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Chile: Las fábulas del acuerdo Codelco Anglo

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lunes, 27 de agosto de 2012

Julián Alcayaga

Codelco y Anglo American, llegaron finalmente a un acuerdo que pone término al litigio judicial entre ambas empresas. Este parece un buen acuerdo en el sentido que pone fin a un litigio judicial que podía extenderse por muchos años. Sin embargo, Codelco prácticamente poco o nada obtiene puesto que solo adquiere el 24,5% de la Ex Disputada en U$S 1.800 millones, que es el mismo valor que tendría que pagar en virtud del contrato entre ambas empresas. Pero el que realmente gana con este acuerdo en Anglo American, porque Codelco debe pagar otros U$S 1.000 millones, por otro 5% de Disputada cedido por Mitsubishi, y que Codelco deberá ceder posteriormente a Mitsui. En suma, solo Anglo American se beneficia de este acuerdo puesto que obtiene U$S 7.190 millones (5.390 de Mitsubishi y 1.800 de Codelco) por la venta del 49,9% de las acciones, pero con el 50,1% del capital conserva el control absoluto de esta minera. Negocio redondo.

Respecto de Codelco falta aún conocer si tiene otras pérdidas, puesto que tendría que pagar una indemnización de U$S 300 millones a Mitsui, establecido en el contrato entre ambas empresas, si Codelco no le traspasaba el 24,5% del 49% de las acciones de la Disputada, que Codelco debía adquirir con el préstamo de Mitsui, y que Codelco con este acuerdo ya no puede cumplir.

Esto es en lo formal lo que “se conoce” del acuerdo, pero el análisis es muy distinto al entrar al fondo del asunto. No debemos olvidar que todo comenzó con el anuncio del “negocio del siglo” de un préstamo de la japonesa Mitsui por U$S 6.750 millones de dólares, en octubre 2011, para comprar el 49% de la Disputada. El acuerdo de hoy confirma que el 49% valía solamente U$S 3.800 millones, por lo que no tenía sentido alguno endeudarse en U$S 6.750 millones con Mitsui, es decir casi el doble de lo que establecía el contrato por la compra del 49% de la Disputada.

Sostuvimos en la época que comprar el 49% de la Disputada (Anglo American Sur), en el doble de lo que establecía el contrato, era el mayor saqueo en toda la historia de Codelco. Mediante esta operación Codelco se endeudaba innecesariamente para traspasarle varios miles millones de dólares a Anglo American. Era imposible encontrar una razón medianamente coherente a esta compra, y ella solo podía explicarse por el hecho que tanto el entonces Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Diego Hernández, como el Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Sr. Thomas Keller (actual Presidente Ejecutivo), principales artífices de este negocio, fueron ex altos ejecutivos de confianza de Anglo American, y ponían entonces Codelco al servicio de Anglo American. Aún más inexplicable era esta compra, cuando con el 49% del capital, Codelco no tendría ninguna injerencia en el control de la ex Disputada y menos la puede tener ahora con el 24,5%. La compra de la ex Disputada solo tenía un objetivo: que Anglo American obtuviera varios miles de millones de dólares, que Codelco le traspasaba mediante un innecesario endeudamiento con Mitsui.

Se escribieron ciento de páginas en los medios de comunicación para sostener que la ex Disputada valía varios miles de millones de dólares, de lo que establecían sus resultados e historia. Se publicitaba que en Disputada se había aumentado al doble la producción, en razón que habían invertido 2.800 millones de dólares, que se habían descubierto fabulosas reservas, etc. Todo era falso, puesto que la Disputada produce un 10% menos que cuando Anglo American la compró el 2003 en solo U$S 1.300 millones. Si su producción había bajado es porque no se habían hecho las millonarias inversiones que se publicitaban, y las fabulosas reservas descubiertas no eran más que fábulas. Absolutamente nada justifica que con una menor producción el valor de Disputada haya pasado de U$S 1.300 millones el 2003, a U$S 22 mil millones el 2011.

