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Centros Chilenos en el Exterior

El caso de Valentina en Mexico

Las mujeres que firmamos esta carta expresamos nuestra indignación y horror ante la violencia, los abusos sexuales y las violaciones ejercidos por las policías estatal y federal contra las mujeres detenidas en Atenco el 3 y 4 de mayo. Los testimonios directos recogidos por la CNDH y el centro de derechos humanos PRODH y publicados en la prensa dan fe de una realidad que no se puede aceptar.           

 Son públicos los testimonios de Valentina Palma, estudiante chilena ilegalmente expulsada, de Cristina Valls y de María Sastres, ciudadanas españolas expulsadas. Las tres declaran que las manosearon, abusaron, golpearon, insultaron y humillaron de todas las maneras. Es público el testimonio de dos estudiantes, todavía detenidas, que refieren lo mismo. Todas dicen que eso les pasó a todas las presas, que lo oyeron y las vieron llegar al penal llorando y con la ropa desgarrada, y contando lo que les pasó. Existe el testimonio de una mujer de 50 años que no está detenida a la que forzaron a hacer sexo oral a tres policías.           

Las autoridades, del secretario de Gobernación Carlos Abascal para abajo, han empezado a decir que se trata de mentiras y propaganda, y que como no hay denuncias no se puede investigar. Pero:            

1. Sí hay denuncias formales:  hasta ahora, 23 casos denunciados de abusos o violaciones, más las tres expulsadas, que también están denunciando formalmente.           

2. Aunque no hubiera esas denuncias, estamos frente a la violación tumultuaria por personal policiaco en servicio. Es un delito grave tanto según el código penal federal como en el del Estado de México. Se castiga con penas de 10 a 15 años de prisión (Edomex), o de 12 a 21 años (Federal). Y se persigue de oficio.

3. No se trata aquí que cada una de las mujeres vejadas denuncie. Se trata de que se castigue a todos los responsables.  Nosotras creemos el testimonio de las mujeres violadas. Sabemos lo difícil que es denunciar, que faltan las palabras para expresar lo vivido. Y  sabemos que pueden recibir amenazas. Les ofrecemos solidaridad, respeto y apoyo. Tienen todo el derecho de negarse a ser examinadas por médicos que no son de su confianza, examen que representa una violencia más, y eso no invalida en nada su denuncia.

La justicia debería servir para defenderlas y protegerlas, no para exponerlas.A la luz de varios casos anteriores y del muy reciente de Lydia Cacho, contra quien se planeaba una violación "con un palo" en la cárcel de Puebla, parece que violar o abusar sexualmente de mujeres detenidas se está volviendo sistema. Para “defender la ley”, ahora los gobiernos mandan violar mujeres.Exigimos la liberación inmediata de todas las presas, porque lo que se ha hecho con ellas no es la detención legal de presuntas delicuentes para someterlas a proceso, sino secuestro y tortura.

El trato que han recibido vuelve inoperante cualquier proceso en su contra: se trata de víctimas de la violencia impune de quienes dicen defender la ley.           

Exigimos castigo a los responsables directos y a sus mandos. Lo exigimos no sólo porque es claramente de justicia, sino porque este creciente empleo del abuso sexual por la policía debe detenerse cuanto antes. No podemos admitir que se vuelva “habitual” y las mujeres en México tengamos que vivir con su amenaza, esa otra amenaza más.

Carmen Aristegui

Lila DownsJulieta Egurrola

Raquel Gutierrez

Begoña Lecumberri

Ofelia Medina

Rhina Roux

Paloma Villegas

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