P A R A G U A Y:

A un Año del Descubrimiento de un Sótano, Centro de Tortura en el Ex Ministerio

 del Interior de Stroessner y  Montanaro.

 El gobernador de Misiones, Dr. Víctor Hugo Pereira,  el Defensor de los Derechos Humanos, Martín Almada, CAZADOR DE ARCHIVOS, y el ex conscripto Toribio Pérez, el sábado 31 de octubre  a las 9 de la mañana, realizaron un recorrido por el edificio del ex Ministerio del Interior al recordar un año del hallazgo  de nuevas piezas documentales  sobre  los crímenes de la dictadura stronista durante la gestión del entonces temible Ministro, Sabino Augusto Montanaro y la vigencia  de la Operación  Cóndor, Operación Militar entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile Paraguay y Uruguay correspondiente a la década del 1970.

La recorrida tenia la finalidad de alentar las investigaciones de la Fiscalía, a cargo de la Agente Fiscal, Sonia María Mora Franco, así como de las personas y organismos involucrados en la lucha contra la impunidad  de los crímenes cometidos durante la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner y secundada por numerosos represores que actualmente intentan nuevos posicionamientos en la política nacional y el retorno de  apropiadores como Gustavo Stroessner, prófugo de la Justicia.

El Operativo de hace un Año

En la esquina de las calles  Montevideo y  Estrella, funcionaba el Ministerio del Interior y desde allí ejerció Sabino Augusto Montanaro, la jefatura de esa cartera durante dos décadas de la dictadura stronista, Sabino  Augusto Montanaro, actualmente detenido acusado por las más graves violaciones a los Derechos Humanos.

En el edificio de varios pisos, funcionaba un centro de escuchas telefónicas ilegales que formaban parte del sistema de inteligencia con que la dictadura de Stroessner aplicaba la doctrina de la Seguridad Nacional y sometía al pueblo paraguayo al más siniestro Terrorismo de Estado.   El sótano, un espacio amplio y apenas ventilado por pequeñas ventanillas, servía de cárcel clandestina. Allí, según el testimonio de Toribio Pérez eran arrojados los prisioneros políticos paraguayos y extranjeros, que luego de ser torturados, morían en el agua estancada en el sótano. Toribio Pérez, oriundo de Antequera, (Paraguay) prestó allí su  servicio militar bajo las órdenes de Montanaro. Toribio sabía leer y escribir y a su cargo estaba el control de ese infernal sótano..Redactaba las novedades de la jornada para el Libro de Guardia.

Toribio fue testigo durante 2 años (1970 y 1971) de todas las calamidades que cometían los torturadores de Montanaro. También Toribio sufrió severos castigos por haber preguntado  los motivos de los castigos y la gran cantidad de personas que eran torturadas y vejadas en el lugar.

Pasaron 30 años y Toribio y muchas noches no pudo dormir porque no le dejaba en paz las pesadillas. Los gritos de socorro Mama, ay Mama, de los torturados resonaban en sus oídos, también le pesaba mucho las órdenes, gruñidos, gritos  de amenazas del entonces Ministro  Montanaro.

Quería Toribio finalizar el sufrimiento de los recuerdos y sacudirse de sus pesadillas por eso, brindó su testimonio al Dr. Martín Almada, Defensor de los Derechos Humanos del Paraguay y le confesó la existencia de un sótano de tortura en el Ministerio del Interior. Le reveló la existencia de una falsa pared  donde estarían los documentos del Operativo Cóndor y la máquina con roldana para levantar el cuerpo de las Victimas, instalada por el coronel Robert K.Thierry, coronel de inteligencia, creador de la primera Escuela de Asesinos en Paraguay, la famosa TECNICA.

El edificio mencionado es actualmente la sede del Consejo de Gobernadores y Almada solicitó la intermediación del   Gobernador de Misiones, Dr. Víctor Hugo Pereira, quien facilitó el ingreso al Dr. Almada y   el 31 de octubre  de 2008, a las 10.hs. descubrieron otro centro de Tortura en el corazón de Asunción, a escasa distancia del Palacio de Gobierno y de otros temibles y conocidos centros de represión como La Técnica, Investigaciones, la Tercera. Ante la importancia del  descubrimiento, y la ausencia de la Fiscalía, el secretario del Gobernador misionero, Emilio Martínez Candía  fue comisionado por el Gobernador a pedido del Dr. Almada para formular la denuncia en el despacho de la Fiscalía, que acudió a las 14,30 hs. e inició el trabajo junto con los expertos forenses y antropólogos y  los Drs. Carlos Portillo y Rogelio Goiburu, de la Comisión de la Verdad y Justicia.

La causa continuó bajo la responsabilidad de la agente Fiscal Sonia María Mora Franco hasta la fecha. 

 El Hallazgo

 El ingreso difícil por la oscuridad del lugar, el agua estancada y la cantidad de personas, la mayoría víctimas de la dictadura y periodistas que se agolparon en el lugar. El primer resultado del descubrimiento fue la identificación de un sitio donde según el testigo principal, fueron torturados y desaparecidos detenidos políticos. Comentarios que también hicieron habitantes de las casas aledañas con el agregado que las víctimas serían argentinos y uruguayos, lo podría vincularse con el Operativo Cóndor de intercambio de informaciones, prisioneros, secuestros, ejecuciones y desapariciones en terceros países con dictaduras militares.

 Cabe destacar que cuando el presidente argentino Jorge Rafael  Videla visitó  Asunción el 14 de mayo de 1977, por razones de seguridad fueron detenidos 3 jóvenes argentinos presumiblemente “Montoneros” que vivían en una pensión aledaña al Ministerio. Seguidamente fueron tirados y asesinados  en el sótano .Uno de ellos se  llamaba “Dante”.

En segundo término, la identificación de elementos incorporados a la construcción, como roldanas y barras que podrían haber sido utilizadas como elementos de torturas, al estilo de los tormentos denunciados por el líder colorado opositor Epifanio Méndez Fleitas en su libro.

En tercer término, la documentación encontrada, permite corroborar la existencia de numerosas víctimas  de uno o varios operativos represivos.  Están contenidos en dos álbumes  y contienen los nombres  y fotografías de 42 personas, la mayoría adultas y una niña.  Las personas  pertenecen al Mopoco, Democracia Cristiana y otras son catalogadas de “Comunistas”. Algunas de las personas alcanzaron gran notoriedad como dirigentes políticos.  También se hallaron diarios oficialistas y de la prensa nacional de las décadas 70 y 80.

Los álbumes mencionados  continúen  fotografías y los datos de filiación:

·        En el primer álbum aparecen los siguientes nombres:

-  Lorenzo López, posiblemente se trate de Lorenzo López Gómez, desaparecido.

- Agapita, nombre incompleto. Paraguaya, casada de 44 años, posiblemente se trate de Agapita      Faustina Torres de Quintana, desaparecida.

- Candido Ferreira Benítez.

- Albino Nicomedes, posiblemente Rodríguez, argentino, soltero.

- Cayo Efrén González de Zeballos Cue.

- Juliano García Romero de la Colonia Blas Garay.

- Máximo Villalba de la Colonia Blas Garay.

- Melanio Enciso Franco de Arroyos y Esteros.

- José Gill García Bernal de la Colonia Blas Garay.

- Eusebio Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Faustino Villalba de la Colonia Blas Garay.

- Ramón Pintos de Zeballos Cue.

- Víctor García Romero de la Colonia Blas Garay.

- Melanio Villalba Rodríguez de la Colonia Blas Garay.

- Ciriaco Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Ladislao González, Barrio San José de la Ciudad de San Lorenzo.

- Agustín García Romero de la Colonia Blas Garay.

- Bernardino Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Antonio González Ortega del Barrio Ricardo Brugada en Asunción. 

- Florencio Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Pedro Estigarribia Torres del Barrio Ciudad Nueva en  Asunción.

- Pedro González Careaga.

- Julia Adorno, Yegros y 7ª Proyectada, Asunción.

- Máximo Lugo Aguilar, Independencia Nacional 2054 y 9ª.Proyectada, Asunción.

- Ángel Romero, Yegros y7ªProyectadas, Asunción.

- Fabriciano Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Aureliana Ferreira, de 12 años de edad.

- Juan Ramón Salinas R.

- Carmen Catalina Agüero, argentina.

- Luciano Ramón Samudio de Arroyos y Esteros.

- Pedro Ortiz Benítez de Coronel Oviedo.

- Juan Ortiz Benítez de Coronel Oviedo.

- Pablo Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Asunción Ortiz Páez de Nueva Australia.

- Francisco Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Agapito Enciso Mújica de San José de los Arroyos.

- Pablo Mújica Sanabria de San José de los Arroyos.

- Artemio Florentin Figueredo de San José de los Arroyos.

- Víctor Mújica Sanabria de San José de los Arroyos.

- Francisco Enciso García de San José de los Arroyos.

-Tomas Acevedo de San José de los Arroyos.

- Miguelino Coronel Garcete  de Coronel Oviedo.

·        En tanto en el segundo álbum, aparecen los siguientes nombres:

- Ángel Aníbal Mallorquín Volpe, Mopoco.

- Dr. Rubén Acosta Fleitas, Mopoco.

- José Tomas Acosta, Mopoco.

- Antonio Miljans Cubas, Mopoco.

- Miguel Ángel Aquino Britos, Mopoco.

- Albino Moreno Guppy,  Mopoco

- Eduardo Celso San Martín, Mopoco.

- Miguel Jerónimo Irala Burgos, Demócrata Cristiano.

- José Maria Bonin, Demócrata Cristiano.

- Manuel Cáceres Ruiz Díaz, Mopoco

- Roque Carlos Arguello Arce, Mopoco.

- Efraín Enrique Gamon, Mopoco.

Cabe con signar  que actualmente, el ex Ministro Montanaro se encuentra en su domicilio particular impune porque fue blanqueado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y los Jueces intervinientes llevados por ellos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber ordenado la detención y remisión de Montanaro al Penal de Tacumbú como manda la ley. -

  XENTILEZA DO:   COSAL   A CORUÑA

AGRUPACION NACIONAL                                                        

DE EX PRESOS POLITICOS DE CHILE 

  -  ANEXPP CHILE

Personalidad Jurídica  753 

del 4 de mayo de 2009

 AGRUPACIÓN NACIONAL  

FAMILIARES DE EX-PP

FALLECIDOS DE CHILE

 UNIÓN DE EX PRISIONEROS

POLÍTICOS DE CHILE

O.N.G. Corp. UNExPP

de Chile Personalidad Jurídica. DS 3.057

de Justicia del 6 de octubre de 2005

CARTA ABIERTA A LA SRA. MARIA LUISA SEPÚLVEDA EDWARDS PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS 

                 El 21 de Agosto los ex Prisioneros Políticos (ex PP) de la provincia de Osorno entregaron una misiva a la presidenta Bachelet, que la recibió en sus propias manos, pues se encontraba de visita oficial en esa ciudad. La carta solicitaba ser recibidos y anunciaba algunas reivindicaciones, siendo la más importante recordar la promesa de la Presidenta de enviar un proyecto de ley de reparación para los ex PP y sus familiares.

                 La Presidenta respondió oficialmente a través de la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards que oficia como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de DDHH. La Sra. Presidenta Bachelet parece no disponer de tiempo para entrevistarse con los ex pp y prefiere responder por escrito a través de su asesora. Debemos suponer que la asesora tampoco tiene tiempo para reunirse con los ex pp, pero su respuesta escrita merece ser contestada de la misma manera.

                 En primer lugar afirma mantener una relación con un "Comando Nacional de ex prisioneros políticos", que no conocemos. Puede ser que se refiera al autodenominado Comando Unitario cuyos dirigentes ofician como operadores súper numerarios del gobierno, pero que hace ya un largo tiempo no representan a nadie en el campo de los DDHH. Si ese fuera el caso queremos dejar establecido de antemano que los ex PP de Chile no se sienten representados por esos dirigentes. La Sra. Sepúlveda dice que realiza sesiones de trabajo con estas personas, lo que demuestra la entrega total de estos individuos al gobierno y su traición a la causa de los ex prisioneros políticos. ([1])

                 En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas.

                  Respondemos con un primer argumento: los actuales candidatos presidenciales suscribieron el 28 de Octubre,  un "Compromiso Presidencial con los Derechos Humanos" que contiene alrededor de 20 puntos, la inmensa mayoría de los cuales forman parte de nuestras reivindicaciones en esta materia.

                  Esto significa que los eventuales futuros presidentes reconocen que en materia de DDHH la Concertación no ha cumplido prácticamente nada. No hay una investigación seria sobre la verdad de lo ocurrido, el Estado no denuncia ni procura procesar a los criminales, la reparación es tan magra que no alcanza los estándares internacionales, sigue pendiente la ratificación de muchos tratados internacionales, no hay una política real y efectiva de resguardo y promoción de los derechos humanos.

               La verdad sobre los desaparecidos, la pregunta ¿dónde están?, no ha sido respondida en 20 años y los militares se burlaron siniestramente de los familiares al entregar datos falsos durante la mal llamada "mesa de diálogo".

                Hay 276 agentes condenados nos dice la Sra. Sepúlveda, pero efectivamente detenidos en prisiones especiales tipo hotel 4 estrellas, no hay más de 40. ¿Por qué intenta engañarnos?, ¿olvida que habla en nombre de la presidenta?

                 La Sra. Sepúlveda nos dice que los procesos por tortura son escasos o no fueron acogidos por los tribunales. Sí, eso fue así durante la dictadura y posteriormente las querellas fueron presentados por las propias víctimas. Preguntamos ¿Cuántas denuncias por tortura ha presentado el gobierno chileno en contra de los violadores de los derechos humanos? Respondemos: NINGUNA. ¿Acaso la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual Ud. fue Secretaria Ejecutiva, no reportó 1.000 centros de detención y tortura a nivel nacional, al interior de recintos militares? ¿Cómo es posible que el Estado y el Gobierno de Chile, cuya misión es cumplir con la ley, no haya sido capaz de entablar ni una sola querella?

                Respecto a las viudas de los ex prisioneros políticos, que la denominada Ley Valech dejó fuera del beneficio de pensión no contributiva, la Sra. Sepúlveda, nos dice que junto con el proyecto de ley del INDH se establece en una norma transitoria el derecho a una pensión. Pero se guarda mucho de decir que esa "pensión" no es igual a la percibida por el beneficiario directo, sino mucho menor, solo el 60% de ella y sin pago retroactivo; lo cual visto el monto exiguo la hace una verdadera burla para gente como las viudas que han pasado su vida entera corriendo la misma suerte que sus maridos: persecución política, discriminación, cesantía, relegación y exilio.

                La extracción social de la inmensa mayoría de los ex prisioneros políticos corresponde a los sectores sociales históricamente postergados en nuestro país, y si hoy día el Ministro Velasco se permite decir que tiene "la caja ordenada" y todo el mundo sabe que el Estado chileno cuenta con recursos económicos extraordinarios producto del alto precio internacional del cobre, no creemos que se le "desordene" demasiado su caja al Ministro si accediera a entregar los 5 Euros diarios, de la pensión completa, a las viudas de los ex prisioneros políticos, que por lo demás no suman millones de personas.

                 Seguidamente la Sra. Sepúlveda se felicita de la "transferencia del beneficio educacional a un hijo o un nieto". Le refrescaremos la memoria a la Sra. Sepúlveda diciéndole que nunca ha habido "transferencia del beneficio", sino una especie de "traspaso" o mejor dicho "trampazo". Lo que el gobierno ha hecho ley es el derecho a una beca educacional, conforme al reglamento general de becas y no el beneficio. El beneficio implica el pago del 100% del costo de la carrera y una beca está limitada a una fracción del costo, con un tope máximo de 1.150.000 pesos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de una carrera universitaria. El saldo corre por cuenta de la familia. La mayor parte de los 1300 familiares que se acogieron a este supuesto beneficio el año 2008, esperaban gratuidad total. Ellos se merecen y deben exigir una indemnización por la deuda que han debido asumir, al Estado que no cumplió, o al Comando Unitario que los engañó.

                  En realidad, con este "traspaso" los ex prisioneros políticos están perdiendo el beneficio que la ley les otorga, pues ellos no podrán nunca más hacer uso de él. Lo lógico es ampliar el beneficio  a todos los hijos y nietos, como lo planteamos en nuestra plataforma, eso sí es reparación, pero no estas normas transitorias y vetos aditivos que más parecen limosnas que real reparación. Por otro lado cabe preguntarse si el Gobierno y la propia Señora Sepúlveda se han puesto a pensar que cuando hay más de un beneficiario estos deberán ponerse "de acuerdo" para determinar quién finalmente lo usará, lo que implica, más que entregar una "solución con este beneficio", introducir un elemento de disputa a las ya tan maltratadas familias de los ex Prisioneros Políticos

                  La guinda de la torta de la carta de la Sra. Sepúlveda se refiere a su definición de reparación a la que tienen derecho las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. "No hay estándares en esta materia ni menos normas internacionales" nos afirma ella. Interpreta a su modo las directrices internacionales sobre esta materia. Recordaremos brevemente cuáles son estas directrices.

                  La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de marzo 2006, establece en sus principios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 la reparación y precisan lo siguiente:   

• 18.- Conforme al derecho interno y al derecho internacional ... se debería dar a las víctimas ... de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
• Nos detendremos en el principio 20:

"La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

•a)  El daño físico y mental;

•b)  La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

•c)  Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante;

•d)  Los perjuicios morales;

•e)  Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."

             En consecuencia, la resolución de las Naciones Unidas es meridianamente clara respecto a lo fundado de nuestro derecho a reclamar indemnización al Estado.

             ¿Dónde está el problema, por qué los gobiernos de la Concertación no cumplen con los mandatos internacionales? Un primer esbozo de respuesta está dado en los principios 1 y 2 de la ya citada Resolución:

•1.      La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos  dimana de:

•a.      Los tratados en los que un Estado sea parte;

•b.      El derecho internacional consuetudinario;

•c.       El derecho interno de cada Estado.

•2.      Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo  siguiente:

•a.      Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;

•b.      Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;

•c.       Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;

•d.      Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.

             Aquí está el meollo del problema: la Concertación debió adaptar el derecho interno para poder cumplir con el derecho internacional, pero fue incapaz de hacerlo.

            ¿Por qué? Porque al inicio de la transición sus negociadores (Boeninger, Correa) firmaron acuerdos secretos con el ejército (general Ballerino) en donde aseguraron la impunidad para los violadores y asesinos de las FF.AA. Se comprometieron a mantener el decreto de Amnistía de 1978 (vigente hasta el día de hoy) y a mantener y perpetuar la Constitución de 1980.

            El marco general de todo esto es la impunidad de los criminales. En consecuencia, no se puede castigar ni tampoco reparar, porque reparar significa reconocer los crímenes, por tanto la política oficial es: olvidemos el pasado, o sea los crímenes, y miremos hacia delante, busquemos la tan reiterada reconciliación, que políticamente es asexuada, sólo significa olvido y enterrar el pasado.

              Es en este contexto político general que las víctimas y sus organizaciones han debido luchar denodadamente y sin lograr mayores éxitos. La Concertación últimamente ha desarrollado una acelerada política de reconocimientos oficiales destinados a la exportación de imagen: Día Internacional del desaparecido, Día Internacional del ejecutado, museo de la memoria, INDH vacío de todo contenido en materia de defensa y promoción de los DDHH.

              Hay que hacer creer a la opinión pública internacional que en Chile se ha avanzado en esta materia, pero los porfiados hechos muestran lo contrario y las víctimas siguen ahí: esperando.

             La opinión pública puede fácilmente entender por qué no se cambia la Constitución del 80: su vigencia es resultado del acuerdo político ya explicado y ello no será cambiado sino por otro acuerdo político o cuando se rompa con el cogobierno binominal.

             Sra. Sepúlveda, su carta oculta o disfraza esta cruda realidad. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.

             Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.

 Santiago 12 de Noviembre de 2009

 Héctor Cataldo                       Silvia Araya                         Nelly Cárcamo
Patricio Negrón                     Cecilia Zamora                      Víctor Rosas
ANEXPP CHILE                        FAMILIARES                             UNEXPP CHILE
                                               EXPP FALLECIDOS

SECRETARIADO NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES

[1] Los cabecillas de ese Comando son: Miguel Retamal, Ricardo Martínez, Ramón Núñez, Juan Rojas, Nelson Aramburu y Haydee Oberreuter. 

Viernes 13 de noviembre de 2009

Foto: Oficiales de distinto rango estuvieron comprometidos en cientos de procesos por violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Hoy el candidato de la derecha se reúne con ellos y hace promesas.

Bajo la coraza argumentativa de “aplicar el Estado de derecho en plenitud” fundamentó ayer Sebastián Piñera los compromisos que adquirió en un encuentro privado -el pasado martes- con militares pinochetistas en retiro, a quienes prometió no “alargar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos y aplicar la justicia de modo tal que se ponga fin los “procesos ad eternum que nunca terminan”.