Todas estas invenciones sobre la Disputada no tenían otro objetivo que hacer creer a la opinión pública que Codelco debía pagar alrededor de U$S 10 mil millones por el 49% de Disputada, más del doble de lo que establecía el contrato. La venta a Mitsubishi el 24,5% de Disputada en U$S 5.390 millones, nos parece ser hasta la fecha un valor simulado con el objeto de justificar que Codelco pagara ese mismo monto por el otro 24,5% de las acciones de Disputada, en lugar de los U$S 1.800 que establecía el contrato. Ahora, la venta a Mitsubishi sirve para inventar otra fábula, que Codelco habría ganado U$S 4.090 con el acuerdo judicial con Anglo American, puesto que solo había pagado sólo U$S 1.800 por lo que valdría U$S 5.390 millones. Este mayor valor de U$S 4.090 millones solo existen en el éter. Es una nueva fábula de la Disputada, que desde 1979 hasta el año 2005 no pagó un solo peso de impuesto a la renta, y resulta que ahora vale U$S 22 mil millones. Y hay periodistas y “expertos” que hablan seriamente de esta fábula.

En los hechos el valor económico de Disputada, sin las pertenencias mineras, no sobrepasa de algunas centenas de millones de dólares, y lo único que realmente tiene valor es el yacimiento minero. Pero las minas, según la Constitución, el Código Civil y el Código de Minería pertenecen al Estado, y en consecuencia es ilegítimo que Codelco pague por minas que pertenecen al Estado. Esto es aún más ilegítimo cuando sabemos que Pinochet dejó vigente en la Constitución de 1980, la Reforma Constitucional de la Nacionalización de la Gran Minería que por la unanimidad del Congreso Nacional se aprobó el 11 de julio de 1971, nacionalización que dice: “En consecuencia, una vez que la reforma entre en vigencia, quedará ipso jure nacionalizada esta riqueza minera básica del país y se podrá tomar posesión material inmediata de los establecimientos respectivos”.

Esto quiere decir que desde 1971 TODA la gran minería está nacionalizada y solo depende del Presidente de la República tomar posesión material de los establecimientos respectivos, y en virtud de lo que establece la Constitución, no se debe pagar ninguna indemnización por la nacionalización de los yacimientos mineros, y solo se debe indemnizar las instalaciones o activos de estas mineras. En consecuencia, desde la majestad constitucional, los U$S 1.800 millones que Codelco pagó por el 24,5% de Disputada, es absolutamente injustificado, aunque dicho monto corresponda al contrato.

Julián Alcayaga es economista.

 ARGENPRESS.INFO

 

 

 

31/08/2012 21:08. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Economía No hay comentarios. Comentar.

Estado chileno debe detener legislación de Ley de Pesca por no consultar a Pueblos Originarios

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Enviado por Radio del Mar

A pesar de un malintencionado, desprolijo y erróneo documento del gobierno que ni siquiera tiene firma de quien lo elaboró y que recomienda no realizar la consulta porque interpreta que la Ley en discusión no afecta los intereses de los pueblos originarios, el Tribunal Constitucional y el Instituto de Derechos Humanos respaldan la exigencia de las comunidades indígenas para que el Parlamento revise el consentimiento o no de los pueblos Mapuche, Rapanui y Kawesqar respecto a la privatización de los peces. Las modificaciones a la Ley de Pesca están despojando del acceso y uso ancestral de los recursos del mar a estas comunidades que han vivido económica, cultural y espiritualmente vinculadas a la extracción sustentable de peces, mariscos y algas. En la fotografia en primer plano aparecen Boris Hualme de Mehuin y Sandra Huentemilla y Juan Valeria Quilapán, de la agrupación de autoridades tradicionales de los pueblos indígenas autoconvocados.

Santiago de Chile, 31 de agosto de 2012. (Ecoceanos News)— Tal como lo exigió el Tribunal Constitucional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ambos órganos del Estado chileno, el Pueblo Mapuche demandó esta semana al Senado que detenga la tramitación de las modificaciones a la Ley de Pesca, que tienden a regalar el patrimonio pesquero de los pueblos de Chile a siete familias de industriales, ya que el Parlamento no ha cumplido con su obligación de realizar una consulta a los pueblos originarios para obtener de parte de estos el consentimiento previo e informado respecto a estas materias, como lo impone jurídicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual es Ley de la República.

