Representaciones Tozzi Chile, entre otros. Era la segunda semana de marzo y los afectados no se sentaron a esperar la reacción de las autoridades. Organizados en torno al Sindicato Nacional de Montajes Industriales, uno de los más fuertes y organizados, se tomaron la planta y dieron a conocer los vínculos de una de esas empresas con el Intendente de Santiago.
En Echeverría Izquierdo Montajes Industriales descartan que en la decisión de dejar sin efectos los despedidos de 938 trabajadores hayan intervenido factores políticos. Lo atribuyen a las negociaciones con los sindicatos y al efecto del dictamen del 19 de marzo de la Dirección del Trabajo, que reaccionó ante la ola de despidos especificando los requisitos que deberían concurrir para la aplicación del polémico artículo del Código del Trabajo. Ese dictamen es sólo una pauta sobre los alcances de la norma, pero su aparición coincidió con la resolución de algunos conflictos.
Según la Dirección del Trabajo, al acuerdo alcanzado por Echeverría Izquierdo con sus trabajadores, se sumó en estos días el de la italiana de Servicios y Representaciones Tozzi Chile. El resto de las empresas subcontratistas de Bocamina II aún está en proceso de negociación. No sólo con los sindicatos, sino principalmente con Endesa Chile, que está siendo presionada por las empresas subcontratistas para que amortigüe los gastos de la recontratación. Algo parecido ocurre en la central termoeléctrica Santa María, que construye Colbún en Coronel, donde la firma de origen ecuatoriano Santos CMI Construcciones de Chile despidió a 60 trabajadores.
-Es una situación compleja, porque es como si tú construyes una casa y para ello contratas a un arquitecto y éste contrata a un jefe de obras y éste a sus obreros. ¿Qué hace el jefe de obras con sus obreros, a los que ha comprometido, si las faenas se detienen? ¿Quién debe responder? -grafica a CIPER el gerente de Echeverría Izquierdo.
Mientras el tema es objeto de una intensa negociación, en esta última empresa han optado por asumir los costos y trasladar a cerca de 300 trabajadores de Bocamina II a otras faenas en la región. Otros cientos se encuentran paralizados, a la espera de que se normalicen las obras en Bocamina.
RECORD DE DESPIDOS
En la Dirección del Trabajo creen que el decreto aclaratorio sobre la aplicación del artículo 159 N° 6 no sólo ha servido para bajar el número de despidos, sino también para animar negociaciones entre las partes. A las vías de solución acordadas en Bocamina, se sumaron 113 recontrataciones en una empresa frutícola de Rengo y el pago de indemnizaciones para 140 trabajadores que quedaron cesantes en dos empresas forestales de Constitución. Pero no es mucho más lo que se ha logrado revertir a un mes del terremoto.
En Servicios y Representaciones Tozzi Chile se allanaron a dejar sin efecto el despido de 463 trabajadores en Bocamina II. Pero la misma empresa se negó a hacer lo mismo con otros 685 empleados que despidió bajo la causal de "caso fortuito o fuerza mayor" y que participaban en faenas en 11 comunas de la Octava Región. Es la empresa que más cartas de despido despachó por esta causal. La representación de esta firma italiana es una sociedad constituida en 2009 perteneciente a Guiseppino Melis, Eduardo Cretier y Marlene Brokering. Los dos primeros además son socios de International Quality Systems, IQS, que registra otros 53 despidos entre la Región Metropolitana y la Octava. Al ser contactado por CIPER, Guiseppino Melis, gerente de ambas firmas, rehusó referirse al tema.
Igualmente controvertido es el caso de 122 trabajadores de la Clínica Providencia, en Santiago, también desvinculados por la causal del artículo 159 N° 6. Sus propietarios son los médicos asociados a la Isapre Más Vida, que tiene otros centros de salud en el país. Argumentan que se vieron obligados a cerrar el edificio de la clínica capitalina al presentar daños estructurales. A través de Mercedes Cáceres, representantes de los trabajadores, estos rechazan la gravedad de los daños y acusan que en los días posteriores al terremoto el edificio fue objeto de destrozos intencionales. La última oferta de la empresa, consistente en el pago del 40% de las indemnizaciones, fue rechazada.
