Centros Chilenos en el Exterior

Dalia Rojas

¿Está usted pensando en montar una empresa con un amigo? ¿O tal vez su jefe en la oficina además es su mejor amigo y comparte sus secretos de juerga? Si es así, lea atentamente, porque, si bien es cierto trabajar con amigos puede sonar entretenido, también trae algunas consecuencias colaterales en el rendimiento laboral, en la obtención de objetivos y en las relaciones interpersonales con los superiores. Eso es al menos, lo que opinaron quienes participaron en una encuesta que abordó la amistad en el trabajo y que fue realizada por la empresa de recursos humanos, Bumeran.

En ella, más de la mitad de los postulantes a empleos y aquellos que contratan personal creen que es divertido trabajar con los amigos. Cerca del 30 por ciento de los encuestados piensa que es relajante, en tanto el 10,7 por ciento de los jefes encuentra que esta situación es tensionante.

A pesar de lo entretenido que puede ser, esta relación puede ir en desmedro del rendimiento laboral, ya que sólo un 12 por ciento de trabajadores y un 9 por ciento de empresarios cree que la asociación de trabajo y amistad funciona de manera excelente.

El país que se muestra más crítico al trabajo con amigos es Chile, donde llama la atención que la opción “tensionante” tenga más adherentes que el resto de los países que fueron encuestados.

La encuesta fue realizada a dos mil usuarios del portal Bumeran en Argentina, México, Venezuela y Chile. Las empresas encuestadas fueron 200 en cada país.

¿Amigo del jefe?

Ante la pregunta ¿Se puede ser amigo del jefe? La opción “nunca” es mucho más alta en Chile que en los otros países, siendo más recurrente en los que contratan que en los empleados.

“Según la encuesta pudimos inferir que particularmente en Chile, tendemos a culpar al jefe de la falta de posibilidad de generar lazos de amistad en una empresa. A nivel regional la tendencia es a relativizar las posibilidades de ser amigo del jefe. “A veces” y “Depende del carácter del jefe” son las variables de mayor peso. En cambio en nuestro país le asignamos la responsabilidad a él o ella, ya que la respuesta “Depende del carácter del jefe” es la más recurrente”, explica el gerente general de Bumeran Chile, Cristián Correa.

A nivel regional destaca México como un país bastante menos formal con las jerarquías, puesto que sólo un 7,4% ve como imposible la amistad con el jefe, mientras que el 21,98% cree que siempre es posible.

Amistad anónima

Si se trata de crear empresas con amigos, cerca del 25 por ciento en ambos grupos piensa que simplemente no se puede mezclar el trabajo con las amistades, ya que creen que a esas empresas les va mal.

Llama la atención el hecho de que entre postulantes a empleos la visión respecto del trabajo con amigos es considerablemente más crítica: Mientras que un 30% cree que las empresas funcionan mal, los representantes de las empresas ante la misma pregunta responden “mal” sólo en un 15% de los casos.

Contrariamente, entre los postulantes sólo un 5.68% cree que el funcionamiento de estas empresas puede ser excelente, mientras que en las empresas el resultado de esta variable es de un 20%.

“Estos resultados pueden indicar que simplemente las necesidades de las empresas no son las mismas que las de los individuos, y en el caso de los postulantes Chile destaca como el país con la peor impresión acerca del trabajo con amigos y su efecto en la empresa, lo que podría significar que somos más formales que el resto de los países encuestados”, dice Correa.

Por Javier Rebolledo y Miguel Paz

Manuel Cruzat Infante es uno de los grandes referentes del empresariado chileno. Líder del holding CB, a fines de los ’70 y en los primeros ’80 fue el hombre más rico de Chile gracias a sus negocios centrados en los fondos de pensión, pesca, productos forestales, mineras de cobre, bancos, viñedos y cervecerías.

Cruzat es considerado un visionario genial, pero al mismo tiempo un hombre arriesgado. Ha creado o ha sido dueño de algunas de las empresas más importantes del país, pero no ha sido capaz de mantenerlas bajo su poder. Ejemplos de ello son CCU, Copec, Provida y el Banco de Santiago, todos negocios con excelentes resultados económicos en la actualidad. Pero a pesar de su historia llena de altibajos, el grupo CB aún se encuentra dentro de los grandes del país.

Cruzat estudió en el Colegio San Ignacio y luego fue un alumno brillante en la Universidad Católica. Pertenece al grupo más aristocrático del empresariado, aquel ultracatólico que, además de los negocios, también se identifica con la caridad. Como muchos de ellos, Cruzat es miembro activo del Opus Dei. Bajo su alero se formaron empresarios como Juan Hurtado Vicuña, su actual socio en El Bosque S.A.; Vía Panorámica S.A., y Nueva Pudahuel S.A., entre otras. Además, es de conocimiento público que en sus inicios prestó ayuda a otros colosos del dinero que lo reconocen como un gurú. Sebastián Piñera, por ejemplo, tras dejar el Banco de Talca en octubre de 1980, fue recibido por Cruzat, primero en su centro de estudios y luego como gerente general del Citicorp, entonces asociado con el Banco de Santiago. De ahí que incluso en sus peores momentos financieros los bancos lo han tratado con benevolencia y siempre ha logrado encontrar ayuda de sus influyentes amigos, como a comienzos de 1999, cuando CB, el holding del empresario, no tenía capacidad para pagar sus deudas. Entonces, algunos como Fabio Valdés, Juan José Mac-Auliffe y Alberto López Hermida fueron en su ayuda para alcanzar un acuerdo con los acreedores.

Otro personaje que habría jugado un rol clave en esta operación de rescate es Juan Braun Lyon. Durante años ha sido director de muchas de sus empresas, socio en varias más y actualmente integra el directorio de CB S.A., compañía que controla la totalidad de las empresas del holding. Pero Juan Braun Lyon también es el actual presidente de la Fundación Óscar y Elsa Braun, aparentemente –hasta hace poco– sin relación alguna con los negocios de Cruzat.

DOÑA ELSBETH

La Fundación Óscar y Elsa Braun es una organización altruista y familiar de larga data, concebida exclusivamente para becar a médicos que se especializan en el extranjero. Funcionó normalmente durante años, llegando a entregar anualmente hasta 400 millones de pesos para el perfeccionamiento de los facultativos. Sin embargo, en 1999 tuvo un cambio violento en su política de inversiones y su labor se redujo a la décima parte. ¿Qué sucedió?

Hoy, los dardos apuntan contra Juan Braun y Manuel Cruzat. Y esto sería porque en 1999 este “businessman”, a quien le molesta ser fotografiado, se vio en la obligación de liquidar una gran cantidad de acciones de su holding, y fue justamente la Fundación Óscar y Elsa Braun la que compró un buen paquete de ellas, a pesar de que por estatuto estaba imposibilitada desde su origen para realizar este tipo de operaciones, según denuncian hoy miembros de su directorio.

La operación de Braun Lyon derivó en que el año pasado dos integrantes de éste, Sonia y Myra Poklepovic (primas de Braun), junto a parientes y a la Fundación Sara Braun (ver recuadro), se querellaran en su contra y de quienes resulten responsables por los delitos de “estafa, apropiación indebida de fondos y asociación ilícita”. La causa actualmente está en manos de la jueza del 32º Juzgado del Crimen, Blanca Rojas.

El 8 de noviembre pasado, el Ministerio de Justicia, entidad que actualmente se encuentra fiscalizando a la fundación, entró de lleno a la cancha. Para empezar, mediante el oficio Nº 7305, la subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona, acogió una presentación realizada por las hermanas Poklepovic en cuanto a investigar las cuentas de 2001 y 2006 y también a que se respete la estructura del directorio establecido originalmente en 1955. Ese año, Elsbeth Saalfeld, una anciana millonaria, estableció las bases de la fundación que dejó como legado luego de su muerte. Fue extremadamente minuciosa al momento de redactar cada uno de los puntos.

ORIGEN DE LA FUNDACIÓN

A Elsbeth, todo el mundo le decía Elsa. Al enviudar heredó una gran fortuna de su marido, Óscar Braun Hamburger. La mujer, establecida en Viña del Mar, creó los estatutos de la Fundación Óscar y Elsa Braun con un propósito: becar a doctores en el extranjero para que adquirieran conocimientos que los hicieran capaces de combatir la tuberculosis. Ya entonces (década de los ’50), Elsa explicitó que “si con el tiempo se descubriera el remedio eficaz (...) se pueden o deben dedicarse los estudiantes entonces a otras especialidades”. La mujer, sin descendencia, dejó meridianamente claro que la fundación “será la única y universal heredera de todos mis bienes”. El primero de noviembre de 1956, Elsa falleció.

Uno de sus primeros presidentes fue Héctor Braun Guevara, padre de Juan Braun Lyon. Este último se sumó a la institución en 1971. Hasta entonces, tal como lo determinó Elsa, cinco personas se sentaban en los sillones del directorio, uno de los cuales, por voluntad expresa de la difunta, debía ser ocupado por el rector de una de las universidades de Valparaíso (Técnica Federico Santa María o Católica). Durante el mandato de Héctor Barun, en 1988, se hizo un cambio al estatuto y el número de directores fue disminuido a cuatro, dejando fuera al integrante del mundo académico. La razón habría sido que durante la dictadura los rectores iban y venían.

Pero cuando Héctor Braun murió y Juan Braun Lyon asumió la presidencia de la fundación en 1999, nuevamente se aumentó a cinco el número de integrantes del directorio, quedando su hijo Juan Braun Llona en el puesto recién creado. De esta forma, Braun Lyon habría sumado un voto para tomar las decisiones más importantes de la fundación.

Según la querella, a las hermanas Poklepovic se les habría entregado una copia adulterada de la escritura de modificación de los estatutos del año 1988. Como éstas desconocían los cambios de los estatutos de la fundación, aceptaron el nombramiento de Braun Llona.

El 8 de noviembre pasado, el Ministerio de Justicia estableció, mediante la Orden 375, que “cuatro personas son las que efectivamente constituyen el Consejo de la Fundación Óscar y Elsa Braun, y no como erradamente opera en la actualidad, conformándolo con cinco personas”.

Pero el golpe más duro en contra de Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona fue dado por el propio ministerio al establecer la posibilidad de que exista falsificación de documento público: “Corresponderá, en instancia pertinente, se dilucide la contradicción surgida con ocasión de existir una copia de aquella escritura pública en que se menciona que cinco son los miembros del consejo de la fundación, mientras que en documentos oficiales, autentificados, manifiestan que son ‘cuatro’ los miembros de ese consejo”, dice el oficio.

Además, según las querellantes, Braun Lyon y Braun Llona habrían actuado contra la idea original de la difunta Elsa. En los estatutos originales se estableció que los valores de la fundación debían ser “de primera categoría comercial y financiera, que sean estables, de presente cierto y de futuro halagador y que, en todo caso, hayan pagado dividendo por cinco años seguidos en los últimos años. En ningún caso deberán hacerse inversiones en valores mineros, ni bienes raíces, ni fundos rústicos, ni valores extranjeros o monedas extranjeras”.

La voluntad de Elsa se cumplió durante décadas. Es así como al 31 de diciembre de 1987, antes de la cuestionada reforma de estatutos que eliminó al consejero del mundo académico, la fundación, entre otras inversiones, era propietaria de 1,64 millones acciones de Copec. Al año 1999, la fundación ya poseía inversiones en el Grupo CB, pero aún contaba con un patrimonio cercano a los 10 millones de dólares, invertido mayoritariamente en empresas “seguras”.

LAS ACCIONES DE CRUZAT

Es justamente en 1999 que la historia de la Fundación Óscar y Elsa Braun se uniría estrechamente a la de Manuel Cruzat. Ese año, en medio de la crisis del holding, Cruzat se vio en la obligación de vender acciones de empresas del grupo para cubrir sus deudas. A través de la decisión de su presidente, Juan Braun Lyon, la fundación compró una gran cantidad de acciones del holding de Cruzat, deshaciéndose de las que históricamente le habían garantizado su solidez económica.

“Esta operación se realizó sin haberlo consultado jamás al directorio. Nos dimos cuenta que estaban desapareciendo las acciones nobles de la fundación, llevando el dinero a los negocios particulares del señor Braun Lyon y de don Manuel Cruzat”, explica Jorge Santander, marido de Sonia Poklepovic, una de las querellantes.

En 2003, Juan Braun Llona y su cuñado, Andrés Cuevas Ossandón, crearon la sociedad Inversiones y Transportes S.A., posteriormente denominada Explotadora Ferroviaria S.A. A la fecha, la fundación aparece como dueña del 65% del capital accionario de dicha sociedad, siendo éste su único patrimonio. A través de esta empresa la fundación posee el 8,9% de Fepasa, el 10% de Lo Aguirre, el 7,35% de El Bosque S.A. y el 24% de Vía Panoramica. Todas ex empresas del empresario Manuel Cruzat Infante y donde tanto Braun Lyon como Braun Llona y el propio Cruzat mantienen interés y participaciones. “Todo esto, abiertamente en contra de lo estipulado por doña Elsa, porque no eran empresas seguras ni tampoco venían aportando dividendos”, explica una fuente ligada al caso.

El efecto directo fue que la labor filantrópica de la fundación se vio violentamente disminuida. En 2000, sus donaciones fueron poco más de 45 millones de pesos, el 2001 algo similar. El 2002 llegaron a 57 millones y el 2003 se redujeron a 46 millones. Antes de la venta de activos y su posterior ingreso en las empresas de Cruzat, el promedio de donaciones de la fundación giraba en torno a los 400 millones de pesos anuales, alegan los querellantes.

Jorge Santander asegura que entre Braun Lyon y Manuel Cruzat hubo una asociación ilícita para delinquir. “Eso está prácticamente establecido en la querella a partir de la declaración de Braun, quien actuó con mala fe absoluta. Ante esa inquietud decidimos interponer una querella criminal porque si Sonia y Myra no lo hacían, se convertían en cómplices de lo que estaba pasando”, dice Santander.

En 2005, Manuel Cruzat Infante fue llamado a declarar en la causa. Ese mismo año, los querellados encargaron un estudio a Fernando Le Fort G., experto en estudios de gobierno corporativo. Según las proyecciones económicas hechas por el consultor, las inversiones realizadas por la directiva de la fundación a dinero de hoy se traducirían en una cifra cercana a los 18 millones de dólares. Según los cálculos de la contraparte, que de acuerdo a inventario protocolizado notarialmente, existían al 31 de diciembre de 1987 (1,64 millones de acciones), y sin considerar ninguna de las otras inversiones a esa fecha, se llega a la misma cifra de 18 millones de dólares.

Sin embargo, existe un informe de un perito judicial que la jueza a cargo de la causa, Blanca Rojas, tiene en sus manos. Según el análisis del experto José Luis Varela, el manejo de la nueva política de inversiones de la directiva le ha costado un detrimento de 4.600 millones de pesos a la fundación, unos 8,5 millones de dólares.

EUROCAPITAL S.A.

Sin embargo, más allá de proyecciones económicas, aún queda por dilucidar cuánto le han costado a la fundación las operaciones de Braun Lyon. Actualmente, si bien Explotadora Ferroviaria S.A. no aparece con morosidad en Dicom, a julio de este año mostraba un panorama negro. La empresa donde la fundación tiene invertidos la totalidad de sus activos figuraba con 1.691 millones de pesos en el registro de morosidades y documentos impagos. En cuanto a la escala de clasificación respecto del grado de severidad de sus antecedentes comerciales, estaba ubicada en la letra G, la categoría más baja. A esto se suma que al 30 de septiembre de 2006, el 51% de las acciones de Explotadora Ferroviaria S.A. figuran constituidas en prenda a la sociedad de factoring denominada Eurocapital S.A., esto según información entregada el 31 de octubre pasado por la propio Eurocapital a la Superintendencia de Valores. Esta empresa fue creada en 1987, entre otros, por Juan Braun Llona.

Este último es además propietario del 25% de Explotadora Ferroviaria S.A. Lo que aún se está investigando es qué parte se encuentra en prenda. Si la de Braun Llona (25%) más una parte de la fundación (26%) o solamente la que corresponde a la fundación.

AUTOCHEQUES

En la querella por estafa en contra de Braun Lyon, una de las aristas que actualmente se está investigando, según fuentes de tribunales, es la efectividad de la compra de las acciones de las empresas de Cruzat de parte de la fundación. O si, por el contrario, los dineros no llegaron a la fundación y fueron desviados mediante un sistema fraudulento que se conoce como “autocheque”.

Para que el dinero de la fundación, materializado en acciones, llegara hasta las empresas de Manuel Cruzat, se habría recurrido a CB Corredores de Bolsa S.A. (propiedad del Grupo Cruzat) con el fin de que ésta realizara la venta en el mercado bursátil. La corredora habría pedido a un banco de la plaza que emitiera vales vista por el valor de las acciones a nombre de la fundación. El banco habría realizado la operación, pero antes de que éstos llegaran a la fundación habrían sido endosados y traspasados a las empresas de Cruzat. Para evitar que el dinero de las acciones no figurara como desaparecido, la fundación habría emitido un cheque por el mismo valor de las acciones, cheque que luego se depositaba en la cuenta de la misma institución. Como la fundación no tenía fondos los cheques rebotaban. Pero como no existe el autoprotesto por cheques sin fondos, la operación no habría sido detectada.

Según antecedentes de tribunales, esta práctica habría quedado el descubierto luego de que confesara un funcionario de la fundación.

PELEA A MUERTE

El pronunciamiento del Ministerio de Justicia de la semana pasada, además de establecer que el nombramiento de Braun Llona en el directorio de la fundación fue irregular, dio la razón a Elsa en cuanto a la estructura original de la fundación. Señala que se debe restablecer “que los miembros del consejo directivo son cinco personas y que uno de ellos deberá ser siempre quien ocupe el cargo de director o rector o jefe de alguna de las universidades de Valparaíso”.

Dos días antes de la resolución del Ministerio de Justicia, la misma cartera había recibido una presentación de parte de Juan Braun Lyon, donde informa que el consejo de la fundación había resuelto “alejar” a las hermanas Poklepovic Braun del directorio, luego de ausentarse de la última reunión del mismo. Braun Lyon argumenta que éstas habrían realizado acciones para bloquear la cuenta corriente de la fundación, entorpecer la presencia en Fepasa y apropiarse de libros de cheques y contabilidad. No obstante, el 9 de noviembre el Ministerio respondió que para evaluar la “pertinencia” de dicha decisión se debían entregar antecedentes que no estaban en la presentación, acreditar la legalidad de la citación a la reunión y que se le remitan los antecedentes del debido y justo proceso, para dicha determinación. Las hermanas ya hicieron sus descargos y, según trascendió, el ministerio no permitirá que sean alejadas del directorio. De esta forma, las mujeres tendrán un sillón asegurado en la próxima reunión del consejo, fijada por el ministerio para un plazo máximo de 30 días y que tendrá, entre otros fines, arbitrar “los medios para que se designen las personas que en él ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente”, dicta la resolución del Ministerio de Justicia. Este medio intentó conversar con Juan Braun Llona, pero su asesor Mario Velasco dijo que éste no va a hablar porque se trata de un tema de familia. LND

Según la investigación, las personas 'creyentes' confían mucho más en la existencia de la vida eterna (56,7%) que las 'no creyentes' (18,5%), mientras que la mayoría de las personas que se declararon 'no creyentes' (40,7%) está convencida de que tras la muerte se termina todo.

Por otra parte, mientras más jóvenes son las personas, más creen que tras la muerte existe la reencarnación. Un 29% de los jóvenes creen en la reencarnación, mientras que solo un 15,8% de las personas de 60 años o más cree lo mismo.

Sin embargo, llama la atención que, en general, las personas creen menos en la existencia del infierno que en la del cielo, pues la encuesta revela que mientras el 96,9% de los creyentes cree en el cielo, solo un 76,2% de ellos cree en la existencia del infierno.

Además, a mayor edad, mayor es el porcentaje de la población que cree que existe el cielo, ya que los jóvenes entre 14 y 29 años sólo el 84,7% de los que fueron encuestados cree en el cielo, mientras que el 100% de los encuestados mayores de 60 años cree en él.

