Gobierno y oposición logran principio de acuerdo para explorar solución global a problema mapuche
EL PACTO SE BASA EN UNA REFORMA GENERAL DE LA LEY ANTITERRORISTA
El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, explicó que se ha optado por buscar “una solución global, de algo que no sea sólo una ley que beneficie únicamente a determinadas personas, sino que se aplique en general”. La orientación de la reforma se refiere a que la ley antiterrorista califique como delitos terroristas sólo a aquellos que afecten a las personas, la salud, la libertad o la vida.
Por Angélica Meneses
Foto: El jefe de gabinete, Andrés Zaldívar, acordó con los integrantes de la Comisión de Constitución estudiar un consenso que permita enfrentar en general la cuestión de los indígenas en la Región de la Araucanía.
Un principio de acuerdo político para dar solución al conflicto mapuche -tanto en lo que concierne a los condenados por ley antiterrorista, así como para evitar nuevos hechos de violencia y mejorar la calidad de vida de las comunidades- logró ayer el Gobierno con los senadores de la Comisión de Constitución, incluyendo a los representantes de la oposición.
La instancia, que debate un proyecto de los parlamentarios de la Concertación Alejandro Navarro (PS), Juan Pablo Letelier (PS) y Guido Girardi (PPD) que apunta a conseguir la libertad de cuatro personas condenadas a diez años y que mantuvieron una prolongada huelga de hambre, optó por buscarle viabilidad a una fórmula alternativa, debido a los rasgos de inconstitucionalidad que presenta la moción del trío senatorial. Los eventuales elementos de ilegalidad han sido representados no sólo por la derecha, sino también por la Democracia Cristiana.
El principio de entendimiento tiene como punto de arranque una propuesta de modificación de la ley antiterrorista de alcance general que hizo La Moneda.
El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, destacó que “vamos por buen camino, hay buen ánimo y buen espíritu para encontrar una solución que sea un camino que no tenga problemas de constitucionalidad”.
Orientación
Según explicó, se ha optado por explorar “una solución global, de algo que no sea sólo una ley que beneficie únicamente a determinadas personas, sino que se aplique en general”. La orientación de la reforma, indicó Zaldívar, se refiere a que la ley antiterrorista califique como delitos terroristas a aquellos que afecten a las personas, la salud, la libertad o la vida, y que el resto sean delitos catalogados como comunes y no tengan esa calificación. La definición de terrorista para un hecho se plasma en que los condenados no tienen derecho a libertades condicionales ni reducción de penalidades por la vía del indulto o amnistía.
En esta línea, la senadora Soledad Alvear (DC), que es una de las personas que han manifestado reparos de constitucionalidad a la ley Navarro, calificó como “acertada” la propuesta del Ejecutivo, debido a que se basa en modificar la escala de penas y hacerlas acordes con la legislación penal general.
Para trabajar en un pacto global el martes 27 se reunirá la comisión con los ministros de Justicia, Isidro Solís; Interior, Andrés Zaldívar; y Mideplan, Clarisa Hardy, con la expectativa de aunar criterios para lograr cambios en la ley antiterrorista que beneficien a los comuneros condenados, además de medidas de seguridad para los dueños de predios y empresas forestales de la Araucanía.
ALBERTO ESPINA
En este contexto hay disposición en la Concertación y en la Alianza. El RN Alberto Espina dijo que si bien “los procesos judiciales los resuelven los tribunales, y hay una sentencia ejecutoriada que se aplicó por una ley dictada en democracia, evidentemente estamos buscando una solución global que puede pasar también por modificaciones a la ley antiterrorista, que desde el punto de vista legal después de 15 ó 20 años puede perfeccionarse”. La normativa antiterrorista fue modificada en el marco de las “leyes Cumplido” en 1991.
“Estamos abiertos y dispuestos a buscar una solución global, que signifique el fin de la violencia en la Región de la Araucanía y soluciones precisas y concretas al tema de la pobreza y a la necesidad de respetar la cultura y tradiciones de la comunidad mapuche”, puntualizó también Espina. En su opinión, “el Gobierno se abrió a la discusión del tema global de la violencia y nuestro deber es aprovechar esta coyuntura para una solución integral”.
Uno de los impulsores de la ley de urgencia, el socialista Alejandro Navarro, advirtió que “si la fórmula es otra, ésta va a ser evaluada por los propios comuneros mapuches y quienes elaboramos el proyecto, (pero) lo importante es mantener el principio de lograr la libertad de quienes fueron encarcelados injustamente y apuntar a que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
Fuentes de las organizaciones indígenas dijeron que si bien siguen apoyando el mecanismo ideado por Navarro, están dispuestas a evaluar un entendimiento más amplio.
Según Navarro, su proyecto ha tenido el mérito de “abrir el debate sobre los temas pendientes entre el Estado y los pueblos originarios y sobre las penas de la ley antiterrorista y su aplicación”. Señaló luego que su texto “sigue vigente, será discutido el martes, va a haber una indicación sustitutiva, un nuevo proyecto o indicaciones al actual proyecto, la fórmula está abierta”. LN
Larraín: “13 mil presos”
El futuro presidente de la UDI, Hernán Larraín, planteó que la iniciativa impulsada por Alejandro Navarro no es adecuada y debe ser reemplazada. Agregó que de ser validada, “aproximadamente 13 mil presos tendrían derecho a solicitar la libertad, lo que generaría un problema de seguridad ciudadana”. Larraín precisó que, por tanto, si sólo se arregla la situación del grupo de comuneros “queda pendiente la situación de muchos otros en proceso que mañana podrían ser condenados por situaciones similares”.
El presidente de la Comisión de Constitución, el radical José Antonio Gómez, añadió que “vamos a aprobar probablemente un proyecto que solucione las dificultades que hoy viven los mapuches que están encarcelados y buscar soluciones a las situaciones de violencia que se viven en la región”.
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