Senadores socialistas respaldaron anulación de efectos jurídicos de la Ley de Amnistía y llamaron a la oposición a apoyar la iniciativa
Ellos lo consideran como el mayor acto de reparación a las víctimas
Los senadores socialistas Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Jaime Naranjo, Alejandro Navarro, Ricardo Nuñez y Carlos Ominami, anunciaron hoy que respaldarán y harán todos los esfuerzos necesarios para anular los efectos juríidicos de la Ley de Amnistía, e hicieron un llamado a la oposición a apoyar el término de esta normativa como el mayor acto de reparación a las víctimas de la represión durante el régimen militar.
El senador Camilo Escalona, presidente de su colectividad, anticipó que el gobierno tiene preparado un proyecto que coincide con el acuerdo de la Concertación y “esperamos que esta iniciativa pueda ser enviada al Congreso Nacional al regreso de la presidenta Bachelet de su gira a Europa y por tanto podamos entrar a una nueva etapa en que efectivamente aquí en el Senado nos aboquemos a la tarea de encontrar un instrumento jurídico que permita anular los efectos de la ley de Amnistía de 1978 y poner fin a esta situación de impunidad, que afecta a la herida más dolorosa de las violaciones a los derechos humanos que es la situación de los detenidos desaparecidos”.
Añadió que “en este caso nuestra doctrina como Concertación sobre el tema de los derechos humanos es verdad, justicia y reparación y el solo hecho de anular la ley de Amnistía es una reparación, porque establece claramente la ilegitimidad de lo que ocurrió, esa fue una medida como otras medidas simplemente por el imperio de la fuerza, por eso que hemos señalado reiteradamente que es una ley de autoperdón. Nosotros no estamos con esto afectando la independencia de los tribunales y en eso queremos ser muy claros. Son los tribunales de justicia de este país los que operarán sobre las decisiones legislativas que en el Congreso se adopten”.
Al ser consultados por qué ninguno de los 3 gobiernos anteriores de la Concertación tomó ninguna iniciativa en esta materia, los senadores socialistas precisaron que ”claramente no teníamos la mayoría que hoy tenemos en el Senado”.
Al respecto, el senador Carlos Ominami dijo que “hay por lo menos 3 cosas que han cambiado: ha cambiado el clima interno respecto de los DDHH, hay una sanción de la Corte Interamericana y, por primera vez, tenemos mayoría en el Senado. Eso existe como condición solamente desde marzo de este año”.
A su turno, el senador Naranjo precisó que “está el acuerdo de la propia Concertación de abordar este tema, cosa que en los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos no había existido este espíritu unitario de abordar este tema en forma conjunta y ahora somos mayoría en el Senado. Hoy tenemos un escenario distinto y es por eso que vamos a apoyar entusiastamente a la presidente Bachelet. Esta es la gran oportunidad que tiene la derecha de demostrar una clara voluntad por la reconciliación y por la reparación de las víctimas.
El senador Escalona sintetizó que el cambio de la situación del Senado, el acuerdo de los presidentes de los partidos de la Concertación, la voluntad de la presidenta Bachelet el nuevo clima que existe en el país respecto del tema de DDHH y el hecho de que el lider “mas importante que hay tenido la derecha, Joaquin Lavin, ha hecho un mea culpa muy fuerte señalando que si hubiese sabido de las violaciones a los DDHH probablemente hubiese votado no en el Plebiscito. Creo que estos cambios implican una situación nueva”.
Por su parte, el senador Letelier precisó que “el fallo de la Corte Interamericana obliga a todos los órganos del Estado. No estamos hablando de una simple recomendación, sino de una institucionalidad jurídica internacional que nos obliga a asumir sus sentencias. Si bien solo se necesita simple mayoría para aprobar una ley que anule los efectos de la ley de Amnistía, esperamos tener más de 20 votos. La obligación del Estado cuando hay un fallo es hacerlo cumplir y no hay discusión ni interpretación alguna. Puede que a algunos no les guste, pero hay obligación de que todos los órganos del Estado lo cumplan”.
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