Un aspecto interesante en este sentido es el hecho de que mientras más bajo es el nivel socioeconómico de las personas, mayor es su creencia en el infierno.

Por otra parte se destaca que 57,1% de las mujeres dice creer en la vida eterna mientras que sólo un 40% de los hombres afirma lo mismo.

En otro ámbito, se observa en la muestra que a mayor edad aumenta el rechazo a la celebración de Halloween, ya que mientras al 19,2% de los jóvenes ente 14 y 19 años le parece mal celebrar esta costumbre, esta apreciación aumenta en los mayores de 60 años a un 57,9%.

Por otro lado, la encuesta identifica que el rechazo a esta celebración es mayor en los estratos socioeconómicos altos, alcanzando un 52,9%, mientras que en los sectores más bajos de la población, éste llega al 38%.

Por otra parte, el 85,2% de los encuestados afirmó conocer la razón del feriado del 1º de noviembre, siendo los de menor edad, es decir, el rango entre los 14 y 19 años, quienes menos información tenían al respecto, ya que sólo el 73,1% conocía la respuesta.

El estudio fue realizado los días 27 y 28 de octubre, a través de una encuesta telefónica con sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), aplicada a habitantes de las 34 comunas del gran Santiago urbano a mayores de 14 años con un total de muestra de 400 personas

Foto: Es altamente probable que Sebastián Piñera, a catorce años de ocurrido este episodio, aún desconozca todos sus detalles. 

Sábado 22 de septiembre de 1992. El periodista Santiago Pavlovic de TVN -previa producción y autorización de la directora de prensa, Patricia Politzer- difundió una entrevista con un N.N. quien aseguró haber trabajado para el entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y reveló cómo se interceptaban las conversaciones telefónicas entre políticos de todos los espectros. Las palabras del N.N., como se ha conocido hasta ahora, agregó toda la cuota de misterio que faltaba en el caso que llenaba los titulares de los diarios: el espionaje telefónico al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera (RN). Éste se destapó el 23 de agosto de ese año en el programa de Megavisión “A eso de...”, cuando el empresario Ricardo Claro divulgó la grabación de una conversación entre Piñera y Pedro Pablo Díaz.

Luego de catorce años La Nación revela la identidad de este anónimo agente, el trabajo que realizó en la Unidad Popular; las actividades que ejecutó el Servicio Secreto del Ejército (SSE) para que se entregara; la trama del BIE y la mano de Pinochet que constan en las declaraciones -a las que tuvo acceso este diario- y que forman parte del proceso que sustancia el ministro en visita Alejandro Madrid, por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

La información cobra relevancia, además, por un reportaje publicado el pasado viernes por revista “Qué Pasa”, donde detalla otros pasajes de esta historia.

Historias de un infiltrado

Luis Romero Andrade ingresó a la Escuela de Suboficiales del Ejército en 1966, donde permaneció un año, retirándose voluntariamente. Tres años después, en 1969, llegó a la entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), donde fue capacitado por cerca de un año y medio para luego ser destinado a la I Región. Allí, como supervisor de radio estación e “infiltrado para la inteligencia del Ejército, estuve trabajando en 1972 para verificar las filiaciones políticas de los uniformados”.

Así, el 11 de septiembre de 1973 Romero Andrade siguió colaborando desde la radio estación Loa de Entel para que la inteligencia militar supiera hasta los más ínfimos detalles.

En 1981 pasó a integrar la comitiva de seguridad de Pinochet, en el marco de su destinación al Departamento F-3 de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

“En 1990 fui destinado al BIE… donde mis jefes eran el mayor Arturo Herrera Morales y el capitán Enrique Lehuedé… en el lugar éramos unas cincuenta personas y funcionábamos en Alameda con García Reyes”, declaró Romero Andrade a fojas 6.029 del proceso.

El ex operador relató que, una vez que salió a la luz el caso del Piñeragate, y como Herrera y Lehuedé “aparecían negando todo y como yo sabía fehacientemente que esas actividades se hacían tomé contacto con Patricia Politzer, jefa de prensa de TVN, la que a su vez mandó a un periodista para posteriormente dar una entrevista a Santiago Pavlovic, la que posteriormente salió al aire”.

El agente secreto

La historia del denunciante anónimo no terminó allí. Luego viajó a Argentina, donde tenía un familiar. Pero como los brazos del espionaje son largos, fue identificado el lunes 24 de septiembre.

A cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) estaba el general Eugenio Covarrubias quien llamó a un hombre con expereiencia para la misión ¿Su nombre? Luis Zamorano Soto, experimentado agente del SSE (ver recuadro). Este último, antes de dirigirse a Buenos Aires, le pidió a Covarrubias viajar con el padre de Romero Andrade, también empleado de la institución. Así fue como el llamado N.N. fue convencido de volver a Chile y enfrentar la justicia militar, que lo procesó por sedición.

En estos hechos siempre estuvo presente Pinochet. Si bien “Qué Pasa” sólo deslizó su responsabilidad en ellos, la historia de los ‘90 deja claro que no podía menos que saber.

El “Cova”, el oficial clave de la transición

Eugenio Covarrubias es un general (R) procesado en dos causas criminales distintas, el caso Berríos y Huber, por el delito de asociación ilícita. Del círculo de hierro de Pinochet director de la DINE y luego miembro del comité asesor, donde llegaban todas las transcripciones de las intercepciones del BIE y de Telecomunicaciones. Sus colegas lo definen como un oficial con un alto sentido de fidelidad a la gélida reserva de la inteligencia. Para el caso del espionaje telefónico debió mover todos los medios para evitar que trascendieran más detalles. De hecho, envió a un equipo especial de “interrogadores” para que convencieran al capitán Diez de autoinculparse y guardar silencio, lógica militar que este último mantiene hasta hoy. Según declaró Diez a “Qué Pasa”: “Lo único que puedo decir es que no me referiré al tema, porque tengo un compromiso de lealtad muy arraigado”.

Varios procesos judiciales prueban fehacientemente que Pinochet fue el gran articulador de todas las grandes operaciones ejecutadas los primeros años de la década 90 para su provecho. Una de ellas en el secuestro y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Según el ex jefe de la DINE, general (R) Hernán Ramírez Rurange, fue el ex dictador quien el dio la orden de sacarlo de Chile para evitar que declarara en el caso Letelier. Así, las responsabilidades de Pinochet quedan claras también en los casos Prats, Tucapel Jiménez, se investiga si en la muerte de Eduardo Frei Montalva, entre otros. Pero un detalle de carácter administrativo es el que logra englobar todos estos hechos y es el oficio reservado de la Comandancia en Jefe del Ejército firmado por Pinochet que definió las funciones de la Auditoría General del Ejército (AUGE) y que institucionaliza la práctica de los seguimientos judiciales de causas de personal del Ejército involucrado en procesos criminales junto con la DINE.

Tuvo una semana de locos. Como organizador y productor del acto de celebración de los 18 años del triunfo del No que se realizó en el ex Congreso de Santiago el pasado jueves, Igor Contreras Jeria (PS), primo en segundo grado de Michelle Bachelet, recién pudo bajar el ritmo de trabajo el viernes.

A diez meses del accidente del bus en que viajaba de regreso de un evento de cierre de campaña de “Jóvenes por Bachelet”, en el que murieron cuatro personas, entre ellas el sonidista del grupo Saiko, Ricardo Burgos, Contreras dice que está cerrando una etapa difícil con saldo positivo. El accidente que casi le cuesta la vida le obligó a tomarse las cosas con calma y reforzó su interés por la política. “Quizá físicamente quedé entero, pero me ha costado aprender cosas que antes hacía con facilidad. De todos modos, sentirse vivo es espléndido, es una sensación muy extraña pero bonita a la vez”.

–¿Qué recuerdas del accidente?

–Fue terrible. Pero no te sabría especificar, tengo una mezcla de recuerdos sin tiempo. Sé que veníamos conversando con Denisse Malebrán, pero no tengo recuerdos de unos 20 minutos antes del accidente. Sé que ocurrió y nada más. Tengo borrada la memoria del hecho y cuesta, cuesta mucho. El viaje a Temuco yo traté de evitarlo de mil maneras, pero tuve que ir. Es triste lo que nos pasó. Hasta el día de hoy pesa. Me duele la muerte de Ricardo, uno de los técnicos de Saiko.

–¿Cómo fue tu proceso de recuperación?

–Me ha costado. El hecho de saber que fui declarado muerto y tratar de entender que no lo estoy es difícil. Morirse es realmente sencillo. El problema es la gente que se queda. Hoy vivo la sociedad, mis emociones, de manera diferente y siento que todos los seres humanos valen la pena. Por eso ahora estoy enfocando ese aprendizaje y forma de ver el mundo en política.

–Antes del accidente muy pocas personas sabían que eres pariente de Bachelet. ¿Por qué preferiste el anonimato?

–No se trata que preferí. No necesito utilizar apellidos o parientes para convertirme en alguien. Soy Igor y punto. Y así fue en el comando. A quien se enteraba de mi apellido y hacía el alcance de nombre y me preguntaba, lo reconocía, pero no tenía por qué andar publicándolo. Mi interés era muy sencillo: quise trabajar en la campaña de Michelle por mucho cariño a la familia y porque sentí que era lo correcto. Consideraba que era importantísimo que Michelle fuese Presidenta de Chile. Era parte de cerrar una etapa del país.

EL ACTO DEL NO

–¿Qué te ha parecido su Gobierno?

–No es fácil hacer un Gobierno en el cual quieres que la ciudadanía participe. Creo que hay que darle más tiempo. Pero el hecho de trabajar hoy para construir un presente digno haciendo las cosas correctas, básicamente es para poder tener un mejor futuro.

–Estás vendiendo el eslogan del acto del No.

–Bueno, sí, me hice cargo de la gráfica y eslogan de la celebración: “Concertación, presente y futuro de Chile”. ¡Pero es que es un hecho! Hay que entender que con la victoria del No, no se trata de que llegó la alegría magnífica, de que seamos todos felices y amigos, sino de que tenemos la posibilidad de trabajar para construir un país mejor.

–En ese sentido, ¿cómo ve a la Concertación un recién llegado a la política?

–Después de 18 años de democracia te das cuenta que hay muchas cosas por hacer y arreglar, tener una Constitución digna, por ejemplo. Hoy en día, más importante aún es que los jóvenes se integren a la política y que crean en la democracia. El hecho de que los pingüinos pudieran salir a la calle a reclamar es un triunfo democrático.

–A principios de mayo, el Gobierno no pensaba lo mismo.

–La explosión juvenil era bastante previsible. Quien no se haya dado cuenta creo que debería replantearse su trabajo político, porque era evidente que algo así iba a ocurrir. El trabajo que hicimos como Jóvenes por Bachelet apuntaba a eso. Fue una lástima que no haya seguido.

–¿La Concertación no permite que la generación de recambio surja?

–No se trata de sacar personas para poner otras. Tiene que haber una evolución. Hay gente muy capaz dentro de la Concertación que en algún minuto irá dejando espacios para los que vienen. En el PS está ocurriendo con la gente de mi edad.

CHÁVEZ Y LA DC

–Viviste tu infancia en Venezuela.

-Soy venezolano en cierta medida, porque me crié y eduqué en Venezuela debido al exilio de mis padres.

–¿Compartes las críticas que se le hacen a Chávez?

–Se critica excesivamente al Gobierno de Chávez. La información que llega no es muy real. Cuando estás en Venezuela te das cuenta que es un país que avanza y la gente pobre, por primera vez en su vida, está teniendo la posibilidad de surgir.

–¿Chile debe votar por Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU?

–Es una decisión de la Presidenta. De lo que conozco a Michelle sé que es una mujer muy capaz, y por ciertas intimidades familiares, de la forma en que somos los Jeria, sé que va a hacer lo correcto. Somos duros.

–¿Qué significa hacer lo correcto?

–El Gobierno de Chávez ha sido para los pobres, lo cual es justo. Antes de su llegada al poder, Venezuela era un país con una clase adineradísima que necesitaba que el 70% del país fuese pobre o indigente, y eso no puede ocurrir. Chávez es un Presidente elegido democráticamente con el voto popular, aunque le pese a la oposición.

–La DC se ha manifestado contraria a Chávez, a diferencia del PS, partido en el que militas.

–Son posturas de cada partido. Quizá sería bueno que gente de la DC fuera a darse una vuelta por Venezuela para que vean la realidad como es y no como se la venden.

“Y verás cómo quieren en Chile

al amigo cuando es forastero...”

Chito Faró

 “Tompkins está recibiendo respuesta a su actitud egocéntrica. Uno no es ecologista si actúa de espaldas a la comunidad. Él cree que las personas están de más y que sólo importa la naturaleza. Y lo demuestra con lo que le pasa en Argentina y Chile”, cuenta molesto el senador (RN) Antonio Horvath, en alusión a la polvareda levantada luego que el fundador del Parque Pumalín, Douglas Tompkins, afirmara que antes de definir el trazado del nuevo camino en la X Región, se le debe compensar económicamente.

Todos quedaron plop. Días antes, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, señaló que la mejor opción para la ruta austral es por los predios de Pumalín, de 290 mil hectáreas, y que el Estado se acogería a la existencia de una faja de 100 metros, que se dejó para el emplazamiento de caminos, antes de que se declarara santuario de la naturaleza.

Pero Tompkins argumentó que Fundación Pumalín no pierde la propiedad de esa franja y que el Estado tiene la obligación de expropiar y hacer un estudio de impacto ambiental (EIA), en caso de realizar el camino (ver entrevista). Bitrán afirmó que hará valer “todos los derechos del Estado” fijados en acuerdos. Parlamentarios de diversos sectores dijeron que el Gobierno no debe aceptar “presiones” del empresario y el alcalde de Chaitén, Luis Gallardo, lo trató de “gringo cabrón”.

Todo indica que la guerra de declaraciones tiene para rato. Para el senador Horvath, Tompkins no sólo exige un derecho legal –que se le expropie, se le pague y pedir en tribunales una indemnización adicional–, sino que también ha planteado que “se opondrá al camino con todos los resortes legales, publicitarios e incluso a través de un chantaje al decir que ‘va a exigir una indemnización millonaria y a generar un movimiento para que las personas demanden al fisco’. Eso es una presión indebida”, afirma Horvath, adversario histórico del ecologista, el segundo mayor propietario privado en Chile, tras el grupo Angelini.

LA FIEBRE DE EXPROPIACIÓN

Tan convencido está el senador por la XI Región, que el viernes pasado se reunió en La Moneda con el ministro del Interior, Belisario Velasco, y le entregó una misiva donde solicita –de acuerdo a la Ley de Extranjería– revocar la visa de turista a Douglas Tompkins, condición que aún mantiene. “Desde su ingreso ha realizado actos contrarios a los intereses de Chile, siendo legalmente procedente la revocación de su visa”.

En la carta, Horvath detalla las razones por las cuales el magnate no debería seguir en nuestro país: “Su intención es obtener indemnizaciones tan onerosas, que impidan la construcción del camino que constituye un anhelo de los habitantes de nuestro sur austral. Haciendo más evidente este burdo chantaje al Estado de Chile, el magnate agrega que en el caso que se opte por construir el camino que él plantea, no solicitará indemnización alguna y ofrece desde donar los terrenos necesarios”, señala la misiva.

Junto con cancelar la visa, Horvath solicitó al Ejecutivo urgencia para un proyecto de ley, actualmente en el Senado, que prohíbe la compra de grandes extensiones de terreno en zonas fronterizas que impidan la continuidad territorial del país. Además, el senador prepara dos proyectos al respecto: uno para facilitar expropiaciones para caminos públicos que unan regiones, y otro que criminaliza la conducta de chantajear al Estado y evitar la concreción de proyectos de utilidad pública.

“El ministro del Interior dijo que estudiará los cuatro temas que le plantee y se manifestó positivamente a hacer un camino sin transbordos, que según el ancho que se le dé tiene un costo entre 50 y 70 millones de dólares”. El trazado definitivo de la vía se dará a conocer en octubre, una vez que el ministro Bitrán conozca los informes de la consultora R&Q y del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT).

ENEMIGO PÚBLICO

Tompkins dijo a la prensa transandina que por el momento tiene más dolores de cabeza en Argentina que en Chile. Hasta agosto, “Doug” era casi un perfecto desconocido para los argentinos. Pero el “low profile” que cultiva cambió del cielo a la tierra el 10 de agosto pasado, cuando el subsecretario de Tierras para el Hábitat Social argentino, Luis D’Elía, cortó las tranqueras del fundo El Tránsito –de Tompkins–, acusándolo de “responder a la inteligencia norteamericana” y de “querer quedarse con los recursos estratégicos de la Argentina”. Con apoyo de un grupo de diputados kirchneristas, el ex piquetero inició una cruzada para quitarle parte de las 240 mil hectáreas que Tompkins posee en Corrientes, junto a los esteros del Iberá, y que forman parte del acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios de agua del planeta.

Mientras D’Elía ingresaba a El Tránsito, Tompkins estaba en África piloteando una avioneta con un amigo que estudia los elefantes. Se enteró por mail y no se sorprendió. “De Argentina puedo creer cualquier cosa. Los propios argentinos me enseñaron eso”, señaló Tompkins a la prensa trasandina.

Desde 1997, cuando Tompkins comenzó a comprar tierras en Argentina –hoy posee más de 350 mil hectáreas, y ha donado 65 mil para parques nacionales–, nunca tuvo problemas con las autoridades. Pero bastó ese incidente para que brotaran los comentarios más diversos sobre un hombre cuya fortuna asciende a más de 200 millones de dólares y que compró más de 800 mil hectáreas en Chile y Argentina.

El ecologista dijo que “en Argentina la oposición en mi contra hace lo mismo que hicieron en Chile”, pero está seguro de que, si las cosas se hacen bien, con el tiempo los resultados hablan por sí solos. “Hoy, cualquier taxista de Santiago habla conmigo de los bosque nativos. Eso mismo pasará acá, aunque Argentina está más atrasada en cuestiones medioambientales. Chile tiene otra historia y personalidad como país. Los argentinos tienen mucha sangre italiana y necesitarían un poco de sangre alemana para ser más ordenados”, señaló al diario “Perfil”.

Allende los Andes, los detractores de Tompkins estiman que compró grandes extensiones en el Iberá para quedarse con las reservas de agua. Pero él dice que hay mucha paranoia y prejuicios. A un grupo de periodistas correntinos les contó que “contratamos un pocero que perforó al acuífero hasta China; y de noche, al rotar la tierra, se transporta el agua a ese país y evitamos pagar el traslado y sacarla en botellas”, ironizó “el dueño del agua”, uno de los tantos motes que le cuelgan los argentinos.

PLATAS VERDES

Pero todo indica que sus conflictos en suelo criollo están lejos de terminar. El viernes pasado trascendió que el titular del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, Marcos Kusanovic, dejó sin efecto el procesamiento del médico Julio Contreras y a su ex esposa, Ivette Martínez, por un problema de platas de la ONG Amigos de Yendegaia, vinculada con la Fundación Conservation Land Trust (CLT), creada y presidida por Tompkins.

En marzo de 2003, la fundación del ecologista se querelló contra Amigos de Yendegaia por presunta apropiación indebida de 70 mil dólares.

La historia se inició en 1998, cuando la organización formada por Ivette Martínez –apoyada por CLT, el suizo Ernst Beyeler y el estadounidense Peter Buckley, entre otros– compró 40 mil hectáreas de bosques en el sector de Yendegaia, al sur de Tierra del Fuego, para conservarlo y evitar la incursión de los forestales. La inversión, de 2,5 millones de dólares, incluyó la compra de la estancia Yendegaia al ganadero Miguel Serka.

Pero una auditoría externa encargada por CLT reveló que había 70 mil dólares no rendidos por Martínez ni Contreras, por lo que se entabló una querella para aclarar el destino de ese dinero. En ese entonces, la organización Amigos de Yendegaia se había disuelto y los terrenos traspasados a la Fundación Yendegaia, que preside Adriana Hoffman, ex directora de Conama.