Dando un paso más allá en sus gestos a los ex uniformados vinculados a la dictadura militar -y pese a las quejas surgidas desde el mundo de los derechos humanos por un posible perdonazo a militares procesados y las aclaraciones desde el Poder Judicial-, el candidato adelantó que sostendrá dos encuentros más con militares en retiro, en las ciudades de Valparaíso e Iquique.

Defendiendo sin vacilar la política que aplicaría para abordar los juicios a uniformados relacionados a casos de violaciones a los derechos fundamentales, Piñera aseguró que “nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones nos pertenecen a todos los chilenos y yo quiero decir que me siento orgulloso, como la mayoría de los chilenos, de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y también muy agradecido de esos cientos de miles de hombres y mujeres que por vocación sirvieron a su país y, por supuesto, que me he reunido con ellos”.

La decisión de Sebastián Piñera de estar en encuentros donde hay ex oficiales procesados por crímenes y delitos ha tenido ya lecturas como que estaría tentando un perdonazo en materia de derechos humanos, lo que explicaría el repudio de las agrupaciones de familiares de las víctimas y el respaldo de los antiguos uniformados (ver notas adjuntas).

El candidato promueve la idea de que haya nuevos juicios o juicios distintos a violadores de derechos humanos.

Es así que sostuvo: “He planteado que vamos a velar y haremos todos los esfuerzos necesarios para que en nuestro país el Estado de derecho se pueda aplicar en plenitud, y eso significa garantizarle a todos los chilenos el debido proceso, la correcta aplicación de las leyes y de los tratados judiciales”.

También hizo frente a las declaraciones del vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien planteó, en relación a las críticas de Piñera a los procesos contra ex uniformados, que en Chile existe el debido proceso.

“Tengo plena confianza en que nuestro Poder Judicial está aplicando en forma correcta nuestra legislación y tratados internacionales”, se defendió Piñera.

RN: QUE PRESCRIBAN DELITOS

En tanto, desde Renovación Nacional (RN) tienda del abanderado- su presidente, Carlos Larraín, defendió la política de Piñera, asegurando que “Sebastián ahí se ha subido a lo que es el sentido común chileno, (de) que los conflictos no se pueden eternizar indefinidamente”.

Larraín dijo que “lo que yo entiendo es que se está pensando en acelerar los procesos y en que los jueces tomen en cuenta los criterios habituales del derecho, entre los cuales está la prescripción”.

La vocera de La Moneda, Carolina Tohá, enfatizó que “los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles”, así lo ha acordado la civilización humana y nosotros lo que hemos buscado es respaldar la labor de la justicia”.

La ministra manifestó que “cualquier cambio que se quiera hacer en esa línea, de ponerle punto final o no sé adónde apunta Sebastián Piñera, es un tema muy delicado y es importante si se abrió esa temática, que él aclare a qué se está refiriendo”.

De hecho, Chile tiene firmados tratados internacionales que declaran imprescriptibles delitos de lesa humanidad.

El peligro de retomar caminos Sebastián Piñera simplemente refrendó la cercanía y empatía que siempre ha tenido la derecha con la dictadura y con los uniformados que se comprometieron con las directrices de Augusto Pinochet. Es indesmentible que los miembros de la UDI y RN reivindican la “obra del gobierno militar” y en su momento negaron y después relativizaron las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Eso incluyó buscar fórmulas para apoyar a oficiales (R) investigados y/o procesados, a través de amnistías, prescripciones o “agilizaciones”. Cuando todo el país presenciaba la aplicación de justicia en esta materia y se lograba encauzar debidamente los procesos, Piñera salta con promesas que remecen la sensibilidad ciudadana y lo hace, precisamente, en actos proselitistas con los antiguos pinochetistas que vistieron uniforme militar. Hay, entonces, un peligro real de que se retomen caminos de impunidad.

Antiguas intenciones del abanderado En 1995, el entonces senador Sebastián Piñera presentó ante la Cámara Alta una moción que buscaba conceder la amnistía general “para todos los partícipes” de todos los crímenes políticos cometidos entre marzo de 1978 y marzo de 1990. La iniciativa excluía a condenados o procesados, que eran muy pocos. El ahora candidato quiso convencer que no era una “ley de punto final”, sino que su proyecto buscaba fortalecer la tesis de “un punto de partida” para avanzar en una reconciliación. Para él, “ninguno de los sectores” -dictadura y antidictatoriales- “se encuentra exento de responsabilidad” en hechos de violencia política.

Estimados compañeros: 

Les adjunto la carta respuesta recibida por nuestra Agrupación de Osorno donde la ASESORA PRESIDENCIAL en Políticas de DD.HH., Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards plantea la posición oficial de la Presidenta Bachelet y su Gobierno.

Es notable el párrafo que dedica al "derecho a indemnización justa y adecuada", donde reconoce que el Estado Chileno determinó "que los beneficios fueran de largo plazo".......un muy largo plazo para pagar tardíamente la deuda en "cómodas cuotas mensuales para el Fisco".  Le pareció que no era buena la indemnización porque tal cantidad determinada única se extinguiría con el pago. Atribuye que mayoritariamente los interesados demandaban una pensión vitalicia (lo que es falso y absurdo).

Luego se ufana de que la reparación en Chile ha sido adecuada, efectiva y rápida, tal como se establece en la Resolución de la ONU que fija los Principios y las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. Pero, finalmente, reconoce que la Justicia y el Consejo de Defensa del Estado aplican la prescripción para oponerse a las indemnizaciones civiles.

Queda claro que esto es lo que ha negociado el Gobierno con los interlocutores oficialmente aceptados y aceptantes, el comando "amarillo" cooptado de ex presos políticos. Dicho comando de operadores políticos e infiltrados se ha divorciado de los derechos de las víctimas y familiares. Estos dirigentes falsos representan mezquinos intereses de las cúpulas partidarias y son cómplices o coautores de la estafa y el engaño a las bases de sus sectarias orgánicas.  Son los conductores del conformismo y resignación que adormece y desmoviliza el movimiento por la defensa de los derechos humanos.

En suma, 1) se continuará negando nuestro derecho a una indemnización, lisa y llanamente.   2) se mantendrá el monto irrisorio de las pensiones vitalicias y nuestras viudas accederán recién ahora a una reducida pensión de sobrevivencia sin retroactividad .  3)  continuará la arbitraria incompatibilidad de la pensión Valech con la de Exonerado.  4)  el beneficio educacional se transforma en una beca insuficiente y sólo para un solo descendiente.  5)  el Estado no se interesa por facilitar nuestro acceso a la justicia ni modificar las reglas procesales para abreviar el juicio reparatorio en DD.HH.  6) no les avergüenza el encubrimiento oficial que favorece a los torturadores mediante el secreto por 50 años.  7) seguirá vigente el decreto ley de autoamnistía que protege a los criminales violadores de DD.HH., más la aplicación de prescripción y media prescripción con que se favorece la impunidad.   8)  La búsqueda de la verdad, reconocer y atender otras víctimas, se limita a sólo seis meses de funcionamiento de una única comisión....luego el olvido o amnesia colectivas.  Etc., etc.

Cada día se hace más evidente  la necesidad de UNIDAD y real SOLIDARIDAD entre nosotros mismos y empezar a remar todos al mismo compás con toda la fuerza que nos quede.  La situación es cada vez más crítica.

En el 7º Encuentro Nacional que se convocará en febrero del 2010 en Puerto Montt, tomando conciencia del ya nuevo escenario político, tendremos que forzosamente dinamizar nuestro accionar y masificar la movilización social.

                                         La lucha continúa.....

                         Víctor Rosas Vergara

Abogado y

Vicepresidente de la UNExPP de Chile

 Santiago, 16 de 0ctubre de 2009.

 Señora

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República de Chile

PRESENTE

 De nuestra consideración:

En el mes de mayo de este año le hicimos llegar una carta en la que resumimos nuestros planteamientos sobre los principales temas de Derechos Humanos que están pendientes y que su gobierno pudo perfectamente abordar.

Textualmente indicamos:

"Los ex prisioneros y ex prisioneras políticas hemos planteado a su gobierno con claridad los desafíos en estas materias:

• Presentar al Parlamento un proyecto de ley que, con efecto retroactivo corrija, los vacíos, discriminaciones e injusticias en que incurrió la ley Valech, es decir una verdadera ley de reparación.
• Ampliar el Programa de DDHH del Ministerio del Interior para apoyar, como tercero coadyuvante, nuestras querellas por tortura.
• Modificar el marco jurídico para que nuestras demandas al Estado por daño moral sean acogidas por los Tribunales de Justicia con un procedimiento abreviado y rápido.
• Corregir la anormalidad jurídica y administrativa cometida por el Ministerio de Educación en 2008, con el mal llamado "traspaso" de nuestro beneficio educacional a un heredero, reducido a una beca insuficiente.
• Adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales en materia de DDHH anulando la amnistía de 1978, el secreto de 50 años, ratificando todos los tratados y convenciones sobre el tema, incluida la Corte Penal Internacional, eliminando los recursos legales que permiten al Estado reprimir las demandas del movimiento social, como las del pueblo Mapuche, estableciendo castigo ejemplar al delito de Tortura y a toda violación de los DDHH."

A cinco meses de dicha interpelación vemos que sólo se ha avanzado en ratificar la Corte Penal Internacional, aunque con reservas, y que los demás temas no fueron tratados o se ratificaron con las deficiencias que indicáramos.

La aprobación del INDH abrió las puertas a una demanda muy sentida por nuestro sector como es la reapertura de la Calificación por Prisión Política y Tortura pero dejó fuera de consideración los puntos principales de nuestra demanda.

La herramienta del Veto Aditivo fue la última oportunidad que, en ese escenario, tuvo su gobierno para corregir los errores ya que, de acuerdo al Art. 73 de la Constitución pudo incluir todas las materias que "tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, o que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo." y no lo hizo. Nos referimos a que no modificó la composición del Directorio que sigue teniendo más representantes del Estado que de la sociedad civil comprometida con los DD HH, ni levantó el secreto de 50 años a los testimonios, ni resolvió la aberración jurídica de homologar los delitos cometidos por particulares con los de lesa humanidad, ni dio paso a una reparación justa, oportuna y adecuada como manda el derecho internacional humanitario. Todos los temas mencionados tienen relación directa con las ideas matrices del proyecto y pudieron ser incluidos en el Veto.

 Para los ex PP, señora Presidenta, fue una sorpresa constatar que el Parlamento no tiene ninguna posibilidad de rechazar su Veto, ya que el último párrafo del mencionado Art. 73 dice:

"Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación."

En estos veinte años de transición a la democracia la derecha nunca tuvo esa mayoría para oponerse a la voluntad de hacer bien las cosas, si hubiera existido.

Sin embargo todavía es posible dejar una huella positiva en estos temas. Nos referimos al compromiso adquirido por su Gobierno, en su persona y en la de sus ministros Secretarios Generales de Gobierno con los que conversamos, de enviar al Parlamento un proyecto de ley de Reparación por Prisión Política y Tortura con los temas que no fueron contemplados en la tramitación del proyecto de ley que crea el INDH. Nos referimos a:

• Aumento de la pensión al valor propuesto por la Comisión Valech
• Compatibilidad de la pensión Valech con la de Exonerado
• Indemnización justa y adecuada por el tiempo de prisión y tortura
• Extensión del beneficio educacional a todos los hijos
• Apoyo jurídico para presentar querellas por Tortura
• Heredabilidad de la pensión en un 100%
• Eliminación del secreto sobre los testimonios
• Aplicación de beneficios con efecto retroactivo.

 Seguimos creyendo que no hay una razón ética ni práctica que impida que su gobierno presente este proyecto antes de culminar el mandato. Por el contrario afirmamos que es un deber humanitario, que es un compromiso adquirido con las organizaciones de ex Prisioneros Políticos y que forma parte de las obligaciones que el Derecho Internacional impone a todos los Estados miembros de la Naciones Unidas.

En consecuencia, solicitamos ser recibidos por usted para dar forma a esta iniciativa legal en el tiempo que resta del periodo legislativo 2009.

Atentamente la saludan

H éctor Cataldo                                         Silvia Araya                          Nelly Cárcamo
ANEXPP CHILE                                     FAMILIARES                             UNEXPP CHILE
                                                           EXPP FALLECIDOS

Etiquetas: Ex, presos, Políticos, Torturados, Solicitan, Revisión, Ley, Valech

Etiquetas: Bicentenario, Politica, Derechos, Adulto, mayor

A raíz de las denuncias que manifestó el presidente, Manuel Zelaya, la CIDH emitió un comunicado en contra del régimen de facto.(Foto: Archivo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al régimen de facto, que preside Roberto Micheletti, a poner fin al operativo militar e instó a respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en la embajada y la inviolabilidad de la misma.

TeleSUR 25/09/09

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este viernes un comunicado en el cual urge al régimen de facto hondureño, que preside Roberto Micheletti, respete los derechos de las personas que se encuentran en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Este comunicado fue publicado a raíz de las declaraciones de este viernes del presidente constitucional, Manuel Zelaya, quien en rueda de prensa señaló que las fuerzas militares que reciben órdenes del gobierno de Micheletti lanzaron gases tóxicos a la embajada de Brasil y afectó la salud de la mayoría de las personas que se encuentran en la sede diplomática.

La CIDH condenó el operativo que lleva a cabo las fuerzas de seguridad del gobierno de facto alrededor de la embajada y urge respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro.

El presidente Zelaya mostró las fotografías donde los militares instalaban aparatos para lanzar los gases y también pruebas del hostigamiento que sufren las personas que están dentro de la embajada brasileña y recordó que estos hechos resquebrajan lo establecido en la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de la embajadas internacionales.

Según la comisión los gases lanzados por la fuerza militar provocaron intoxicaciones, sangramiento, vómitos y mareos a los huéspedes del gobierno de Brasilia. Asimismo señaló que miembros del Ejército bloquean la salida de cualquier persona de la embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo de la Cruz Roja hondureña.

Por estos hechos, la CIDH solicita urgentemente al régimen de facto poner fin a este operativo de manera inmediata "y a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil y en los alrededores. Asimismo, la CIDH urge a las autoridades de facto a que garanticen el ingreso de médicos que den asistencia urgente a las personas afectadas".

teleSUR-yi - MM

Etiquetas: CIDH, Micheletti, Ataca, Gases, Tóxicos, Embajada, brasileña

Movimiento Tambièn Somos Iglesia Chile ( y Movimiento Teologìa de la Liberaciòn) solidarizan y adhieren a declaraciòn adjunta ante muerte de JAIME MENDOZA COLLIO.

 Ante la muerte de Jaime Mendoza Collío

Con el dolor por la situación que se está viviendo en la Araucanía, como misioneros junto al pueblo mapuche, el equipo de la comisión de pastoral mapuche zona sur decidió redactar esta declaración, llamando a detener la espiral de violencia, que se alimenta de una prensa tendenciosa y de la ineficiencia de los organismos del estado para dar soluciones a las demandas indígena, entre otras cosas.

Les pido que oremos y busquemos los caminos de la paz que brotan de la justicia

P. Fernando Díaz

 RESPONDEMOS AL CLAMOR DE UN PUEBLO AFLIGIDO

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE PASTORAL MAPUCHE DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA MUERTE DE JAIME MENDOZA COLLIO.

"La sangre de tu hermano clama desde la tierra"

Genesis 4, 10.

Los miembros de la Comisión de Pastoral Mapuche de la Zona Sur de Chile, reunidos en el Santuario de Metrenko, queremos declarar que:

1.      Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche reduciéndola a un asunto policial.  Horas antes de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena, Monseñor Camilo Vial, se reunió con el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Ministro del Interior y, junto al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con la Presidenta de la República, para insistir en la necesidad de no criminalizar las demandas mapuche.  Denunciamos la presencia de fuerzas policiales preparados con armamento militar, que han hecho uso de sus armas de fuego en la represión, lo que puede conducir nuevamente a sucesos con comuneros fallecidos . 

2.      Así como fuimos recibidos como Iglesia, lamentamos que los 100 dirigentes mapuches de los cuatro espacios territoriales que acudieron a la Moneda el 24 de julio de 2009 no fueran recibidos.    También advertimos que una oportunidad de diálogo tan importante no se podía perder.

 3.      Consideramos que la situación en que murió Jaime Mendoza Collío, pudo perfectamente evitarse si se hubiese actuado aceptando el diálogo solicitado por los mismos comuneros que ocupaban el predio quienes esperaban la presencia de Conadi.  En vez de diálogo, acudieron grandes contingentes policiales fuertemente armados.

 4.      Como Iglesia, también hemos levantado la voz para denunciar la violencia desproporcionada con que Carabineros está actuando en las llamadas zonas de conflicto.  Insistimos en que el ministerio de interior debe revisar la forma en que Carabineros actúa en las comunidades mapuches.

5.      El pueblo mapuche no es un pueblo de criminales ni terroristas.  Son nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos el amor por la vida, la fe en Dios y el deseo de la paz.  La represión policial de la que somos testigos pareciera responder a una lamentable visión discriminatoria y racista que la Iglesia también ha denunciado.

 6.      La muerte de Alex Lemún, Matías Catrileo, y ahora la de Jaime Mendoza Collío, son consecuencia de esta espiral de violencia que hemos denunciado y que es necesario detener ya.  

 7.      El pueblo mapuche cumple con su derecho y su deber al defender su identidad, a reclamar su territorio, y proclamar su vida.

 8.      Manifestamos nuestra profunda solidaridad con el dolor de la familia y la comunidad de Jaime Mendoza Collío.

 9.      Solidarizando con todos aquellos que sufren las consecuencias de la violencia, llamamos a todos, mapuches y no mapuches, a deponer la violencia, a reconstruir los caminos del diálogo y a luchar con las herramientas de la paz.  Llamamos a movilizar los organismos del Estado en una respuesta pronta y adecuada a las justas demandas del pueblo mapuche.  Llamamos especialmente a Jueces, Fiscales y Carabineros a revisar su accionar y su disposición hacia las comunidades.  Llamamos a los medios de comunicación a ofrecer información objetiva y veraz que contribuya al entendimiento y a la paz.  Nos convocamos como Iglesia para responder al clamor de nuestros hermanos.

 Padre Fernando Díaz, svd., Coordinador Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur

Sra. Miriam Suazo Gacitúa, Secretaria Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur

Sr. Florencio Manquilef Huichal, Pastoral Mapuche Diócesis de Villarrica

Sr. Pedro Marican Marican, Pastoral Mapuche Diócesis Villarrica

Sr. Rodolfo Cañas Olguín, Pastoral Mapuche Diócesis Temuco

Padre Francisco Millan Lincopi, Pastoral Mapuche Diócesis de Temuco

Sr. Juan Jorge Faundes  Peñafiel, Fundación Instituto Indígena

Padre Hernán Llancaleo Moreno, Coordinador Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Hna. Audina Huenumilla Namuncura, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Padre Carlos Bresciani, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Padre Pablo Castro, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Etiquetas: Solidaridad, Diálogo, Gobierno, Fuerzas, Policiales

La Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda en entrevista con el ministro Secretario general de Gobierno  Sr. José Antonio Viera Gallo y mandatado por la presidenta de la republica para coordinar sobre asunto Indígenas, en esta ocasión  se le entrego el siguiente documento.

Temuco, 28.08.09

Sr.

José Antonio Viera Gallo

Ministro secretario General de Gobierno

Coordinador Sobre asuntos Indígenas

Gobierno de Chile

PRESENTE.

De nuestra consideración.

En la actual circunstancia política que nos encontramos en las "políticas indígenas" desarrollado en los distintos gobiernos de la concertación post dictadura militar, que se agudiza en la actual administración del gobierno de la presidenta Dra. Michel Bachelet que UD representa y que tiene el mandato de coordinar las distintas inquietudes de las organizaciones sociales y políticas mapuche. Ante la agudización del conflicto con  lamentables resultados como es el asesinato de otro hermano Mapuche el 12 de agosto del presente mes.

Ante estos hechos  que se repiten en vuestro gobierno, venimos  a manifestar nuestro agravio y preocupación por la forma como el gobierno ha tratado las demandas históricas de nuestro pueblo mapuche  y que no hacen otra cosa que repetir la historia de los gobiernos republicanos en el tratamiento sobre los derechos de los Pueblos Originarios en acelerado proceso de negación a su territorio ancestral. Es por ello que como Asamblea Mapuche de Izquierda expresamos lo siguiente:

La larga e histórica lucha del pueblo mapuche por defender su dignidad, independencia y soberanía en su territorio, primero con la Corona Española y posteriormente con el Estado Chileno hasta los días de hoy nos debe permitir comprender que el tema no es simple y que no es solo de pobreza o comprender que es solo de tierra, sino que el tema de fondo es del Territorio del pueblos mapuche.

