Es un drama social de una envergadura inconmensurable (Parte VI)
Opinión
El informe de la UNICEF y Derechos Humanos de la Nación muestra que casi 20.000 niños, niñas y adolescentes están privados de su libertad…
El país que olvida a sus niños, renuncia a su porvenir…
María Eva Duarte de Perón, Evita
Ellos, los niños, niñas y adolescentes no son un número, ellos son la alegría en cada instante que amanecen, nos llenan con sus sueños y sus sonrisas, tienen la esperanza en sus manos porque el tiempo es infinito. Pero, para esta niñez y adolescencia privada de libertad, el tiempo de las injusticias los transforman en números indiferentes, pueden ser 19.579, más o menos, no hay nombres, caras, sus alas están rotas, o mejor dicho se las han quebrado. Ellos han sido arrojados a la hoguera de la in-justicia, van a pagar por ser pobres. No hay un Estado soberano que piense en ellos, ni una sociedad que se preocupe por sus huesos y almas.
El informe dice sin miramientos que la información solicitada logró que se elaborara un panorama cuantitativo acerca de la realidad de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en nuestro país: la República Argentina.
La muerte en vida, el encarcelamiento, la privación de la libertad es de ellos, no le pertenecen a la sociedad individualista, in-solidaria e injusta. Si se conmoviera por esta realidad, no por las cifras, hubiese tomado en sus manos el reclamo, pero eso no sucede. La consigna es muy clara: “mientras a mi no me toque” todo sigue, cuando pasa y taladra la denominada inseguridad, miles piden mano dura.
En el caso de la niñez y adolescencia que han perdido su libertad por causas penales, difícilmente serán procesados, porque los que tienen menos de 16 años son considerados “no punibles” y no pueden ser sometidos a proceso. Pero más allá de lo punible, el juez interviniente tiene la facultad de disponer de ellos y de ordenar que cumplan una medida tutelar, existe una acción discrecional que los priva de su libertad. Hecha la ley hecha la trampa, dice el proverbio popular y agregamos, por este escenario introducen sus variantes los personeros del castigo ejemplar, de la cuna a la tumba sin escalas. No basta el encierro, hay que hacer que se baje la edad de la imputabilidad, 16 años es mucho privilegio, afirman los agoreros de la reclusión eterna.
Los chicos y jóvenes que están institucionalizados por causas no penales tienen aún menos explicación del porqué de sus encierros; existen categorías que los ponen como en situación de peligro, riesgo social, abandono y otros, con esto se logra la intervención judicial cuya consecuencia es el aislamiento, la prisión. Faltan las políticas públicas efectivas, la situación de pobreza son causales del encarcelamiento, así se sostiene en los considerandos del trabajo.
Hay provincias, Jujuy y Tucumán, donde los organismos responsables de instrumentar las medidas de privación de libertad de la niñez y adolescencia están en manos de la policía provincial y el servicio penitenciario. En el caso de la provincia de Santa Fe, si bien existe una dirección denominada “Menores en conflicto con la ley penal”, hay niños, niñas y adolescentes alojados en comisarías. En los CAT (Centros de Alojamiento Transitorio) los adolescentes se escapan como ya ha sucedido en varias oportunidades e informadas por este mismo medio en reiteradas notas periodísticas.
No hay casualidades, sino causalidades, en varias ocasiones lo hemos sostenido, el porcentaje de establecimientos privados que tienen acuerdos con el Estado tanto nacional, provinciales o municipales, aquellos que no fueron relevados en cuanto al tipo de convenios y subsidios que reciben, porque no formaba parte de la base de datos es el 54,8 por ciento de los 757 establecimientos, o sea, 415 institutos; “casualmente” el informe sostiene que el 54,8 por ciento de los establecimientos consultados respecto del tipo de régimen de las instituciones: cerrados, abiertos y semiabiertos que no contestaron son 415, distribuidos de la siguiente forma: 6 penales, 401 no penales, 4 mixtos y 4 sin datos. Por otro lado, 320 son gubernamentales y 23 no tienen datos.
La pregunta no puede dejarse de hacer ¿Por qué el informe no aclara cuales son los organismos privados o estatales que no suministraron la información correspondiente?
En el informe tampoco se aclara cuáles son los establecimientos de organismos sociales privados que atienden situaciones penales, no penales por provincia o distrito, las cifras son generales. Sería bueno que tanto la UNICEF como Derechos Humanos de la Nación comprendieran que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes privados de libertad, que no son simples cifras, las aclaraciones debieran ser completas y complejas, los datos se debieron haber cruzado para hacer cristalina la información suministrada.
Debemos preguntar ¿Cuáles serán las penalidades que sufrirán las organizaciones o establecimientos que alojan a nuestros niños, niñas y adolescentes que no suministraron información sobre sus realidades humanas?
Esta tabla muestra como están distribuidos los 19.579 niños, niñas y adolescentes: Penal, no penal, sin datos.
Estos son los establecimientos penales que hay en todo el país donde se alojan 2.377 adolescentes, esto representa el 12,1 por ciento del total de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad.
Los establecimientos están divididos según la capacidad prevista:
Nuevamente los datos incompletos hacen oscurecer la realidad de nuestros niños y adolescentes, 49 lugares que alojan niñez y adolescencia por causas penales no suministraron la capacidad prevista y por ende la cantidad de seres humanos alojados en dichas instalaciones.
En los establecimientos no penales están alojados 17.063 niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado hay 139 niños, niñas y adolescentes por los cuales no hay datos suministrados, salvo que están privados de libertad, estos se reparten de la siguiente forma:
Catamarca 8
Chubut 22
Mendoza 59
San Luís 8
Santiago del Estero 42
Total 139
Nuevamente, 267 establecimientos no informan sobre la capacidad prevista, por lo tanto podemos inducir que puede haber sobrepoblación.
Los establecimientos mixtos son los considerados más avanzados para el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad, ya que, así lo sostiene el trabajo de UNICEF y Derechos Humanos de la Nación: “Entre muchos operadores sigue aún vigente la idea de que los niños y las niñas pueden ingresar en el sistema por una u otra razón indistintamente y que como el tratamiento se dirige a las personas, esto es: a la situación social y familiar de cada niños o niñas, y no tiene como fundamento el acto que cada uno haya cometido o del cual está acusado, la distinción entre unos y otros no tiene mucho sentido. Incluso, hay quienes opinan que sería estigmatizante para los niños separarlos en función de que posean o no causas penales”. O sea, es la equiparación de las causas penales y asistenciales de la niñez y adolescencia.
Estos niños, niñas y adolescentes fueron, por una u otra razón, arrancados de su hábitat, ya sea por contravenir alguna ley, o bien por su problemática social. Lo que debemos decir es que ambas situaciones no son responsabilidad directa de los niños, niñas y adolescentes, no se nace ladrón, ni asesino. Se puede robar un pedazo de queso para comer, como acaba de suceder en la provincia de Santa Fe. El hambre es el peor castigo que sufren los chicos, por eso se los condena, como si el hambre que padecen fuera su responsabilidad.
Lo que se debe intuir y preguntar, porqué son tantas las organizaciones sociales privadas que “se preocupan por la niñez y adolescencia”, ¿Cuáles son los beneficios que reciben? La pobreza no vende, pero puede ser un buen negocio para algunos.
Los niños y niñas necesitan del cariño familiar, del entorno social de sus familias y sus afectos, cuando se encuentran en ese espacio pueden volar. El abandono, la violencia, la exclusión y marginación son producto de la falta de trabajo, de las expectativas de vida.
De mirar el presente, de soñar con el futuro, las alas quebradas no permiten volar…
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