En abril de 2005, el magistrado Pablo Zavala estimó que hubo apropiación indebida de 40 millones de pesos, lo que implicó la privación de libertad por tres semanas en la cárcel local de Martínez y Contreras. Pero a fines de agosto pasado, el juez Kusanovic estableció que sólo hubo desorden administrativo y no apropiación indebida de dineros.

La abogada del Proyecto Pumalín, Macarena Soler, señaló que “CLT se desvinculó del proyecto y lamenta que la colaboración prestada para adquirir este predio no haya servido para realizar ningún proyecto de relevancia en materia de conservación”.

Soler no cree que CLT y Tompkins hayan perdido una batalla legal. Y pese a que podría declararse el sobreseimiento definitivo de la causa, la abogada aseguró que realizaran “las gestiones necesarias para que se esclarezca la responsabilidad por los dineros faltantes. Nuestros abogados solicitarán nuevas diligencias dentro de los plazos establecidos”.

Ivette Martínez, quien era cercana a Tompkins, prefirió no referirse al tema. Su ex esposo, Julio Contreras, fue tibio al hablar sobre la resolución y dijo que su interés es que se concrete el proyecto de conservación que partió de la compra de la estancia Yendegaia. LND

¿Qué le parecen las apreciaciones del alcalde de Chaitén, Luis Gallardo, que lo calificó de “gringo cabrón” por pedir indemnización al Estado debido al camino que cruzará por Pumalín?

–No muy cortés.

–¿Sigue considerando que el Estado debe pagarle por el trazado de la carretera Austral antes de definir un nuevo proyecto vial?

–Puede que haya algunos propietarios en Chile que estén dispuestos a renunciar a las compensaciones legales que le corresponde a cualquier propietario que sea expropiado para realizar trabajos públicos. De hecho, donamos tierras, sin cobro alguno, para la construcción del camino de Puerto Raúl Marín Balmaceda habiendo hecho un acuerdo de caballeros con Vialidad respecto al trazado y al tipo de camino. En todo caso, una vez que había firmado la entrega de los seis kilómetros de camino, Vialidad no cumplió con su parte e hicieron el camino por donde quisieron y no como lo habíamos acordado. También donamos, sin cobro alguno, el aeródromo de Puyuhuapi, por el que nunca recibí siquiera una palabra de agradecimiento. Además, el año pasado hicimos la donación de tierras más grande de la historia del país: 80 mil hectáreas para la creación del Parque Corcovado, actualmente inscritas a nombre del fisco.

Hemos gastado mucho dinero en arreglar los desórdenes que ha dejado Vialidad en la comuna de Chaitén, particularmente en el camino que atraviesa Pumalín, de manera que sea un atractivo para los turistas y atraiga más visitantes a esta provincia. Por todo esto, es desagradable escuchar las críticas de ciertos diputados desinformados, quienes no han revisado los documentos. Tampoco comprenden los alcances de éstos respecto al propuesto camino o el hecho de que nunca hemos sido compensados, como lo estipula la ley, por el camino que atraviesa nuestra tierra. Le hemos dado a nuestra provincia y al país mucho más que cualquier otro, sea chileno o extranjero.

Esta vez, y luego de varias experiencias no muy gratas con Vialidad, vamos a pedir lo que nos corresponde como propietarios, dentro de lo que estipula la ley. Lo irónico de esta situación es que los legisladores y autoridades, de alguna manera piensan que pueden exigir algo que no está en la ley. Algunos legisladores, que conocen la ley, han expresado nuestro derecho a demandar compensación por expropiaciones como lo haría cualquier persona, y eso es exactamente lo que vamos a hacer.

Lo que estas personas ignoran son las leyes existentes, no conocen el protocolo que firmamos con el Gobierno, en el cual no se señala que la faja que quedó excluida del santuario de la naturaleza sería donada al Fisco.

PRESIONES Y ACUERDOS

–El senador Antonio Horvath y el diputado Gabriel Ascencio han señalado que el Gobierno no debe aceptar “presiones inaceptables”, respecto a su intención de iniciar acciones legales si no recibe indemnización por el trazado de la ruta.

–No estamos en posición de presionar al Gobierno ni a nadie, y este no es un tema que tenga que ver con la presión. Desafortunadamente, el senador Horvath y el diputado Ascencio han malentendido esto. Nosotros estamos hablando de las leyes existentes. Como legisladores deben conocer bien las leyes del país. Nosotros tenemos el derecho, como cualquiera, a pedir una compensación por la tierra que se nos expropie. El fisco nunca ha regularizado la situación de la tierra en la primera sección de la carretera Austral, pagando las compensaciones debidas. La pregunta para los legisladores es: ¿por qué el MOP no estaría dispuesto a pagar sus obligaciones? Me gustaría saber sus respuestas antes de ser acusado de ejercer presiones inaceptables.

–¿Bajo qué condición podría desistir de entablar una demanda? ¿Qué experiencias tiene en este tipo de batallas?

–Actualmente tenemos una mala experiencia con Vialidad en Chaitén, donde hace siete años realizaron un camino, para lo cual pasaron por una propiedad nuestra, dinamitando parte de ella, sin ser expropiada y sin recibir indemnización alguna hasta el día de hoy.

–¿La petición de indemnización no se contradice con el acuerdo previo a la declaración de santuario de la naturaleza de Pumalín en 2003? Ahí se establece una faja de 100 metros que se dejó para el emplazamiento de caminos.

–En ningún momento hemos renunciado a la propiedad de la faja como tampoco desistimos de nuestro derecho a indemnización. Es necesario insistir en el hecho que la Fundación Pumalín no ha perdido la propiedad de la faja de 100 metros. Ésta sólo quedó excluida de la declaración de santuario de la naturaleza. Cualquiera que lea el acuerdo se dará cuenta de esto. El Gobierno no puede hacer acuerdos que estén fuera de la ley. Recuerdo que en una reunión del Core en Coyhaique, el senador Horvath junto a otros trataron de llegar a acuerdos con nosotros que no están contemplados en la ley, para intercambiar tierras fiscales por las del camino. Nosotros como broma les dijimos que se las cambiábamos por el aeropuerto de Los Cerrillos… no se rieron.

–El ministro Bitrán dijo que hará valer “todos los derechos del Estado” fijados en acuerdos. ¿Sigue creyendo que la ruta costera da mejor conectividad a la zona que el trazado interior?

–Mantenemos que lo más razonable, por ahora, es construir el camino más corto y más económico, que es la ruta costera, ya que esto soluciona de forma inmediata el tema de la conectividad. Luego, cuando haya una mayor demanda y los fondos necesarios, puede construirse el camino por Pumalín. Todas nuestras razones son de sentido común, pero este tema ha perdido la razón y la lógica y se ha transformado en el juego de quién grita más fuerte, por gente que no ha mirado el proyecto en su totalidad. Es un tema político que ha perdido su lógica, lo que va a dar como resultado, desde mi punto de vista, un gasto irresponsable de dinero de los contribuyentes. Tengo la esperanza de que se mire el tema de forma más razonable y comprensivamente.

–¿Hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de impedir que el camino atraviese Pumalín? ¿Qué tipo de acciones legales tiene en mente?

–Nosotros no vamos a impedir nada, esta es una distorsión del asunto. El tema tiene que ver con que vamos a estudiar y seguir muy de cerca el estudio de impacto ambiental, un derecho que todos tenemos. Recurriremos a todas las instancias legales necesarias para obtener las indemnizaciones y reparaciones que correspondan de acuerdo a la ley.

–¿Cree que los conflictos que está experimentando, tanto en Chile como en Argentina, son aislados o tienen que ver con una señal de intolerancia de ambos gobiernos hacia este tipo inversión extranjera?

–El Gobierno de Chile no ha mostrado intolerancia hacia la inversión extranjera, aunque algunos legisladores y una fracción de la ciudadanía están en contra de ésta. El tema de Argentina es totalmente diferente.

EL PIQUETE DE CORRIENTES

–¿Piensa que en Argentina existe una campaña de desprestigio en su contra? ¿Quién encabeza dicha ofensiva comunicacional?

–Siempre los temas políticos van acompañados de campañas de desprestigio, por lo que no me sorprende. En este tipo de casos, la oposición le tira basura a cualquiera de cualquier forma posible. Así es el mundo.

–¿Contempla irse de Argentina por los conflictos con Luis D’Elía? ¿Cómo han avanzado las negociaciones con las autoridades correntinas por el litigio planteado?

–Nunca he pensado en irme de Argentina. Creo que este gran alarde sobre expropiación caerá por su propio peso y nada prosperará. El Gobierno de Corrientes no ha apoyado ningún proyecto de expropiación masiva.

–¿Cree que el Gobierno argentino está en una posición compleja con D’Elía, debido a que lo contrataron para no tenerlo del otro lado?

–No sabría decirle, cualquier opinión sería simplemente una conjetura.

–El subsecretario de Tierra y Vivienda ha dicho que usted intentaría quedarse con “el agua” de la provincia de Corrientes a través de la compra de terrenos sobre el acuífero Guaraní.

–Esto por supuesto es irrisorio, no se puede tomar en serio.

–¿Qué opina su esposa, Kristine McDivitt, respecto al conflicto de Corrientes? Ella debió enfrentar sola a D’Elía mientras usted estaba de viaje en el África.

–Ella tiene toda la capacidad de lidiar con temas de esta naturaleza y maneja las situaciones profesionalmente, usando la razón y la lógica.

–Ha dicho que el centro de su vida está en Argentina. Sin embargo, en ese país enfrenta no sólo a D’Elía, sino a un grupo de diputados kirchneristas que impulsan un proyecto de ley de expropiación.

–La política en Argentina a menudo es difícil de comprender.

–Muchos cuestionan que las condiciones que estipulan para las donaciones son imposibles de cumplir. ¿Qué piensa al respecto?

–Hay todo tipo de gente cuestionándolo todo, acá y en todas partes del mundo. En su mayoría pareciera ser gente que le gusta opinar, pero que sabe poco o nada de lo que habla. Este parecer ser uno de esos casos.

–¿Qué opina de los otros empresarios que están comprando la Patagonia argentina y chilena?

–Desconozco detalles de sus compras, por lo que sólo podría contestar con conjeturas.

–¿Está en contacto con ellos? ¿Ha intentado sumarlos a su lucha?

–Por lo que yo veo no “hay lucha”, pero no estamos asociados con nadie para formar algún frente, si es esa la pregunta. LND

El juez, que arribó a Chile a las 7:40 horas, dijo en conferencia de prensa que “lo que espero es que esos procesos lleguen al final que deben, es decir a un juicio y que ese juicio termine con una sentencia, sea cual fuera esta, ahí está el respeto a la independencia del juez”.

Añadió que “yo respeto a la justicia chilena, estoy de acuerdo en las investigaciones que se están haciendo siempre y cuando vayan guiadas como doy por hecho en el sentido de aplicar la ley y no permitir la impunidad en casos tan graves como de los que estamos hablando”.

El magistrado de la Audiencia Nacional española descartó haberse sentido burlado en el momento que no logró la extradición de Pinochet a España y en cambio el ex dictador volvió a Chile en una silla de ruedas que abandonó apenas tocó territorio nacional.

“Yo no me sentí burlado de ninguna forma porque de alguna manera yo preveía que eso iba a suceder y alguno se sorprendió cuando dije previamente que iba a ocurrir esto, pero realmente la burla – si considera que se produjo- fue hacia las víctimas y no hacia el juez, que había cumplido con su deber y que justicias de dos países diferentes habían estado de acuerdo respecto a la legitimidad y legalidad de la orden”, enfatizó

Garzón se refirió al rechazo que causa su figura entre los partidarios de Pinochet, personalizado en la senadora Evelyn Matthei (UDI), quien dijo que le daría con un huevo en la cabeza. “Yo le diría que si quiere hacerlo lo haga, el único que problema que tendría yo es que me tendría que limpiar un poco el traje, pero no me importa que me lancen huevos, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo con o sin huevos(...) Yo creo que las cuestiones no se tienen que resolver a huevazos, se tienen que resolver con la ley en la mano”.

El diputado Rodrigo Álvarez planteó que la UDI no olvida “la infinita arrogancia de este juez llevó a desechar la jurisdicción chilena, a no respetar el Estado de Derecho en Chile y a considerar que éramos un país que no estaba capacitado para asumir sus debates o sus decisiones en materia de justicia y de tribunales".

Recalcó que es importante no olvidar “ese intento que desde legislaciones extranjeras podían dictarnos a los chilenos lo que teníamos que hacer, fue en algún momento criticado por los ex presidentes (Eduardo) Frei y (Ricardo) Lagos, por el ex ministro (José Miguel) Insulza, por la UDI y por los más importantes personeros de la Concertación y de la Alianza por Chile".

El juez fue recibido por representantes de agrupaciones de derechos humanos a primera hora en el aeropuerto. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido, Lorena Pizarro, sostuvo que “el juez Baltasar Garzón representa para Chile y también para la humanidad la necesidad de que los Estados se tienen que hacer cargo de enjuiciar a quienes cometen genocidios. Su visita en Chile sin duda enaltece al país, estamos hablando de un hombre que logró encarcelar a Pinochet en Londres, alguien que nadie imaginaba y que se concretizó por su decisión de hacer lo que tienen que hacer los jueces y que no hicieron nunca en los años de dictadura en Chile”.

A primera hora, la mesa directiva de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), tras reunirse con la ministra de Energía y Minería, Karen Poniachik, no escondió su preocupación por la duración y el desorden del proceso negociador.

El presidente del gremio, Alfredo Ovalle, dijo que durante el tiempo que lleva la huelga, ha habido muchas manifestaciones y quemas de neumáticos, “situación que ha perjudicando a la minería”, tomando en cuenta que la semana pasada, los operarios intensificaron las protestas en reclamo por la intransigencia de la empresa que no aceptó la rebaja de la petición primigenia de incremento de sueldo de 13% a 10%. Esto determinó que el jueves la firma de capitales anglo-australianos decidiera suspender las faenas del yacimiento, por no tener las garantías de seguridad necesarias.

En la otra vereda, el titular del Trabajo, Osvaldo Andrade, luego de aclarar que él no es un mediador en el conflicto y sólo ha actuado como facilitador del diálogo, dijo confiar en que el país no se vería afectado por los sucesos acontecido en le minera, destacado que la conflictividad laboral en Chile es menor si se compara con otros países.

“Creo que la lección de estabilidad que da Chile es notable y no es casual, en consecuencia, cada vez que uno hace una visita al extranjero lo que más se valora es precisamente este carácter, esta tranquilidad que tenemos”, sostuvo.

El secretario de Estado declinó referirse a la sensación de avance y retroceso que la negociación ha dejado en la opinión pública, toda vez que “esta es una relación bilateral porque el Gobierno sólo se ha limitado a crear un ambiente y un clima adecuado para que los convocados conversen”, insistió.

En este escenario, y con pérdidas estimadas para la empresa controlada por BHP Billiton de entre 15 a 20 millones de dólares diarios, la cotización del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (BML) no reaccionó a la huelga y cerró la semana pasada en 3 dólares 42 centavos la libra (una caída de 4,7% con respecto al viernes previo). Sin embargo, ayer varió el panorama y mostró un alza, que si bien fue moderada podría marcar tendencia. Así, el metal rojo repuntó 0,60% al transarse en 3 dólares 44 centavos la libra contado.

Huelga se mantiene

Al final del día y tras sufragar secretamente, el 98% de los trabajadores movilizados nuevamente no aceptó la propuesta de la compañía (que ofreció un reajuste salarial real de 4% y la entrega total de un bono de $ 12.500.000, si la negociación se establece a 3 años, y de 17 millones en el caso de 4 años). Fuentes de la empresa, habían adelantado que de ser rechazada esta nueva opción de entendimiento, ejercerían sus derechos legales como negociar individualmente y contratar reemplazantes de los operarios en huelga, lo que hace prever nuevos tiras y aflojas entre ambas partes.

El 30 de septiembre de 2004, el Ejército de Chile rindió por primera vez los honores militares al general y ex comandante en jefe de la institución Carlos Prats, asesinado 30 años antes en Buenos Aires en un atentado terrorista junto a su esposa, Sofía Cuthbert. La bomba que hizo estallar el auto donde iban ambos fue colocada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo que dependía de Manuel Contreras y, por tanto, de su superior directo, el general Augusto Pinochet.

Y ahora, resulta que el general Óscar Izurieta postula que corresponde rendir honores militares al general Pinochet cuando éste fallezca. Pasemos por alto la discusión de si es conveniente o no que Izurieta se pronuncie sobre el tema antes de que lo haga el poder político. Evidentemente, el solemne tirón de orejas que le dio la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, zanjó el asunto. Parece evidente que el comandante en jefe no ha salido a terreno últimamente y no ha visto lo inusual que resulta ver a un militar de alta graduación sosteniendo la cartera de la ministra mientras ésta pasa revista a las tropas. Pero mucho más extraño resulta ver a un general olvidándose de su subordinación y arrancándose por los tarros. Y no creo que sea porque Izurieta se quiera escapar con los tarros. Simplemente no ha entendido bien los cambios que se han producido en los últimos años, en los últimos quince años.

Ya no resulta eso de decir “nosotros nos mandamos solos”, ni de andar haciendo boinazos ni ejercicios de enlace truchos para presionar al Gobierno y que se termine una investigación por fraude, por meter las manos. El ex comandante en jefe es hoy un señor acusado en numerosas causas de asesinatos, torturas y violaciones de los derechos humanos. Y además todavía no logra explicarnos de dónde sacó esos 27 millones de dólares que lo acercan más a la figura de un dictador africano que a la impronta de los padres de la patria.

La proposición no fue respaldada ni siquiera por los traidores que hace diez años iban a soplarle las velitas de cumpleaños y que hoy le dan la espalda. Y es que ellos sí se han dado cuenta de que las cosas han cambiado. Ahora ya no se puede argüir, por ejemplo, que eso es lo que corresponde hacer por protocolo. El protocolo es forma y la decisión de a quién se honra es fondo. Y el fondo lo deciden aquellos que han sido elegidos por la manga de picantes que cada cuatro años vamos a votar a las urnas. Y si hace dos años se decidió rendirle honores al general Prats, fue porque se le debían. Porque la falta del hombre fue obedecer la Constitución y, llegado el caso, renunciar. No está de más recordar que su sucesor y recomendado derrocó al Gobierno 19 días después.

A Pinochet aún se le debe. Pero se le debe una larga lista de juicios que él se ha encargado de evadir a punta de maniobras poco heroicas.

Mientras eso no suceda, decir que hay que rendirle honores equivale a menospreciar a la justicia, a las víctimas y al sentimiento de justicia que una nación necesita para converger en un proyecto de futuro. Por otra parte, y ya que esto del plebiscito para terminar con el binominal ha puesto de moda aquello de la voluntad popular por sobre las decisiones de la almidonada clase política, habría que ver qué opina la civilidad sobre el temita.

No sea cosa de que después, cuando el caballero finalmente muera, tengamos de un lado a un destacamento castrense vestido de gala y por otro a una muchedumbre volcada a las calles bailando como si se hubiese restaurado el carnaval. Los civiles tienen mil maneras curiosas de tomarse venganza o, al menos, de emparejar las cuentas.

Conozco a más de uno que tiene guardadas un par de botellas de Carretillero del Diablo, un mosto espeso cuya etiqueta muestra al ex dictador en una carretilla rumbo a su última morada. Y no les puedo reprochar nada. A fin de cuentas, yo no estuve preso en Pisagua ni vi cómo se llevaban a mis compañeros de celda para un juicio del que salieron directo a un paredón de fusilamiento, cuando no a un infame asesinato disfrazado de ley de fuga o de liberación. Y cuando la propuesta es rendirle honores al hombre que comandaba a los asesinos, francamente me parece una desvergüenza. Me pregunto qué habría pensado el general Carlos Prats de la propuesta del general Izurieta. LND

Valparaíso / Santiago.-En un escenario marcado por la protesta pacífica que 300 trabajadores en huelga de la empresa minera Escondida realizaron en las puertas del Congreso la jornada de ayer mostró dos nuevas aristas de una paralización que se arrastra por 11 días: La posibilidad de que el Gobierno actúe como mediador y la reducción de las demandas salariales por parte del sindicato único de la firma controlada por la anglo-australiana BHP Billiton, lo que hizo prever un pronto término al conflicto.