Las modificaciones a la Ley de Pesca están despojando del acceso y uso ancestral de los recursos del mar a los pueblos Mapuche, Rapa-Nui y Kawesqar, cuyas comunidades han vivido económica, cultural y espiritualmente vinculadas a la extracción sustentable de peces, mariscos y algas.

Así, dirigentes mapuche del Comité de Defensa del Mar de Mehuin y de la Identidad Territorial Lafkenche (ITL) asistieron a una sesión de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, donde demandaron detener la tramitación del proyecto de Ley de Pesca, ante el incumplimiento del proceso de consulta a los pueblos originarios.

Ante la demanda de las comunidades originarias, el presidente del Senado Antonio Horvath afirmó a Ecoceanos News que la Comisión de Pesca junto a la Comisión de Derechos Humanos del Senado analizarán un documento del gobierno que insta a no realizar esta consulta.

Este malintencionado, desprolijo y erróneo documento que ni siquiera tiene firma de quien lo elaboró, recomienda no realizar la consulta porque interpreta que la Ley en discusión no afecta los intereses de los pueblos originarios.

Frente a esto el INDH en su Boletín N° 8091-21 del 17 de agosto de 2012 afirmó que “toda medida legislativa o administrativa debe ser consultada cuando ésta afecta la propiedad, uso u ocupación, y/o explotación de los recursos naturales, en este caso de los marinos, que hace parte del hábitat de los pueblos indígenas, y el Estado debe garantizar el ejercicio de ese derecho”.

DESPOJO E ILEGALIDAD

Los dirigentes además exigieron a los senadores que su presencia en la Comisión de Pesca, no sea inscrita como la consulta que exige el Convenio 169, sino que era solo una presentación inicial de los puntos de vista de las comunidades indígenas.

Boris Hualme del Comité de Defensa del Mar de Mehuin aseguró a Ecoceanos News que “el Estado de Chile históricamente nos ha enseñado a desconfiar, por ello dejamos claro que participar en esta sesión no significa que se esté llevando a cabo la consulta a los pueblos originarios. El proceso de legislación de reforma a la Ley de Pesca debe paralizarse y posteriormente a eso trabajar en conjunto el tema de una consulta”.

“Al interior de las comunidades y organizaciones que representamos están en estado de alerta para movilizarse. El proyecto de Ley de Pesca nos afecta a todos, a los Mapuche o no mapuche, porque traspasa los recursos del mar a siete familias de los conglomerados económicos y deja al pueblo mapuche y al chileno sin recursos naturales. Mañana se puede generar una situación muy crítica, en que la humanidad pase hambre al no tener recursos para su alimentación”, afirmó el dirigente de los pueblos costeros originarios.

Para Hualme, “el proyecto de Ley de Pesca representa la continuidad del saqueo de los recursos naturales, con los que podrían financiar la salud, educación y otros programas sociales”.

SE DEBE DETENER LA DISCUSIÓN LEGISLATIVA

Tras la sesión, Adolfo Millabur de la identidad Territorial Lafkenche (ITL) dijo a Ecoceanos News que “por la mala experiencia que hemos tenido los pueblos originarios con el Estado, dejamos constancia que nuestra presencia acá obedece a una invitación que se nos ha realizado, y donde venimos a solicitar que se detenga la discusión de la Ley de Pesca en el Senado”.

En el proceso de tramitación de la nueva Ley de Pesca, “no han sido consultados los pueblos originarios, vulnerándose el Convenio 169, que aprobó el mismo Parlamento chileno”.

“La Comisión de Pesca del Senado fue informada de nuestras demandas y creo que recién dimensionaron lo que significa no hacer el proceso de consulta a los pueblos originarios, que establece el Convenio 169, lo que significa borrar con el codo lo que firmaron con la mano hace poco tiempo”, señaló Millabur.