Por tanto, seguimos insistiendo que no es el conflicto mapuche como la mayoría de medios de comunicación lo señala, sino que es, el conflicto en el Territorio mapuche con los empresarios forestales, la imposición de Mega proyectos y contaminación ambiental, con  los dueños de fundos y con el Estado Chileno.

La raíz de todo esto es la imposición e invasión de una cultura dominante occidental en contra de nuestra cultura y nuestro territorio. De tal manera que esto nos indica que el tema no es técnico ni jurídico, sino, que es un tema netamente político, entonces la solución pasa por resolver políticamente y no militarizando a las comunidades.

Otro elemento que se debe considerar y que ratificamos en esta ocasión es que el actual modelo económico neoliberal, que se ha implementado en nuestro país ha fracasado para resolver o solucionar la exigencia de los derechos fundamentales de los  pueblos Originarios y es la causa principal  del estado de cosas en el Pueblo Mapuche, y que para solucionarlo la sociedad chilena debe asumir el cambio del Modelo económico.

Nuestra organización, ante los graves hechos ocurridos y  la constante lucha que hemos desarrollado como pueblo, expresada en distintos movimientos por exigir al Estado Chileno, respuesta concreta a nuestras demandas de Territorio y Autonomía que hasta hoy ha sido negada representa a ustedes la preocupación política por el  curso que han tomado los acontecimientos que el gobierno no ha sabido resolver y que la derecha política aprovecha a su favor y en contra de nuestro pueblo, en cada proceso eleccionario de nuestro país.

Por lo anteriormente señalamos  lo siguiente:

Poner fin a los años de genocidio, negación y asimilación cultural, establecer una sociedad, plurinacional, multicultural cuya base sea el respeto y la valoración de la diversidad de todos los grupos sociales.

Frente a la discriminación y a la disgregación histórica y presente de los Pueblos Originarios, el Estado debe garantizar la existencia de las bases políticas, legales e institucionales, para el establecimiento de los derechos como pueblos originarios de Chile.

Para ello es necesario el pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la subscripción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, mediante el cual el Estado de Chile establece la existencia de pueblos originarios titulares de derechos constitucionales, civiles, políticos, sociales, culturales, territoriales y económicos y obliga a los gobiernos de turno a garantizar el respeto y cumplimiento de estos derechos; Para ello se requiere de una Nueva Constitución Política para establecer un Estado democrático de carácter plurinacional.

El Estado debe reparar el error histórico y considerar que los indígenas de Chile son los primeros descendientes de las agrupaciones humanas en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, siendo para ellos el territorio el fundamento principal de su existencia y cosmovisión.

Por tanto, se debe considerar en plenitud la incorporación en la Constitución Política de la Republica de Chile, el concepto de Estado plurinacional, que consolide su status como pueblos y no simples comunidades culturales, reconociendo la autonomía de los pueblos, el derecho vital a la tierra, el agua,  la biodiversidad, así como las riquezas minerales del suelo y subsuelos de estos territorios, en el marco de la nacionalización de los recursos naturales.

Desde allí avanzar, hacia la reivindicación de derechos políticos colectivos que se expresan mediante el ejercicio de la libre determinación y el desarrollo de modelos de autodeterminación, autonomía y autogobierno para consolidar el pleno desarrollo de la democracia y la participación en la toma de decisiones.

Se debe garantizar la representatividad política de los pueblos indígenas en el parlamento de al menos el 10%.

La condición de existencia de los pueblos originarios pasa por el reestablecimiento de los territorios ancestrales usurpados.

Se debe garantizar el autogobierno y de la administración política  desde el río Bio Bio al sur  considerado en el pacto de Killin (enero de 1641) efectuado y reconocido por la corona española

Se debe garantizar las demandas del recurso hídrico del suelo y del subsuelo. Así como las demandas territoriales y acuíferas de los otros pueblos originarios.

En materia de salud es urgente relevar la medicina tradicional de los pueblos originarios basada en las plantas medicinales y la cosmovisión de los pueblos. De esta manera enriquecemos la medicina alopática occidental y aseguramos la existencia de una visión amplia, integral y humanizada. La reforma de salud debe hacerse  sobre la base de la recuperación de la salud pública gratuita y extensiva a todos.

No pueden ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas";

La lucha social por la tierra en ningún caso puede ser calificada como delitos de "amenaza terrorista" y "asociación delictiva". Para lo cual es imprescindible eliminar la ley antiterrorista,

En relación al deterioro de nuestros territorios y recursos naturales por parte de empresas privadas, es fundamental el desarrollo de una política medioambiental sustentable que proteja los recursos naturales y el normal desarrollo de la biodiversidad en el marco del respeto de nuestra cosmovisión y de los derechos territoriales.

En este sentido es necesario revisar la legislación sectorial de tierras, aguas, minas, la que es contradictoria con la Ley Indígena, para que prime la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares. Esto además en la perspectiva de .considerar un 10%  del presupuesto nacional del PIB para el desarrollo de los pueblos originarios

En materias de Educación es urgente profundizar y ampliar el alcance de la Educación Intercultural Bilingüe, incluyéndolo en el curriculum nacional en la formación  académica a todo el sistema educativo. Todo ello en el marco de una nueva reforma educativa  que garantice el derecho a la educación como derecho humano fundamental.

En materia patrimonial es necesaria la protección y recuperación de los sitios arqueológicos, sagrados y asegurar su conservación con adecuados planes de manejo; así como la protección del patrimonio intangible.

La legitimación de una figura "política social" electa por votación popular y que vele por la defensa de los derechos ciudadanos y en particular por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, ante la comunidad nacional e internacional;

El gobierno debe hacerse responsable de la muerte de los peñi y  de indemnizar a las  familias correspondientes.

Solución  a la  demanda de tierra de las comunidades a través de la expropiación de las propiedades de quienes .impiden la solución que requiere el Pueblo Mapuche en forma urgente e inmediata.

La liberación de todos los presos políticos mapuches que están en las cárceles de Chile y en particular resolver el caso de Mireya Figueroa Araneda que padece de cáncer terminal.

Es necesario que el gobierno de Chile en nombre del Estado chileno pida perdón y  reconozca oficialmente la ocupación de nuestro territorio nacional en el mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía.

Creemos de principal importancia que esta instancia sea un puente efectivo para que el Pueblo Mapuche se pueda reunir con la Presidenta de la República, con una clara disposición y propuesta que permita resolver el conflicto en Territorio Mapuche.

 Directiva

Asamblea nacional Mapuche de Izquierda

E-mail: gvlolxaru@yahoo.com

Rodríguez Nº 1314, 2º piso, Of, 1

Temuco - Territorio Mapuche

Etiquetas: señalamientos, legislación, políticas, indígenas

Miércoles 26 de agosto de 2009   

La Nación / Agencias 

 Para Cheney torturas de la CIA "salvaron vidas"

El ex vicepresidente de EEUU criticó reapertura de investigaciones sobre abusos y la conformación de un equipo de elite para asumir las tareas de interrogación. De paso, cuestionó la capacidad del Presidente Barack Obama de mantener "la seguridad de nuestra nación".

 Foto: El ex vicepresidente de EEUU ya ha defendido en el pasado las torturas mencionadas en los informes oficiales y que habrían sido cometidas durante interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo.

El informe revelado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre los procedimientos que la CIA utilizó para detener e interrogar a prisioneros acusados de "terrorismo", sigue generando polémica ese país. Esta vez por el duro cuestionamiento que le hizo uno de los hombres fuertes del gobierno de George W. Bush: su ex vicepresidente Dick Cheney.

Para él, los métodos "refinados" de la agencia de inteligencia que ahora son cuestionados "salvaron vidas y previnieron atentados terroristas" en territorio estadounidense, al tiempo que "jugaron un papel en casi todas las detenciones de miembros y asociados de Al Qaeda desde 2002", agregó el otrora alto funcionario.

En este sentido, Cheney recalcó que tanto las políticas de seguridad nacional impulsadas por el gobierno George W. Bush, como el trabajo de la CIA aplicándolas, sirvieron para que EEUU evitara ataques.

"Las actividades de la CIA de cumplimiento con las políticas de la administración Bush fueron directamente responsables de derrotar todos los esfuerzos de Al Qaeda de lanzar más ataques con numerosas víctimas contra Estados Unidos", añadió. Y estimó que las personas sometidas a las técnicas mejoradas de interrogación proveyeron la mayor parte de la información de inteligencia".

CRÍTICAS A OBAMA

La reapertura de una docena de casos en que se sospecha la aplicación de tormentos y la creación de un nuevo organismo de inteligencia para que se encargue de llevar adelante los interrogatorios a los detenidos, una vez conocidos los alcances del análisis, motivaron las críticas de quien es considerado uno de los artífices de la políticas antiterroristas promovidas por Bush durante su mandato.

Según Cheney, este nuevo rumbo emprendido por la administración de Barack Obama, sólo siembra dudas sobre la seguridad futura de Estados Unidos.

"La decisión del Presidente Obama de permitir al Departamento de Justicia investigar y posiblemente procesar a personal de la CIA, y su decisión de traspasar la autoridad para interrogar de la CIA a la Casa Blanca, sirve como un recordatorio, si se necesitaba alguno, de por qué tantos americanos tienen dudas sobre la capacidad de esta administración de ser responsable de la seguridad de nuestra nación", aseguró.

También el ex vicepresidente salió en defensa de los agentes de la CIA implicados en estas maniobras. "Las personas involucradas (en los interrogatorios) se merecen nuestro agradecimiento. No merecen ser el objetivo de investigaciones políticas o procesamientos", sentenció.

Sin embargo, esta airada reacción de quien fuera el "número 2" durante los dos mandatos de George W Bush (2001-2009), no es aislada. Desde que abandonó sus responsabilidades en la Casa Blanca se ha convertido en el principal defensor de las políticas de seguridad seguidas por ese gobierno.

Ya en abril Cheney salió al paso de las críticas hacia los abusos cometidos por los servicios de inteligencia estadounidenses en interrogatorios. En esa oportunidad, al igual que ahora, calificó como "exitosos" este tipo de procedimientos.

Impresionantes Revelaciones sobre Desaparecidos en Colonia Dignidad

Derechos Humanos - 18 de agosto, 2009

Si hay un lugar en esta tierra cuya sola mención evoque de manera más rotunda los múltiples significados del fascismo; si hay un lugar en Chile donde adquiere cuerpo la terrible admonición de Dante grabada a fuego en el dintel del infierno, aquella que dice "Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza", ése es el fundo El Lavadero, en la comuna de Parra, donde todavía tiene su sede la fatídica Villa Baviera, alias Colonia Dignidad, la misma a la que el Consejo de Defensa del Estado acaba de acordar, con delicadeza, gracia y consideración, levantarle embargos por más de cuatro mil millones de pesos.

Esa misma Colonia Dignidad sobre la que ríos de tinta y kilómetros de cinta magnética no alcanzan para describir la totalidad de sus horrores, y que no obstante, no termina de sorprender, en ocasiones hasta el nivel del espasmo.

Es el caso del contenido de los documentos del archivo local de la CIA, que estamos en condiciones de publicar, o tal vez sería más apropiado decir filtrar, en esta oportunidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado el término desclasificación, lo cual ha generado alguna confusión, tal vez debida al hecho de que dicho verbo es asociado a una decisión oficial y deliberada de cualquier dependencia del gobierno norteamericano, de abrir o desclasificar su información. Es así como en días recientes, un canal de noticias por cable, una radio y un quincenario dedicado a la chacota, consultaron la opinión de Peter Kornbluh, especialista en desclasificación de información de agencias gubernamentales norteamericanas, quien manifestó dudas sobre la autenticidad de los documentos, dado el hecho de que están en castellano, y por otras cuestiones de forma.

Sin embargo, como se trata de un especialista serio, concluyó que con la información disponible, en última instancia no estaba en condición de afirmar o desmentir la autenticidad de los documentos; no obstante lo cual, el periodista del quincenario en cuestión, con una ética y una técnica periodísticas muy por debajo de estándares aceptables, le atribuyó la afirmación de que eran "más falsos que la sonrisa de tatán".

Mejor hubiera hecho el bisoño periodista en enfocarse sobre la información que le fue suministrada, en lugar de limitarse a filosofar sobre exterioridades o de suponer que un periodista de un medio como El Siglo, que hace más de veinte años rema a contracorriente de la complacencia mediática de la que en última instancia ese quincenario es tributario, vaya a publicar información que no puede sostener, aún en estrados judiciales.

Archivo

Todavía no ha llegado el momento de revelar el origen de los documentos. Pero por ahora, podemos afirmar que pertenecían al Departamento de Inteligencia de la Embajada, dependencia encargada de la compilación de información proveniente de la DEA y de la CIA, para fines internos. Ambas dependencias operaban sobre la base de redes de colaboradores voluntarios e informantes pagados. Los antecedentes así recabados llegaban en español, por la sencilla razón de que los colaboradores e informantes eran -y son- en su mayoría chilenos. Esa información se traducía al inglés, y era enviada, por vías reservadas, a Washington. Nuestro informante supone que se remitían al Departamento de Estado y a la CIA, aunque esa parte no le consta, porque no entraba dentro de sus atribuciones. Afirma que sólo tenía acceso a aquella parte del archivo que compilaba información recabada por los equipos de tarea de nivel local, y que otra instancia de la estructura de comunicaciones de la Embajada resolvía archivar. Sin embargo, al igual que en la totalidad de los documentos filtrados hasta la fecha, la mayor prueba de suficiencia y validez es la información misma, más aún cuando, metodológicamente, sólo hemos publicado aquella que se pueda contrastar al menos con una segunda fuente.

Metodología del terror

El memorando secreto 11-22 corresponde a una recopilación de inteligencia sobre el centro de detención y torturas que funcionó en Colonia Dignidad, y entrega información hasta ahora desconocida sobre la incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos, en el contexto de la denominada Operación Retiro de Televisores, que como ya está probado en autos, fue ordenada por un criptograma del propio general Pinochet, distribuido a divisiones, regimientos y unidades militares del país, incluida Colonia Dignidad.

Los dos primeros puntos del documento acreditan los nexos gestados en los albores mismos de la dictadura, entre la DINA y Colonia Dignidad, la cual puso a disposición de los agentes del Estado para sus tareas represivas los fundos Lavadero, San Manuel y El Litral, así como un inmueble en la ciudad de Parral.

La inteligencia norteamericana identifica a Erwin Fege como jefe de seguridad de Colonia Dignidad, y a Willy Malessa como el encargado de la incineración de los cuerpos. El procedimiento consistía, primero, en rociar los cuerpos con fósforo químico, luego incinerarlos en alguno de los ocho hornos construidos para el efecto, para terminar esparciendo las cenizas dentro de los predios.

Todo esto mientras la maquinaria oficial negaba las detenciones a sus familiares y los tribunales rechazaban los recursos de amparo, la mayor parte de las veces "por no haberse acreditado el cuerpo del delito".

Difícil imaginar crueldad más lejana a la condición humana.

El 26 de marzo de 2004, el noticiario central de Chilevisión dio a conocer el testimonio de José Efraín Vetter Veuhof, fugado de Colonia Dignidad, el que después rindió ante el ministro Jorge Zepeda. Algunos párrafos de ese testimonio: "Willy Malessa enterró 15 autos de detenidos desaparecidos, por orden de Paul Schäfer, usando una retroexcavadora K-235 (.,.) El encargado de la seguridad era Erwin Fege; él estaba a cargo de un grupo de unas 20 personas, armadas. Hacían prácticas de tiro, en las noches, en un subterráneo (...) Willy Malessa recibió la orden de Shäfer de remover el ‘paquete’, de sacarlo desde donde estaba y llevarlo a otro lugar. El estuvo trabajando más de una semana, solo, en un valle interior. Willy y Erwin Fege pueden saber donde están los restos de los desaparecidos. Cuando el tema de los DDHH resurgió se preocuparon de que alguien pudiera entrar y vinieran a hacer excavaciones. Hoy quizás ya creció el bosque y es imposible saber dónde están los restos, pero están preocupados. (...) Ellos podrían ayudar a muchos chilenos. Ellos tienen que pensar que un día van a llegar al cielo y tendrán que dar cuentas a su Dios. Hoy Willy y Erwin tienen casas en el sur y viven como reyes. ¿Cuándo despertarán y ayudarán a tantos chilenos? ¿Por qué lo hicieron?" El 17 de julio de 2005, después de declarar ante el ministro Jorge Zepeda, le dijo a El Mercurio: "Willy Malessa y Erwin Fege se fueron, pero siguen viviendo de los que están allí. Cuando se fueron pidieron 90 millones. Y aunque en asamblea dijimos que no, igual se les dio. Después hasta yo trabajé llenando fardos y fardos de pasto para el fundo de Fege. Y todavía se les mandan los productos de la Colonia para vender".

Según este testigo, Malessa y Fege viven en Purrranque, sin haber sido sometidos a proceso hasta la fecha.

Retiro de televisores

Otro antecedente de la máxima importancia es el que dice relación con la denominada Operación Retiro de Televisores, que como se sabe consistió en la exhumación e incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos. De acuerdo al documento de la inteligencia norteamericana, se realizó en dos etapas, los años 1977 y 1989.

La orden codificada, según el criptograma A-1 de la Comandancia en Jefe del Ejército, habría sido impartida por el propio general Augusto Pinochet y enviada a todas las guarniciones y divisiones del país.

Por lo que respecta a Colonia Dignidad, el documento P-100930, del 8 de octubre de 1990, firmado por el jefe de Dicomcar 2, documento oficial, susceptible de ser periciado, corrobora esa información en términos casi absolutos. Señala que "por orden del Señor Director General", cargo que por entonces desempeñaba el general Rodolfo Stange, se procedió a la "exhumación e incineración" de las personas individualizadas, "según criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército".

El hecho de que un documento de Dicomcar aparezca en el archivo de la CIA revela la porosidad del entorno de la inteligencia, y confirma la versión de nuestro informante, en el sentido de que las más de las veces el método de las redes locales de la CIA consistía en la compra de información. En todo caso, conviene insistir: la última palabra compete a tribunales.

Lista fatídica

En la lista adjunta aparece Juan Maino Canales, militante del MAPU, detenido el 26 de mayo de 1976, por agentes de la DINA. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el delito de secuestro calificado de Maino Canales, el ministro Jorge Zepeda tiene encausados a Paul Schäfer Schneider, Rolf Wenderoth Pozo, Carlos López Tapia, Osvaldo Pincetti Gac y Eugenio Fieldhouse Chávez.

Luego, aparecen los nombres de Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, ambos sin militancia política, detenidos por Carabineros el 28 de julio de 1974, en Parral, y de José Luis Morales Ruiz, detenido el 1 de agosto de 1974, en la misma ciudad. Por el caso de 15 detenidos desaparecidos de Parral, entre los que están Sarmiento, Laurie y Morales, el ministro de Dedicación Exclusiva Alejandro Solís condenó a penas que van entre 10 y 17 años al ex coronel de Carabineros, Pablo Caullier Grant; al ex teniente coronel de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela, y al ex sargento Luis Alberto Hidalgo.

A continuación, vienen los nombres de dos militantes de las Juventudes Comunistas, Pedro Merino Molina, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la casa de un conocido, en Coronel, y Adán Valdevenito Olavarría, detenido el 25 de septiembre del mismo año, en Lota. Aparte de la militancia, ambos comparten la circunstancia de que sus nombres aparecieron en la lista publicada en la revista O’Día de Curitiba, en el marco de la Operación Colombo, y que sus casos judiciales están sobreseídos temporalmente, sin culpables.

En la lista del documento de Dicomcar sigue el nombre de José Hilario San Martín, identidad que probablemente corresponda a José Isaías San Martín Benavente, jefe de Dirinco de Temuco, quien se presentó voluntariamente a Carabineros, el 19 de septiembre de 1973. Por este caso, están encausados el ex general de Carabineros Gonzalo Arias González, el ex-capitán Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y los ex-suboficiales Juan de Dios Fritz Vega y Omar Burgos.

Terrorismo selectivo

Luego, aparecen Alan Bruce Catalán y Alvaro Vallejos Villagrán, integrantes de estructuras de dirección intermedia del MIR. Bruce fue detenido el 13 de febrero de 1975, en una ratonera en la que además cayeron Iván Monti Cordero, Carmen Díaz Darricacarrere, y Jaime Vásquez Sáenz, todos desaparecidos hasta el día de hoy.

Los últimos testimonios disponibles dan cuenta de su presencia en Villa Grimaldi, en pésimas condiciones físicas y mentales, antes de que su rastro se perdiera hasta el antecedente entregado por el documento de Dicomcar 2, que por una caprichosa parábola terminó en el archivo de la CIA.