“Hemos dicho desde un comienzo que nosotros entendemos que esto es parte de lo que los trabajadores y sus organizaciones siempre han peleado y que es el derecho a negociación colectiva y, en este caso, está una negociación en curso entre trabajadores y la empresa. Sin duda que el Gobierno, de haber un espacio para ayudar a que lleguen a buen puerto lo antes posible lo hará, pero éste es un tema entre privados y hay una legislación suficiente a ese respecto”, señaló la Presidenta Michelle Bachelet.

Horas antes, Pedro Marín, vocero de los trabajadores movilizados, reiteraba que el sindicato rebajó la demanda de aumento salarial desde el 13% al 10%, como una manera concreta de lograr consensos. “Hay una flexibilización de parte nuestra, hay un 10 por ciento solicitado formalmente. Se habla ahora de la flexibilización de los trabajadores y la misma importancia tiene que la empresa también flexibilice su postura. Aquí se trata de negociar, acordar, consensuar, y para ello se necesitan dos”, sostuvo el dirigente, tras salir de una primera reunión en Antofagasta.

Sin embargo, ya entrada la tarde y con una nueva cita entre ambas partes, el propio Marín reconoció que aun cuando la posición de los trabajadores fue la de llegar a acuerdos, el resultado de la mesa “fue poco productivo”.

“A diferencia de otros días, la empresa no se ha mostrado dispuesta a lograr consensos y no se cerró ningún punto. El sindicato cedió a sus peticiones, pero no hemos encontrado una respuesta similar. Quedamos con un gusto amargo y veremos lo que pasa mañana (hoy) en una nueva reunión”.

En un principio, los representantes de los 2.052 trabajadores de la mayor mina privada de cobre del mundo, pedían un aumento salarial del 13% más bonos y beneficios por otros 16 millones de pesos (cerca de 30.000 dólares). Por su lado, la empresa ofreció un alza del 3%, junto a beneficios cercanos a 11 millones y medio de pesos (21.000 dólares) por trabajador.

Valparaíso

El nuevo encuentro echó por tierra las palabras de confianza expresadas con anterioridad por el presidente del sindicato único de trabajadores, Luis Troncoso, y del propio mercado internacional del cobre (ver dato), cuando desde Valparaíso reconoció un acercamiento en el proceso de negociaciones.

“Se puede decir que hemos producido lo que es un acercamiento en función a los temas que nos interesan”, afirmó el dirigente con el ruidoso coro de sus colegas movilizados de fondo.

Troncoso fue recibido por la Comisión de Minería y Energía de la cámara baja que preside Jaime Mulet. “La idea -dijo- fue llamar la atención de los parlamentarios para que se legisle y se busquen soluciones a los problemas que hay en el Código del Trabajo, pues son demasiadas las garantías que existen en cuanto a los trabajadores de reemplazo en un proceso de huelga”, al tiempo que recordó que ese tema lo abordaron con la Presidenta antes que asumiera.

En este nuevo escenario, se vislumbra que hoy nuevos piquetes de huelguistas bloquearán nuevamente el acceso a la mina, situada a unos 180 kilómetros al sureste de Antofagasta y a unos 1.350 de Santiago. Además, los representantes del sindicato esperan reunirse en la Central Unitaria de Trabajadores con otros actores relacionados.

Con una caída de 1,58% cerró ayer el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en 3 dólares 42 centavos la libra contado ‘grado A’, que se compara con los 3 dólares 48 centavos del martes y los 3 dólares 59 centavos del lunes.

Producto de ello, el promedio del mes retrocedió a 3 dólares 54 centavos, aunque el anual escaló a 2 dólares 91 centavos.

Según analistas, citados por la Agencia ValorFuturo, el avance alcanzado en las últimas 48 horas de negociaciones en la Minera Escondida hacen creer al mercado de que la huelga se extenderá a más tardar hasta el domingo.

Todo terminó como empezó, con discursos. En la cocinería y residencial El Encuentro, casi junto al muelle de Ancud, la intimidante mujerona que atendía estaba con los lentes aceitosos de frituras cuando Michelle Bachelet habló. Una anciana regordeta y bajita vestida como un mísero cirujano. Hacía “churrascos”, subespecie de sopaipilla chilota sin zapallo, de feo aspecto y sabor regular.

A las siete de la tarde del jueves, Ancud estaba mojado y silencioso. Durante toda la semana, las radios Bío-Bío, Estrella del Mar y Tepual habían machacado con la misión de los 10 alcaldes chilotes a La Moneda. Fue tanto que a partir de las cuatro del jueves, cuando Pablo Ossio, el alcalde de Ancud –que tiene un importante conflicto por un supuesto fraude investigado en la Contraloría, y que ha liderado la corriente favorable al puente–, anunció a todo micrófono “que sería la propia Presidenta la que daría la respuesta final”. Todo Chiloé se detuvo. Estaban con un ojo en el televisor y un oído en la radio. Esperando. Algunos, listos para salir a la calle con el consabido uniforme del combatiente de los últimos días: güiñiporra de lana encima (gorro, chomba peluda, etc.), botas de goma, parka y banderas negras.

En la cocinería había dos parroquianos pegados a la tele y un periodista infiltrado.

–Cadena para solucionar el puente. ¡A lo que hemos llegado! –dijo la veterana doña Amanda. Cuando el discurso empezó se fijó en el traje:

–Yo esperaba que saliera con una chompa chilota o algo de lana, por lo menos –dicho eso se dio vuelta y siguió en las frituras.

–¡Tiene que verse sobria, pues oiga, cómo va a ser! –el que habla es “Cau-cau”, conductor de una añosa carcacha a la que pretenciosamente llama “taxi colectivo”, y que a esa hora tomaba once en el puesto. La vieja giró y por un segundo se clavaron miradas furiosas.

–¡Pero mire, al menos salió con un edecán naval atrás! –dijo el chofer.

La vieja miró y pareció entender el gesto. En Chiloé rayan con los marinos. Son más importantes que los carabineros. Pasan parte a las embarcaciones y fiscalizan la pesca y un montón de cosas. Muchos chilotes hacen el servicio militar en la Armada y una gran parte de la población trabaja y vive de la marina mercante y comercial.

El breve discurso terminó. Anunció el hospital, caminos, conectividad, subsidios, se cuidó de no decir puente y tampoco usar palabras como “desahuciado, terminado, cest fini” o algo por el estilo.

–Explíqueme –dijo Cau-cau–, no entendí. ¿Van a construir el puente, sí o no?

–¡Oiga que es duro! –dijo la vieja–. ¡En qué idioma quiere que se lo digan!

Los discursos y los chilotes no pegan. Así empezó todo, con discursos mal entendidos. Afuera, en torno a la Plaza de Armas de Ancud, se oían los primeros bocinazos. Hasta medianoche.

PRO PUENTE O ANTIARTESA

Antes del puente, ir a Chiloé no era muy divertido, pero al menos era diverso. Siempre había forma de “conocer el alma chilota” en las conversaciones de bar. Alguien atribuía a una brujería el que su vehículo no pasara la revisión técnica; una joven no podía olvidar al mochilero que la embarazó; otros querían hacer negocios tipo “quesitos” vendiendo salmón a los santiaguinos. Otros empinaban el codo para olvidar visiones aterradoras. En fin. “En Chiloé, el pasado y el futuro confluían...”, como diría el poeta periodista de esa zona Alipio Vera.

Pero hoy no. Producto de la frustración, sólo hablan del puente. Hasta el vago más impresentable habla como ingeniero. Las opiniones chocan como las olas y en ocasiones parecen llevar al combate verbal: que iba a haber cinco mil puestos de trabajo por cinco años, que iban a hacer una planta de cemento Melón en Monteverde (llevándose por delante el importante sitio arqueológico donde se hallaron vestigios del primer poblamiento americano; pero qué importa, ¡es el puente!). Que el peaje iba a costar 22 mil, que hay puentes más baratos, que los salmoneros duplicarían sus utilidades, que el turismo, que el viaje, que el clima, y un largo etcétera.

En las oficinas públicas, en la Cámara de Comercio, en el Comité de Adelanto de Chiloé parecían complotar.

El puente caló como nunca otro tema se había visto en Chiloé. Los taxistas, camioneros, comerciantes, pescadores; hasta a “Alfonsito”, un loquito que recorre las callejuelas del muelle cargando cajas de pescado, alguien le puso un cartel de cartón que decía “sí al puente”, y salió en Chilevisión.

Los ebrios del bar, como pretexto para sonsacar unas copas, enarbolaban argumentos del tipo “yo, con mi inteligencia, opino que el tinto, digo, que el puente...”.

Incluso Chamaya, otro semidemente que pulula por la población Padre Hurtado de Ancud, de casas enanas –y de lata– y que siempre a los desconocidos les decía “¡hola, cuñao!, ahora dice, para pedir unas monedas, “¡nos cagaron con el puente, cuñao!”. Como si un tornillo de todo el armatoste se le hubiera soltado a todo el mundo.

ANTIPUENTE O PRO TEJUELA

Sin embargo, más allá de lo obvio hay otro bando. Hoy parecen pocos, pero existen. A veces osan refutar a los anteriores y se arman trifulcas callejeras. La noche del jueves, cuando todo parecía haber terminado, en la Plaza de Armas de Ancud hubo un conato entre simpatizantes y detractores.

La mayoría de los antipuente son aquellos afuerinos que vieron en las condiciones insulares de Chiloé, “algo” que exacerbó sus talentos, dones, visiones, etc. Hippies, artistas, escritores, místicos, macrobióticos, aprendices de charango, anticristos, arquitectos expertos en tejuela, estudiantes de yoga, prófugos de la justicia e inventores de todo tipo de artilugios ecológicos y turísticos que fueron capturados por la isla. Hoy sonríen y, si pudieran, opinarían en contra del puente de marras, pero es tanta la efervescencia que tienen casi temor.

Sus argumentos también parecen prédica: que la cultura chilota se iría al tacho, que es una obra megalómana, que mejor hagan caminos y hospitales, que el turismo perdería el romanticismo, que el gasto, que el derroche, que la cultura del auto, etc.

No son pocos. E incluso le dan a Ancud y ciertamente a Castro ese aire de cultura que tanto les gusta a los turistas. Ejemplos: la pícara dueña del restaurante cubano junto a la plaza de Ancud, el hijo de Patricio Manns, el hijo de Julio Zegers, arquitectos como Benito Rojo, el bibliotecario de Castro, Floridor Cárdenas, que tanto gusta de salir en televisión.

No son muy distintos a los pro puente. Visten las mismas güiñiporras de lana, las mismas botas de goma, parkas, etc. Las diferencias se hacen evidentes cuando ponen pie en alguna de las ocho barcazas.

Los antipuente trepan a las barandas superiores como si fuera el “Titanic” y se paran frente al viento marino, como diciendo: “Oh, Chiloé... allá voy”, dependiendo del sentido del viaje, claro.

En cambio, los pro puente no bajan del bus, o de sus camionetas. Amurrados. Con los vidrios empañados. Pagan las ocho lucas con muecas de odio y hoy día, seguro, refunfuñan un viejo hechizo chilote en los 40 minutos del viaje.

DONDE TODO COMENZÓ

Juan Vidal, en cambio, no opina. Es uno de los tantos habitantes de la costa del canal de Chacao, sólo que este viejo viudo de 60 años es dueño del predio estratégico adonde iba a caer la punta sur del puente colgante, el sector llamado Punta Soledad. A unos cuantos metros se eleva la enorme torre de alta tensión que lleva el fluido eléctrico del sistema interconectado central. Lo paradójico es que a los pies de la torre los vecinos ni siquiera tenían electricidad. Para ver televisión usaban baterías de auto. Después llegó un precario cable.

–¿Así que aquí iba a estar el puente, ah?

–¡Así es, pues!

Don Juan toma chicha de manzana. Usa paletó y gorrita marinera. Tiene los ojos vidriosos como un pez. A todo aplica una extraña dialéctica.

–Lo bueno que tiene es que aquí ibámos [sic] a vender la tierra muy bien. Lo malo que tiene es que ibámos a tener que partir con nuestros bártulos quién sabe dónde.

En su predio, el pasto crece sin orden; en medio, mirando a la orilla del canal de Chacao, hay un monolito de cemento con un tornillo al centro. Se ve verde y musgoso como si el fiero pasto intentara devorarlo. Ese monolito indicaba el punto exacto donde iba a caer el soñado puente. Ahí comenzó todo.

A lo mejor, lo empiezan a visitar los turistas o se convierte en sitio de peregrinación de los pro puente.

–Lo bueno que tiene es que si un día construyen un puente ya saben dónde. Lo malo que tiene es que si no lo cuidan, el chacay (mala hierba) lo va carcomer entero. ¡Mire nomás el poste! Junto al monolito había un poste. Ahora está quebrado.

El viejo vive de la pesca, los animales, sacando luga, un alga que compra la industria farmacéutica. Cree que algún Presidente anduvo por la zona. No sabe describirlo: podría ser Lagos, cuando estuvo en la plataforma que midió la Roca Remolino, donde iba a estar la pata del puente, a 200 metros de la orilla de sus tierras de Punta Soledad. O Frei, cuando recorrió todo Chiloé dando el respaldo para el puente a sus nueve alcaldes DC, en una larga caravana.

Pinochet es el único Presidente que sí conoce don Juan, pero ése por ahí nunca estuvo.

–Montones de veces venía gente encorbatada a medir el terreno. Lo bueno que tiene es que me traían cositas, me dejaban regalos. Lo malo que tiene es que después yo tenía que limpiar todo. Hasta basura dejaban. Ponían caras. Se tomaban fotos. Hacían hasta discursos, oiga.

–¿Recuerda qué decían?

–Pocazo. Lo bueno que tendría el puente, pues. Y lo malo, seguramente.

Empieza a llover de nuevo. Cae agua a raudales. En pocos minutos la otra orilla, Chile continental, desaparece. Se ve niebla por todos lados. Pienso en los discursos que se hicieron en la orilla del barranco a los pies del ahora ajado monolito.

Puede que alguno haya terminado con la frase “¡por fin uniremos a Chiloé con el país! Porque el puente ya se ve en el horizonte”. Puede. A los políticos les gusta usar la palabra horizonte porque, como se sabe, horizonte significa una línea imaginaria que separa el cielo de la tierra, y que se aleja en la medida que uno se acerca.

“Lo ideal era que fuera operado en el hospital, pero eso nunca pasó”, cuenta su hija Fabiola. “Se supone que cuando uno va a un centro asistencial es porque tiene una necesidad urgente, pero en los hospitales públicos de aquí te dan hora para cuando el problema ya lo solucionaste por otro lado”.

Es lo que pasó con Jorge. El hombre comentaba en casa que si seguía esperando ser intervenido en el sistema público, iba a quedar ciego. Por eso, cuando un sobrino le comentó la posibilidad de viajar a Venezuela para ser operado por especialistas extranjeros como parte de la Misión Milagro, no dudó en tomar el avión.

Jorge viajó con el casi centenar de chilenos que tomó parte en la primera delegación que fue intervenida en el Hospital Central Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto. “Mi papá llegó feliz porque la molestia en el ojo había desaparecido. A nosotros nos importaba que llegara sin ninguna novedad. Lo único malo era que el quería conocer, pero alegaba de lleno porque la operación salió bien” dice Fabiola.

PERDER NO IMPIDE APOSTAR

María Salomé Figueroa no tuvo la misma suerte de Jorge. Fue la única chilena que quedó peor de cómo estaba. Y aunque hoy está arrepentida de haber viajado por los resultados –perdió el 30 por ciento de visión que le quedaba en su ojo derecho, el único por el que podía ver-, dice que la oferta era casi imposible de rechazar. “Imagínate, un viaje gratis de ida y vuelta, todo pagado, y la ilusión de quedar bien de la vista”.

La mujer cuenta que desde el año 1999 le rondaba la idea de someterse a una operación. “Pero reconozco que fui poco tolerante, que no quise esperar. El tema de la burocracia me aburrió”, comenta. Se refiere a las constantes visitas al Consultorio Municipal Doctor Lucas Sierra, en la comuna de Conchalí, y las consiguientes derivaciones al Hospital San José.

Curiosamente, se trata del mismo consultorio y hospital donde debían acudir los vecinos de Independencia que preferían atenderse con el médico ecuatoriano Galo Andrade, quien intervino de una abdominoplastía a Jessica Osorio con fatídicos resultados. Las razones son las mismas: muchos trámites y una larga espera para ser intervenidos en el sistema público.

“La primera vez que me dieron hora para operarme fue para el 3 de enero de 2001, pero la perdí porque ese día murió mi hermano”, cuenta María Salomé. “Cuando insistí, estaba la parte nueva del hospital y mi ficha se había perdido. Tenía que hacerme todos los exámenes otra vez”.

La mujer desistió. Encontró otro camino a través del Instituto de Prevención y Rehabilitación de la Ceguera, ubicado en avenida Salvador. “El doctor Franco Valenzuela me dio la consulta gratis. Me atendió súper bien. Pero la operación tenía un valor de 900 mil pesos. Él me recomendó que hablara con la asistente social del municipio para conseguir una rebaja y pagar 380 mil pesos. Pero nunca los pude juntar”.

Entonces, apareció la posibilidad de Misión Milagro y aprovechó el vuelo.

También lo hizo su vecina María Leal, pero con un mejor resultado. La mujer asegura que nunca buscó solución para su problema de catarata en el sistema público. “No hice los trámites, se ocupa mucho tiempo”, comenta. “Mi hija está esperando que la operen de los ojos también, del mismo problema que tenía yo, y le dieron hora para seis meses más en el Hospital San José”.

Teresa Contreras, la hija de María, quiso ir con su madre a Venezuela, pero no pudo por razones de trabajo. Tampoco es parte del avión que parte hoy a Barquisimeto. Ella deberá seguir esperando por una solución.

–Es delicada, ellos han cometido un grave error con Chile. Aquí está mi primera discrepancia con el Gobierno, pues estamos en presencia de un tema de Estado, y lo primero que se debió haber hecho es convocar a todos los sectores políticos. Tratándose de temas de envergadura, la tradición es que la convocatoria es amplia, y las decisiones son compartidas, analizadas y tratadas en términos más globales, no sólo por la coalición gobernante.

–Argentina está subiendo el precio en función de una lógica de mercado, lógica por la que se la ha jugado la UDI para la educación, para la salud, etc.

–En el caso de Argentina, no es un tema de mercado.

–¿Por qué?

–Porque ellos han subsidiado los precios internos, de tal manera que no está operando el mercado. Ellos tienen artificialmente bajos los precios para no provocar inflación, y eso los ha llevado a que nadie invierta ni en exploración ni en explotación. Si los precios fueran de mercado, hoy día no habría ningún problema de abastecimiento.

–Pero le hablaba de lógica de mercado en la relación comercial con Chile.

–No, para mí el mercado es cuando se cruza la oferta y la demanda, y la demanda es la que determina el precio, y eso no está ocurriendo en Argentina. La arista es la siguiente: cuando un país celebra tratados con otro, como lo ha hecho Argentina, y a partir de esos tratados hay un sector privado que amparándose en la confianza y las garantías que le otorgan estos tratados, suscribe contratos e invierte más de tres mil millones de dólares, es delicado que unilateralmente uno de esos países deje de cumplir los acuerdos.

–¿Y cuál fue el error de Chile en esto?

–Chile cometió un error estratégico y está pagando caro el volver a confiar en un país que históricamente no ha cumplido sus tratados. En un momento determinado se provoca un punto de inflexión y se dice ‘mire, ya que hemos resuelto prácticamente todos los temas pendientes que teníamos, especialmente en términos territoriales, entremos en una alianza comercial fuerte, duradera, a largo plazo’. Nuevamente Argentina ha quedado en deuda con Chile, porque ellos han privilegiado un tema interno y han dejado de ser un país confiable. A partir de aquí deberíamos aprender esta dura lección.