Una situación similar afecta a 242 trabajadores de San Francisco Investment S.A., propietaria del casino Monticello, en San Francisco de Mostazal. La sociedad cerró el complejo por tres meses para someterlo a reparaciones y promete recontratar a los empleados una vez que reabra el casino. Mientras tanto, los 242 empleados deberán arreglárselas como puedan.
ESCASEZ DE RECLAMOS FORMALES
La controversia no sólo está centrada en las grandes empresas. De hecho, la mayoría de las industrias que operan en la Octava Región y que están ligadas a los principales grupos económicos del país han propuesto fórmulas alternativas para evitar la aplicación de este artículo entre sus trabajadores directos (ver recuadro). Adelanto de vacaciones, traslado a otras faenas o el pago completo o parcial de indemnizaciones son las que más se repiten. La controversia también involucra a pequeñas y medianas empresas, especialmente del sector comercio, servicios y construcción.
El caso más emblemático de la Octava Región es el de la Pastelería Versluys. Pero hay también cientos de negocios y sociedades de menor tamaño que apelaron al controvertido artículo del Código del Trabajo. En esa lista se cuentan hoteles, pubs, restoranes, talleres, líneas de buses, estaciones de servicio, centros de rehabilitación y comunidades de edificios como Don Tristán, Castellón y Plaza Mayor que fueron declarados inhabitables. La lista es abultada. De los 234 empleadores que invocaron el artículo 159 N° 6 como causal de despidos hasta el 24 de marzo, cerca del 80% tenían menos de diez empleados.
Todos los despidos son apelables. Primero ante la Dirección del Trabajo (DT), que ofrece la instancia de una audiencia de conciliación entre las partes en conflicto, y luego ante la nueva Justicia Laboral. Pero el problema es que para llegar a esta última instancia obligatoriamente hay que pasar por la primera, y hasta el 24 de marzo la DT había recibido únicamente 20 reclamos formales en todo el país, paso previo para la fijación de una audiencia.
El bajo número de denuncias ha causado extrañeza entre los funcionarios del organismo encargado de cautelar los derechos laborales. Lo adjudican a los efectos del terremoto, que además de provocar damnificados entre los propios trabajadores, dejó inutilizables locales y sistemas de comunicación. También al lento proceso de toma de poder del nuevo gobierno.
Recién el penúltimo día del mes la funcionaria de carrera María Cecilia Sánchez fue nombrada a la cabeza de la Dirección del Trabajo. Pero en la Octava Región, la más afectada por el desempleo, aún no se nombra al Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo. El cargo es ocupado interinamente por el director del Trabajo, Mario Soto, quien asegura a CIPER que pese a las dificultades derivadas del sismo, el servicio ha trabajado activamente y dispuesto las condiciones necesarias para la presentación de reclamos y consultas. Todo, en el caso de la capital de la región, desde una carpa de campaña instalada en el centro de la ciudad. El edificio central está inhabitable.
EL ESTALLIDO
Según señala una fuente de la Dirección del Trabajo, el artículo 156 N° 6 del Código del Trabajo no ha sido usado como única causal para no pagar indemnizaciones tras el terremoto. También se ha esgrimido necesidades de la empresa, ausentismo laboral y hasta la muerte de trabajadores. El hecho ocurrió en Dalcahue, Chiloé, donde se denunció que la empresa Sudmaris S.A. había pretendido despedir a más de noventa trabajadores por la causal del artículo 159 N° 3, referida al deceso de un trabajador.
Como sea, la causal que invoca el artículo 159 N° 6 ha sido la más recurrente como pretexto por efectos del terremoto. También la más polémica. Por ello la diputada Clemira Pacheco (PS) presentó un proyecto de ley tendiente a anularlo retroactivamente. Sin embargo, el impacto de esta norma es marginal en la cuenta global, pues representa un 6,5% de los 135.468 despidos reportados ante la Dirección del Trabajo en todo el país. A los 8.758 "casos fortuitos o de fuerza mayor" se agregan miles de despidos negociados y pérdidas de fuentes labores en sectores independientes. De estos últimos, los más afectados son los pescadores artesanales de las regiones Séptima y Octava.
Hugo Arancibia, dirigente de la Federación de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, calcula que en la región del Bío Bío sólo el 20% de ese sector está operativo. Hay cerca 5 mil pescadores sin poder trabajar y sólo un tercio de la industria pesquera está en condiciones de comprar sus productos. "Hasta el momento no hay despidos masivos en las plantas, han aguantado, pero no sabemos hasta cuándo", dice Arancibia.