Vallejos Villagrán, detenido el 20 de mayo de 1974, también fue bárbaramente torturado. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el secuestro calificado de Vallejos Villagrán se encuentran procesados los ex coroneles de Carabineros César Manríquez Bravo y Ciro Torré, y los colonos alemanes Gerhard Mücke y Kurt Schenellenkamp. La lista de Dicomcar 2 suministra los nombre del del ex-diputado Carlos Lorca Tobar y Exequiel Ponce Vicencio, integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista, detenidos el 25 de junio de 1975, en un golpe represivo que además incluyó a Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña Herreros. Mireya Rodríguez, Carolina Wiff, Rosa Solís y Sara Donoso Pacheco, todos desaparecidos hasta el día de hoy. Procesado por el secuestro y desaparición de Carlos Lorca Tobar, permanece el ex agente de la DINA, suboficial Basclay Humberto Zapata Reyes. El antecedente de que los cuerpos de Lorca y Ponce habrían sido incinerados en Colonia Dignidad era desconocido hasta ahora.

Finalmente, la lista entrega los nombres de Jorge Muñoz Poutays y Mario Zamorano, detenidos en la ratonera de Calle Conferencia, en el contexto de una operación represiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista, que se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 1976. Por ese caso, el ministro de Dedicación Exclusiva, Víctor Montiglio tiene 74 encausados, entre los que cabe mencionar a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Germán Barriga Muñoz y Federico Chaigneau Sepúlveda, integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, que además incluía personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Centro de exterminio

Como puede apreciarse, la lista de la Dicomcar acredita la condición de centro de exterminio de Colonia Dignidad, toda vez que incluye casos de detenidos desaparecidos de fechas diversas y distintos lugares de detención, en que se superponen víctimas de detenciones indiscriminadas, propias de la primera fase de la represión, con aquellas altamente selectivas, característica de la segunda, con "neutralización" de cuadros de dirección de los partidos Socialista y Comunista, y del MIR.

Esa condición es corroborada por el punto 7 del documento de inteligencia norteamericana, que señala que a ese recinto eran trasladados detenidos de Santiago, Talca y Temuco, y agrega que en Dignidad se utilizó el método de cámaras de gas y petróleo, en tanto crematorios "científicamente planificados" para asegurar la "eliminación" de los cuerpos. De estos hornos, según el documento, habrían existido unos ocho, con capacidad para dos o tres cuerpos.

También por el documento se puede saber que los alemanes se encargaban de la tortura, y luego suministraban a la DINA análisis de inteligencia y directrices de búsqueda, es decir, listas de personas a detener, elaboradas con información obtenida bajo tortura.

También, fluye que en el recinto se elaboraba armamento de guerra, así como armas químicas y bacteriológicas, entre otras, gas sarín, en el contexto del Proyecto Andrea, en el que también participaron Michael Townley y Eugenio Berríos.

El documento de la inteligencia norteamericana sugiere vínculos entre el servicio secreto alemán y la Colonia Dignidad.

La lista de Schäfer

En su punto 10, el documento individualiza a los integrantes de la Brigada Sur de la DINA, integrada por Eduardo Guy Neckelmann Schültz, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Gómez Segovia; Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvecce Massera. Al día de hoy, Gómez Segovia está procesado por asociación ilícita, y Wenderoth por el secuestro de Juan Maino Canales. Asimismo, está acreditado que Neckelmann, Deichler y Luvecce vivieron en una casa situada Carrera Pinto 262, en Parral, cedida por la Colonia Dignidad.

Entre los integrantes de las unidades operativas de nacionalidad alemana, el documento 11-22 identifica a Gerd Seewald Lefebre, Hans Jurgen Bollman, Albert Schreiber Rauschenberger; Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies, Karl van den Berg Schuurman, Gerhard Mücke Koschitzke, Erwin Fege y Willy Malessa. Salvo estos dos últimos, el resto, además de Paúl Schäfer Schneider, Harmut Hopp Moittel, Gisela Gruhlke Hann, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Zeitner Bohnau; Matthias Gerlach Maschke; Renate Freitag Hartman; Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia, y Armando Fernández Larios, están procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita, por el ministro Jorge Zepeda, que acumula todas las causas por violaciones a los derechos humanos, perpetradas en Colonia Dignidad.

De acuerdo con el informe de inteligencia norteamericano, todas estas personas participaron, en las décadas de los 70 y los 80, en alrededor de 140 desapariciones en predios de Colonia Dignidad. Sólo en la Operación Cerro Gallo, comandada, aparentemente, por el ex teniente coronel Hugo Cardemil, se habrían ejecutado y hecho desaparecer en las condiciones descritas a unos veinte militantes del Partido Comunista.

Por último, el documento 11-22 de la CIA, informa que por Monte Maravilla se designaba a un campo de concentración y trabajos forzados, tanto para opositores a la dictadura, como para castigo de colonos alemanes díscolos.

En suma, postular que Colonia Dignidad es sinónimo de infierno matizado con los trazos más crueles del fascismo, es incluso condescendiente

Impresionantes Revelaciones sobre Desaparecidos en Colonia Dignidad

Derechos Humanos - 18 de agosto, 2009

Si hay un lugar en esta tierra cuya sola mención evoque de manera más rotunda los múltiples significados del fascismo; si hay un lugar en Chile donde adquiere cuerpo la terrible admonición de Dante grabada a fuego en el dintel del infierno, aquella que dice "Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza", ése es el fundo El Lavadero, en la comuna de Parra, donde todavía tiene su sede la fatídica Villa Baviera, alias Colonia Dignidad, la misma a la que el Consejo de Defensa del Estado acaba de acordar, con delicadeza, gracia y consideración, levantarle embargos por más de cuatro mil millones de pesos.

Esa misma Colonia Dignidad sobre la que ríos de tinta y kilómetros de cinta magnética no alcanzan para describir la totalidad de sus horrores, y que no obstante, no termina de sorprender, en ocasiones hasta el nivel del espasmo.

Es el caso del contenido de los documentos del archivo local de la CIA, que estamos en condiciones de publicar, o tal vez sería más apropiado decir filtrar, en esta oportunidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado el término desclasificación, lo cual ha generado alguna confusión, tal vez debida al hecho de que dicho verbo es asociado a una decisión oficial y deliberada de cualquier dependencia del gobierno norteamericano, de abrir o desclasificar su información. Es así como en días recientes, un canal de noticias por cable, una radio y un quincenario dedicado a la chacota, consultaron la opinión de Peter Kornbluh, especialista en desclasificación de información de agencias gubernamentales norteamericanas, quien manifestó dudas sobre la autenticidad de los documentos, dado el hecho de que están en castellano, y por otras cuestiones de forma.

Sin embargo, como se trata de un especialista serio, concluyó que con la información disponible, en última instancia no estaba en condición de afirmar o desmentir la autenticidad de los documentos; no obstante lo cual, el periodista del quincenario en cuestión, con una ética y una técnica periodísticas muy por debajo de estándares aceptables, le atribuyó la afirmación de que eran "más falsos que la sonrisa de tatán".

Mejor hubiera hecho el bisoño periodista en enfocarse sobre la información que le fue suministrada, en lugar de limitarse a filosofar sobre exterioridades o de suponer que un periodista de un medio como El Siglo, que hace más de veinte años rema a contracorriente de la complacencia mediática de la que en última instancia ese quincenario es tributario, vaya a publicar información que no puede sostener, aún en estrados judiciales.

Archivo

Todavía no ha llegado el momento de revelar el origen de los documentos. Pero por ahora, podemos afirmar que pertenecían al Departamento de Inteligencia de la Embajada, dependencia encargada de la compilación de información proveniente de la DEA y de la CIA, para fines internos. Ambas dependencias operaban sobre la base de redes de colaboradores voluntarios e informantes pagados. Los antecedentes así recabados llegaban en español, por la sencilla razón de que los colaboradores e informantes eran -y son- en su mayoría chilenos. Esa información se traducía al inglés, y era enviada, por vías reservadas, a Washington. Nuestro informante supone que se remitían al Departamento de Estado y a la CIA, aunque esa parte no le consta, porque no entraba dentro de sus atribuciones. Afirma que sólo tenía acceso a aquella parte del archivo que compilaba información recabada por los equipos de tarea de nivel local, y que otra instancia de la estructura de comunicaciones de la Embajada resolvía archivar. Sin embargo, al igual que en la totalidad de los documentos filtrados hasta la fecha, la mayor prueba de suficiencia y validez es la información misma, más aún cuando, metodológicamente, sólo hemos publicado aquella que se pueda contrastar al menos con una segunda fuente.

Metodología del terror

El memorando secreto 11-22 corresponde a una recopilación de inteligencia sobre el centro de detención y torturas que funcionó en Colonia Dignidad, y entrega información hasta ahora desconocida sobre la incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos, en el contexto de la denominada Operación Retiro de Televisores, que como ya está probado en autos, fue ordenada por un criptograma del propio general Pinochet, distribuido a divisiones, regimientos y unidades militares del país, incluida Colonia Dignidad.

Los dos primeros puntos del documento acreditan los nexos gestados en los albores mismos de la dictadura, entre la DINA y Colonia Dignidad, la cual puso a disposición de los agentes del Estado para sus tareas represivas los fundos Lavadero, San Manuel y El Litral, así como un inmueble en la ciudad de Parral.

La inteligencia norteamericana identifica a Erwin Fege como jefe de seguridad de Colonia Dignidad, y a Willy Malessa como el encargado de la incineración de los cuerpos. El procedimiento consistía, primero, en rociar los cuerpos con fósforo químico, luego incinerarlos en alguno de los ocho hornos construidos para el efecto, para terminar esparciendo las cenizas dentro de los predios.

Todo esto mientras la maquinaria oficial negaba las detenciones a sus familiares y los tribunales rechazaban los recursos de amparo, la mayor parte de las veces "por no haberse acreditado el cuerpo del delito".

Difícil imaginar crueldad más lejana a la condición humana.

El 26 de marzo de 2004, el noticiario central de Chilevisión dio a conocer el testimonio de José Efraín Vetter Veuhof, fugado de Colonia Dignidad, el que después rindió ante el ministro Jorge Zepeda. Algunos párrafos de ese testimonio: "Willy Malessa enterró 15 autos de detenidos desaparecidos, por orden de Paul Schäfer, usando una retroexcavadora K-235 (.,.) El encargado de la seguridad era Erwin Fege; él estaba a cargo de un grupo de unas 20 personas, armadas. Hacían prácticas de tiro, en las noches, en un subterráneo (...) Willy Malessa recibió la orden de Shäfer de remover el ‘paquete’, de sacarlo desde donde estaba y llevarlo a otro lugar. El estuvo trabajando más de una semana, solo, en un valle interior. Willy y Erwin Fege pueden saber donde están los restos de los desaparecidos. Cuando el tema de los DDHH resurgió se preocuparon de que alguien pudiera entrar y vinieran a hacer excavaciones. Hoy quizás ya creció el bosque y es imposible saber dónde están los restos, pero están preocupados. (...) Ellos podrían ayudar a muchos chilenos. Ellos tienen que pensar que un día van a llegar al cielo y tendrán que dar cuentas a su Dios. Hoy Willy y Erwin tienen casas en el sur y viven como reyes. ¿Cuándo despertarán y ayudarán a tantos chilenos? ¿Por qué lo hicieron?" El 17 de julio de 2005, después de declarar ante el ministro Jorge Zepeda, le dijo a El Mercurio: "Willy Malessa y Erwin Fege se fueron, pero siguen viviendo de los que están allí. Cuando se fueron pidieron 90 millones. Y aunque en asamblea dijimos que no, igual se les dio. Después hasta yo trabajé llenando fardos y fardos de pasto para el fundo de Fege. Y todavía se les mandan los productos de la Colonia para vender".

Según este testigo, Malessa y Fege viven en Purrranque, sin haber sido sometidos a proceso hasta la fecha.

Retiro de televisores

Otro antecedente de la máxima importancia es el que dice relación con la denominada Operación Retiro de Televisores, que como se sabe consistió en la exhumación e incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos. De acuerdo al documento de la inteligencia norteamericana, se realizó en dos etapas, los años 1977 y 1989.

La orden codificada, según el criptograma A-1 de la Comandancia en Jefe del Ejército, habría sido impartida por el propio general Augusto Pinochet y enviada a todas las guarniciones y divisiones del país.

Por lo que respecta a Colonia Dignidad, el documento P-100930, del 8 de octubre de 1990, firmado por el jefe de Dicomcar 2, documento oficial, susceptible de ser periciado, corrobora esa información en términos casi absolutos. Señala que "por orden del Señor Director General", cargo que por entonces desempeñaba el general Rodolfo Stange, se procedió a la "exhumación e incineración" de las personas individualizadas, "según criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército".

El hecho de que un documento de Dicomcar aparezca en el archivo de la CIA revela la porosidad del entorno de la inteligencia, y confirma la versión de nuestro informante, en el sentido de que las más de las veces el método de las redes locales de la CIA consistía en la compra de información. En todo caso, conviene insistir: la última palabra compete a tribunales.

Lista fatídica

En la lista adjunta aparece Juan Maino Canales, militante del MAPU, detenido el 26 de mayo de 1976, por agentes de la DINA. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el delito de secuestro calificado de Maino Canales, el ministro Jorge Zepeda tiene encausados a Paul Schäfer Schneider, Rolf Wenderoth Pozo, Carlos López Tapia, Osvaldo Pincetti Gac y Eugenio Fieldhouse Chávez.

Luego, aparecen los nombres de Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, ambos sin militancia política, detenidos por Carabineros el 28 de julio de 1974, en Parral, y de José Luis Morales Ruiz, detenido el 1 de agosto de 1974, en la misma ciudad. Por el caso de 15 detenidos desaparecidos de Parral, entre los que están Sarmiento, Laurie y Morales, el ministro de Dedicación Exclusiva Alejandro Solís condenó a penas que van entre 10 y 17 años al ex coronel de Carabineros, Pablo Caullier Grant; al ex teniente coronel de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela, y al ex sargento Luis Alberto Hidalgo.

A continuación, vienen los nombres de dos militantes de las Juventudes Comunistas, Pedro Merino Molina, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la casa de un conocido, en Coronel, y Adán Valdevenito Olavarría, detenido el 25 de septiembre del mismo año, en Lota. Aparte de la militancia, ambos comparten la circunstancia de que sus nombres aparecieron en la lista publicada en la revista O’Día de Curitiba, en el marco de la Operación Colombo, y que sus casos judiciales están sobreseídos temporalmente, sin culpables.

En la lista del documento de Dicomcar sigue el nombre de José Hilario San Martín, identidad que probablemente corresponda a José Isaías San Martín Benavente, jefe de Dirinco de Temuco, quien se presentó voluntariamente a Carabineros, el 19 de septiembre de 1973. Por este caso, están encausados el ex general de Carabineros Gonzalo Arias González, el ex-capitán Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y los ex-suboficiales Juan de Dios Fritz Vega y Omar Burgos.

Terrorismo selectivo

Luego, aparecen Alan Bruce Catalán y Alvaro Vallejos Villagrán, integrantes de estructuras de dirección intermedia del MIR. Bruce fue detenido el 13 de febrero de 1975, en una ratonera en la que además cayeron Iván Monti Cordero, Carmen Díaz Darricacarrere, y Jaime Vásquez Sáenz, todos desaparecidos hasta el día de hoy.

Los últimos testimonios disponibles dan cuenta de su presencia en Villa Grimaldi, en pésimas condiciones físicas y mentales, antes de que su rastro se perdiera hasta el antecedente entregado por el documento de Dicomcar 2, que por una caprichosa parábola terminó en el archivo de la CIA.

Vallejos Villagrán, detenido el 20 de mayo de 1974, también fue bárbaramente torturado. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el secuestro calificado de Vallejos Villagrán se encuentran procesados los ex coroneles de Carabineros César Manríquez Bravo y Ciro Torré, y los colonos alemanes Gerhard Mücke y Kurt Schenellenkamp. La lista de Dicomcar 2 suministra los nombre del del ex-diputado Carlos Lorca Tobar y Exequiel Ponce Vicencio, integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista, detenidos el 25 de junio de 1975, en un golpe represivo que además incluyó a Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña Herreros. Mireya Rodríguez, Carolina Wiff, Rosa Solís y Sara Donoso Pacheco, todos desaparecidos hasta el día de hoy. Procesado por el secuestro y desaparición de Carlos Lorca Tobar, permanece el ex agente de la DINA, suboficial Basclay Humberto Zapata Reyes. El antecedente de que los cuerpos de Lorca y Ponce habrían sido incinerados en Colonia Dignidad era desconocido hasta ahora.

Finalmente, la lista entrega los nombres de Jorge Muñoz Poutays y Mario Zamorano, detenidos en la ratonera de Calle Conferencia, en el contexto de una operación represiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista, que se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 1976. Por ese caso, el ministro de Dedicación Exclusiva, Víctor Montiglio tiene 74 encausados, entre los que cabe mencionar a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Germán Barriga Muñoz y Federico Chaigneau Sepúlveda, integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, que además incluía personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Centro de exterminio

Como puede apreciarse, la lista de la Dicomcar acredita la condición de centro de exterminio de Colonia Dignidad, toda vez que incluye casos de detenidos desaparecidos de fechas diversas y distintos lugares de detención, en que se superponen víctimas de detenciones indiscriminadas, propias de la primera fase de la represión, con aquellas altamente selectivas, característica de la segunda, con "neutralización" de cuadros de dirección de los partidos Socialista y Comunista, y del MIR.

Esa condición es corroborada por el punto 7 del documento de inteligencia norteamericana, que señala que a ese recinto eran trasladados detenidos de Santiago, Talca y Temuco, y agrega que en Dignidad se utilizó el método de cámaras de gas y petróleo, en tanto crematorios "científicamente planificados" para asegurar la "eliminación" de los cuerpos. De estos hornos, según el documento, habrían existido unos ocho, con capacidad para dos o tres cuerpos.

También por el documento se puede saber que los alemanes se encargaban de la tortura, y luego suministraban a la DINA análisis de inteligencia y directrices de búsqueda, es decir, listas de personas a detener, elaboradas con información obtenida bajo tortura.

También, fluye que en el recinto se elaboraba armamento de guerra, así como armas químicas y bacteriológicas, entre otras, gas sarín, en el contexto del Proyecto Andrea, en el que también participaron Michael Townley y Eugenio Berríos.

El documento de la inteligencia norteamericana sugiere vínculos entre el servicio secreto alemán y la Colonia Dignidad.

La lista de Schäfer

En su punto 10, el documento individualiza a los integrantes de la Brigada Sur de la DINA, integrada por Eduardo Guy Neckelmann Schültz, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Gómez Segovia; Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvecce Massera. Al día de hoy, Gómez Segovia está procesado por asociación ilícita, y Wenderoth por el secuestro de Juan Maino Canales. Asimismo, está acreditado que Neckelmann, Deichler y Luvecce vivieron en una casa situada Carrera Pinto 262, en Parral, cedida por la Colonia Dignidad.

Entre los integrantes de las unidades operativas de nacionalidad alemana, el documento 11-22 identifica a Gerd Seewald Lefebre, Hans Jurgen Bollman, Albert Schreiber Rauschenberger; Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies, Karl van den Berg Schuurman, Gerhard Mücke Koschitzke, Erwin Fege y Willy Malessa. Salvo estos dos últimos, el resto, además de Paúl Schäfer Schneider, Harmut Hopp Moittel, Gisela Gruhlke Hann, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Zeitner Bohnau; Matthias Gerlach Maschke; Renate Freitag Hartman; Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia, y Armando Fernández Larios, están procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita, por el ministro Jorge Zepeda, que acumula todas las causas por violaciones a los derechos humanos, perpetradas en Colonia Dignidad.

De acuerdo con el informe de inteligencia norteamericano, todas estas personas participaron, en las décadas de los 70 y los 80, en alrededor de 140 desapariciones en predios de Colonia Dignidad. Sólo en la Operación Cerro Gallo, comandada, aparentemente, por el ex teniente coronel Hugo Cardemil, se habrían ejecutado y hecho desaparecer en las condiciones descritas a unos veinte militantes del Partido Comunista.

Por último, el documento 11-22 de la CIA, informa que por Monte Maravilla se designaba a un campo de concentración y trabajos forzados, tanto para opositores a la dictadura, como para castigo de colonos alemanes díscolos.

En suma, postular que Colonia Dignidad es sinónimo de infierno matizado con los trazos más crueles del fascismo, es incluso condescendiente

Etiquetas: Colonia, Dignidad, Torturas, Trabajos, Forzados, Ejecuciones

LAS ORGANIZACIONES DE DD.HH. EL INDH Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD

Según el líder de los encarcelados por la dictadura de Pinochet  (1973-90) “para los sectores sociales y sus organizaciones, vinculados al tema de las violaciones a los derechos humanos durante y después de la dictadura, esta aprobación en una materia tan trascendente como es la institucionalidad en derechos humanos que nuestro país requiere. Para nosotros es claramente un retroceso y no un avance”.
 