TODO LO QUE SUBE...

–Pero esto se produce también en un escenario global complejo en la materia: sube el precio del petróleo, ¿por qué no va a subir el gas? Hay guerras por el suministro estratégico de energía, como el caso de Irak.

–En términos pragmáticos, los tratados aseguraban abastecimiento, y eso no se ha cumplido. Después, respecto de los valores, son los contactos entre privados los que establecen el nivel de precios; aquí no se han respetado los contratos.

–¿Cree que la Cancillería y el sector privado chileno han sido ingenuos?

–Se cometió un error: haber vuelto a confiar.

–¿Por ingenuidad?

–Ingenuidad, absolutamente. Hemos aprendido una lección dura, pero no la encuentro negativa, porque en términos prácticos esto obliga a Chile a que en temas estratégicos como la energía nos definamos por la independencia energética, que es diversificar la matriz. De hecho, esto ya se ha asumido. No me cabe la menor duda que los contratos celebrados para las futuras inversiones, que empezarán a dar resultados en tres o cuatro años más, serán sobre la base de una independencia energética. Ese es el principio básico.

–El presidente de la UDI decía que hay que endurecer el tono con Argentina. ¿Por qué la UDI, frente a todos los problemas, se plantea la tesis de ser más duros?

–No sólo se endureció la UDI, sino que se ha endurecido la misma Presidenta de la República. El propio ministro de Relaciones Exteriores ha hecho ver la molestia que tiene Chile respecto a Argentina en este tema.

–¿Cree que falta una política de Estado en el tema energético?

–Quiero dividir los temas. La relación con Argentina, que es coyuntural, y que debiese ser abordada por el ministro de Relaciones Exteriores, convocando a todos los presidentes de partido para tener una postura en común…

–Pero estará de acuerdo que la relación con Argentina va mucho más allá del problema del gas.

–Va mucho más allá que el tema del gas, pero el tema del gas es esencial, porque afecta a un asunto estratégico. No estamos hablando de productos más o productos menos, es un tema central.

–Le repito, ¿hay o no hay una política de Estado en materia energética?

–Yo la echo de menos, pero las cosas no son negro o blanco, tienen matices. ¿Qué me gustaría a mí? Que se convocara a todos los sectores políticos para fijar un cronograma urgente, y apurar el paso para tener esa autonomía. Mientras más rápido logremos autonomía energética, mucho más poder de negociación vamos a tener respecto a los países vecinos, que hoy día es con los que tenemos esta vulnerabilidad.

EL LADO VERDE DE LA UDI

–¿Qué tan responsable es la oposición de que no haya una política de Estado en la materia?

–Como presidente de la comisión, estoy tratando de desarrollarla. En las ideas gruesas, yo advierto lineamientos, pero siento que habría que apurar el tranco. ¿Cómo diversificar la matriz? Hay distintas fuentes energéticas; voy, por ejemplo, a las renovables: la legislación que tenemos hoy día en Chile está hecha para tener proyectos pequeños. Me tocó estar en España e Italia, y me di cuenta que las renovables no son proyectos pequeños, sino que hay grandes inversiones privadas. En Navarra, hace diez años, se tomó la decisión de abastecer la demanda energética a través de las renovables, lo que hoy ocurre en un 80%.

–Eso suena como al lado verde de la UDI.

–Es que las energías renovables, para decirlo gráficamente, no son para los ambientalistas, son y están dadas también para grandes inversiones privadas Me refiero a la geotérmica y la eólica. Hoy día, a mí me habría gustado que el Ejecutivo hubiese mandado un proyecto de discusión inmediata, porque el límite para los proyectos de energía renovable son de 20 megas hacia abajo. Entonces, hay que eliminar el límite al tiro para poder tener proyectos grandes. Y decirle al sector privado ‘usted puede hacer proyectos de 100 megas’. Fíjate que cada molino eólico, de los que me tocó ver a mí, es capaz de generar 1,5 megas. Y había parques de hasta 100 molinos.

–¿Y qué más propone?

–Me encantaría ver a la ministra con casco en Aysén, diciendo ‘aquí se van a construir las centrales hidroeléctricas’; me gustaría verla en el territorio de Tompkins diciendo ‘por aquí va a pasar la línea de transmisión’; me gustaría verla en el norte, en el Tatío, diciendo ‘aquí vamos a construir las centrales geotérmicas’, o en las Termas de Chillán, porque en cada uno de esos lugares estamos llenos de dificultades. Lo que se necesita es decir esto se hace sí o sí, cumpliendo las normas ambientales, pero dándole tranco firme al tema. Y eso no lo estoy viendo.

OBSTÁCULOS ENERGÉTICOS

–¿Puede la energía renovable satisfacer el conjunto de la demanda?

–No, pero puede perfectamente representar entre el 7% y 10% de la materia, y eso es importante.

–Entonces, el 90% de la energía debe ser no renovable. ¿Qué posición tienen ustedes frente al oleoducto del sur que plantea Chávez para abastecer a América Latina?

–Es que ese es el error estratégico: seguir dependiendo de países que no son confiables. Esto del anillo energético, con lo que ha sucedido con Argentina y Bolivia, ¿qué confianza nos da? Hay que olvidarse del anillo energético. Las inversiones tenemos que hacerlas ahora, porque lo que puede ocurrir es que de repente Chile se tiente, como se tentó con Argentina, de que te envíen gas barato, y al final no vamos a hacer la pega que hay que hacer para efectos de tener autonomía. Yo creo que Chile, hoy día, tiene que cerrarse.

–¿Usted pretende una autarquía energética respecto de la región?

–Pero, ¿qué confiabilidad tengo? Aquí estamos rodeados de países que tienen energía y gas. Argentina lo tiene, Perú lo tiene, Bolivia lo tiene. ¿Qué confianza tenemos en dos de los tres países? Incluso del propio Perú. Tenemos que abrir los ojos y no depender de nadie. Y esas inversiones hay que hacerlas ahora, que son las centrales térmicas, las hidroeléctricas, las renovables, toda una batería de cosas con cronogramas claros, y ojalá cortar los plazos para que aumente la independencia chilena.

–¿Y podemos pensar en una central de energía nuclear como alternativa?

–Para mí, es la última alternativa, pero si empezamos a tener obstáculos en las hidroeléctricas, y en otros proyectos de energía renovable, puede no quedar otra.

–¿Habla de obstáculos técnicos o políticos?

–Si recorremos el país, vemos que está lleno de recursos judiciales. Lo único que veo son objeciones respecto de las hidroeléctricas en Aysén de parte de los ambientalistas. Me voy, por ejemplo, a Calabozo, que queda en Chillán, proyecto geotérmico de gran potencial, hay un juicio, hay especulación respecto de las concesiones geotérmicas, etc. Tiene que haber una generosidad con las necesidades energéticas que tiene el país. Hay que mandar un proyecto inmediatamente para que los que tienen las concesiones y no las exploten las pierdan, para que se tenga que pagar por concesiones no utilizadas, como ocurrió con el agua.

–Hay experiencias, como Celco, que ponen un manto de desconfianza en el sector privado en materia medioambiental ¿No es posible pensar que el Estado tenga un rol más activo que jugar por tratarse de un tema estratégico? ¿Una central nuclear estatal no tendría más legitimidad que una privada?

-No, porque son las normas regulatorias las relevantes aquí. Hemos visto lo que ha ocurrido con Codelco, que contamina más, el tema medioambiental corre para los dos lados. Al final lo importante son dos cosas: la norma y que se fiscalice con independencia y con fuerza, más allá de quien materialice la gestión. Yo he visto botar residuos en la laguna Carén, en base a un decreto que dicta el propio Ejecutivo, aumentando la norma de los residuos, y también he visto el tema de Celco. No es patrimonio del sector privado o público quién contamina más o quién contamina menos.

Dicen que la venganza es un plato que se come mejor frío. Y el general (R) Manuel Contreras lo sabe de sobra. Su última estocada es contra quien, de seguro, se convirtió definitivamente en su enemigo número uno desde que el Senado norteamericano descubrió en 2004 que mantenía millones de dólares escondidos en distintos bancos de Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales: su ex jefe, Augusto Pinochet.

Contreras, en un informe entregado la semana pasada al ministro Claudio Pavez, encargado del proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares, asegura que la fortuna amasada por el ex dictador se debe nada menos que al tráfico de drogas realizado por su hijo Marco Antonio junto al empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich Villarroel y el químico de la DINA Eugenio Berríos. Por otra parte, establece la responsabilidad que le cabría a Pinochet en el asesinato de Huber.

Entre los detectives que conocen de cerca a Contreras por haberlo investigado en diversos procesos por violaciones de los derechos humanos, hay un dicho que se repite: “Siempre que se trate de defender a un amigo dice la verdad, cuando tiene que asumir su responsabilidad es otro tema”.

La historia de este informe comenzó unos meses atrás, cuando el ministro Pavez –dentro de las diligencias para llegar a la verdad procesal– decidió interrogar a Contreras: Huber había pertenecido a la DINA en los años posteriores al golpe militar del 73 como jefe de la inteligencia en la IX y X Región, cumpliendo también labores en Punta Arenas y Santiago.

Por otro lado, el magistrado había recibido la información de que Contreras apreciaba a Huber. Esto podía significar que en enero de 1992, cuando Huber desapareció en el Cajón del Maipo, podría haber obtenido más de alguna información sobre su destino. La primera pista se la entregó al juez el ex espía del Ejército mayor (R) Abel Sepúlveda Gutiérrez, cuya declaración quedó estampada a fojas 3.158 del expediente. Este último fue quien reemplazó a Huber en la labores de inteligencia en el sur del país.

“Huber era muy amigo del general Contreras... a mí me lo contó el propio Gerardo”, testimonió Sepúlveda.

Con este dato, en junio pasado Pavez se dirigió al Penal Cordillera, donde Contreras cumple condena por la desaparición del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval.

De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, en esa oportunidad el magistrado conversó de diversos temas con el ex director de la DINA, entre ellos la muerte de Huber. Pero como la diligencia se alargó más de la cuenta, Pavez le pidió a Contreras que elaborara un informe para que, de acuerdo a la lógica procesal, quedara estampado como su declaración en la causa.

EL DESTAPE

Pero el ex jefe de la DINA no sólo se limitó en el documento a relatar sus ya clásicas teorías conspirativas sobre la participación de la CIA en el atentado contra el ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, sino que aprovechó la oportunidad para dejar establecido procesalmente –por primera vez desde el inicio de la transición– cómo Pinochet armó su fortuna de manera ilícita.

Contreras, de acuerdo con las fuentes consultadas por LND, asegura en su informe que cuando Huber se hizo cargo del Complejo Químico del Ejército ubicado en Talagante, a mediados de los ’80, el químico de la DINA Eugenio Berríos, junto a otro “cocinero”, se encargaban de elaborar cocaína “negra”, conocida también como “coca rusa”. La fórmula para fabricarla era mezclar el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara del pigmento, de modo que se adhiriera a distintas superficies y careciera del tradicional olor que permite a los perros detectarla.

Un ejemplo de cuán moderno era el sistema implementado por Berríos se verificó en julio del año pasado, cuando por una corazonada de la policía se descubrió en el puerto de Manzanillo (México) un cargamento con seis toneladas de esta droga. Ésta fue transportada por el buque “Colibrí” desde el terminal marítimo de Callao (Perú). No pudo ser detectada por los métodos tradicionales en más de cinco países por donde recaló la nave.

Según Manuel Contreras, la elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la más alta autoridad del mismo (Pinochet), donde trabajó Berríos. En esta actividad habrían participado Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich. La producción, señala el informe, era enviada a Estados Unidos y Europa, donde el pariente político de Bathich, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la distribuía para posteriormente enviar remesas a las distintas cuentas que el clan Pinochet mantenía en el viejo continente y EEUU.

Paralelamente –escribe el ex jefe de la DINA–, Pinochet usó una segunda vía para enriquecerse: el uso de los fondos reservados del Ejército, los que eran depositados en varias cuentas y cuyos intereses iban a parar a su erario personal.

Efectivamente, la última línea de investigación seguida por el ministro Carlos Cerda, a cargo del caso Riggs, donde Pinochet está procesado por fraude tributario, apunta en esa dirección. En las últimas semanas, el magistrado ha pesquisado precisamente el uso de los gastos reservados de esa institución. En estos días envió dos exhortos internacionales, uno a EEUU y otro a Canadá, para avanzar en esa arista.

Contreras afirma, además, que la existencia de la fortuna de Pinochet era un hecho comentado por altas autoridades del Ejército de la época; se llegaba a decir que hasta sus tataranietos serían inmensamente ricos.

GUARDAR SILENCIO

En el informe entregado a Pavez, Contreras asegura que efectivamente sentía aprecio por Huber, a quien conoció a finales de los ’60 en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, puesto que ambos pertenecían a la misma especialidad.

Cuando fue descubierto el tráfico de armas a Croacia en diciembre de 1991 y el ministro Hernán Correa de la Cerda inició la investigación judicial, uno de los principales involucrados fue precisamente el coronel Gerardo Huber, quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del Ejército.

Con el pasar de los días, según relatan varios de sus colegas en el proceso, el coronel Huber comenzó a mostrar signos de estar bajo una fuerte presión. Sólo una declaración formal hizo el coronel ante el magistrado, donde le aseguró que si deseaba saber sobre el tráfico ilegal de armas descubierto en Budapest (Hungría), debía consultar al jefe de Material de Guerra de entonces, el general Florencio Tejos.

Los dichos de Huber causaron preocupación en el entorno de Pinochet. De allí que en los círculos de la inteligencia se comenzara a correr la voz de que padecía de una depresión, noticia que más tarde trascendió a los medios.

Pero según Contreras, el 20 de enero –nueve días antes de su desaparición–, Huber se comunicó nuevamente con el ministro Correa de la Cerda, y “en una extensa declaración informal” le contó los detalles de lo que ocurría en el Complejo Químico del Ejército de Talagante, la forma en que se exportaba la cocaína y los manejos financieros del clan Pinochet en torno al tráfico de drogas y armas.

Manuel Contreras asegura que Gerardo Huber conocía los ilícitos relacionados con la familia Pinochet. A Marco Antonio Pinochet Hiriart lo conocía bien. Ambos habían coincidido en la Embajada de Chile en Washington en los años 1985-86. Manejaba tanta información sobre la familia reinante que, según Contreras, su vida dependía de su silencio.

Cuando Huber desapareció, el 29 de enero de 1992, supuestamente desde el puente El Toyo en el Cajón del Maipo, la operación comunicacional preparada por la entonces Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) se ejecutó exitosamente cuando, más tarde, el 20 de febrero de 1992, el coronel apareció muerto en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza: Huber se había suicidado, y punto.

Pero Contreras entrega un detalle adicional: el día que desapareció, Huber abandonó la casa de su íntimo amigo Elwin Tapia en el Cajón del Maipo, donde alojaba, para alejarse de la presión de los medios y del Ejército, porque miembros de la DINE lo llamaron para comunicarle que Pinochet quería reunirse con él.

La teoría, en todo caso, tiene un asidero en la realidad, ya que la hija de Tapia, casada con uno de los nietos del ex dictador, se encontraba en la misma casa cuando Huber desapareció. Al día siguiente, el 30 de enero, Loreto Tapia, junto con su marido, Hernán García Pinochet, viajaron a Bucalemu, donde se encontraba el ex dictador, entonces comandante en jefe del Ejército. “Ese mismo día, Pinochet me llevó a su oficina en la casa, me hizo sentar frente a su escritorio, donde me manifestó que mi tío Gerardo Huber había desaparecido. Me dijo que estaba todo solucionado y yo me puse a llorar”, declaró la joven Loreto Tapia en el caso.

Por último, Contreras arriesga el siguiente análisis: Huber fue asesinado por miembros de la Compañía de Operaciones Especiales de Contrainteligencia (Coeci), la que por aquellos años funcionaba en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), a cargo del entonces coronel Manuel Provis Carrasco.

Esta última tesis de Contreras no se aleja mucho de lo que el ministro Claudio Pavez ha establecido hasta la fecha.

Lo que sin duda queda claro es que el ex director de la DINA tenía una cuenta pendiente con Pinochet, la que cobró apuntando a la faceta más imperdonable del ex dictador para moros y cristianos: el origen ilícito de su fortuna. LND

Después de que el jueves reciente La Moneda informara que ha planificado una “agenda corta” para enfrentar problemas o vacíos de la legislación sobre seguridad pública, la Presidenta Michelle Bachelet interpeló a todos los sectores, en particular a la oposición de derecha, a no politizar esta materia. Hablando en San Bernardo, la Jefa de Estado sostuvo que “lo que sí quiero decir es que creo que es tan delicado, tan doloroso lo que pasa a la gente que vive en circunstancias de inseguridad e incertidumbre, que lo que no puede hacerse es politizar un tema de esta naturaleza”.

Luego Bachelet subrayó los esfuerzos realizados por su administración y, en este plano, mencionó el aumento en la dotación de efectivos policiales y el envío al Congreso del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, entre otras iniciativas. La Mandataria también comunicó que instruyó al ministro de Interior, Andrés Zaldívar, y al de Justicia, Isidro Solís, para que revisen cuáles pueden ser las lagunas que han facilitado la reincidencia de los delincuentes.

MEDIDAS

Según Bachelet, las responsabilidades en el ámbito de la seguridad ciudadana son compartidas y no se reducen sólo al Ejecutivo: “Todos aquí tenemos qué hacer, todas las autoridades públicas tienen que decir qué están haciendo en materia de delincuencia (…) La delincuencia no es sólo responsabilidad del Gobierno central”.

La base inicial del análisis que han comenzado Interior y Justicia es un paquete de proposiciones que el miércoles dio a conocer el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena. El haz de medidas incluye castigar como agravante la reincidencia, hacer más exigentes las libertades provisionales y aumentar las atribuciones de los fiscales. El Gobierno incluso está desarrollando una ronda de consultas a los partidos oficialistas y opositores con este mismo propósito.

No obstante la interpelación de Bachelet, diputados de la UDI volvieron ayer a atacar al Ejecutivo y demandaron que el ministro Zaldívar asuma su responsabilidad política. También le exigieron que ponga urgencia a los proyectos de endurecimiento procesal y penal que están en el Congreso.

Los congresistas Marcelo Forni, jefe de bancada, y Gonzalo Uriarte, solicitaron a Palacio “menos jornadas de reflexión y más acción”. “Queremos ser muy claros, señora Presidenta: no más improvisaciones. ¿Tendrá que ser víctima usted o algún miembro de la Concertación de un hecho de violencia para que los temas de seguridad ciudadana sean prioridad?”, planteó Forni.

Los diputados acusaron a Bachelet de “hacernos creer que el temor que sienten hoy los chilenos es responsabilidad de los medios de comunicación y de la alta cobertura noticiosa que tienen hechos delictuales de extrema gravedad”.

Según Forni y Uriarte, hay en el Parlamento 80 proyectos sobre materias procesales o penales. “Califique con urgencia, señora Presidenta, el próximo lunes, proyectos como el que amplía la procedencia de la prisión preventiva, el que impide la libertad provisional a delincuentes peligrosos, el que aumenta las sanciones a los reincidentes o el que establece como agravante cometer un delito encontrándose en libertad provisoria”, emplazó Forni.

DEFENSORÍA PÚBLICA

La Defensora Pública Nacional subrogante, Paula Vidal, señaló ayer que los delitos en Chile no han aumentado, sino que lo que se ha visto en los medios es el resultado de un incremento de un mismo delito que se ha resaltado, “como es el caso de las joyerías”. A su juicio, sólo falta perfeccionar la reforma procesal-penal y no cambiarla. Agregó que ésta ha funcionado bien y que las mismas personas así lo perciben. Explicó que hay que esperar que sus “estupendos” resultados se socialicen, motivo por el cual “no hay que apresurarse”.