El dirigente mapuche precisó que “el Estado chileno, en especial el poder legislativo, no puede no respetar los tratados internacionales. El Convenio 169 es un tratado internacional que fue aprobado por los mismos senadores. Su no cumplimiento sería una contradicción muy compleja de explicarle al país y a la comunidad internacional”.

Agregó que “el Senado, el Ejecutivo y los tribunales tienen que ser garantes de hacer respetar la ley. El Convenio 169 es parte del ordenamiento jurídico de Chile y el Senado no se puede dar el lujo de vulnerarlo”.

“La Ley de Pesca afecta el territorio del litoral, donde habitamos los Lafquenches. Se está legislando sobre los recursos naturales y ahí nosotros no hemos sido escuchados”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

Como respaldo de este reclamo, el Pueblo Mapuche presentó un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que se exponen los argumentos jurídicos del “deber” de aplicación de consulta indígena, en el marco del proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura.

Sumado a esto El Tribunal Constitucional de Chile en su sentencia Rol 309, de 20 de agosto de 2000, determinó que la obligación de consultar a los pueblos indígenas establecida en el Art, 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable y que modifica tácitamente a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 18.918. Por lo tanto esta consulta se debe realizar a pesar de un malintencionado, errado y desprolijo informe que presentó el gobierno y que insta a no realizar la consulta.

Juan Valeria Quilapán, coordinador de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas autoconvocados, aseguró a Ecoceanos News que “el proyecto de Ley de Pesca tiene que parar ahora su tramitación, porque está en la ilegalidad. Los pueblos indígenas tienen que ser consultados y de buena fe, dando cumplimiento a los estándares internacionales, en el cual señalemos nuestros derechos en la Ley, asociados a aquellos que nos permitan preservarnos y desarrollarnos como cultura”.

Tras la sesión, Valeria Quilapan aseguró que “existen posturas divergentes respecto de los derechos de los pueblos originarios. Por una parte está el gobierno empecinado en aprobar una Ley desconociendo los derechos de los pueblos indígenas, y el derecho a la consulta, previa, libre e informada como lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT”.

“Por otro parte, los pueblos indígenas en una tarea titánica insisten en que se cumplan los derechos, lo que resulta muy complejo al tener que seguir el itinerario de la institucionalidad, dado que cuenta con los recursos y nosotros no”.

“Vemos estas dos posturas que se contradicen y en el medio está el Senado que titubea, porque efectivamente ellos deben cumplir la Ley y ellos saben que no la están cumpliendo. Es un panorama complejo y poco claro para los pueblos indígenas”.

SENADO PONE EN DUDA REALIZAR CONSULTA

En entrevista con Ecoceanos News, el presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, el senador Antonio Horvath, señaló tras la sesión que “las presentaciones de las organizaciones que representan a los pueblos originarios son muy válidas y fundamentadas. Nosotros como Senado tenemos que tener una respuesta propia. Hemos recibido un documento del Ejecutivo, que vamos analizar en profundidad, junto a la Comisión de Derechos Humanos de Senado”.

“Hemos mencionado una Comisión Bicameral para que despeje si procede la consulta a los pueblos originarios o no, en el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Pesca. Si procede, como no hay un procedimiento adaptado por el Ejecutivo, debemos definirlo nosotros, el cual debe ser válido para los pueblos originarios.

El senador agregó que “no nos interesa un formalismo, sino que efectivamente se considere la opinión de los pueblos originarios, que piensan y como se sentirían parte de este proyecto de Ley, al igual como lo hicimos con la Ley del Borde Costero”.

Consultado por la demanda presentada por los pueblos originarios, respecto a parar la discusión del proyecto en la Comisión de Pesca y Acuicultura para iniciar el proceso de consulta que establece el Convenio 169 de la OIT, el senador Horvath respondió que “nosotros no estamos votando, solo estamos escuchando a las organizaciones de distintas parte del país, y hemos adoptado la decisión de ir a regiones”.

Aclaró que “no vamos a parar la tramitación del proyecto, vamos a trabajar con los pueblos originarios el como abordar en plenitud este punto”.

 

 

 

 

 

31/08/2012 21:15. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Economía No hay comentarios. Comentar.

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