Hace algunas semanas, el gobierno se auto-congratuló de otro avance en derechos humanos: Ratificó el Estatuto de Roma, mediante el cual se pone bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin aclarar el trasfondo político de ello.  

En ese sentido, el senador Alberto Espina (RN) presentó un proyecto de ley que redefinió el concepto internacional de crimen de lesa humanidad por otro de estilo “chilensis” que lo desvirtuó totalmente y lo redujo a una suerte de crímenes cometidos entre bandas de civiles armados, además de rebajar todas las penas a la mitad y por supuesto esta ley no es retroactiva.

EL ESTATUTO DE ROMA Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD

“Resulta muy grave que Chile haya ratificado el Estatuto de Roma desconociendo la competencia de la Corte para investigar y juzgar eventuales crímenes que se cometan en Chile o por chilenos. Ello a través de la presentación una ‘declaración interpretativa’ que en realidad por su contenido constituye una ‘reserva encubierta’ al Estatuto de Roma”, indicó Cataldo.

Por su parte el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE, Patricio Negrón, explicó que el Congreso Nacional desestimó “el principio de base del concepto de crimen de lesa humanidad, cuya esencia está en su calidad de crímenes imprescriptibles e inamnistiables”, y agregó que “los criminales de lesa humanidad de nuestro país durante la dictadura, están al abrigo de ser enjuiciados por dicha ley”.

Para analistas en derechos humanos“ Lo más notable es que la Concertación ha pretendido presentar este virtual retroceso como un avance: Chile ha logrado una meta importante, pues está entre los países más avanzados en derechos humanos –tronaban las trompetas del oficialismo”.

  Cabe recordar que desde la presentación en el año 2007 del proyecto de INDH hasta su recién aprobación por la Cámara de Diputados, fue rechazado de modo categórico por las organizaciones de ex prisioneros políticos y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Más aún, el día en que fue votado, no había mayoría para aprobarlo por lo que la votación fue retardada por los diputados, pese a tener suma urgencia, pero in extremis, el Ejecutivo, como último recurso, prometió enviar un veto aditivo al Parlamento para enmendar las insuficiencias del proyecto lo que determinó, con dos excepciones notables, su aprobación.

Patricio Negrón recordó que fue la derecha, que pese a haber declarado previamente su rechazo, se abstuvo mayoritariamente anunciando que si se pretende agregar algo a este Instituto no se contará con su apoyo. “En otras palabras, el veto aditivo prometido por la ministra Tohá, para “decidir” la votación abortó antes de nacer. Tampoco es menor, la presión ejercida sobre los parlamentarios oficialistas, para mantener su cupo en las elecciones de este año”, reveló.

Además el proyecto sobre el INDH fue cuestionado por el Comité Contra la Tortura de la ONU, al analizar el quinto Informe Periódico de Chile (CAT/C/CHL/5), en reuniones celebradas los días 4 y 5 de Mayo de este año. En particular instó al gobierno chileno a respetar los Principios de Paris. Por su parte, el Estado chileno, pese a estos cuestionamientos, lo presentó en los mismos términos ya negociados con la derecha.

Para los máximos líderes de los ex prisioneros políticos chilenos, “examinado en su forma y en su contenido este INDH no puede cumplir con las funciones elementales para las que fue creado”.

Para Cataldo y Negrón, en primer lugar no respeta los Principios de Paris ([1]) que rigen este tipo de organismo, que garantiza su autonomía e independencia del Estado, y la composición independiente de sus miembros, las condiciones materiales de funcionamiento y sus capacidades cuasi jurisdiccionales.
Además el INDH aprobado por la Cámara Baja no tiene ninguna capacidad para perseguir a los violadores de DDHH, con lo cual se le cercena una de las atribuciones más temidas por los criminales de lesa humanidad y no tiene facultad para hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con la determinación del paradero de los detenidos desaparecidos reduciendo su función a recopilar, analizar y sistematizar la información.

Otro aspecto que indicaron los dirigentes humanitarios es que el INDH está expresamente facultado para extender beneficios a los agentes del Estado causantes de violaciones a los derechos humanos, con lo cual no hay distinción entre víctima y victimario, lo que repugna la moral, y por último este Instituto carece de facultad para emitir reportes sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país a las organizaciones internacionales correspondientes.

TRANSFONDO POLÍTICO

Lo relevante de la aprobación del INDH está en el trasfondo político que emerge con él: la impunidad en Chile o la ley de punto final ha sido impuesta en sordina. El INDH solo pudo ser adoptado una vez que lo aprobó la derecha, por tanto es un INDH ajustado a lo que la Derecha pinochetista neoliberal entiende como derechos humanos.

“Si lo analizamos, más en detalle, este INDH pudo perfectamente haber operado bajo la dictadura de Pinochet. En la medida que no cumple ningún rol efectivo de salvaguardia, denuncia y promoción de los derechos humanos es totalmente funcional con el modelo de dominación post pinochetista que la Concertación ha ido perfeccionando durante los últimos 20 años”, apuntó Héctor Cataldo.
 
Por su parte, Patricio Negrón, acusó a la Concertación de mantener la institucionalidad de la dictadura: “la Constitución redactada por Jaime Guzmán y otros próceres conservadores  ha seguido y sigue vigente, pese a los retoques cosméticos aprobados por Ricardo Lagos y muy sabiamente negociados con la Derecha”.

Negrón reveló que el andamiaje institucional represivo de la dictadura de Augusto Pinochet sigue vigente, con la excepción de que la CNI no opera hoy a la luz del día, además, acusó a la coalición de gobierno de permitir que las Fuerzas Armadas gasten 6 mil millones de dólares americanos en compras de armamento al exterior entre los años 2003 y 2009, lo que deja a Chile como un virtual peligro y factor de desequilibrio regional en el plano geopolítico.

Según los lideres humanitarios, la política de Estado, implementada en materias de DD.HH., ha sido producto del cogobierno Concertación – Alianza, “eso ha llevado a  impedir que se investigue la verdad sobre las víctimas, hacer justicia castigando a los torturadores y asesinos, reparar adecuada y oportunamente, ni proteger ni hacer respetar los DD HH hoy en el país. Un ejemplo de ello son los recientes asesinatos de comuneros mapuches por parte de la fuerzas represivas del Estrado”.

“El principal “argumento” político que ha dado la Concertación para aprobar el INDH es que forma parte de una iniciativa tendiente a mejorar la “convivencia entre los chilenos”. No olvidemos que la Iglesia Católica, de tiempo en tiempo, se encarga de entregar el mismo mensaje y la fórmula del Cardenal Raúl Silva Henríquez “ser la voz de los sin voz” quedó muerta y sepultada y no tendrá jamás resurrección. Si a esto agregamos las recientes declaraciones solicitando el indulto para los militares genocidas, pues en una buena sociedad cristiana debe primar la misericordia, entendemos la ola de fondo que se levanta para abrir paso a la impunidad”, indicó Cataldo.
 
LA TAN ANSIADA RECONCIALICIÓN

Para abogados y dirigentes de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, el objetivo central de los gobiernos concertacionistas en este ámbito ha sido lograr la tan ansiada “reconciliación” y con ello han logrado captar algunos sectores de ex prisioneros políticos para sus objetivos. Pero los porfiados hechos están a la vista: la Concertación y la Derecha pretenden cerrar definitivamente los temas de derechos humanos sin importar llevar a la verdad y mucho menos a la justicia.

“Para la Concertación los derechos humanos son como un pariente que padece alguna enfermedad infecciosa e incurable al que hay que soportar hasta que fallezca. No se entiende de otro modo las visitas a desayunar con la AFDD, o el financiamiento otorgado a Villa Grimaldi, o la construcción del edificio de José domingo Cañas o el emblemático Museo de la Memoria. Todo entra en el concepto de “gestos simbólicos” orientados a opinión pública internacional”, sostuvo Cataldo.

Sobre  la verdad en los miles de casos de derechos humanos, es decir, el esclarecimiento de las circunstancias y posterior destino de los prisioneros desaparecidos, es imposible pensar en obtener resultados sin el levantamiento del secreto que debe durar 50 años.  En este caso es particularmente evidente la impunidad que la Concertación y la derecha pretende imponer. En definitiva y al calor de estos hechos, el conocimiento sobre lo ocurrido quedará hasta donde llegue la investigación judicial que los jueces designados han desarrollado.

“Ya se levantan voces en la Derecha reclamando que hay que darle una fecha tope a estas investigaciones y los juicios pendientes simplemente cerrarlos. No se escucha réplica alguna desde la Moneda, ni siquiera de la oficina encargada de los derechos humanos dependiente del Ministerio del Interior, menos puede esperarse reacción de algún parlamentario, así sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, alertó Negrón.
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En cuanto a tan ansiada  justicia, hay que recordar que de un total de 1.898 víctimas reconocidas en informes oficiales de las comisiones Rettig I y II, sólo hay 489 causas en tribunales, cuyos procesos han demorado tanto, que apenas 42 oficiales han sido condenados. “No hablemos de las condiciones de detención de esta oficialidad, pues son más próximas de un veraneo prolongado que de una cárcel. Las 1.164 víctimas restantes solo esperan la paz de los cementerios”, denunció el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE.

Respecto a los 1.000 centros de detención y tortura, al interior de cuarteles militares y a los 28.000 torturados reconocidos oficialmente por la Comisión Valech, el Estado de Chile simplemente no ha presentado ninguna querella en contra de los violadores de derechos humanos. “Al parecer, ser sobreviviente de tortura no es tan grave como haber muerto o desaparecido, sin olvidar que los muertos fueron torturados también”, subrayó Negrón.

NO HABRA REPARACION
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“Las personas que esperaban reparación de parte del Estado en esta materia ya están sobre aviso: no habrá reparación, como no sean las dos o tres migajas aprobadas junto con el INDH. La reapertura de la inscripción de las personas que no se inscribieron ante la Comisión de Prisión Política y Tortura por 6 meses, permitirá incorporar un remanente de casos a los “beneficios” de la ley 19.992. Los 12 puntos a que se redujo la plataforma de Quillón quedaron letra muerta, así como lo han sido todas las promesas de reparación incumplidas por la Concertación desde hace 20 años”, denunció Héctor Cataldo, presidente de los ex prisioneros políticos.

Distintos juristas, han sostenido que el Estado de Chile no ha reparado a las víctimas bajo el concepto que este tiene en la jurisprudencia internacional.  Hay que recordar que El articulo 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificado por el Estado Chileno establece: “Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización” (Art.14).

“Entonces, cuando nos referimos a este tema tan escabroso, sabemos que contamos con el respaldo jurídico que los tratados e instituciones internacionales nos entregan, no estamos pidiendo limosna ni montos exagerados, solo el mínimo que la dignidad humana impone”, indicó Cataldo.
 
¿Qué alternativa queda al movimiento de DDHH en Chile?
En términos generales hay que decir que la unidad de acción y coordinación entre todas las víctimas, junto a sus organizaciones, es el primer requisito para mantener viva la esperanza de lograr nuestros objetivos tan reclamados. Esta unidad requiere neutralizar aquellas organizaciones que hoy día sirven de correa transportadora a las directivas de la Moneda, como algunos sectores de ex prisioneros políticos y algunas ONG, que la opinión pública conoce por sus recientes declaraciones oficiales.

¿A dónde debería centralizar sus próximas acciones?
Nuestra acción debe orientarse a la denuncia pública de los atropellos que día a día se cometen, a pesar de no contar con la difusión nacional necesaria, por el control de los medios de comunicación monopolizados por la derecha. Pero sí podemos contar con los medios y las instancias oficiales de derechos humanos a nivel internacional y con los recursos de todo el movimiento social. El emplazamiento a las candidaturas presidenciales en esta temática, sin ilusionarse, es también una línea a seguir.

Las instancias judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han mostrado muy efectivas en la acogida de las querellas que en materia de derechos humanos hemos presentado, como personas y como organizaciones. Esto preocupa de modo especial al gobierno. Es una herramienta que debemos pulir y utilizar con criterio y tino.

Eso implica que…
La propia movilización de los afectados tiene sentido y presiona al gobierno, pues va dejando una huella en la opinión pública que ha sido manipulada desde los tiempos de la dictadura. Cuando Sebastián Acevedo se inmoló en Concepción, en tiempos de Pinochet, su sacrificio fue noticia nacional e internacional. Cuando un jubilado, cansado de ser tramitado, se inmoló en la Moneda durante el gobierno de Lagos, fue noticia del informativo de TV de mediodía, en la tarde ya desapareció. Cuando un preso político se inmola por fuego en la cárcel de El Manzano en Concepción en Mayo último, simplemente no es noticia. Estos ejemplos grafican el grado de anestesiamiento de la opinión pública nacional en manos de medios privados, insensibilizada con la dosis de crónica roja cotidiana.

Para los dirigentes de los ex prisioneros y ex prisioneras políticas el futuro de los derechos humanos en Chile no se ve promisorio en el marco institucional actual. “No lo ha sido desde 1973, y cuando una luz de justicia iluminó durante la detención de Pinochet en Londres, esa luz fue rápidamente apagada por el gobierno chileno y sus aliados políticos internacionales. Los adversarios nacionales e internacionales de los DD HH son fuertes y tienen múltiples cabezas, pero esta es una causa justa y las futuras generaciones de chilenos sabrán reconocer la labor de quienes hoy luchan por ella. Ya forma parte de la historia que la Concertación no supo abrir las grandes alamedas, quizás tampoco nunca se lo propuso, pero quienes formamos parte de la conciencia crítica de esta nación seguiremos en esta lucha con la fuerza y la dignidad de siempre”, finalizó el presidente de la ANEXPP- CHILE, Héctor Cataldo.
 
Por Iván Gutiérrez Lozano, periodista y director de Crónica Digital.

PUNTA ARENAS 01 DE AGOSTO DEL 2009


SEÑOR

EDITOR MEDIO DE COMUNICACION PUBLICA

PRESENTE


De nuestra mayor consideración, hacemos llegar a usted y a su respetable Medio de Comunicación, democracia Chilena en deuda con victimas de DD.HH, del ex régimen Militar encabezado por el extinto Dictador Augusto Pinochet, a casi completar 4 Gobiernos de la Concertación, sin que se reparen a las Víctimas, por los daños ocasionados, y en verdad se haga Justicia y se sepa la verdad.

Al ver pasar un Gobierno mas de la Concertación,  que esta a  unos cuantos meses para que termine su mandato, la actual Presidenta Doña Michel Bachelet Jeria en el poder, las miles y miles de víctimas, de DD.HH, se vieron forzadas de demandar al Estado de Chile, para que asuma su responsabilidad de los hechos acaecidos durante el ex régimen militar, y que tanto daño ocasiono tanto a las víctimas como a sus familiares, en lo económico y en lo físico y psíquico, por lo que tuvieron que pasar, en cautiverios, y donde el resultado final de este golpe militar fueron desaparecidos, asesinados, torturados, presos y exiliados y perseguidos, pero lo que mas llama la atención de nuestra presidenta y de su sonrisa es que pensara del pasado de horror, ya que hasta la fecha no se pronuncia, sobre lo que solicitan las víctimas, y que durante los 4 Gobierno de la Concertación nada se a echo por ellos y que solo hasta la fecha han contado, con la famosa  pensión austera y simbólica, que ni siquiera es traspasable a la viuda, en caso de fallecimiento de la victima.

Por lo tanto al analizar, los anuncios en materia de Derechos Humanos, y que según el Gobierno estamos avanzando, sobre el Estatuto de Roma ,y el Tribunal Internacional diremos que no nos satisface ya que, no se puede enjuiciar ni perseguir del año 2009 para atrás las responsabilidades, por tanto el golpe y sus secuelas salen bien librados, y en especial sus Represores, todos Agentes del Estado de Chile, por otro lado el anuncio con bombos y platillos, del gran edificio de los recuerdo que va a costar un dineral, y que en vez de invertir esos millones de pesos, lo podrían haber derivado para aumentar las miserables pensiones, que reciben los Expresos Políticos y que muchos se encuentran en la Extrema pobreza y enfermos.

Por tanto al aprobarse ahora el Instituto de Derechos Humanos ,y el cual fue desaprobado por los Asistentes en la Cámara ,es una muestra mas de que las cosas en Materia de DD.HH, se siguen haciendo mal, sin tomar en cuenta lo que digan las Victimas ya sea a través de sus organizaciones u o en forma personal, y es aquí que nuevamente nos asalta la duda quien esta detrás de todo esto, acaso esta es una Democracia tutelada y cautelada, por los ex golpistas son ellos los que siguen Gobernando, o es que hubo una transformación, por parte de nuestra Primera Mandataria ,hacia las victimas, que ni siquiera se digna a escucharlas, para aceptar o desaprobar sus requerimientos, produciendo impotencia en las victimas al ser rechazadas por sus asesores, cubriendo un cerco en la moneda para que no puedan ser recibidos por la Presidenta, pero también esta por el otro lado el Poder Judicial que no avanza los Juicios, donde el Concejo de Defensa del Estado de Chile, alega prescripción y concurre a parar los Juicios de las victimas, produciendo mas impotencia aun, por el echo de no ser escuchados y mas aun al ver atónitos de como los juicios de los militares caso Antuco en un año y tanto, fueron indemnizados ,y que es loable que así  halla sido, por las perdidas de vidas ,y las victimas de los DD.HH, se preguntan que acaso no merecen ser Indemnizadas por el daño que se ocasionó a sus personas y familiares, por tanto el análisis a unos meses de que se produzca el final de su mandato, deja un hondo dolor en las victimas de los Derechos Humanos en Chile y un gran rechazo a su mandato,  siendo un Gobierno mas de la Concertación, que en comparación con el Gobierno de Panamá ,quien indemnizo al Extinto General Bernales por el terrible accidente que sufrió, es un claro Ejemplo de la Consecuencia con que se asumen la responsabilidades de parte de los Estados dentro de su territorio, con las victimas y mas aun si estas las cometen agentes del estado .

Desde ya se despiden atentamente la Directiva

--
Agrupación Solidaria de Ex Presos Políticos y Torturados de Magallanes- http://www.unexpp.cl

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Jueves 4 de junio de 2009   

La Nación 

ANIMUS

  Una irónica carta dirigida al comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta llegó a este medio enviada por la dirección chileinforma@gmail.com a raíz de la decisión de la institución de bautizar el recinto que agrupa a los regimientos Tacna y Granaderos con el nombre del general Carlos Prats González.

La misiva -firmada por el teniente coronel Jaime Manuel Ojeda Torrent- sugiere invitar al homenaje (que se realizará mañana) a "los oficiales que presionaron su retiro", "a la señora que le sacó la lengua y él amenazó con la pistola", a las esposas de los militares que concurrieron a su domicilio "para protestar por su nefasta conducta", "a las viudas de los uniformados que murieron en manos de los extremistas que él apoyó como ministro y vicepresidente". Luego propone bautizar el Regimiento Buin con el nombre de Salvador Allende, ya que "ambos próceres" tenían en común "gozar de la buena mesa, beber sólo buenos vinos y whisky, disfrutar festines y orgías con fondos del Estado y acosar sexualmente a las esposas de sus colaboradores".

Chileinforma es un sitio que defiende mediáticamente a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar. Mientras que el teniente Jaime Ojeda Torrent, según el testimonio judicial del capitán Pedro Rodríguez Bustos, fue uno de los jóvenes oficiales que le dieron el tiro de gracia a 15 prisioneros fusilados en el Regimiento Arica de La Serena, poco después del golpe militar de 1973.

Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia

La Marcha Mundial comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, día aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por la Naciones Unidas día Internacional de la No-Violencia. Finalizará en la cordillera de Los Andes, en Punta de Vacas al pie del Monte Aconcagua el 2 de enero de 2010. Durante estos 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades, en los cinco continentes. Cubrirá una distancia de 160.000 km por tierra. Algunos tramos se recorrerán por mar y por aire. Pasará por todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y el desierto, hasta el invierno siberiano. Las etapas más largas serán la americana y la asiática, ambas de casi un mes. Un equipo base permanente de cien personas de distintas nacionalidades hará el recorrido completo. 

Por qué

Porque el hambre en el mundo puede resolverse con el 10% de lo que se gasta en armamento. ¿Podemos imaginar cómo sería si se destinara el 30 o el 50% para mejorar la vida de la gente, en vez de aplicarlo en destrucción?

Porque eliminar las guerras y la violencia representa salir definitivamente de la prehistoria humana y dar un paso de gigante en el camino evolutivo de nuestra especie.