Vidal sostuvo que la información de la Defensoría Nacional es que los delitos se han mantenido y que la diferencia es que “las personas están buscando en mayor cantidad que se les soluciones algún hecho delictual”.

Al referirse a la cuestión de la reincidencia –una de las claves del problema-, Vidal explicó que “la rehabilitación está fallando en Chile definitivamente y si no cumplimos con ese trabajo de rehabilitación, difícilmente vamos a poder pretender que no se dé la reincidencia”.

“Cuando nuestro país elige un determinado sistema penal y elige sancionar a las personas, castigarlas por los delitos cometidos en la cárcel, busca con ello varios objetivos. De alguna manera parte de la pena busca que se retribuya lo que se hizo, que de alguna manera el sujeto pague por el error”, expresó. Sin embargo, agregó, el Estado “también busca darle (al preso) la posibilidad de rehabilitarse, y la verdad es que en las condiciones en que se encuentran hoy las cárceles, este trabajo es, si no imposible, al menos muy difícil”. LN

Un simpatizante neonazi falleció el domingo después de haber recibido una golpiza y múltiples puñaladas de parte de los integrantes de un grupo que se autodenomina Acción Rebelde. Este hecho se suma al asesinato de un joven punk por el cual han sido imputados varios neonazis, dos de los cuales aún están prófugos. Las autoridades necesitan poner en marcha todos sus recursos con el propósito de castigar a los infractores y, más urgente todavía, desactivar las ideologías violentistas.

La sociedad chilena disfruta de un espacio amplio para que todos los ciudadanos expresen sus opiniones. Costó mucho la recuperación de este clima de tolerancia. Resulta innecesario recordar los años cuando en el país la divergencia era castigada. El fortalecimiento de la democracia es una labor permanente, donde no hay lugar para ideologías que justifiquen el odio o el desprecio hacia algunos sectores de la sociedad. No es ese el país que queremos.

La acción de la justicia representa un aspecto para afrontar estos hechos. Indudablemente, la tarea de los tribunales es primordial para que estos casos no se repitan. La investigación necesita ser eficiente y las sanciones para los culpables, ejemplarizadoras. Pero también resulta imprescindible hacer posible que nuestro sistema educacional aporte en clarificar a los jóvenes que la violencia y el odio carecen de toda oportunidad de asentarse en nuestro país.

Un diagnóstico para determinar los factores que llevan a este tipo de conducta no puede olvidar que, muchas veces, la marginalidad y la falta de expectativas son los elementos que más contribuyen a fortalecer estas ideologías. Se trata de un tema cuya solución está supeditada a una mayor equidad.

El general en retiro falleció a la medianoche de ayer de un infarto cardíaco en su casa en Viña del Mar, según dijo su hija Paula a La Nación “cuando todavía estaba despierto mirando en la televisión partidos del Mundial de fútbol. Fue sorpresivo porque él, a los 83 años, llevaba una vida normal”.

Su funeral se realizará hoy en el Cementerio Parque del Mar de Concón, luego de una misa a las 15 horas en la iglesia Las Carmelitas en Avenida Libertad de Viña.

La hija dijo que “el Ejército ya tiene dispuesto los honores que le rendirá en Viña del Mar, porque él, además de haber sido un general de la República, fue dos veces comandante del regimiento Maipo de Playa Ancha en Valparaíso”.

Crítico a Pinochet

Si bien Palacios tiene el “título” de quien comandó la toma final del palacio de Gobierno después del bombardeo de la Fach, con los años adoptó una posición crítica respecto del apetito del ex dictador Augusto Pinochet para entronizarse en el poder.

Sus declaraciones le costaron el repudio de grupos de corte fascista, como el partido Avanzada Nacional, que creó una de las estrellas de la CNI, el mayor (R) Alvaro Corbalán. Pero también de otros altos oficiales retirados que fueron incondicionales a Pinochet hasta la muerte, como el general Carlos Forestier.

Si Palacios asumió esa posición crítica para acomodarse en la renaciente democracia será difícil saberlo. Pero tuvo varias intervenciones en las que incluso alabó a Allende como “un valiente, un gallo de pelea”. Consultado por la actitud del ex Mandatario el día del golpe de Estado, contestó: “Él cumplió con su deber, y puchas que hay que tener agallas para decidir eso, tengo que reconocerlo francamente”, dijo aludiendo a la decisión del Presidente de suicidarse.

En una entrevista a comienzos de los ‘90 a la revista “Análisis”, contó algunos detalles poco conocidos del momento en que murió Allende; por ejemplo, que en la metralleta con la que se disparó “había un tiro atascado en el cargador. Creo que alcanzaron a salir dos tiros”.

Otro antecedente que reveló en 1997 fue que a Miria Contreras Bell, “La Payita”, secretaria privada de Allende, la dejó ir de La Moneda esa mañana “porque me dijeron que era una secretaria, pero si me hubieran dicho su nombre la habría detenido, porque era una pieza valiosa para los interrogatorios. En lugar de eso, la hice subirse a una ambulancia y parece que el conductor me salió chueco porque ella se bajó en la mitad del camino y desapareció”. Palacios contó que tomó esa decisión porque “la vi tan pálida y nerviosa que la envié en la ambulancia a un hospital”.

La bala que lo hirió

Uno de los recuerdos que dijo “nunca olvidé”, fue el episodio que ese día 11 generó que Fernández Larios le pasara su pañuelo para estancar la sangre que salía de su mano herida. “Recién habíamos entrado a La Moneda y ya se habían rendido, pero seguían algunos disparos. Eran unos pocos en un pasillo de arriba. Gritaron ‘el marxismo no se rinde mierda’. Uno de ellos era Juan Huenchullán Pailaqueo –me podré equivocar en una sílaba-, él nos disparó y el tiro pegó en una muralla, rebotó en el casco de un oficial a mi lado y me pegó en la mano y a un cabo se le metió de costado”.

Respecto de Fernández Larios, uno de los asesinos de la Caravana de la Muerte que huyó a Estados Unidos, Palacios dice que no formó parte de su grupo de asalto. “El apareció ese día por su cuenta”, dijo.

Brady responsable

Palacios nunca asumió alguna responsabilidad por el destino que tuvieron los GAP y asesores de Allende que ese día ordenó detener cuando salían de La Moneda, casi todos hoy desaparecidos. “El comandante de la guarnición de Santiago en esa época era en general (Herman) Brady. El tendría que haber dispuesto el destino de cada cual”.

Tampoco estuvo de acuerdo (al menos según sus dichos terminada la dictadura) con haber hecho desaparecer los cuerpos de los detenidos a quienes se asesinó. “¿Cuál era el afán de ocultar (los cuerpos)? Eso quiere decir que ahí ya hay un procedimiento malo. ¿Por qué se ocultaba? Porque no podían justificar el fusilamiento. Había que entregar los cadáveres a las familias”, dijo en la referida entrevista con “Análisis”.

El día del golpe, Palacios recién llevaba un par de meses ascendido a general. Siempre dijo que para entonces venía regresando desde Alemania, donde había sido agregado militar en Bonn. Pero evitaba comentar que, en realidad, inmediatamente después de ese retorno a Chile, en 1972, fue designado director de Inteligencia del Ejército. A partir de 1974 pasó a ocupar la vicepresidencia de Corfo, corporación a la que también representó después en una oficina en Nueva York. Egresó de la Escuela Militar en 1942 y pasó a retiro en 1977. LN

Ayer el debate se trasladó al bloque de Gobierno. El encargado de asuntos internacionales de la DC, Exequiel Silva, reiteró los reparos que ya en la noche del lunes había expresado la presidenta de la colectividad, Soledad Alvear.

“Venezuela no representa los intereses de todos los países de América Latina, que es lo que tiene que hacer en ese asiento, el día de mañana, el país que sea miembro del Consejo de Seguridad de Naciones unidas”, afirmó Silva.

A renglón seguido, el dirigente falangista planteó la necesidad de buscar una tercera alternativa con el objetivo de lograr “un consenso en una candidatura en que todos los países de Latinoamérica se sientan representados”. De ahí que señalara que “a la Democracia Cristiana no le parece que Venezuela ocupe este asiento, porque no nos da garantías de representar justamente al conjunto de América Latina”.

La relación entre el movimiento socialcristiano -que en Venezuela representó el Copei durante el bipartidismo con la socialdemocracia- y el chavismo es particularmente tensa. El conflicto se agravó después del frustrado golpe de Estado de 2002. Recientemente, además, la Presidenta chilena nombró al militante DC Claudio Huepe como representante en Caracas.

La DC de este modo se sumó a la tesis esbozada el fin de semana por el canciller Alejandro Foxley. En una entrevista con “El Mercurio”, el domingo 18, el jefe de la diplomacia nacional señaló que “queremos una América Latina más unida. No es bueno llegar al Consejo de Seguridad con voces que pueden ser polarizantes y que no reflejen la convergencia que Chile quiere”. Foxley admitió que promover la postulación de un país que no produzca la polarización entre Venezuela y otras naciones “es la idea que estamos planteando”.

Argumentos

 El rechazo de la DC -explicó Silva- obedece a las recientes “intromisiones que ha tenido el Presidente” Hugo Chávez en las diferentes elecciones presidenciales que se han desarrollado en el continente, en alusión a Bolivia y Perú. “Por esta razón, el partido va a sostener y a apoyar la posición del Gobierno expresada por el canciller de buscar una tercera alternativa”, apuntó el ex diputado.

A su turno, el ex encargado internacional de la DC, Tomás Jocelyn-Holt, aseguró que Chile “no tiene obligación” de apoyar la candidatura del Presidente Hugo Chávez, ya que -explicó- el país “se ha distinguido por su forma de concebir tanto la democracia como la integración regional”.

“Desde ese punto de vista, hay muchos otros candidatos que representarían mejor lo que ha sido una política invariable de parte de nuestro país que la que algunos quisieran creer para el Consejo de Seguridad detrás de la postulación de Venezuela”, afirmó.

En la noche del lunes, Alvear había adelantado su preocupación respecto de que Caracas pueda llegar al puesto, pues es “un país que critica públicamente a un Presidente electo”, en alusión a los duros ataques de Chávez contra Alan García.

En este contexto, Silva interpeló al PS a recapacitar sobre las expresiones de apoyo a Venezuela, porque buscar un tercero “es la posición oficial del Gobierno”. Con todo, Venezuela amenaza convertirse en un foco de conflicto DC-PS con fuerte impacto en Palacio.

 MINISTRO PORTAVOZ

 El debate ha sido seguido de cerca por La Moneda, donde se optó por levantar la opción de una candidatura de consenso como una forma de sortear con éxito la votación en el Consejo de Seguridad. En este contexto, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, señaló que si bien el Ejecutivo ha oído distintas opiniones respecto de esta materia, “quiero reiterar que esta es una decisión que se va a tomar en octubre y es una decisión que ciertamente la tomará la Presidenta Bachelet y será informada oportunamente”.

A su vez, el canciller Foxley adelantó que “nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo, pues esto no se vota hasta octubre en Naciones Unidas” y fundamentó la decisión chilena de un candidato de consenso en que “en una elección como ésta, hay que tratar de escoger un país que de alguna manera acerque a los que están peleados, que produzca convergencia y no divergencia”.

Por ello, agregó, “estamos viendo opiniones, escuchando, conversando con distintos países. también estamos viendo cómo está el ambiente en Chile”. LN

Foto: La senadora y presidenta de la DC, Soledad Alvear.  

La presidenta de la Democracia Cristiana (DC) la senadora Soledad Alvear, -en el marco de la agenda de pro equidad que su colectividad está impulsando- sostuvo que la reforma previsional que está elaborando el Gobierno de Michelle Bachelet, debe considerar en uno de sus puntos, modificar el mecanismo de capitalización individual de las Fuerzas Armadas.

El trabajo de la comisión impulsada por la falange para abordar esta materia, determinó una serie de aspectos que a juicio de Alvear, “deben estar sí o sí para que podamos contar con un sistema de seguridad social integrado y más equitativo”.

En este sentido, la reforma al sistema de previsión de las Fuerzas Armadas, fue considerado clave, debido a que “mantiene beneficios extemporáneos y que éstos no son proporcionales a las contribuciones aportadas por los uniformados durante su vida activa”.

La DC espera que “dicho sistema se racionalice en la reforma previsional, eliminando incentivos perversos que desvirtúan el sistema y lo hacen extremadamente costoso”.

Mujeres

Además, la comisión conformada por el ex superintendente de APF, Guillermo Larraín; el economista, Ricardo Ffrench Davis; el ex ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic; la diputada Carolina Goic; el ex ministro de Defensa, José Florencio Guzmán; los miembros de la mesa directiva Sergio Micco y Eduardo Abedrapo; Marcelo Drago; Carlos Cárdenas; Victoria Martínez; Oscar Muñoz, de la Unión Nacional de Trabajadores; Mauricio Jelvez y Julio Bustamante, destacó el rol de la mujer.

Es por ello que estimaron que la reforma debe “incluir un reconocimiento explícito a la maternidad, dado que hoy las madres trabajadoras se encuentran en desventaja frente al resto de los trabajadores, debido a que la crianza de sus hijos generan mayores lagunas provisionales”.

En el caso de la alternativa que hace un tiempo propuso la AFP Provida de aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, la jefa de la DC fue muy clara en afirmar que por ningún motivo su colectividad apoyará una medida como esa.

Por su parte, el Partido Socialista de Chile presentó su propuesta de reforma provisional, la cual permite corregir el modelo de desarrollo económico, con el propósito de reducirla brecha de desigualdad, e implantar un nuevo paradigma de modelo de desarrollo como un “desarrollo humano, sustentable e inclusivo, basado en el ejercicio de la democracia con plenos derechos, en igualdad y participación”.

Asegurando que “en Chile nadie tiene ninguna duda que quien define la política exterior es el Gobierno, esta Presidenta, y por cierto la ejecuta a través de la Cancillería”, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, decidió salir al paso del revuelo que generó el viaje que el fin de semana realizó un grupo de parlamentarios de la Concertación a Bolivia.

En la ocasión, los senadores Nelson Ávila (PRSD) y Alejandro Navarro (PS) y los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS), René Alinco (PPD) y Alejandro Sule (PRSD), se reunieron con homólogos bolivianos y suscribieron la Declaración de La Paz, donde se acordó buscar “fórmulas creativas” para alcanzar “la solución urgente de los temas pendientes entre ambos países”.

Los alcances del periplo causaron sorpresa y malestar en La Moneda. De hecho, el martes, el cónsul de Santiago en La Paz, Roberto Ibarra, advirtió que los parlamentarios no representaron al Gobierno. No obstante, ayer el Ejecutivo decidió tras una extensa reunión entre la Presidenta y el canciller Alejandro Foxley reforzar las palabras de Ibarra para inhibir las expectativas despertadas en Bolivia.

A pesar de que La Moneda quitó piso político al viaje, Palacio Quemado destacó el diálogo que se entabló a nivel legislativo. Así lo señaló el canciller David Choquehuanca, quién afirmó que “apoyamos que pueda haber estos encuentros a nivel de parlamentarios” y subrayó la necesidad de que el diálogo bilateral se extienda a nivel de la sociedad.

“Tiene que haber un intercambio entre nuestros parlamentarios. Tenemos que acercarnos, tenemos que apoyar para que se den las condiciones favorables para que podamos encarar no sólo a nivel de gobiernos, sino que queremos que participen en este proceso de sensibilización la sociedad chilena y todos los sectores”, agregó.

En este contexto, Bachelet decidió -al término de una actividad en el Registro Civil- precisar que con Bolivia se ha definido “una política absolutamente clara, una agenda y una forma de trabajar” que ha sido consensuada con el Presidente Evo Morales y el canciller paceño.

La idea -explicó- es trabajar “en una agenda sin exclusiones, paso a paso, identificando una serie de temas que son de resorte común, y eso va a continuar en esa dirección, porque es la manera como el Gobierno ha definido la política exterior”. Respecto del viaje de los legisladores, Bachelet reiteró que lo hicieron a “título personal, no representan ni al Parlamento ni a sus coaliciones políticas”.

Según Bachelet, “tenemos una prioridad en la relación con los vecinos y nuestra relación con Bolivia queremos que sea buena y que esté dentro del marco de la política que hemos definido de una agenda sin exclusiones, paso a paso”.

CANCILLER

Horas antes, en La Moneda, el jefe de la diplomacia había delineado la estrategia con que Palacio enfrentaría el viaje. En esta línea, Foxley dijo que fue una visita “estrictamente a título personal. Ha quedado claro que no fueron en representación ni del Congreso, ni de los partidos políticos de la Concertación. De tal modo que la declaración que ellos puedan haber hecho en Bolivia los representa sólo a ellos y no representa al Gobierno ni a los partidos de la coalición”.

Si bien precisó que sus declaraciones no eran un “llamado de atención”, instó a ser responsables en la práctica de la diplomacia parlamentaria: “Hay que ser especialmente cuidadosos en el caso de las relaciones con Bolivia, porque hasta ahora hemos construido una buena relación de Gobierno a Gobierno”.

De hecho, explicó que tras el último encuentro que sostuvo con su par boliviano, David Choquehuanca, se acordó seguir “un camino distinto al que intenta marcar este grupo de parlamentarios”.

“El camino es el de un diálogo amplio, sin exclusiones, paso a paso, para ir avanzando en temas que nos permitan resolver una visión de futuro en conjunto”, informó Foxley. Debido a esto, agregó, “sería mejor que actuáramos más coordinadamente, para que los intereses nacionales prevalezcan en algo que nos interesa a todos, que es llevar adelante esta agenda con Bolivia constructivamente”, con el objetivo de evitar que haya “algunas gestiones, algunas declaraciones que no ayudan a veces a ese propósito y que incluso, eventualmente, lo pueden dificultar”.

SUSPENSIÓN

En una señal de molestia, la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados decidió ayer por unanimidad suspender la visita a Bolivia que tenía programada para el 20 de julio en coordinación con el Senado. La decisión fue adoptada al término de una sesión secreta que hubo con el canciller Foxley, informó el parlamentario PPD Jaime Quintana. Éste manifestó que la visita “es obvio que generó ruido y generó algún nivel de malestar en distintas instancias y desde ese punto de vista creo que lo más razonable por ahora es no concurrir a esta cita en La Paz porque no se puede afectar un proceso que es mucho más de fondo y que es tener una agenda abierta con Bolivia”. LN

Los actuales integrantes del parlamento debieran ser los últimos que llegaron a ocupar un escaño elegidos a través del sistema binominal, pues el gobierno avanza a paso firme en la idea de modificar esta institución para perfeccionar la democracia chilena. Ayer el vicepresidente Andrés Zaldívar recibió de parte de la “comisión Boeninger” el informe con las tres alternativas que se plantearon para dar pie al cambio.

“Es un informe que primero llega a la conclusión de la necesidad de hacer la reforma electoral. Se plantean tres posibles alternativas y se analizan todos los otros tipos de sistemas electorales, como uninominal, mayoritarios, etc., y se llega a la conclusión que hay tres posibilidades de avanzar en un sistema más bien proporcional corregido que permita que todos los sectores y todos los actores tengan representación política de acuerdo con su potencial apoyo electoral”, indicó Zaldívar.

Explicó que para ello se requiere impulsar la redefinición de la Cámara de Diputados el Senado en términos de ampliar la cantidad de integrantes. “Habría que aumentar el número de diputados porque el actual número es una verdadera camisa de fuerza como para poder hacer un redistritaje o una redistribución”, sentenciando que “para determinar proporcionalidad hay que tener distritos de representación más plural que dos”.

Zaldívar precisó que se pueden crear distritos pequeños con representación de dos diputados y otros de mayor tamaño con tres a ocho representantes. “Hay tres alternativas que el gobierno va a revisar. El gobierno va a tomar una opción, una de cualquiera de esas o alguna combinación, pero nosotros vamos a ver de qué manera podemos realmente llegar a un sistema que sea representativo de los ciudadanos y no sea excluyente”.

