Así lo establece la Comisión Ética contra la Tortura que incluye los casos registrados entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2009.
Un total de 99 ciudadanos indígenas o vinculados al conflicto mapuche están encarcelados, condenados o procesados en Chile, según un documento elaborado por la Comisión Ética contra la Tortura (CECT). Estos datos están en constante actualización e incluyen las decisiones judiciales tomadas hasta ayer, 30 de septiembre.
Las cifras se revisan sobre la base de un informe que fue entregado el pasado 26 de junio a la asesora presidencial en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, según explicó Juana Aguilera, dirigente de esa organización ciudadana. El documento que hasta el momento no había sido divulgado incluye los casos registrados entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2009.
La CECT, creado en 2001 por instituciones y personalidades que se destacaron en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, elaboró por segundo año esta pormenorizada lista, que en junio informaba de un total de 59 presos, condenados o procesados.
De ellos, 36 se encontraban en prisión efectiva y otros 23 habían sido condenados o procesados con medidas cautelares. Sin embargo, en tres meses, hasta septiembre, el total de casos aumentó hasta un casi centenar de presos, sentenciados o procesados.De ellos, 42 permanecen en la actualidad en prisión, incluyendo a dos mujeres. En tanto, otros 57 han sido condenados o procesados, pero obtuvieron medidas cautelares que les permiten estar en libertad.
La última decisión judicial se produjo el pasado 28 de septiembre, cuando un tribunal oral decidió sobreseer temporalmente por causas humanitarias a la comunera Mireya Figueroa, de 47 años, que padece un cáncer de mama en estado avanzado.
Los jueces se basaron para ello en un informe psiquiátrico que determinó que Figueroa, que se encuentra internada en el Hospital Barros Luco, no está en condiciones de enfrentar un juicio oral.
La comunera mapuche no se presentó al juicio oral sobre el ataque incendiario a una propiedad agrícola llamada Poluco-Pidenco, en el sur del país, y pasó cinco años prófuga hasta que fue detenida el pasado 1 de julio.
En total, son 34 los casos en los que se ha aplicado la Ley Antiterrorista, que ha sido criticada por numerosos organismos de derechos humanos, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de Naciones Unidas.
En agosto, el CEDR expresó su preocupación porque esa ley "ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales".
Por ello, recomendó que se revise dicha ley y se asegure de que ésta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo, y que la norma no sea aplicada a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social.
El primer informe de la CECT, divulgado en junio del año pasado, documentó dos casos de tortura y violencia innecesaria con resultado de muerte y 55 casos denominados "de prisión política" ocurridos entre marzo de 2006 y mayo de 2008.
EFE