Porque en esta aspiración nos acompaña la fuerza de las voces de cientos de generaciones anteriores, que sufrieron las consecuencias de las guerras, y cuyo eco sigue escuchándose hoy en todos los lugares donde siguen dejando su siniestra estela de muertos, desaparecidos, inválidos, refugiados y desplazados.

Porque un "mundo sin guerras" es una propuesta que abre el futuro y aspira a concretarse en cada rincón del planeta en el que el diálogo vaya sustituyendo a la violencia.

¡Ha llegado el momento de hacer oír la voz de los sin-voz! Millones de seres humanos piden por necesidad que se acaben las guerras y la violencia.

Podemos conseguirlo uniendo todas las fuerzas del pacifismo y de la no-violencia activa del mundo.

Cuándo

Comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por las Naciones Unidas "Día Internacional de la No-Violencia". Finalizará en la cordillera de Los Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) el 2 de enero de 2010.

Durará 90 días, tres largos meses de viaje. Pasará por todos los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas tropicales y desiertos hasta el invierno siberiano.

Quién participa

La marcha es una iniciativa de "Mundo sin guerras", organización internacional - impulsada por el Movimiento Humanista - que trabaja desde hace 15 años en el campo del pacifismo y la no-violencia.

Sin embargo, la marcha Mundial se construirá entre todos. Está abierta a la participación de toda persona, organización, colectivo, grupo, partido político, empresa, etc., que comparta la sensibilidad de este proyecto. Así pues, no se trata de algo cerrado, sino de un recorrido que se irá enriqueciendo gracias a las actividades que se pongan en marcha según las distintas iniciativas.

Por eso invitamos a la participación activa, a que cada cual aporte su creatividad al paso de la MM por cada lugar, en una convergencia de múltiples actividades: encuentros, foros, festivales, conciertos, expresiones culturales, deportivas, artísticas, musicales y educativas. Tiene cabida todo aquello que la imaginación sea capaz de concebir.

Los canales de participación son múltiples, destacando la participación virtual en la MM a través de internet.

Es una marcha de la gente y para la gente, que pretende llegar a la mayoría de la población Mundial. Por esto se convoca a todos los medios de comunicación para que difundan esta vuelta al mundo por la Paz y la No-violencia.

Qué se va a hacer

A su paso por las ciudades se realizarán todo tipo de foros, conferencias y eventos (deportivos, culturales, sociales, etc.), que se irán organizando según surjan iniciativas en cada lugar.

En estos momentos se cuenta ya con cientos de proyectos que diferentes personas y organizaciones han puesto en marcha.

Para qué

Para denunciar la peligrosa situación Mundial que nos está llevando hacia las guerras con armamento nuclear, que supondrían la mayor catástrofe humana de la historia, un callejón sin salida.

Para dar voz a la mayoría de los ciudadanos del mundo que no están a favor de las guerras ni de la carrera de armamento. Todos sufrimos las consecuencias de la manipulación de unos pocos porque no damos una señal unida. Es hora de que cada uno muestre su postura, su rechazo. Une tu señal a la de muchos otros y tu voz tendrá que ser escuchada.

Para lograr: la eliminación de las armas nucleares a nivel mundial; el retiro inmediato de las tropas invasores de los países ocupados; la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional; la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerra para resolver conflictos.

Para poner en evidencia otras múltiples formas de violencia (económica, racial, sexual, religiosa...) escondidas o disfrazadas por los que las provocan, y para proporcionar a quienes las sufren un cauce para hacerse escuchar.

Para, de la misma manera que ha sucedido con la ecología, crear conciencia global de la necesidad de una verdadera Paz y de rechazo total hacia todo tipo de violencia. 

DECLARACION PÚBLICA   

Miércoles, 13 de Mayo de 2009 15:37

Los ciudadanos chilenos condenados a penas de extrañamiento y otras formas de exilio forzado, refugiados o residentes en diferentes países de Europa y América, solidarizamos con nuestro compañero Jorge Escobar por la delicada situación familiar que enfrentó y nos alegra que haya sido autorizado para ingresar temporalmente a Chile para acompañar a su madre en sus últimos días de vida.

Hacemos nuestras las palabras de Jorge Escobar, en cuanto a que "abran la mente y la puerta". Que se ponga fin a todo tipo de exilio forzado e impedimento a un ciudadano chileno a vivir o ingresar a su país.

 El exilio impuesto por decreto es una condena individual que, con el paso de los años se va transformando en una condena colectiva, va tomando cuerpo en la familia, en los amigos y en el entorno social.

El exilio impuesto por decreto lo instala la dictadura militar y también  fue utilizado por el primer gobierno de transición, para sacar de las cárceles a los últimos presos políticos de la dictadura. Que en este caso no es lo mismo que liberarlos.

Hacemos presente que la autoridad política no quiso atender nuestra demanda de ser liberados en Chile. Y tampoco tomó en cuenta que nosotros, como luchadores antidictatoriales, fuimos tomados prisioneros por el poder militar, y juzgados y condenados por un invento del mismo: la "justicia militar". Nunca hemos sido  condenados por tribunales de justicia imparciales.

Por otro lado las autoridades nunca han reconocido ni justificado  nuestra lucha subversiva militar en contra de un poder degenerado y un auténtico terrorismo de Estado.

En este contexto declaramos que:

Primero: El exilio impuesto por decreto debe llegar a su fin. Un nuevo decreto gubernamental debiera poner fin a las penas de extrañamiento, cesar en el desconocimiento de las prescripciones y la persecución infinita, reconociendo nuestro derecho a vivir en Chile o en el extranjero si así se desea, como acto voluntario, sin impedimento alguno para ingresar al país.

Segundo: La conciencia y el derecho internacional rechazan el destierro como pena. Por lo tanto no resulta subversivo, ni ilegal, ni menos impertinente pedir a las autoridades políticas chilenas que sean respetuosas con esos preceptos jurídicos, políticos y humanitarios.

Tercero: Es imperioso dar una solución jurídica y política a la situación de muchos compañeros que hasta el día de hoy son perseguidos por los tribunales militares chilenos.

Se trata de los presos políticos fugados y de personas con órdenes de detención y procesos pendientes, aún cuando en su gran mayoría han prescrito legalmente. La mayoría vive en el exilio, también forzado, ya que su retorno al país le está prohibido, en la medida que si intentan ingresar serán apresados, con el consiguiente riesgo y peligro para sus vidas e integridad física y moral.

Consideramos pertinente que las autoridades gubernamentales declaren libre de cargos y persecución política a todos estos compañeros.

Finalmente: Declaramos que resulta necesario insistir ante las autoridades chilenas, que es el momento de poner fin a todo tipo de exilio forzado. Nuestra moral y dignidad nos hacen plantear esto como una demanda, sin necesidad de solicitarlo como un acto de indulgencia.

Por el derecho de vivir en Chile. Es justicia.

Por Argentina

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, Claudio Enrique Molina Donoso, Manuel Alejandro Santana Sosa, José César Rivera Ortiz, Luis Alberto Rivera Ortiz, Ramón Luis Reveco Sepúlveda.

Por Europa

Jorge Escobar, Hugo Marchant, Carlos Garcia, Héctor Figueroa, Héctor Maturana, Francisco Peña, Jorge Angulo, Arnaldo Arenas Bejar.

Etiquetas: exilio, chilenos, presos, politicos, dictadura

Difunden imágenes de las torturas en Irak que Barack Obama quiere vetar

Existen unas dos mil fotografías, de las cuales 15 tomaron estado público al ser mostradas en televisión e internet. La difusión de las instantáneas partió de un canal australiano, que las compró en 2006 a raíz del escándalo de Abu Ghraib.

Varios medios de comunicación publicaron una quincena de fotografías que reflejan torturas en las cárceles de Irak y Afganistán, que supuestamente forman parte de las 2.000 imágenes que el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, quiere evitar que salgan a la luz.

La difusión de las instantáneas partió de la televisión australiana SBS, que supuestamente las compró en 2006 a raíz del escándalo de Abu Ghraib y decidió sacarlas a la luz ayer.

Las fotografías muestran a prisioneros desnudos y ensangrentados, a un hombre con un mensaje grabado en las nalgas que dice "Soy un violador" en inglés, a un prisionero esposado y babeante, otro con el cuerpo lleno de excrementos y otro colgado con la cabeza boca abajo y sin ropa, entre otras aberrantes imágenes.

La Administración Obama anunció el pasado miércoles que recurrirá la decisión de un tribunal de permitir la desclasificación de las 2.000 fotos, tal como había solicitado la Asociación Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La Casa Blanca alega que la publicación de las instantáneas podrían desencadenar una nueva ola de antiamericanismo en el mundo musulmán que pusiera en peligro la vida de los soldados estadounidenses allí destacados.

El nuevo escándalo llega en mal momento para el presidente Obama, después de que ayer anunciara el restablecimiento de las comisiones militares creadas por su predecesor, George W. Bush, para juzgar a presos sospechosos de terrorismo retenidos en el penal de Guantánamo, en Cuba.

Fuente: EFE

Derechos humanos en Chile: "Aún queda mucho por hacer"

 Foto: El Palacio de la Moneda en Santiago de Chile.

La situación de los derechos humanos en Chile fue criticada por organizaciones civiles luego de que se presentara el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

En cuanto a derechos humanos, todas las democracias latinoamericanas aún tienen mucho por hacer. En Chile, aunque se haya condenado y, en parte, castigado a los culpables de masivos crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, diversos sectores de la sociedad todavía sufren discriminación y hasta persecuciones o violencia por parte del Estado. Ya sea la desigualdad de la mujer o la desprotección a niños, a los pueblos indígenas y a otras minorías, cada problema no resuelto proyecta su sombra sobre la sociedad.

Y es esta sociedad precisamente, la chilena, la que a través de organizaciones no gubernamentales critica el brillo de una política de derechos humanos aparentemente exitosa hacia afuera. El visto bueno de las organizaciones internacionales se ve opacado por la brecha entre el desarrollo de una política de derechos humanos a nivel internacional y los pequeños grandes fracasos internos.

Decisivo rol de la sociedad civil

Foto: El cadáver de Salvador Allende es sacado por soldados de la casa de gobierno luego del golpe militar de Pinochet.

En estos momentos, la situación de los derechos humanos en Chile está siendo analizada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. José Viera-Gallo, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Michelle Bachelet, era secretario de Estado en el ministerio de Justicia durante el gobierno de Salvador Allende. Cuando en 1973 el golpe militar derrocó a Allende, Viera-Gallo, como tantos chilenos, huyó al exilio temiendo por su vida. En el marco de la presentación del informe nacional ante el Consejo de la ONU, el ministro remarcó el rol de la solidaridad internacional en el objetivo de proteger los derechos humanos.

A juicio de Viera-Gallo, "Chile es conciente del rol decisivo que le toca a la comunidad internacional en este área. Gracias a que muchas organizaciones internacionales, iglesias y ONGs se inmiscuyeron durante la dictadura, se pudo salvar muchas vidas", dijo a DW-RADIO.

Pero las organizaciones de derechos humanos chilenas presentes en Ginebra no están satisfechas con el informe del ministro. Jorge Contesse, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Santiago comenta que "hay problemas con la situación de las cárceles y hay pocas organizaciones de derechos humanos en Chile. Hace 20 años que vivimos en democracia, pero aún no contamos con un instituto para los derechos humanos." Según Contesse, se debería mencionar la situación de minorías desprotegidas como las mujeres, las minorías sexuales y los pueblos indígenas, amén de los derechos de los niños.

 Grandes logros y mucho por hacer

Foto: Vista panorámica de la ciudad de Santiago de Chile

Dichos puntos no quedaron en el tintero. Los mismos representantes de los Estados miembros de la ONU abrieron el debate e hicieron algunas recomendaciones a la delegación chilena. Pidieron que se investiguen a fondo los delitos contra los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet. Asimismo, solicitaron que se lleve a juicio a los culpables y se indemnice a las víctimas. Y que prohiba que tribunales militares enjuicien a civiles.

El tono de dichas observaciones fue respetuoso de los logros del Gobierno chileno en la reconstrucción de la democracia. Chile también es miembro del Consejo de la ONU y, según Juliette Rivero, de Human Rights Watch, tiene un papel muy constructivo. "Su pasado lo ha hecho fuerte. Lucharon durante largo tiempo contra las violaciones a los derechos humanos y están decididos a aportar sus valores y tradiciones al Consejo de Derechos Humanos comprometiéndose con situaciones especiales en otros países", dijo Rivero a DW-RADIO.

Representantes de la sociedad civil chilena, en cambio, ven el desarrollo con escepticismo. Jorge Contesse critica que su país "tiene sí la ambición de ser líder a nivel mundial en derechos humanos, pero el Gobierno chileno aún no ha hecho sus tareas".

"Hay una brecha entre lo que hace Chile a nivel internacional y la manera en que se presenta. Por un lado, con una presidenta que fue víctima del terrorismo de estado, y por el otro, lo que hoy sucede en el país. Es muy importante que se siga con atención lo que va a pasar con las recomendaciones hechas por otros países en Ginebra. El objetivo debe ser cerrar la brecha para que Chile se atenga a una política de derechos humanos más fortalecida, para así poder liderar en el tema".

Foto: Niñas mapuches en una ceremonia tradicional.

La ONG "Observatorio Ciudadano" propone poner a prueba la voluntad de diálogo del Gobierno chileno. José Aylwin, representante de dicha ONG piensa que "debe crearse un espacio de diálogo en el que participe también la sociedad civil. (...) Tenemos la sensación de que este ejercicio será muy beneficioso para la democracia y los derechos humanos en Chile".

Autora: Claudia Witte/ Cristina Papaleo

Editor: José Ospina Valencia

 DW-WORLD.DE

Lunes 20 de abril de 2009

Lanacion.cl 

 Oficiales en retiro Pablo Martínez y Patricio Ferrer también quedaron bajo arresto en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén, tras ser notificados de su procesamiento por la masacre de 14 prisioneros en Antofagasta.

 Foto: Los crímenes en los que está implicado Santelices se remontan a la noche del 18 de octubre de 1973.

 En el Batallón de Policía Militar en Peñalolén quedó detenido el general (r) Gonzalo Santelices Cuevas, ex comandante de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, junto a otros dos oficiales en retiro, por su participación en crímenes de la Caravana de la Muerte.  

Junto a Santelices fueron ingresados al recinto castrense los oficiales (r) Pablo Martínez Latorre y Patricio Ferrer.  

Los militares en retiro comenzaron a cumplir detención tras ser notificados de su procesamiento en calidad de cómplices por la masacre de 14 prisioneros en Antofagasta.  

De acuerdo a la resolución del ministro Víctor Montiglio, la noche del 18 de octubre de 1973, los procesados sacaron desde la cárcel de Antofagasta al grupo de prisioneros, los condujeron al desierto en camiones y los formaron para masacrarlos a punta de corvo y balas. Luego recogieron los cuerpos y los depositaron destrozados en la morgue.

LOS DESCARGOS DE SANTELICES

 Horas antes de ser notificado del encausamiento, Santelices  dio una entrevista a Radio Agricultura en la que dijo tener “la tranquilidad espiritual y de conciencia de mis actos”. 

Explicó que su participación en los hechos se limitó a “acompañar en una patrulla a retirar a los detenidos y trasladarlos a un punto donde no sabía que iba a suceder” e insistió en que debió actuar “por orden superior”.  

Santelices renunció en febrero de 2008 tras conocerse su declaración judicial en la que admite participación en este episodio de violaciones a DDHH.

Stella Calloni.

PERIODISTA E INVESTIGADORA ARGENTINA DESTACÓ QUE EL PAPEL DE CHILE FUE IMPORTANTÍSIMO EN "LA OPERACIÓN CÓNDOR"

En una conferencia de prensa, organizada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y el Centro Cultural de Refugiados Políticos en la Patagonia y auspiciada por la Municipalidad de Punta Arenas, la escritora y periodista argentina Stella Calloni, se refirió a "La Operación Cóndor y sus actividades criminales en América del Sur".

En la ocasión, señaló que Chile tuvo un papel fundamental en el plan de inteligencia, imposición y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y la CIA, señalando que es en nuestro país, donde se conformó oficialmente en el año 1975.

Dijo finalmente que en estos momentos se está llevando a cabo en Argentina un juicio muy importante, en el que - señaló - se declara que en la "Operación Cóndor" hubo una asociación ilícita de las dictaduras para asesinar, secuestrar, enviar información de un país al otro y en síntesis - destacó - cometer delitos indescriptibles para la sociedad.

Cabe señalar que Calloni recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en el año 1986; ha sido corresponsal de guerra en América Central, editora y directora de revistas de política internacional.

Mario Andrade

 http://www.radiopolar.cl

Invitación

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi invita a Ud., este domingo ocho de marzo, a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Parque por la Paz,  Av. José Arrieta 8.401, comuna de Peñalolén. La jornada se inaugurará a las 16:00 hrs. con una exposición fotográfica sobre el rol de las mujeres en la Dictadura Militar y con recorridos guiados al público por este ex centro de detención y tortura.

En la ocasión se homenajeará a mujeres que representen distintos ámbitos del quehacer nacional vinculadas a los Derechos Humanos y se agregará en el Jardín de las Rosas un nuevo rosal y una placa con el nombre de Mónica Benaroyo Pencu, detenida desaparecida de nacionalidad uruguaya, de quién fueron encontrados sus restos en julio del 2008 en el norte del país.

Michèle Drouilly Yurich - Directora Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

7/820 71 85 - 513 18 54

Michele@drouilly.com

A 17 años de un Reality sangriento sin responsables.

OPAL- Nuevamente las Avenidas y calles de la pudiente comuna de Ñuñoa, fueron testigos del cada vez menos concurrido homenaje a Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, Jóvenes integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinados por agentes del Estado de Chile, luego de protagonizar un asalto, un 22 de Enero de 1992.

Solo familiares y amigos llegaron hasta la calle Alonso de Ercilla N 3082, Comuna de Ñuñoa para rendir homenaje a ambos Rodriguistas asesinados, luego de protagonizar un asalto a un camión de transporte de valores de la empresa PROSEGUR en el Campus Oriente de la Universidad Católica

Los miembros de la Organización, "Manuel Rodríguez Cabalga de nuevo", convocantes a la actividad, resaltaron la trayectoria política y el heroísmo de ambos jóvenes aquel día, exigiendo justicia por el caso y haciendo responsables directos del fatal desenlace, al gobierno concertacionista de turno, encabezado por Patricio Aylwin: "La orden de aniquilamiento sobre los rodriguistas, emanó directamente desde la Moneda en las manos del entonces Ministro del Interior Enrique Krauss y de la sórdida y terrorífica figura de Belisario Velasco".

En la ocasión, acusaron a los medios de comunicación, los cuales transmitieron la macabra noticia durante todo el día: "Hicieron un show aquel día en que se jugaba la vida o la muerte de ellos, e hicieron un rotundo y acordado silencio con los responsables del alevoso crimen" Sentenciaba ante los presentes, el único orador del encuentro. Rodolfo Maturana

El gobierno de la época había decidido dar una señal clara sobre este tipo de hechos. La orden de actuar nació desde el interior de La Moneda, a manos del entonces ministro de Interior, Enrique Krauss y el subsecretario Belisario Velasco. La "tolerancia cero" aplicada en este caso, contrastaba diametralmente con la "política de acuerdos" que el gobierno sostenía con sectores militares y de derecha sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Como lo decía el propio Presidente de la época Patricio Aylwin: "Justicia en la medida de lo posible".

Eugenio Tironi, en aquel entonces vocero de Gobierno, dio tempranamente algunas luces, de lo que iba a ocurrir con los dos muchachos: En sus contínuas declaraciones a la prensa, daba a conocer la decisión del Gobierno: " los secuestradores están en contacto, con los oficiales de la policía que están en el lugar, pero el gobierno no está negociando con delincuentes".

Luego de la lectura de saludos enviados de distintas partes del mundo y de que se encendieran velas en las afueras de la casa, en la que cayeron ambos muchachos, el silencio, del cual se niegan a sentir los pocos convocados, se dejo caer en el lugar.

A la actividad no concurrió ningún dirigente, de la organización en que militaban Alex y Fabián. Solo estaba el recuerdo amargo de los familiares y amigos, que en esa jornada del 22 de enero, vieron por televisión, como unos 500 policías y agentes fuertemente armados, rodearon el lugar y esperaron pacientemente la noche, para llenar de plomo, los cuerpos de los jóvenes rodriguistas.  