Lo primero es entregar el informe a la Presidenta Michelle Bachelet, en tanto también los partidos políticos discuten su contenido y plantean sus puntos. “Desde ya lo voy a poner en conocimiento de los partidos, tanto de gobierno como de RN, la UDI y el PC. Queremos hacer de esto una discusión abierta, trasparente, no queremos que nada se guarde, incluso espero ponerlo a disposición de la prensa, pero primero voy a revisarlo hoy y ponerlo a disposición de la Presidenta”, acotó ayer el vicepresidente.

Afirmó que la reforma al sistema binominal estará “de todas maneras en disposición del parlamento antes del 19 de junio”.

Respecto a la disposición de los votantes en el Congreso, indicó que el gobierno tiene claro que existe “manifestación de opinión de RN que está por buscar una formula de reforma, la UDI ha estado en una posición más reacia, pero de todas estas cosas hay que hablar y habría espacio de negociación”.

El presidente del PS, senador Camilo Escalona, dijo que “la propuesta de reforma al sistema electoral que hace la Comisión Boeninger, en el sentido de la sustitución del sistema binominal por uno de representación proporcional que garantice que todas las fuerzas con una presencia significativa en el país, tengan miembros en el Parlamento, esa propuesta es compartida en su esencia por el Partido Socialista”.

Dijo que “independientemente de cuando la estudiemos en detalle y podamos formular observaciones específicas, a nosotros nos ha motivado durante todos estos años ir a una sustitución del carácter del sistema, de una estructura excluyente como es la del sistema binominal, que a fuerzas que tienen significación en el país no les permite estar en el Congreso Nacional”.

Pablo Salvat

Filósofo de la U. Alberto Hurtado

Es más que eso... Mirando las imágenes, siguiendo las palabras de los jóvenes secundarios, es como si la esperanza volviera a alzar su vuelo. Corre un cierto escalofrío, en muchos de nosotros, cuando los ve correr alegres y desenvueltos creyendo que sí, que también pueden ser actores de la marcha y el destino del país, de su propio país. Con su accionar, sorpresivo para la mayoría, muestran que no comparten el leit motiv de que se hace todo para ellos pero -claro- sin ellos. Cuando las elites de poder y económicas creían que ya buena parte de la sociedad y sus expresiones estaban adormecidas y aletargadas en la forzada aprobación del modelo de sociedad, este renacido movimiento estudiantil -que emerge cuando menos se esperaba-, tiene la capacidad de poner sobre la mesa educacional una discusión sobre la legitimidad de decisiones y leyes adoptadas, unas, en las postrimerías del régimen militar, otras, después.

La interrogación deliberante sobre la legitimidad normativa no afecta sólo lo sucedido con la educación. Por primera vez, podemos comenzar a interrogar la marcha de la previsión, la salud o el medio ambiente, las riquezas básicas, entre otros. Muchos años han tenido que pasar para poder confrontar el modelo con algún ideario de igualdad, justicia o solidaridad -aunque sea poco claro o elaborado conceptualmente- y no sólo con su eventual eficacia o eficiencia.

El disciplinamiento y control social vía necesidad de sobrevivencia en el mercado -además, por cierto, de la ausencia de voluntad de las elites-, aparentaban que todo se hacía acorde con la naturaleza de las cosas. Que no se podía ir contra ella. Hemos vivido todo este tiempo bajo una naturalización de lo económico y lo social, del mismo orden de la sociedad. Esa naturalización lo hace aparecer como ineluctable, inamovible, so pena de sufrir las penas del infierno a quienes lo intentaren. ¡Qué visión más alejada del significado y sentido de la política y la democracia misma! ¡No basta con la representación al estilo clásico, con probidad, rendición de cuentas y transparencia!

Parte de la crisis actual de la política, no sólo en este lugar del mundo, está ligada con la crisis de representación. ¿Acaso no nos percatamos del cuestionamiento constante a la labor de las elites políticas? ¿De que se percibe un desfase entre las demandas ciudadanas y las que están dispuestas a admitir y procesar la elite politica? ¿De que muchas veces ellas aparecen más inquietas en no desagradar a los llamados poderes fácticos que en hacerse eco de manera cabal de las necesidades y anhelos ciudadanos? Entonces, no basta con atenerse al actual modelo de representación. Lo ocurrido ahora con los secundarios pone de manifiesto los problemas de funcionamiento de nuestra propia política democrática. Por esto, aparece como errada la reacción gubernamental que ve estos sucesos como expresión de un mero “gallito” de fuerzas.

La representación es muy relevante, pero hoy insuficiente. Los ciudadanos demandan ser escuchados, que su palabra pública tenga cabida en las decisiones de sus elegidos. Piden trascender una democracia delegativa y encaminarse hacia una más ciudadana. Los técnicos y expertos están para viabilizar sueños, esperanzas y necesidades del soberano autoorganizado; éste fija las finalidades mediante procesos de argumentación y deliberación abiertos, participados y en igualdad de condiciones.

Una democracia requiere de una sociedad viva y activa para asentarse. Porque la democracia (no hay que olvidarlo), fue una creación, desde los griegos, basada en la idea de que una colectividad es capaz de autoinstituirse y autogobernarse. Como sostenía Cornelius Castoriadis, una sociedad está enferma si deja de cuestionarse e interrogarse a sí misma, no sólo en sus expresiones parciales, sino a nivel de sus fundamentos y finalidades. Gracias a los jóvenes secundarios podemos de nuevo percibir que quizás estemos vivos como sociedad. Lo cual no es poco.

“La puerta del penal se abrió. Nos hicieron avanzar por estrechos pasillos en medio de golpes y patadas (...) En una esquina, en medio de llantos, las mujeres nos contábamos las vejaciones de que habíamos sido objeto. Una joven me mostró sus calzones rotos y su cabeza abierta llena de sangre. Otra contaba que la habían llevado en medio de dos camiones mientras la golpeaban, vejaban y decían ‘te vamos a matar, puta’. Otra joven me comentó que tal vez estaba embarazada”.

Así recuerda Valentina Palma Novoa (30 años) uno de los momentos más dramáticos que vivió tras ser detenida el jueves 4 de mayo en el poblado de San Salvador Atenco (a 40 kilómetros de Ciudad de México), en medio de una protesta.

Aunque se encontraba filmando en calidad de documentalista fue detenida, pasó difíciles horas tras las rejas, siendo expulsada al día siguiente sin una orden legal.

Pero pese a la demencial experiencia que vivió (ver recuadro), lucha por volver a México y terminar su carrera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Dice sentirse desvalida en un Chile donde no puede exhibir un título universitario. “Mi futuro acá se ve difícil: tengo 30 años y ya no soy una lola. Mi estado anímico no es el mejor. Estoy a la deriva...”, cuenta con angustia evidente.

ACCIONES LEGALES

Valentina asegura a La Nación que no está dispuesta a que la violencia sicológica y física (incluido apremio sexual) que le infligió la policía quede impune. Por ello, evalúa junto al abogado mexicano Raúl Jiménez y al chileno Eduardo Contreras, entablar una querella criminal por lesiones contra esa institución y una demanda al Estado mexicano por la expulsión.

Entre las irregularidades de la expulsión está el rechazo del recurso de amparo presentado por Jiménez el viernes 5 de mayo, bajo el argumento de que la estudiante ya no estaba en el país, pese a que lo abandonó sólo a las 23:00 horas. También que no se atendiera el reclamo del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos que, tras calificar su detención como un atentado a la libertad de expresión, pidió su liberación dado que no tenía militancia política.

En tanto, la prensa azteca confirma sus dichos. El diario “La Jornada” calificó de “concluyente” el examen médico legal que se le realizó y certificó “contusiones y hematomas en abdomen, región costal izquierda, hombro y mama derecha, así como en el pulgar y la pierna”. Ello, sostiene el rotativo, refuta al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lauro López Sánchez, al indicar que ninguno de los extranjeros detenidos (dos españolas, una alemana y dos chilenos) “fue golpeado por la policía federal”.

INVESTIGACIÓN

Las autoridades mexicanas también investigan los sucesos. Así, la Procuraduría General de la República recibió una denuncia a nombre de siete mujeres que acusaron a la policía de maltrato, vejaciones y violación en San Salvador Atenco. El libelo sería tramitado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos o a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres.

El caso ya está en conocimiento del Gobierno chileno. Tras informar del recibo de una carta enviada por la madre de Valentina a la Presidenta Michelle Bachelet, desde La Moneda se explicó a la familia que los antecedentes serían remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En tanto, la documentalista expuso su situación al ministro y jefe de Cancillería de la Embajada de México, Arturo Hernández Basave, a quien pidió información en torno a si fue expulsada o deportada, lo que modificaría el plazo en que podría volver al país. También se ha entrevistado con parlamentarios como el senador Alejandro Navarro (PS), para pedirles asesoría.

Asegurando que las empresas españolas “están a gusto” en Chile, porque trabajan en un país “serio y moderno”, el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estableció implícitamente una distancia entre Santiago y el resto de la región, al tiempo que la Presidenta Michelle Bachelet instó a “no demonizar” a Bolivia o Venezuela con el objetivo de evitar repetir la lógica de la Guerra Fría.

“Nuestras empresas están a gusto, trabajando en un país serio y moderno. Chile es hoy un ejemplo para Latinoamérica y el mundo”, afirmó el premier español tras alabar la apertura de la economía nacional a “una notable presencia inversora de empresas españolas en vuestro país”.

Este hecho también fue alabado por el presidente de la eléctrica Endesa, Manuel Pizarro, quien destacó que las condiciones económicas de Chile permiten no sólo generar confianza, sino que también otorgar “garantías y seguridad jurídica” para invertir en el país.

En este contexto y consultada sobre una eventual desestabilización política en el cono sur a raíz del eje entre Venezuela, Bolivia y Cuba, Bachelet restó dramatismo a la sintonía que existe entre los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro, respectivamente. “No quisiera que volviéramos a la etapa de la Guerra Fría y que demonicemos a uno u otros países. Lo que se ha visto en el último tiempo en algunos países de la región es que se han buscado gobiernos y liderazgos que vayan en la lógica de avanzar en derrotar la pobreza, en eliminar las desigualdades”, afirmó.

No obstante, insistió en que la región tiene desafíos comunes: “Si somos capaces de integrarnos en cosas muy concretas, vamos a poder sacar a nuestros pueblos de lo que nuestros pueblos esperan de nosotros: que les demos un vivir mejor, más digno y de mejor calidad”.

Las palabras de Rodríguez Zapatero y Bachelet se produjeron tras la firma de una alianza estratégica bilateral, que apunta a profundizar la cooperación y ser una muestra de la afinidad política y económica entre ambos países, y días antes de que ambos jefes de Gobierno coincidan con los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Venezuela, Hugo Chávez, en Austria. Este último ayer dijo a Radio Cooperativa en Roma que considera a su par chilena “un extraordinario ser humano” y por ello se declaró “michellista”. “Es una extraordinaria amiga, un extraordinario ser humano, mujer, socialista, allendista. Estamos con ella”, indicó.

En el marco de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en Viena, Bachelet y Rodríguez Zapatero sostendrán encuentros bilaterales con Morales. La Mandataria -además- se reunirá con Chávez. Mientras en el encuentro entre Madrid y La Paz se abordará la nacionalización de los hidrocarburos en el país andino, la cita entre Bachelet y Morales tendrá una agenda sin imposiciones o restricciones. “Entre los presidentes generalmente no hay mesas, nos sentamos y conversamos de todo, y con Bolivia, ya lo hemos señalado en muchas ocasiones y lo reitero ahora, tenemos una agenda sin exclusiones y también sin imposiciones”, explicó Bachelet.

Los análisis gubernamentales estiman que la agenda amplia y sin exclusiones debe apuntar más bien a una integración económica y no centrarse únicamente en la histórica demanda paceña de retornar soberanamente al mar. En todo caso, el canciller boliviano, David Choquehuanca, que también está en Madrid, precisó que “nunca hemos hablado de que sólo tenemos que hablar el tema del mar”, pues también se abordaran acuerdos comerciales y el río Silala.

La cumbre de Viena será además -según explicó Bachelet- una oportunidad de intercambiar ideas sobre el futuro de América Latina, “considerando el momento político que se vive en nuestra región”, en alusión a los procesos electorales que se han desarrollado -por ejemplo- en Chile, Bolivia y Perú.

“Lo que hoy ocurre no es sino la expresión de un conjunto de búsquedas políticas que los pueblos de América Latina hacen para atender a demandas insatisfechas, a naciones que no han logrado aún resolver los problemas de toda su población, a democracias que no han resuelto satisfactoriamente todas las necesidades de su gente, que aún viven muchas de ellas en condiciones inaceptables de pobreza, exclusión y desigualdad”, afirmó.

En este contexto, explicó que “en Chile somos respetuosos de los procesos de cada país, lo que no significa que todos debamos necesariamente pensar de la misma manera. De hecho, si bien existen valores compartidos, muchas veces encontramos estrategias diferentes y legítimas de desarrollo al interior de América Latina”. LN

Controversia por cena sólo para mujeres

El encuentro femenino que organizó el Gobierno español en honor a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, generó ayer duras críticas en la prensa, que consideró discriminatorio y excluyente la iniciativa, que se desarrolló en el Palacio de El Pardo. En el encuentro, promovido por la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, participaron más de 200 mujeres del mundo político, empresarial, mediático y cultural.

El hecho motivó al diario madrileño “El Mundo” a definirlo como una “desafortunada idea”, ya que -a su juicio- “el Gobierno no parece entender que la igualdad consiste en que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, no en crear compensatoriamente un entorno totalmente artificial en el que la presencia masculina sea testimonial, por no decir nula”.

En esta línea, el periódico se preguntó: “Si en lugar de ser una mujer, el Jefe de Estado extranjero de visita en España fuera negro o gay, ¿deberían los invitados a una de las cenas oficiales ser también todos negros o gays?”.

Al cierre de esta edición, Carabineros registraba un total de 1.287 detenidos en el país, producto de la manifestación convocada por estudiantes de educación media. 907 de ellos en en la Región Metropolitana y 380 en distintas ciudades.

En Santiago, las marchas surgieron desde Plaza Italia y Parque Almagro, concentrándose en este último punto los enfrentamientos más violentos con Carabineros, con daños a las residencias, automóviles, al edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y a un supermercado cercano al lugar.

Aunque los estudiantes quieren que el foco de la atención se detenga en las demandas que consideran “históricas” (gratuidad de la PSU, del pase escolar y acceso a la movilización colectiva todo el año), todas las miradas se detuvieron en los destrozos causados por grupos de jóvenes encapuchados que -armados de bombas molotov, piedras y palos- parecen formar parte del paisaje habitual de estas manifestaciones.

El ministro Zilic planteó su enérgico rechazo a la violencia de las protestas, señalando que “no creo que un estudiante secundario de 15 ó 16 años esté tirando bombas molotov porque eso es terriblemente peligroso para ellos y sus compañeros, por lo tanto no me cabe la menor duda que hay gente violentista que quiere utilizar este tipo de manifestaciones para protestar contra el Gobierno”.

Sin embargo, Juan Carlos Herrera, vocero del Liceo Valentín Letelier, reconoce que sí existen estudiantes que radicalizan las protestas: “Sabemos quienes son y hemos creado una comisión que se encarga de evitar que causen destrozos, pero se nos hace difícil... no estamos de acuerdo con su forma de manifestar, pero la entendemos porque llevamos tres semanas de movilizaciones y no hemos tenido respuestas”. Herrera indicó que en caso de agudizarse la violencia, la asamblea puede acceder a dar los nombres de los encapuchados.

Mientras las protestas crecían en Santiago, un grupo de 23 dirigentes secundarios se dirigió a Valparaíso para reunirse con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Carolina Tohá, y otros 12 parlamentarios. La cita giró en torno a los cambios legislativos que se requieren para atender a las peticiones de los alumnos, como la reforma a la Jornada Escolar Completa (JEC) y la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE).

Respecto a las reivindicaciones de los estudiantes, Zilic dijo que se está avanzando con el Ministerio de Transporte para detallar el sentido y alcance del pase escolar. “Se ha dicho que este pase sirve sólo para dos trayectos diarios y eso lo vamos a explicar muy claramente a los estudiantes mañana,(hoy). Aquí no existen restricciones en este sentido, sino que las restricciones son de horario evidentemente y el calendario académico durante el año escolar”.

Sobre la PSU, indicó que hay avances con la Universidad de Chile para el “congelamiento del precio”, en tanto que se informará mañana sobre la ampliación de becas para rendir la PSU “para que ningún joven del primer y segundo quintil pueda quedar fuera de dar esta prueba única y exclusivamente porque no tienen los recursos para pagarla”.

Noticia en desarrollo

La Presidenta de la República Michelle Bachelet confirmó hoy que designó a María Luisa Sepúlveda como delegada especial para enfrentar la identificación errónea de los restos de 48 detenidos desaparecidos encontrados en el Patio 29, y anunció que se reunirá con ella mañana para ser informada en detalle sobre cómo se enfrentará este caso.

La mandataria indicó que Sepúlveda, quien tuvo un importante rol en la Comisión que elaboró el Informe sobre la Tortura, le dará a conocer este lunes la metodología con que se abordará el nuevo proceso de identificación.

En ese contexto, anticipó que traerán expertos extranjeros para colaborar en los exámenes de ADN, y se realizarán contra muestras en el exterior para garantizar la efectividad y transparencia del proceso.

La jefa de Estado agregó que el gobierno lamenta profundamente lo ocurrido, por lo cual pondrá sus máximos esfuerzos en enmendar el grave equívoco, refirmó su compromiso de reforzar las instancias legales que permitan aclarar estos hechos.

Y ésta tuvo lugar a las 9:30 horas de hoy, en el marco de la XVIII Asamblea del Parlamento Indígena de América (PIA), a la que fue invitado por el gobierno de La Paz.

A través de un comunicado de prensa enviado a nuestra redacción, el Consejo de Todas las Tierras afirmó que “valora positivamente el encuentro con el Presidente de Bolivia Evo Morales y Aucan Huilcaman”, pues “ambos tienen temas de interés común sobre una agenda internacional indígena”.

El texto de la iniciativa es el mismo que los parlamentarios Juan Bustos y Tucapel Jiménez, entre otros, habían patrocinado, sin reparar en que el artículo 65 de la Constitución todas las materias sobre amnistía tienen que ingresar sólo por el Senado.

En lo fundamental el proyecto declara “insanablemente nulo por inconstitucional” el Decreto Ley de Amnistía dictado el 19 de abril de 1978, argumentando que “carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir”.

Asimismo, establece que “son inamnistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un período de interrupción constitucional, que cometidos individual o masivamente puedan ser calificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, de conformidad a los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como por los Principios Generales del Derecho Internacional”.

El senador Girardi que el proyecto busca que “Chile pueda avanzar hacia la verdad y justicia en las violaciones a los derechos humanos”, para lo que se requiere una discusión en profundidad sobre la validez de la Ley de Amnistía.

En tal sentido, dijo que espera que en el Senado se produzca una profunda reflexión sobre esta materia, porque “la Ley de Amnistía va en contra de los tratados internacional que ha realizado el país, ya que fue hecha cuando en Chile no existía Estado de derecho, por los mismos que realizaron las violaciones a los derechos humanos, en un intento de encubrimiento que sólo busca impedir que haya justicia".

En tanto, el senador Ruiz Esquide señaló que “siempre he sostenido que esto se tiene que discutir en el Parlamento, porque no podemos estar permanentemente sujetos a que los tribunales actúen de una manera en un caso y de otra forma para otro”.

A su juicio, es conveniente que el Senado se aboque a discutir este proyecto para que se defina una norma general. “En el Senado se tiene que analizar este tema y si hay espacio para que esto se convierta en ley, en el camino se verá, pero no podemos evadir el debate parlamentario que se tiene que dar en cualquier democracia”, dijo.

I.D. / I.T.

Valparaíso

El abogado socialista Juan Bustos es considerado uno de los parlamentarios con mejor formación jurídica en el Congreso. Sin embargo, ayer debió retirar de la cámara baja su controvertido proyecto de anulación del decreto ley de amnistía de 1978, al detectar que el texto podría ser declarado inconstitucional debido a que la carta magna establece en su artículo 65 que las legislaciones de amnistías o indultos generales deben ser ingresadas sólo a través del Senado.

