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La polémica legislación -que ahora debe ser aprobada por el Senado- establece medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y el retiro de los símbolos que aún quedan de la dictadura encabezada por Francisco Franco (1936-75).

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, argumentó que la ley "rompe la herencia con la que se construyó la Transición", es "innecesaria" y "perjudicial para la convivencia nacional". No obstante, el PP votó a favor de siete preceptos del dictamen, entre ellos el de las ayudas a las víctimas y el de la despolitización del Valle de los Caídos.

El partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también se opuso al texto al considerar que terminó siendo "una ley de punto final" encubierta para "dejar impunes los crímenes del franquismo".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que en la ley no hay ni una línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata, pues responde a principios que "todos podemos compartir".

Juicios sumarios
La ley reconoce el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal (...) durante la Guerra Civil y (...) la dictadura". Los tribunales franquistas y sus condenas se declaran "ilegítimos". La justicia no podría invocar las leyes "represivas y contrarias a los derechos humanos" de la dictadura para rechazar las demandas de revisión de juicios, como hasta ahora. La interpretación jurídica de esta declaración de "ilegitimidad" la hará el Tribunal Supremo.

Ayuda a víctimas
Se extienden las ayudas (pensiones, compensaciones financieras) a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus familias. Podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de los opositores "muertos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977".

Fosas comunes
El Estado deberá ayudar a la localización, identificación y eventual exhumación de los miles de víctimas republicanas de la Guerra Civil y de la dictadura, a menudo enterrados en fosas comunes. El fusilado más conocido, el poeta Federico García Lorca, probablemente no será exhumado. La ley estipula que hay que respetar el deseo de los descendientes y su familia se opone a la apertura de la fosa donde Lorca fue enterrado junto a tres republicanos en agosto de 1936 cerca de Granada (sur).

Símbolos
Los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" deberán desaparecer de edificios y espacios públicos. Si no, se retirarán subvenciones. Este retiro "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas".

Nietos de exiliados
Los hijos y los nietos de los republicanos exiliados bajo la dictadura de Francisco Franco podrán obtener la nacionalidad española a la que se vieron obligados a renunciar, si lo solicitan entre 2009 y 2011.

Documentación
Con el fin de facilitar la recopilación y el acceso a la información sobre la guerra civil, el franquismo y las víctimas se refuerza el papel del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca (centro-oeste), integrándolo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, también con sede en esa ciudad.