De nada sirvieron los intentos por una salida

Eran las 7 de la mañana de lo que seria un caluroso día miércoles 22 de enero de 1992. Tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Fabián López Luque, Alex y Pablo Muñoz Hoffman, asaltaron un camión de transporte de valores de la empresa PROSEGUR que recolectaba la remesa de dinero de la sucursal del Banco Concepción, ubicada en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Los tres huyeron del lugar, con la suma de 7 millones 600 mil pesos, dejando heridos a dos guardias que intentaron repeler la acción. A pocas cuadras fueron interceptados por una patrulla de Carabineros, produciéndose un segundo enfrentamiento donde cae gravemente herido Pablo Muñoz Hoffman y un cabo de Carabineros. Fabián y Alex huyen del lugar, luego que Pablo se rehusara a ser socorrido. La persecución llegó a término, cuando los dos jóvenes se refugiaron en un inmueble de calle Alonso de Ercilla, comuna de Ñuñoa. En la vivienda se encontraba la familia del abogado Erick Riveros. Después de una larga negociación que se extendió por más de catorce horas, y luego de haber dejado salir a los cinco integrantes de la familia Riveros Erick -una mujer y sus tres niños-, francotiradores del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) dispararon sobre Fabián y Alexis, de 22 y 23 años respectivamente, al momento que salían con las manos en alto desde la casa, cuando ya se cerraba el día.

Alex y Fabián, una vez cercados por efectivos policiales, señalaron desde un principio a través de comunicaciones telefónicas la motivación de la acción y su permanencia en el domicilio. Relatos posteriores de lo dueños de casa acentúan el buen trato que recibieron por parte de los jóvenes. De nada sirvieron los intentos por una salida negociada, que incluso incluyó la demanda de entregar comida en las poblaciones pobres del gran Santiago. Pero la decisión estaba tomada, Fabían López comunicaba por teléfono a los medios: "No nos vamos a entregar. La decisión no es de este momento, sino de mucho antes... nos la vamos a jugar entera... Nuestra consigna es Hasta Vencer o Morir".

El operativo policial en el que participaron más de 500 efectivos de seguridad fue transmitido por televisión en directo. Todos los ojos de la sociedad chilena se volcaron a ver lo que sucedía en el pudiente barrio de la zona Oriente de la capital. Lo sucedido entre las 20.50 y 21:25 horas es todavía una incógnita. Solo estaban en el escenario del circo montado por la televisión, los dos muchachos y los efectivos que rodeaban la casa. Ni los llamados que a esa hora se estaban realizando para negociar su salida, ni la salida de los habitantes de la casa donde se habían parapetado, ni los ojos de toda una sociedad que a esa hora miraba con atención las imágenes del primer "reality" sangriento, lograrían que no fueran abatidos.

La jueza titular de 13avo Juzgado del Crimen de Santiago, María León Neira, a cargo de la investigación del caso, manifestó desde un primer momento sus dudas respecto al desenlace de la operación policial: "No tengo ninguna certeza que salieran disparando, existen dudas por que no se sabe si realmente se enfrentaron o fue otra cosa. Cuando llegué al sitio del suceso la policía uniformada ya había avanzado los peritajes y entonces yo di la orden que se coordinaran con Investigaciones, pero no he establecido que es lo que sucedió". (La Tercera 29/01/1992)

La autopsia determinaría que Alex Muñoz recibió diez impactos de bala en la región toráxica. Su muerte no fue instantánea. Agonizó por al menos quince minutos. Fabián López presentaba siete impactos. Uno en la cabeza, otro en el maxilar y los restantes en el tórax, abdomen y piernas.

La muerte en directo

Fue un hecho brutal el que cobró la vida de los rodriguistas. Aunque para los medios de comunicación no pasó de lo anecdótico. La periodista Paula Sánchez, que en esa ocasión fue productora en terreno para TVN, recuerda que debió pagar más de 20 mil pesos para que un vecino le permitiera instalar una cámara que siguió muy de cerca los acontecimientos. Mientras, el periodista Cristián Arizmendi pasó a convertirse en el "narrador" de la secuencia. El terror se convirtió en un show televisivo en tiempo real. Sánchez afirma que por primera vez el noticiario se hizo "por intuición, eliminando notas y comerciales". También recuerda que pese a que las cámaras estaban encima nadie pudo ver lo que ocurrió: "Ante los primeros disparos, todos se tiraron al suelo y yo me puse a llorar, mientras gritaba".

Sábado 3 de enero de 2009

 La Nación / EFE 

 Un acto simbólico en el cual se borró con pintura blanca el nombre de tres de los nombres que erróneamente figuraban en el memorial del Cementerio General, se llevó a cabo esta tarde por parte de la agrupación de sus familiares.

  La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos borró hoy del memorial ubicado en el Cementerio General de Santiago los nombres de los falsos desaparecidos detectados en la nómina oficial de víctimas de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet.

Al lugar llegaron dirigentes de la asociación, encabezados por su presidenta, Lorena Pizarro, y una decena de familiares de detenidos desaparecidos con fotografías de sus parientes y carteles clamando justicia, informó radio Cooperativa.

"El homenaje reivindica el nombre de nuestros familiares muertos y deja de manifiesto que los hombres y mujeres que jamás desaparecieron no empañan en nada los graves daños cometidos bajo el Gobierno militar", dijo Pizarro.

En un acto simbólico, fueron borrados con pintura blanca del monumento los nombres de Emperatriz Villagra, Germán Cofré y Edgardo Palacios. El de un cuarto "falso detenido aparecido", Carlos Rojas, ya había sido eliminado.

"Lo fundamental es cómo logramos verdad y justicia. Esa es la tarea que no han asumido ni en el Gobierno ni en las Fuerzas Armadas", agregó la presidenta de la agrupación.

Poco antes de Año Nuevo, el Gobierno chileno reconoció la existencia de otros tres errores en la nómina de detenidos desaparecidos, luego de una investigación realizada por el Registro Civil a raíz la reaparición en Santiago de Germán Cofré, quien figuraba en la lista.

Pese a que el hombre vivió durante 35 años en Mendoza, Argentina, sus familiares recibieron durante años las compensaciones establecidas al retornar la democracia al país.

Ante la conmoción pública producida, La Corte de Apelaciones designó, a petición del Gobierno, al magistrado Carlos Gajardo para que investigue y sancione a quienes hayan cometido fraude al fisco en casos similares.

"Los DDHH nunca han sido prioridad para la Concertación"

 La profesional se confiesa extrañada luego de la denuncia de la diputada RN Karla Rubilar sobre la existencia de más casos de falsas víctimas. Dice que hace pocos días se reunió con ella y no le escuchó ni una sola palabra sobre el tema que hoy tiene copada la agenda del gobierno. Pereira va más allá de la actualidad y realiza un análisis profundo de cómo los gobiernos concertacionistas han tratado el tema de las violaciones de derechos humanos y de los obstáculos impuestos históricamente por la derecha.

Por Pablo Basadre

El Mostrador

La abogada de DDHH y militante del Partido Socialista, Pamela Pereira, dice que en los gobiernos de la Concertación siempre ha rondado la idea del "punto final" para cerrar el tema de los Derechos Humanos. Como ejemplos de esto último, la también abogada de la familia del asesinado general Carlos Prats, recuerda las batallas que tuvo que dar con el Ejecutivo: la "Ley Aylwin", que pretendía ese desenlace para materias de DDHH (aunque fue uno de los gobiernos que más avanzó, aclara); la famosa propuesta del entonces presidente, Eduardo Frei, conocida como el acuerdo "Figueroa-Otero", que intentaba la aprobación de las reformas constitucionales a cambio de un "punto final" y, por último, recuerda "la reservada reunión, según mis fuentes, que tuvo el ex general Emilio Cheyre con el ex presidente Ricardo Lagos para saber si se podía llegar a un ‘camino libre' sobre estos temas".

Sin embargo, agrega, nunca estos intentos han sido evidentes. Siempre, explica, son propuestas que se entregan medias enredadas en algún proyecto de ley.

En un café del centro de Santiago, cercano a los Tribunales, la abogada comenta que está trabajando duro junto a la Secretaría General de la Presidencia para sacar adelante el proyecto de ley del gobierno que contempla la creación del Instituto de Derechos Humanos. Esto, luego del fracaso del ministro de la cartera, José Antonio Viera-Gallo -en el Parlamento- que hizo naufragar la idea cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos denunciaron que no habían sido escuchadas por el Ejecutivo.

Si bien la llamaron del gobierno para trabajar y lograr que el proyecto llegue a buen puerto, la abogada responde con convicción cuando se le pregunta sobre la trayectoria de los gobiernos de la Concertación en esta materia: "Estoy con la Concertación y soy militante del PS desde los 16 años. Pero me siento con la más absoluta libertad para hablar cuando se trata de temas valóricos, porque los DDHH son temas valóricos. Y con la misma tranquilidad que converso con usted, lo puedo hacer con un ex presidente. Como lo hice en muchas oportunidades que fue necesario cuando me di cuenta que se estaba intentado poner punto final al tema de los derechos humanos en nuestro país".

Pereira, por esa misma razón, reconoce y califica como "un estropicio político", la intervención de Viera-Gallo cuando quiso cerrar un acuerdo con la oposición respecto al proyecto del Instituto de DDHH.

Aquí la abogada no sólo responde como una mujer muy cercana a esta causa -es hija de un detenido desaparecido- sino que con una larga experiencia en la búsqueda de la verdad en distintos procesos.

En entrevista con El Mostrador, Pereira se refiere a la denuncia de la diputada RN Karla Rubilar, de que habrían más casos de falsos desaparecidos y realiza una critica de fondo a la coalición de gobierno: "La mayor falencia de los gobiernos de la Concertación ha sido asumir este tema como una carga. Decir: hemos hecho tal o cuál cosa y tratemos de dar por superado esta realidad. Pero esta realidad no es superable por uno u otras personas"

Denuncia de Rubilar

- ¿Le parece seria la denuncia de la diputada Karla Rubilar?

- La denuncia de Karla Rubilar, en lo personal, me extrañó mucho, porque hace muy pocos días conversé con ella y no me comentó nada. Digo esto porque podría haberle dado algunas orientaciones. Nunca voy a estar de acuerdo en impedir que algo se investigue. Es más, le habría dado los pasos y le habría señalado el mecanismo más adecuado para llevarlo adelante. Pero la forma en que lo hizo, hace mucho daño. No dice cuáles son los antecedentes, no señala fuentes de información. Por tanto, no permite investigar. Y ese daño lo produce en la inmensa cantidad de familias que efectivamente tienen familiares desaparecidos. Porque sé que esto los descompensa, los hace ir de nuevo al doctor y no tengo duda que eso está ocurriendo en estos momentos.

Me decepciona lo de Karla porque yo la tengo como buena persona. No entiendo lo que quiso hacer con esta denuncia genérica y sin antecedentes. Más aún, pues con ella estuve discutiendo este tema, de cómo lograr que la derecha vote favorablemente para poder sacar adelante una institucionalidad como el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos.

- ¿Por qué cree que la oposición no quiere dar los votos para este proyecto?

- Para la derecha es tan traumático el tema de los derechos humanos y las responsabilidades penales de quienes están involucrados, que tampoco hay votación de parte de ellos para aprobar el Tribunal Penal Internacional de Roma. Dentro de poco, vamos a ser el único país que no lo va a tener firmado. Espero que EEUU lo firme, con Obama en la Presidencia. Ya van más de 130 países que lo han ratificado. Pero acá no podemos porque la derecha se enreda en dos temas: prescripción y amnistía. Creen que el estatuto de Roma, que comenzaría a regir, va a afectar también a los casos de derechos humanos del pasado.

- ¿Está de acuerdo con Lorena Pizarro de crear una subsecretaría de Derechos Humanos?

- La Subsecretaría tendría un riesgo: dependería absolutamente del gobierno de turno. En materia de derechos humanos, creo que mientras más se esté alejado del poder político, mucho mejor. El Instituto de DDHH siempre será un organismo que expresará todos los problemas que la sociedad no quiere ver, menos el poder político. Nadie quiere ver, por ejemplo, lo que pasa con los menores que están privados de libertad en los centros de reclusión de menores, que son más violentos que los de adultos. O el trato que le estamos dando a los peruanos o a los bolivianos, etc.

Mentalidad criolla

- ¿Cree usted que a pesar de los avances en esta materia, la Concertación ha cometido muchos errores?

- Más que encontrar errores, quiero hacer valoraciones. La mayor falencia de los gobiernos de la Concertación ha sido asumir este tema como una carga. Decir: hemos hecho tal o cuál cosa y tratemos de dar por superado esta realidad. Pero esta realidad no es superable por uno u otras personas. Así como se hicieron las comisiones investigadoras, también fue positiva la ley de reparaciones de don Patricio Aylwin, que finalmente con el tiempo se ve que fue el Presidente que más cosas hizo. Pero también en paralelo, ha habido varios intentos de punto final. Ese es el gran pecado de la Concertación. A mi me ha tocado ser protagonista de tirar al suelo esas leyes.

- ¿Por qué cree que llegan esas ansias del punto final del que habla?

- Desde el poder político se ha dicho: damos una manito a la familia, pero desde otro lado políticamente se quiere cerrar los temas, como si se pudieran cerrar. Creo que de entrada no se tuvo una voluntad política definida de llevar todas las causas a los tribunales de justicia. Esa voluntad no existió nunca.

- ¿Usted cree que la Concertación no sabe convivir con este tema?

- Creo que los DDHH han sido una contradicción permanente para la Concertación: Cómo te ayudo y cómo salgo de este conflicto histórico mirando para el techo para tratar de que el tiempo cierre todo. La Concertación ha actuado con mentalidad criolla en DDHH. Es decir, la ley del menor esfuerzo. Yo ya hice un poquito, para qué voy hacer más. Es una mentalidad de una corta visión. Y eso es no entender el conflicto. Creo que ha habido esta mentalidad estrecha, políticamente muy estrecha, de no ver más allá de la cordillera. No se imaginan, menos se preguntan cómo cruzarla. Han hecho la política de la no política de derechos humanos. Todo esto tiene que ver con que los DDHH nunca han sido prioridad para la Concertación.

+Lea el informe Rettig

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Mario Casasús

El Clarín

En 1973 el doctor Rogelio de la Fuente asumió un curul en el Congreso Nacional como diputado por el Partido Socialista; el mismo año fue preso político y comenzó su exilio en México, extendido durante 35 años. La Universidad Autónoma Metropolitana publicó Detrás de la memoria (2008) un almanaque de historias inéditas, contadas en primera persona. Clarín.cl presenta una invaluable conversación, en la espera que el libro sea editado en Chile.

MC.- ¿Qué hay detrás de su memoria en los 1.000 días de la Unidad Popular?

RF.-Hay un aire de sorpresa, de alegría y entusiasmo, de asombro y de deslumbramiento y una sensación de orgullo nacional por salir de los límites en que estuvimos encerrados siempre. Creo que era un aire de libertad y de vuelo, luminoso y veloz como un relámpago. Eso fue durante los mil días aunque progresivamente aparecieran nubes cada vez más amenazantes y agresivas. Más que fugaces, los mil días fueron como un día, duraron lo que un relámpago y su deslumbramiento fue tan intenso y tan hondo que no tuvimos ojos para ver la nubes de la amenaza sino hasta el final, cuando se fue la luz.

MC.- ¿Denunciaron públicamente y en su momento la amenaza de magnicidio interrumpido por el aparato de inteligencia del Partido Socialista?

RF.- No, porque entregamos toda la información a los organismos políticos y de seguridad superiores, que era lo que correspondía hacer.

MC.- Leí la nómina de pasajeros del avión que los milicos no dejaban salir de Chile: Sergio Maurín (director de la editorial Quimantú); Lisandro Cruz (Ministro de Justicia); René Largo (periodista de la oficina presidencial); Óscar Soto (médico personal de Allende) y usted. ¿De qué hablaron al volar rumbo a México? ¿El doctor Soto les informó del suicidio de Allende?

RF.- Cuando los retenidos subieron al avión, el Dr. Oscar Soto quedó ubicado en un asiento vecino al mío, donde junto con el reencuentro me confió la muerte del Presidente por decisión propia y el relato de la batalla de La Moneda, relato que aparece en su libro "El último día de Salvador Allende", un testimonio histórico extraordinario.

MC.- El diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, el intelectual Pablo González Casanova y el sociólogo Rodolfo Stavenhagen, a la fecha siguen estudiado la historia y literatura chilena. ¿Todavía frecuenta a los integrantes del primer Comité Mexicano de Solidaridad con Chile/73?

RF.-A quien con mayor frecuencia vemos es al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, hemos pedido al Gobierno de Chile le otorgue la ciudadanía honoraria. Al gran poeta Hugo Gutiérrez Vega hace mucho tiempo que no lo veo, pero semanalmente leo su columna en el periódico La Jornada y en ocasiones su poesía, lo que es también una manera de estar en la cercanía de su rica intimidad. A don Pablo González Casanova le pedimos unánimemente que fuera el orador del gran acto conmemorativo del centenario del natalicio del Presidente Allende, como uno de los mejores intérpretes de los valores de humanismo y socialismo desde su altura intelectual y su valiente consecuencia política. Por último, a don Rodolfo Stavenhagen, ahora en Naciones Unidas, va la admiración por su gran ejecutoria en defensa de los pueblos originarios y, por cierto, por su gestión en defensa de los derechos del pueblo mapuche en Chile.

MC.- El pasado 26 de junio, el exilio chileno en México rindió un homenaje al Presidente Allende. ¿Por qué reivindicó las últimas palabras transmitidas por Radio Magallanes?

RF. Lo que reivindiqué fue la autoría de Guillermo Ravest, el director de Radio Magallanes, al que habían escamoteado la verdad histórica, quien con un pequeño grupo de trabajadores salvó "las últimas palabras" del Presidente. Cité textualmente algunas frases de ese histórico mensaje, que no son reivindicables porque son grandes en sí mismas y se han incorporado a la herencia humanista universal. Creo que ese último mensaje es toda una lección de política y moral que pertenece a la humanidad más que al propio Chile, que se ha tardado tanto en oírlas.

MC.- ¿Cómo recuerda la primera experiencia del Comité Político del Exilio en México? ¿La Asociación Salvador Allende en México sería el último eslabón?

RF.-recuerdo poco de la sesión misma; lo que sí me asalta es que al terminar cantamos los himnos nacionales de México y de Chile convencidos de que el retorno ya había comenzado. La Sociedad Salvador Allende es la expresión institucional principal del ex-exilio con la sociedad mexicana, cuyo afecto e identificación allendista, aleja los riesgos de una separación entre nuestros países.

MC.- ¿Las líneas políticas desde Europa desgajaron al exilio chileno en toda Latinoamérica?

RF.-Creo que la palabra desgajaron no es la más adecuada. Lo que yo digo es que las diferencias ideológicas y políticas que existieron durante el Gobierno de la Unidad Popular se repitieron durante años en el exilio con una inmensa fidelidad en la confrontación, para terminar por cambiarse después de años a las antípodas combatidas ayer permutando trincheras y parque en una coincidencia patética que favoreció a la dictadura y nos lesionó dolorosamente.

MC.- ¿El tiempo le dio la razón a Pedro Vuskovic o a Carlos Altamirano?

RF.-El tiempo no da, ni quita la razón. Ambos en distintos tiempos tuvieron razón y sinrazón. Por ejemplo. Carlos Altamirano ha escrito años después, que el programa de la Unidad Popular no era posible de lograr por la vía pacífica por la magnitud de sus objetivos, lo que en apariencia significaría dar la razón a Vuskovic. Digo en apariencia porque su validez estaba condicionada por otros factores que cambiaban a gran velocidad. No hubo tiempo para que Pedro Vuskovic nos diera su visión ya actualizada. Pero yo creo que ambos, como todos los que cumplían responsabilidades dirigentes estuvieron y estuvimos, más que certeros o equivocados, un poco ciegos, un poco sordos y un nada mudos. 

MC.- En 2008, se cumplieron 10 años de la detención de Pinochet. ¿Cómo interpreta la transición pactada? y ¿la defensa de la Concertación por la libertad de Pinochet en Londres?

RF.-La transición pactada es un hecho histórico, cuya viabilidad fue dispuesta por el gobierno yanki como el golpe de Estado en 1973. Más que una negociación (ciertamente no fue un Brest Litovsk), fue una rendición casi incondicional. Negociación de lo político en lo formal y en lo secundario ("justicia en la medida de lo posible"); rendición en lo fundamental: (permanencia del sistema neo liberal, preservación de los poderes fácticos y reposición de los intereses norteamericanos). Cada certeza la hemos ido conociendo y tragando a dosis terapéuticas recetadas por los enfermeros de la Concertación. En suma, un triunfo de la reacción, de la oligarquía golpista y del imperialismo por "la vía pacifica", como lo exigían los nuevos tiempos. Respecto del salvataje internacional del dictador, al igual que en el pacto de la transición, son los términos, acciones y concesiones las que traicionan historia, ética, país, política y derechos humanos, y a los millones de seres que en el mundo dieron asilo y fraternidad a los perseguidos y que volvieron a esperanzarse con la prisión en Londres. Sin la condena internacional, Pinochet se habría ido como honrado y ahorrativo comandante de sus atracos y coimas y con las manos limpias de crimen. Con el apoyo unánime del poder "Concertado", Pinochet murió libre, rico e impune.