“Hay una interpretación muy amplia de la Constitución, en el sentido de que todo lo que sea sobre amnistía entra por el Senado, entonces por esa interpretación amplia que se ha hecho, para evitarnos problemas e impedir que la derecha pudiese plantear algún recurso de inconstitucionalidad, preferimos evitar esos problemas y presentarlo por el Senado”, explicó Bustos.

Siguiendo una antigua doctrina divisoria entre cámara del pueblo y cámara aristocrática o de nobleza, los proyectos que se refieren a cargas ciudadanas, como tributos, presupuestos públicos y reclutamiento, deben ser presentados a través de la Cámara de Diputados, mientras los de amnistía e indultos generales -que eran atribuciones reales- tienen que originarse en el Senado.

De acuerdo con Bustos, según aseguró en la mañana, estaba todo listo para que cinco senadores de la Concertación ingresaran ayer mismo la iniciativa; entre ellos mencionó al también socialista Juan Pablo Letelier. A pesar de su optimismo, no hubo pronunciamiento formal de respaldo a la “ley Bustos”, sino más bien una reacción de prudencia. El portavoz de esta línea más moderada fue el senador socialista Camilo Escalona. “Siempre he valorado la opinión de Juan Bustos como la más destacada en el ámbito jurídico, y si concordamos efectivamente en que éste es un camino útil, lo vamos a seguir, pero lo tenemos que primero considerar”.

Escalona asumió en la práctica la defensa de la posición dominante en La Moneda, que apunta a no intervenir desde un punto de vista legal en la amnistía, para evitar de paso una eventual crisis con las FFAA, y dejar que actúen los tribunales, que han puesto en entredicho la aplicación del decreto ley del ’78. “Los juristas tienen opiniones distintas respecto de los mecanismos. Hasta ahora eso se había resuelto por la vía de los hechos, la Corte Suprema espero que siga aplicando lo que es la legislación que se estableció los últimos años, en que prevalecen los tratados internacionales y los compromisos contraídos por Chile sobre la ley interna, y en consecuencia la ley de amnistía se encuentra supeditada a ello”, explicó.

En la línea de favorecer primero el análisis y la evaluación, que es la vía preferida por la administración Bachelet, Escalona agregó que “si respecto de esta jurisprudencia surgen nuevas y mejores alternativas jurídicas, yo estoy dispuesto a apoyarlas, pero primero las tengo que estudiar”.

DERECHA

Aunque diputados de derecha jóvenes habían sugerido una relativa disposición a abordar la cuestión, los jefes partidarios ayer fueron tajantes: el presidente de la UDI, Jovino Novoa, rechazó la sola posibilidad de que el Senado discuta la derogación de la amnistía. “No sólo votaremos en contra, sino que iremos al Tribunal Constitucional para hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar un daño”, puntualizó.

“El día en que nosotros permitamos que las mayorías políticas comiencen a hacer justicia en los tribunales, ése es el día en que se acabó el Estado de Derecho en Chile”, aseveró. Según Novoa, la iniciativa “no tiene ningún alcance jurídico”, porque la ley “ya operó”, y por tanto los legisladores oficialistas buscan sólo una ventaja “política” que genera “un clima de división” en el país. Novoa dijo que confía en que primará “el sentido común” de reconocer que es “inconveniente generar este debate” y aseguró que el Ejecutivo “no mira con buenos ojos este proyecto”.

En esta misma línea -tras la reunión quincenal de las mesas de las tiendas opositoras-, el presidente de RN, Sergio Diez, consideró que “es inconstitucional la derogación de la ley de amnistía porque crea responsabilidades penales por ley”.

A su turno, el jefe de la bancada senatorial DC, Hosaín Sabag, dijo que el proyecto fue “tocado” en la reunión que en la noche del martes sostuvo la Presidenta con los senadores de la Concertación en Cerro Castillo, pero advirtió que “nunca se tomó ningún acuerdo para nada”. Agregó que la Mandataria no se pronunció al respecto: “Ella no dio ninguna opinión indicativa sobre esta materia”. El parlamentario recordó que se trata de una moción que debe ser analizada en el seno del comité ministerial político. LN

La polémica suscitada por la decisión del ministro de fuero Víctor Montiglio, que decidió recurrir a la amnistía para exculpar a tres militares procesados por crímenes del llamado “episodio Arica” en el caso Caravana de la Muerte, ha impulsado a La Moneda a evaluar la posibilidad de respaldar o patrocinar iniciativas parlamentarias que apuntan a colaborar con la búsqueda de verdad y justicia en casos de derechos humanos por la vía de invalidar la amnistía.

Así lo admitió ayer el ministro de Justicia, Isidro Solís, al expresar la voluntad del Ejecutivo de evaluar proyectos del oficialismo destinados a anular el controvertido decreto ley de 1978. “Por cierto, nosotros estamos abiertos a eso, pero ustedes me preguntan sobre un proyecto que no conozco. No puedo opinar sobre algo que todavía no conozco el contenido”, afirmó.

No obstante, precisó que “todos (los proyectos) serán analizados por el Gobierno. Además el Gobierno tiene una política general sobre esta materia y la ha dicho la Presidenta: nosotros somos partidarios de que exista verdad y justicia, y por lo tanto vamos a apoyar todos los proyectos de ley que estén en ese camino”.

A su turno, la Presidenta Michelle Bachelet declinó referirse a la iniciativa legislativa dada a conocer, entre otros, por los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Juan Bustos (PS), argumentando que “no conozco nada, salvo por la prensa, de esta información. Yo no me pronuncio mientras no sepa de lo que estamos hablando. Cuando yo tenga algo que decir al respecto, se los voy a decir”.

MINISTRO PORTAVOZ

En este sentido, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, descartó que La Moneda esté estudiando aplicar un instrumento legislativo para la derogación de la ley de amnistía. Agregó que “aquí no habrá una ley de punto final. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos con lo que tenemos a disposición para que los tribunales ayuden a los familiares a encontrar los restos y a que se haga justicia”.

Respecto de respaldar iniciativas generadas por los parlamentarios, Lagos Weber explicó que se estudiarán en detalle las mociones “antes de pronunciarse”, aunque aclaró que “no está en carpeta” una derogación de la amnistía. “Solamente he planteado que no habrá ley de punto final, que los tribunales están trabajando y que vamos a hacer lo posible para que ellos puedan seguir desarrollando su labor, de acuerdo con las herramientas que disponen. No habrá ley de punto final y vamos a seguir trabajando para que haya verdad y justicia en Chile”, afirmó.

A renglón seguido, recordó que el fallo del juez Montiglio es una sentencia de primera instancia, por lo que el juicio “está vigente”.

Esta materia fue analizada en la habitual reunión del comité político ampliado de La Moneda, que incluye -además- a los presidentes de partidos de la Concertación. Si bien Lagos Weber señaló que el tema no fue analizado en profundidad, trascendió que Palacio habría manifestado su intención de monitorear de cerca el tema de la amnistía.

Desde esa perspectiva, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, habría comunicado a los dirigentes que el Ejecutivo evalúa patrocinar el proyecto del diputado socialista Juan Bustos que plantea la posibilidad de derogar la normativa.

Las autoridades del Ejecutivo -revelaron fuentes partidarias- estiman que de no manejar y centralizar la cuestión de la amnistía, ésta podría transformarse en un dolor de cabeza para la administración, caracterizada por las “excelentes” relaciones que la Mandataria mantiene con las Fuerzas Armadas.

El patrocinio por la vía de la urgencia no implica necesariamente que el Ejecutivo comparta el contenido de una propuesta legislativa, pero sí que está disponible para abrir un debate.

Es en este contexto que La Moneda estima que al derivar el asunto al Parlamento se quita un peso de encima, porque en éste deberían expresarse las fuerzas políticas.

En la cita de ayer en La Moneda, Zaldívar les pidió a los jefes de partidos tener especial atención con esta materia. Además, solicitó encarecidamente a los dirigentes mantenerse alineados en una sola posición, la que estaría marcada por el proyecto de Bustos como base de un debate legislativo. LN

Por Rodrigo Durán

Había expectación ayer en La Florida por el retorno del ex Presidente Ricardo Lagos a una actividad pública. La ocasión era el cambio de nombre de la avenida El Parque por el de Froilán Lagos Sepúlveda, padre del ex Mandatario. En el lugar varios adherentes portaban lienzos con el ya conocido lema “Lagos 2010”. El ex Jefe de Estado, sin embargo, declinó referirse a la coyuntura y a su nueva agenda tras dejar La Moneda. “No voy a hacer comentarios sobre temas contingentes. Me he propuesto hacerlo así y creo que es mejor para todos. Hablé bastante durante seis años”, dijo brevemente.

Mucho se ha especulado sobre las intenciones de Lagos de volver a La Moneda en 2010. Bajo ese prisma pueden entenderse sus escuetas declaraciones. Como el mismo Lagos ha declarado, sus pretensiones son sumergirse en actividades internacionales, como el Club de Madrid, que no interfieran ni hagan sombra a la todavía debutante administración Bachelet. Por eso Lagos ayer optó por hablar sólo de su padre y del acto que alrededor de mediodía se efectuó en el sector central floridano.

“Estoy muy agradecido de lo que se ha hecho”, dijo Lagos, que recordó sus viajes a la “chacra familiar” cuando él era niño: “Tomábamos el tren y nos bajábamos en la estación Bellavista. Al frente de la estación estaba la propiedad de mi padre, que era una chacra donde mis padres vivieron mucho tiempo, más de 15 años. Después mi padre se enfermó y la familia se trasladó a vivir a Santiago. Y después que mi padre falleció, con mi madre seguimos viniendo hasta que se construyó Américo Vespucio y fue expropiada”.

De acuerdo con los archivos municipales, Froilán Lagos Sepúlveda fue uno de los primeros habitantes de la entonces agrícola comuna de La Florida, donde compró un terreno hacia 1900 en el sector de Bellavista. Con los años la calle de acceso a su parcela tomó el nombre de Froilán Lagos, que existió hasta 1964 en lo que hoy es el tramo de Vicuña Mackenna Oriente, entre Departamental y Walker Martínez. El ex Presidente recordó que la propiedad fue expropiada debido a la construcción del tramo sur de Américo Vespucio: “La calle Froilán Lagos desapareció porque llegó el progreso. Cuando (a mi madre) le dijeron que se iba a expropiar para hacer Américo Vespucio dijo ‘cómo se le ocurre, si Américo Vespucio queda en Las Condes, cómo va a llegar hasta acá’. Pero llegó”.

EXPLICACIÓN DE ZALAQUETT

El acto de cambio de nombre contó con la presencia, además de Lagos, del alcalde UDI de La Florida, Pablo Zalaquett, y del ex ministro de Obras Públicas Jaime Estévez. De acuerdo con éstos, la idea surgió cuando Lagos le comentó a Estévez, con motivo de la inauguración de la concesionada autopista Vespucio Sur, que su padre tenía un terreno en el sector. Estévez se lo relató a Zalaquett, que buscó los antecedentes en los archivos comunales. En enero el concejo municipal aprobó por unanimidad el cambio de nombre.

Zalaquett negó tener un propósito electoral con su acción, que se suma al nombramiento de la histórica dirigenta comunista Gladys Marín como hija ilustre de la comuna: “No hay un afán mío de buscar un acercamiento en términos de votos al mundo de la izquierda. Eso es ficción política, porque es muy difícil. Lo que trato es rescatar dos hechos importantes en mi gestión: la historia de la comuna y la representatividad que tienen diversos actores sociales de la comuna”.

Agregó que no tenía que dar explicaciones, porque hacía las cosas por el bien de la comuna. Asimismo, negó que sus medidas hayan sido cuestionadas en la UDI. “Son actos simbólicos y nadie de la dirigencia del partido me ha dicho nada ni tampoco esperaría que me dijeran algo. Entiendo a la gente de mi sector que tenga una opinión distinta y la respeto, aunque no la comparto. Mucho hablamos de democracia, tolerancia, pero no la ejercemos. Yo creo que tiene que ser para los dos lados”, explicó, para de paso anunciar la creación de una plaza con el nombre del fundador del gremialismo Jaime Guzmán.

Quienes no se mostraron muy contentos fueron los vecinos de la ex avenida El Parque, que reclamaron no haber sido consultados y dijeron que sólo fueron informados mediante una carta que les llegó sólo días antes del cambio de nombre. Zalaquett se defendió diciendo que las modificaciones son aprobadas por instancias municipales representativas. Añadió que había “un bien superior” en la resolución. LN

Ni más ni menos que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se puso al lado del máximo tribunal del país para poner en jaque la última jugada del retirado juez que procesó al general (R) Augusto Pinochet, Juan Guzmán Tapia, y exigirle pruebas y nombres que respalden las duras acusaciones que lanzó contra los integrantes de la Corte Suprema que habrían alcanzado sus cargos arrastrando oscuras historias personales.

Era la respuesta a los dardos que descargó el ex magistrado contra ciertos supremos que según dijo el jueves habrían alcanzado la máxima magistratura luego de haber tenido conductas reprochables, desde bailar desnudos sobre las mesas de un prostíbulo hasta aceptar coimas de abogados que actuaron en dictadura.

Como era de esperar, tampoco permaneció indiferente la Corte Suprema. A través de una declaración pública, el máximo tribunal reprochó a Guzmán Tapia que no se haya hecho cargo de las denuncias como corresponde a alguien que tan bien conoce los caminos de la justicia, y haya eludido la responsabilidad de entregar antecedentes que permitan abrir una investigación seria sobre las competencias de los integrantes del máximo tribunal.

Es más, le enrostraron las graves imputaciones sin pruebas ni directos aludidos, pues éstas “impiden comprobar su veracidad” y son cuestionables al “emanar de un ex integrante del Poder Judicial y actual decano de una facultad de derecho".

Los 16 ministros que integraron ayer el pleno ordinario expresaron su “extrañeza por la oportunidad en que han sido vertidas” las acusaciones, justo después que senadores de derecha no dieron los votos para alcanzar el quórum que requería la ratificación del nombre del ministro Carlos Cerda, a cargo del caso Riggs, para ocupar un puesto en el ahora cuestionado elenco judicial.

Más aún, el pleno rechazó que la ofensiva proviniera justamente de “una persona que hace poco tiempo ha dejado de ser funcionario judicial, pues se refieren a posibles conductas que eventualmente, de ser efectivas, algunas de ellas, podrían contrariar el ordenamiento jurídico".

Por lo mismo, el organismo indicó que “sería aconsejable investigarlas, e incluso sancionarlas si fuera procedente, para no tender un manto de dudas indeterminado, que en tales circunstancias resulta infundado y aventurado", precisando que “al no referirse a personas precisas e individualizadas, no asume su responsabilidad e inhibe la iniciación de investigaciones al respecto".

Ya antes el ministro de Justicia, Isidro Solís, había expresado su preocupación por los efectos en la imagen de la institución. La Corte Suprema “es el principal tribunal del país, es el encargado de fallar todas las causas importantes, y por lo tanto, una imputación genérica le hace muy mal a Chile”, dijo Solís en el programa Medianoche, recalcando que "sería bueno que él (Guzmán) precisara sus dichos, para saber con exactitud quiénes son y cuando ocurrieron los hechos".

Así, la única salida del juez que procesó a Augusto Pinochet sería ahora dar a conocer los “santos y señas” de los supuestos magistrados que cargan las historias de burdeles, acoso sexual y coimas según sus propias palabras.

Pero ayer en Temuco el magistrado indicó que no da nombres “porque no soy tonto”. “Son cosas difíciles de probar, y si doy ahora nombres públicamente se puede tomar este ejercicio a la crítica que estoy haciendo como un ejercicio a la injuria, y no tengo ánimo de injuriar a nadie”, indicó, para precisar que este es “un animus criticandi”.

Raúl Rivera

La gran figuración que han alcanzado las mujeres en el plano político, comenzando con el ascenso de Michelle Bachelet a la Presidencia, también se ha comenzado a observar en el plano laboral.

Según al informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación correspondiente a diciembre 2005-febrero 2006 llegó a su nivel más bajo para el período desde 1998, al alcanzar un 7,3%, lo que significa una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto a igual lapso del año anterior.

Pero el informe oficial no sólo confirma la consolidación de la tendencia a la baja que se observa en el desempleo. Los datos también muestran una participación nunca antes vista de las mujeres en el mercado laboral. Durante el trimestre estudiado, la tasa de inserción femenina en el mercado del trabajo alcanzó un 38% (71.761 personas), el mayor nivel que ha existido en la historia.

Prioridad

Para la nueva administración esta materia es relevante. En su programa de Gobierno, la Presidenta planteó incentivar nuevas modalidades laborales, con el fin de que las mujeres puedan compatibilizar su vida familiar con alguna ocupación.

Por esta razón, el subsecretario de la cartera del Trabajo, Zarco Luksic, valoró estos resultados y sostuvo que uno de los objetivos del Gobierno en esta área es mejorar las condiciones de empleo de las mujeres.

Por el lado académico, los expertos estiman que la participación femenina en el mundo laboral (cerca de 2,2 millones) seguirá en aumento. Para Joseph Ramos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, en los dos últimos años uno de cada dos nuevos trabajos es ocupado por una mujer. Para el economista, ésta es una tendencia que va a continuar debido a diversos factores. “Las mujeres tienen mayor educación, por lo que su labor vale más en el mercado; además, la menor tasa de fecundidad y la mayor educación preescolar les da más tiempo, lo que les permite salir a trabajar”.

Ramos recalcó también que los sectores económicos que más han crecido son comercio y servicios, “áreas que típicamente contratan mayor proporción de mujeres”. A pesar del crecimiento de la participación femenina, el experto dijo que los niveles en Chile todavía son muy bajos en comparación a otros países, por ejemplo, los europeos.

En el sector empresarial la alta participación de la mujer no pasó desapercibida, y fue la ocasión ideal para poner nuevamente uno de los temas de su interés sobre la mesa. Según Hernán Somerville, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), esta cifra “sirve para preguntarse, cómo podemos incentivar más el empleo femenino y eso nos lleva una palabrita que ya uno no se atreve a usar que es la adaptabilidad, pero en eso estamos trabajando”, señaló.

Seis millones ocupados

Otro resultado sobresaliente en la medición del INE fue el número de ocupados. También por primera vez las personas con empleo llegaron a 6 millones 5 mil. En el período diciembre-febrero, se crearon 160 mil 330 nuevos puestos de trabajo, la gran mayoría en la categoría asalariados.

Respecto a los 6 millones de ocupados, Ramos señaló que esta cifra sólo se debe a un factor demográfico. “Es cierto que ahora hay muchos más ocupados que nunca, pero también en la actualidad hay muchos más chilenos que en el pasado”, sostuvo.

Para Luksic, todos estos resultados entregados por el INE son “muy buenas señales”. “Ha aumentado el trabajo asalariado y eso es importante porque son ocupaciones más formales, es permanente, estable y permite tener una mejor expectativa respecto de su empleo”.

En tanto, para el líder de la CPC la disminución de la cesantía “es muy importante, porque indica que hay un ciclo económico expansivo y lo importante es mantenerlo no sólo a través de los muy buenos términos de intercambio que hemos tenido con el precio del cobre. Además, es una buena noticia para los trabajadores chilenos que el empleo crezca a mayor velocidad que la fuerza de trabajo”, puntualizó.

Respecto a la trayectoria que tomará la tasa de desempleo, Tomás Flores, subdirector de estudios del instituto ligado a la UDI, Libertad y Desarrollo (LyD), indicó que en marzo debería subir 7,5%, producto de la estacionalidad propia del invierno. Pese a que el experto proyecta que este año la tasa de cesantía va a ser menor a la del 2005, el número de desocupados sigue siendo un problema importante. “Para que el mercado de trabajo se equilibre bien hay que generar plazas para todos las personas que hoy están oficialmente desempleadas, que son cerca de medio millón de trabajadores”, concluyó.