Encuesta de victimización lleva alivio al Gobierno al revelar una baja en tasa de hechos delictivos

EL MINISTRO DEL INTERIOR PIDE A LA DERECHA NO POLITIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Se advierte la disminución en el nivel de denuncias, pero se mantiene estable la sensación de situación de riesgo de la ciudadanía sobre ser víctima de delitos, y baja la victimización en regiones con excepción de la Octava Región, donde 41,1% de los entrevistados declaró haber sido objeto de algún delito.

Por Carolina Miranda  -  www.lanacion.cl

Los resultados que reveló ayer la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana elaborada por el INE dieron un respiro a La Moneda en materia de lucha contra la delincuencia. En la práctica, el sondeo –aplicado a 19 mil 875 entrevistados- muestra una baja de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de victimización (ser objeto de un acto delictual) y precisa que ningún delito ha aumentado respecto de la investigación realizada en 2003. Asimismo, se advierte la disminución en la tasa de denuncias, pero se mantiene estable la sensación de situación de riesgo de la ciudadanía sobre ser víctima de delitos y baja la victimización en regiones con excepción de la Octava Región, donde 41,1% de los entrevistados declaró haber sido víctima de algún delito.

“Creo que el camino que se está siguiendo va en la línea correcta, sin perjuicio de que queda un tramo muy largo por recorrer. Lo que tenemos que hacer es represión, prevención y rehabilitación. Son tres temas pilares en los cuales tenemos que trabajar”, afirmó el ministro del Interior, Andrés Zaldívar. La idea, agregó, es desarrollar “una política que llegue a la gente, para que la delincuencia no sea la que predomine, sino que lo que predomine sean la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”.

No obstante, el sondeo -aplicado en 92 comunas- revela que para 41,6% de la población la delincuencia es el principal problema del país y 48,6% considera que la falta de trabajo es la principal causa del delito. Un 45,7% afirma que las débiles sanciones que se aplican a los antisociales también incide en los niveles de delincuencia.

La  inseguridad de la gente es asimismo mucho mayor que la realidad objetiva del riesgo. De hecho, la encuesta -efectuada entre noviembre y diciembre de 2005- revela que un 48,6% de las personas creen que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses, pero sólo 20,8% ha experimentado situaciones así.

Aunque la pesquisa se realizó el año pasado, en plena campaña electoral -donde la cuestión de la seguridad fue parte sustantiva de la agenda pública-, la cifra es coherente con la sensación térmica de la población tras la espectacularidad y violencia de delitos que ha habido en las últimas semanas.

De ahí que el jefe de gabinete -en compañía del subsecretario del Interior, Felipe Harboe- señalara que si bien las cifras son “positivas”, porque “no ha habido retroceso, el país no puede estar conforme, ni el Gobierno ni nadie pueden estar conformes”.

“Este es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando para disminuir esta situación de sensación de riesgo y la tasa de delitos que tiene el país. Tenemos que insistir en todo el instrumental que sea necesario, tanto jurídico como de prevención, para poder lograr un buen resultado”, agregó.

Respecto de la llamada ‘sensación térmica’ de inseguridad, es decir, el desfase entre la realidad y lo que la ciudadanía cree, el jefe de gabinete expresó que si bien ésta existe, “no es bueno que haya una sensación de temor, como tampoco es bueno que la gente tenga más temor del que corresponde. Lo importante es que vean al país tratando de evitar que esto sea una realidad”.

CRÍTICA A ESTRATEGIA

Zaldívar también postuló que la delincuencia es un tema país y, por lo tanto, nadie puede intentar sacar dividendos políticos. “Podríamos decir perfectamente como Gobierno, ‘llevamos tres meses, no nos traigan a nosotros la mochila’, pero no. Este es un tema de país, de todos: de Gobierno, porque es el que tiene que llevar adelante las políticas; del Ministerio Público, los jueces, el Parlamento, la oposición… Aquí nadie puede pretender sacar beneficios políticos en este debate. Ni el Gobierno va a tratar de sacarlos y espero que tampoco lo haga la oposición”, afirmó.

La Alianza se ha empeñado en acusar al Gobierno de ser ineficaz en la lucha contra la delincuencia y no considerar los múltiples proyectos que sobre seguridad ciudadana ha presentado la derecha en el Congreso.

En esta línea, Zaldívar explicó ayer que prefiere no entrar en “una competencia de quién presentó o no presentó” y reiteró que su plataforma -que sería confirmada hoy- es una batería de medidas que recogerá “las proposiciones que sean compatibles con las tesis que nosotros queremos llevar adelante para que sean ley en el próximo tiempo”.

Respecto de las críticas opositoras que apuntan a que el Gobierno se preocupa de la delincuencia sólo cuando está con la soga al cuello, el jefe de gabinete no dudó en señalar que La Moneda está permanentemente pendiente del problema. A su juicio, las críticas obedecen a que “de repente a la oposición le falta discurso, entonces se recurre a un discurso que es más bajo. Indiscutiblemente la delincuencia es un tema que rinde muchos frutos y creo que no es un buen camino”.

“Llamo a la oposición a tener una posición coherente. A la gente lo que le interesa es que haya acción para poner coto a la delincuencia, después la opinión pública determinará quién lo hizo bien o mal”, argumentó. LN

CORTE SUPREMA

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia Witting, dijo compartir la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, en cuanto a impulsar una normativa que impida a los delincuentes reincidentes acceder a la libertad provisional. Sostuvo que concuerda con el proyecto que propondrá el Gobierno referido a que “la primera es la vencida”. Tapia Witting señaló que “hay que distinguir cuando se trata de una sentencia definitiva, donde la reincidencia constituye un agravante, y en ese caso sí corresponde, porque el reincidente es aquél que ha sido condenado anteriormente”.

En cuanto a las críticas al rol de los jueces de garantía, explicó que la Corte Suprema no puede dar instrucciones a los magistrados respecto de los procedimientos legales que ocupan a diario. “Ellos tienen independencia en ese sentido” y, por tanto, a su parecer la solución sería la jurisprudencia para uniformar los criterios que se invocan en esta materia.