El pronóstico es de cuidado en las zonas más afectadas. A fin de mes, el ministro de Hacienda Felipe Larraín advirtió sobre un seguro ciclo de alzas en el desempleo. "Hay que prepararse -dijo- porque las cifras de marzo, abril y mayo, y el resto del primer semestre, probablemente no sean buenas".
Un diagnóstico más preocupante entregó a puertas cerradas el Seremi (s) de Trabajo en Bío Bío. En una reunión con dirigentes sindicales celebrada la semana pasada, Mario Soto graficó la situación en los siguientes términos. De los cerca 800 mil trabajadores que hay en la región, más de 500 dependen de pequeñas y medianas empresas. Pues bien, dijo el Seremi, es muy probable que a fin de mes la mayoría de esas empresas no tengan cómo pagar los sueldos a sus empleados.
Unos días antes el presidente de la CUT, Arturo Martínez, había advertido al gobierno sobre la necesidad de implementar medidas efectivas al respecto, de modo de evitar "una gran manifestación de trabajadores" en las zonas más afectadas.
Menos resonancia tuvo el diagnóstico del Seremi subrogante del Trabajo en Bío Bío, Mario Soto, quien puso las cosas en otra perspectiva. En una reunión con dirigentes sindicales de la región advirtió que, despedidos o no, muchos de ellos no van a recibir sus sueldos.
Reporte de la gran industria
El presidente provincial de la CUT del Bío Bío, Jorge Fierro, reconoce que en esa región varias de las grandes industrias han realizado un esfuerzo para evitar despidos masivos o aplicar el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo. Agrega que los más afectados son los pescadores artesanales, forestales y dependientes del comercio, "donde existe mucha informalidad". El reconocimiento se corrobora en los informes entregados por los grandes grupos económicos del país.
Pese a ser uno de los más mayores afectados por el terremoto, el holding que reúne a Celulosa Arauco y Constitución, del grupo Angelini, anunció que salvo en Mutrún, donde se ofreció el pago de indemnizaciones a cerca de 150 trabajadores subcontratistas, no se realizaron despidos. La principales plantas del conglomerado tienen daños severos. Al menos la Planta Valdivia de Celulosa Arauco, que emplea a cerca de 10 mil personas, ya se puso en marcha.
El sector forestal fue duramente golpeado. A los despidos en Aserraderos Mutrún y Forestal Santa Mercedes, que suman 140 trabajadores, se agrega la quiebra de Forestal y Bosques Santa Elena, con presencia en la Regiones Octava y Novena. Ambas empresas de la familia Cortesi dejaron cerca de mil trabajadores cesantes, quienes de todas formas, gracias al proceso de quiebra, podrán optar a indemnizaciones.
En el caso de siderúrgica Huachipato, que a mediados de mes había anunciado la desvinculación de 400 trabajadores, se logró un acuerdo con los sindicatos para que 800 de sus empleados tomaran vacaciones anticipadas. En Cap Acero estiman que la planta de Talcahuano permanecería paralizada por al menos tres meses.
Pero las noticias no son optimistas para todos en Huachipato. Muchos de los trabajadores subcontratistas han sido desvinculados de sus empresas, que en varios casos han invocado la causal de "caso fortuito o fuerza mayor". Coinfa Limitada es una de ellas. Especializada en la fabricación de utensilios de aluminio, la firma del empresario penquista Félix Adlerstein dejó 33 trabajadores cesantes y sin derecho a indemnización. Varios de ellos tenían más de diez años de antigüedad. El representante del sindicato, Cristián Paz, acusa aprovechamiento, más aún considerando que la fábrica de utensilios de cocina de sigue activa.
La pesca industrial también presenta serios daños en la Octava Región. De catorce plantas especializadas en harina de pescado, nueve resultaron con daños graves o medianos que las mantendrán paralizadas por varios meses. Aparte de los empleados dependientes de estas plantas, donde ya se han producido despidos, los afectados también son los pescadores artesanales que venden sus productos a esta industria. La Federación de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal calcula que en la región resultaron destruidas 800 embarcaciones menores.
*Vea la lista de las empresas que han invocado el Artículo 159 Nº6