MC.- ¿Por qué el diagnóstico de: "nueva genética social" para la Revolución de los pingüinos? ¿La juventud se encuentra en un hastío por la Alegría que no viene?

RF. Es algo que forma parte de un imaginario nacional. En nuestra historia cada cierto tiempo se suceden excepcionalidades, rarezas históricas. La última es la "rebelión de los pingüinos" ¿Cómo entender que sean unos adolescentes los primeros en escapar al efectivo control ideológico que ejerce el sistema sobre la sociedad, y que sean ellos los que exigen la vuelta de valores sociales destruidos que ellos no conocieron? Lograron un gran éxito y como en ellos esto no tiene memoria, imagino "como si con la adolescencia refloreciera una suerte de genética social de la memoria".

MC.- Finalmente la poesía, en Detrás de la memoria (UAM, 2008) menciona -en tres oportunidades- a Gonzalo Rojas; háblenos del libro editado por la UAM "¿Quién no cumple 100 años?"

RF.-He tenido el privilegio de conocerlo por cerca de cincuenta años. Fui testigo y participé de la conversación telefónica en la que el maestro Daniel Toledo, director de difusión cultural de la UAM, le solicitó su acuerdo para publicar algunos poemas suyos, a lo que respondió generosamente. Así surgió la idea del libro que materializó la crítica y escritora Fabienne Bradu, presidenta de la Fundación Gonzalo Rojas de México. Admiro la gran poesía y la gran prosa de nuestro poeta nacional como tantos otros en diversos lugares de la tierra. También conozco y admiro sus vigorosos elementos polares: su autonomía y originalidad de siempre, su independencia neuronal y genética, su clara valentía y sus permanencias de joven.

19 de Noviembre de 2008

"Juan Carvajal es un delator y merece una funa"

 Andrea Osorio rompe el silencio y se refiere por primera vez a la muerte de su pareja, abatido por la policía de un balazo entre ceja y ceja, en la residencia del actual jefe de comunicaciones del Gobierno.  Dice que, por su experiencia, Carvajal pudo hacer otra cosa y que no era primera vez que escondía gente. Además, cuenta cómo Belisario Velasco hizo gestiones para sacarla a ella del país.

Por Miguel Paz

"Él tuvo otras opciones", dice Andrea Osorio. La viuda de Ariel Antonioletti, el lautarista que murió el 16 de noviembre de 1990 en la casa de Juan Carvajal Trigo en la Villa Japón, emite esta frase varias veces. A casi dos décadas del hecho, sigue interrogándose sobre el porqué alguien acepta esconder en su casa a un hombre fugado y luego lo deja a su suerte para morir, cuando tiene otras opciones, como decirle que se vaya de ahí. Y repite: "Él tuvo otras opciones".

La mujer tiene treinta y tantos años. Habla suave. Sin alzar la voz. Incluso cuando parece decir cosas fuertes. Viste jeans azules y una polera negra. Es una tarde inusualmente helada para la época del año y por eso dice que tiene frío. Con la misma calma, hilvana las palabras con las que por primera vez cuenta públicamente su historia junto a Antonioletti, sentenciando que para ella "Juan Carvajal es un delator. Un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho".

Es 14 de noviembre de 2008. Hoy se cumplen 18 años de la última vez que Andrea Osorio vio a su pareja durante una visita en la Cárcel Pública. De allí, Antonioletti salió engrillado para ser atendido en el Hospital Sótero del Río con la promesa de volver al penal a las tres de la tarde. En vez de eso, fue "rescatado" a sangre y fuego por un grupo del movimiento Lautaro. La próxima vez que lo vio, él estaba sin vida. Aquí Andrea Osorio reconstruye con sus recuerdos lo que pasó.

 Tocata y fuga

 Es el miércoles 14 de noviembre de 1990. Una mujer ingresa de visita a la Cárcel Pública y busca con los ojos al hombre que la espera. Andrea y Ariel se conocen desde que son niños, vecinos, y ambos participaban en el movimiento secundario organizado para resistir a Pinochet. Han pasado muchas cosas juntos. De partida, ambos son militantes del movimiento de extrema izquierda Lautaro, y entre las estadías en la cárcel y separaciones por la clandestinidad, llevan casi tres años como pareja.

Un año antes, en octubre de 1989, son detenidos por la CNI en La Serena. Antonioletti está procesado por el asesinato de un cabo de Carabineros y por su participación en el ataque a una multitienda de calle San Diego, donde cae abatido otro policía. El país está preparándose para las elecciones presidenciales de diciembre, mientras ellos son trasladados a Santiago. Ella va a un recinto de calle Santo Domingo. Él, a la Cárcel Pública. En junio de 1990 Andrea sale en libertad condicional y comienza a visitar a Ariel en el penal. Han decidido tener un hijo.

"Ariel quería mucho ser papá. Tenía una sensación de que el paso por la vida era rápido y había que apurarse en dejar descendencia. Y optamos por tener un hijo". Pero aquella mañana del 14 de noviembre ninguno de los dos aún sabe que en el vientre de Andrea crece Matías, quien no conocerá a su padre, y que hoy está próximo a cumplir la mayoría de edad. Ariel y Andrea conversan de las cosas que conversan los enamorados: de los sueños y del futuro que parece escaparse. Además hablan "mucho de situaciones hipotéticas: ¿y si pasara algo? ¿y si me sacaran? ¿si me matan? A Ariel se le apretaba la guata, pero también era lindo verlo con la fantasía de escaparse", cuenta Andrea, asegurando que no tenía antecedentes de la fuga que se estaba fraguando, aunque "habían cosas en el ambiente que avisaban que algo podría pasar".

Se despiden. Antonioletti debe visitar al oculista en el Hospital Sótero del Río en Puente Alto. Escoltado por gendarmes parte con la promesa de volver. Ella lo espera. En el recinto de salud una funcionaria de delantal blanco hace una seña. Sus compañeros de las "Fuerzas Revolucionarias y Populares Lautaro" abren fuego.

En la operación de fuga de Ariel Antonioletti mueren asesinados cuatro gendarmes y un carabinero. También resultan heridos algunos miembros del comando lautarista. La situación obliga al grupo a usar las casas de seguridad previstas para esconder a Antonioletti, como hospitales de campaña. Surge la necesidad de una "variante operativa".

Uno de los lautaristas decide pedirle a su prima que reciba al fugado, quien entonces tenía 22 años, sin darle mayores detalles que los necesarios: es "un compañero que necesita ayuda", recuerda hoy uno de los integrantes del grupo. La prima es la ex esposa de Juan Carvajal, quien por entonces es editor internacional de Fortín Mapocho y vive junto a su familia en una casa de un piso ubicada detrás de la Villa Japón, en la zona poniente de la capital. "Hasta donde yo sé -dice Andrea Osorio- ella lo conversa con su marido y él accede. No era primera vez que él prestaba su casa para guardar a alguien. Lo había hecho en otras ocasiones".

La pareja de Antonioletti se entera de la noticia de la fuga por la radio. Aún está en la Cárcel Pública. Sale del recinto penitenciario y se da cuenta que tiene seguimiento policial: "En mi casa, en la de mis suegros, las de los amigos. Se arma un dispositivo de control férreo". Siente miedo por lo que le pueda pasar a Antonioletti. "Si Ariel salía vivo iba a ser un mal antecedente para las fuerzas policiales de este país. Sentía que lo iban a buscar con toda la furia. Por un lado está el susto de lo que fuera a pasar, por otro lado, era la opción de Ariel".

 "Cuestión siniestra"

Entre los nervios y la preocupación, transcurre un largo y caluroso día de primavera. De lo único que se habla en los noticieros es del peligroso lautarista fugado. Se despliega un gran operativo policial para dar con su paradero. En una pequeña vivienda, detrás de la Villa Japón, las cosas están por cambiar.

"Carvajal sabía que estaba ayudando a alguien que necesitaba la casa pero no sabía específicamente quién era hasta ese momento. Cuando él llega a la casa y ve a Ariel, lo reconoce porque ellos se conocían de una vez que se vieron en el Fortín Mapocho por otras razones. Ahí Carvajal le toma el peso a la situación y le queda claro a quien tiene en su casa. Entonces las opciones son dos: una, que se caga de susto, y la otra es que se da cuenta lo que tiene en las manos en términos de la recompensa producto de la delación. De ahí para delante la cuestión es siniestra porque se da una situación de precariedad para el Ariel. El tipo encierra a su familia en una pieza sin explicarles nada, se ponen debajo de la cama y dejan a Ariel en el living a su suerte".

Enterado de que el joven que tiene en su casa es el extremista que busca la policía, Carvajal, según las declaraciones judiciales de los involucrados, se reúne con Ricardo Solari, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, y le explica la situación. Ambos son viejos conocidos: luego del Golpe de Estado del 73', Carvajal parte al exilio a la República Democrática de Alemania Oriental (RDA), al igual que la actual Presidenta Michelle Bachelet, y posteriormente se vincula con la "dirección de los pantalones cortos" del PS, conocida así por la temprana edad de quienes en 1975 reemplazaron a la dirección interior, barrida por la DINA, y en la cual Solari juega un importante rol.

Solari recuerda hoy que derivó el tema al subsecretario del Interior, Belisario Velasco, quien más tarde sostendrá un duro gallito con los socialistas de "La Oficina" por la hegemonía de la Inteligencia civil del gobierno. Velasco recibe la información y envía un contingente de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones hasta el domicilio de Carvajal para detener a Antonioletti. "La cantidad de policías era a lo menos cincuenta y en esa casa estaban solamente Ariel, y este tipo con su familia escondidos bajo la cama de su pieza", dice Andrea Osorio.

"Otras opciones"

"Ahí viene todo el montaje de los detectives diciendo que hubo un tiroteo, que Ariel se defiende, que usa unas balas dum dum, las que se supone explotan. Pero los diversos peritajes han demostrado que es imposible que haya habido algún tipo de enfrentamiento: las entradas y salidas de las balas no corresponden a lo que ellos relatan, los vecinos cuentan cómo se empezó a armar el cerco desde antes. Si se ve científicamente, a través de peritajes balísticos y de la autopsia, no aguanta mucho la supuesta historia de Ariel luchando contra cincuenta para defender su vida. Es inverosímil. El antecedente clave es que Ariel tiene un solo tiro, entre ceja y ceja. ¿En un tiroteo con el nivel de fuego cruzado que ellos relatan, lo matan de un tiro entre ceja y ceja? Eso es de una efectividad increíble, porque con tantos disparos supuestos era para que Ariel quedara como un colador", cuenta Osorio.

-¿Conoció a Carvajal?

-No.

-¿Nunca intentó buscarlo para preguntarle por lo que pasó?

-No.

-¿Responsabiliza a Carvajal de la muerte de su pareja?

-O sea, yo creo que Juan Carvajal es un delator. Es un delator, un tipo que se merece una funa. Que se merece ser desenmascarado porque no tiene ninguna ética para ejercer un cargo público desde el punto de vista de un Estado de Derecho. Ariel tenía 22 años. O sea, siguiendo su teoría de que no sabe qué estaba sucediendo y que lo hacen leso, Carvajal en algún momento pudo tener un acto de humanidad y haberle avisado, decirle qué estaba pasando, o haberle pedido a la persona que lo llevó a su casa que se lo llevara. Porque si yo, que tenía 18 años en ese momento, me doy cuenta que si lo encuentran lo matan, claramente un profesional, periodista, con una capacidad de leer la realidad del país, entiende que no lo van a ir a tomar detenido para pedirle declaraciones. El tipo sabía claramente que estaba entregando a Ariel para que lo mataran, aunque tuvo otras opciones.

-¿Cuál habría sido el móvil para hacer eso?

-Yo creo que fue su recompensa. Fue su gran muestra de lealtad a la Concertación porque él demostró ahí lo que era capaz de ofrecer. Él tuvo otras opciones: es normal que si no estás militando te de susto y digas oye, tengo familia, tengo hijos, te doy un par de horas para irte. Yo estuve clandestina y en algunos casos me lo pidieron: busca donde irte, tengo niños, tengo susto, porque cuando salen las cosas en la tele es normal ese miedo.

-¿Por qué dice eso?

-Porque por muy improvisada que haya sido la casa de seguridad, tú no dejas a cualquiera a cargo de un compañero que sabes que lo van a estar buscando por cielo mar y tierra. Si le vas a pedir a un tipo que guarde a alguien es porque Carvajal había guardado gente antes. ¡Es que muchas veces guardó gente y prestó la casa en dictadura! No es que no supiera en qué se estaba metiendo.

 El doble exilio

La madrugada del 16 de noviembre de 1990 Antonioletti es trasladado a la Posta 4, donde llega muerto. A eso de las dos de la mañana el teléfono suena en la casa de Ana María Antonioletti, mamá de Ariel. Ella se comunica con su nuera. "Partimos al instituto medico legal para reconocer el cuerpo", recuerda Andrea.

Luego, el velorio en la casa de Ana María Antonioletti. Mucha gente. Las situaciones se mezclan. Son "como días nublados: la incertidumbre misma junto a esta sensación de estar controlada todo el tiempo. Había que estar preocupada todo el rato de ver qué gente llegaba y luego en el cementerio fue súper agresivo: la cantidad de pacos que había, la cantidad de control. Te queda la sensación de que no tuviste siquiera ese momento de intimidad para despedirte".

La pareja de Antonioletti tampoco tiene tiempo para el duelo. El gobierno de Aylwin lanza un requerimiento general en contra del Lautaro y la Corte designa al ministro Alfredo Pfeiffer para investigar.

"Después del asesinato del Ariel nos volvieron a encargar reos a los mismos que habíamos estado presos y salió una orden de arresto. Ninguno de los que estábamos afuera se presentó al arresto. Ahí empezó mi pega de esconderme, de no caer presa de nuevo. Mi bandera de lucha era que el Matías no naciera en la cárcel", relata.

Andrea Osorio vive clandestina en Chile durante siete meses. En junio de 1991 sale del país en dirección a Venezuela, debido a gestiones de "Belisario Velasco, el director de Investigaciones Horacio Toro y Luis Toro, el abogado del ministerio del Interior. Luis Toro es quien viaja a Argentina y me gestiona la visa con la preocupación no sé si de sacarse el cachito, no sé si de sacarse la culpa, pero claramente ahí esas actitudes te demuestran que hay una sensación de que se fueron al chancho. Ellos tratan de dar muestras humanas, de culpa, como reconociendo que fue un abuso. Ellos saben la injusticia y la crueldad que tuvieron con Ariel, independiente de lo que representara".

Carvajal hace lo propio. Temiendo por su vida, según le confesará más tarde a un profesional que trabajó con él en La Moneda, se radica en Costa Rica. En ese país, dicen cercanos al profesional, labora para la esposa del presidente Rafael Calderón Fournier hasta 1994, año en que regresa a Chile y se integra a la Secocu en el gobierno de Eduardo Frei.

Andrea Osorio regresa a Chile en 1997, tres años después. Como tiene una orden de detención pendiente es apresada en el aeropuerto. Pero antes le cuenta a su hijo Matías que van a llegar a Chile y él va a tener que quedarse con la mamá de ella por un tiempo porque "tengo un tema pendiente". "Ahí, Matías me dice: aaaah, o sea que mi papá no murió en un accidente. Solito hizo la conexión: a mi papá lo mataron. Esa fue su primera información. Y luego como estuve presa una semana, empezó a conectarse rápidamente con su historia, pero la verdad es que mi intención siempre fue contarle en la medida que fuera preguntando y preparándolo para procesar la información. Hoy día tiene 17 años y está súper claro de la situación".

 "No me interesa hablar con Carvajal"

 Con 55 años, de filiación socialista, y conocido como el asesor de mayor confianza de la Presidenta Bachelet, Juan Carvajal hoy es el jefe de comunicaciones del Gobierno. Se niega a hablar del caso Antonioletti. "No hago comentarios", dice.

-¿Qué le parece el cargo que tiene Carvajal en la actualidad?

-¿Por qué Bachelet lo tiene ahí? La relación con Carvajal políticamente no es algo que te sirva para enorgullecerte. Algo debe haber pasado, sabiendo las implicancias que puede tener que le enrostren que tiene un traidor, un delator metido ahí en La Moneda.

-¿Usted puede perdonar?

-....

-¿Se lo ha preguntado alguna vez?

-No.

-¿Si viera a Juan Carvajal hoy que le diría?

-Sabes qué me pasa, es que esa clase de gente está en otra categoría. No entra en la categoría de ser humano para negociar, para hablar, ni siquiera para ir a pedirle explicaciones. No me interesa. No he pensado nunca en qué le diría, qué le podría decir. Nada. Me encantaría participar de una funa, de molestarlo, de irritarlo, es todo lo que me nace. En lo absoluto me interesaría conversar con él o pensaría en un diálogo.

Martes 18 de noviembre de 2008   

Por Jorge Escalante / La Nación 

AFDD denunció engaño en caso de supuesto desaparecido

Germán Cofré Martínez regresó desde Argentina la semana pasada. Según su familia, tras su detención en 1973 nunca más se supo de su paradero. Fue calificado como víctima en 1996, pero testigos aportan datos que desvirtúan sus dichos.

Foto: En 1995 la familia de Cofré Martínez recibió sus supuestos restos que habían sido encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, más tarde se supo que las osamentas -sepultadas en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del camposanto- formaba parte de los errores de identificación.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció y exigió la "máxima y más profunda investigación judicial" del caso de Germán René Cofré Martínez quien, si bien no figura como detenido desaparecido en el Informe Rettig, sí aparece como tal en la posterior calificación de víctimas de la dictadura ampliada en 1996 por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Su condición de desaparecido fue aceptada por la CNRR sobre la base a los antecedentes aportados por su esposa y familiares.

Según lo que afirmó su familia, Cofré fue detenido el 24 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea y nunca más supieron de su paradero.

Así al menos lo expresó su esposa María del Carmen Cisterna Zapata (fallecida en 2007) en la querella que presentó en 20 de marzo de 1992 ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago.

Sin embargo, Cofré Martínez, quien tiene tres hijos en Santiago, apareció la semana pasada en casa de su familia en La Cisterna.

Desvirtuando estas versiones, una vecina de Cofré en aquel tiempo, Margarita Rivera Monsalve, dijo ayer a La Nación que "él estuvo sólo unos días preso en la Base Aérea El Bosque de la FACh, pero volvió a su casa y recién salió a Mendoza en julio de 1975 junto a mi marido Fernando Aguilera Godoy, Romualdo Aguirre Pinto y otro ex preso de apellido Coloma".

Cofré y Aguilera eran comunistas.

Margarita Rivera sostiene que "es imposible que su familia nunca haya sabido más de él, puesto que venía mucho a mi casa después que lo soltaron y hasta antes de salir a Mendoza con mi marido, y nosotros vivíamos a la vuelta de la esquina".

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo que "no aceptaremos que alguien enlode nuestra tragedia, la de los detenidos desaparecidos. No aceptaremos que nadie utilice nuestra lucha de una manera tan aberrante y mezquina, y por ello exigimos que la justicia haga una profunda investigación de este caso".

PATIO 29

En 1995, el 22º Juzgado del Crimen de Santiago que investigaba a las víctimas NN del Patio 29 del Cementerio General, dispuso que la entonces Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal (SML) entregara a la familia de Cofré sus supuestos restos, que habían sido hallados e identificados entre las osamentas del Patio 29.

Para ello se realizó una ceremonia en el Memorial de los Desaparecidos y Ejecutados del Cementerio General, donde se sepultó la reducida urna.

Luego se supo que los restos entregados a la familia no correspondían a Cofré Martínez, caso que forma parte de los errores de identificación del Patio 29 ya conocidos.

ANTE EL JUEZ

Cofré fue llevado ayer por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ante el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, quien tiene a cargo la investigación de los errores del Patio 29.

La secretaria ejecutiva de este Programa, Rose Marie Bornard, manifestó que "pusimos de inmediato a esta persona a disposición del ministro Gajardo, pero a nuestro juicio este caso no cuestiona en absoluto la tragedia de los detenidos desaparecidos en Chile".

Consultada si en su breve conversación con Cofré le preguntó por qué nunca hizo saber a su familia que estaba vivo en Mendoza y por qué no vino antes a Chile, Bornard explicó que "él expresó que no estaban dadas las condiciones de seguridad".

El supuesto desaparecido vivió estos años en Mendoza donde tiene una nueva familia.

"La sola posibilidad de que alguien burle la fe pública para obtener algún provecho de esta tragedia, es una afrenta a los detenidos desaparecidos y a nuestra lucha. Tenemos la certeza de que nuestros familiares fueron asesinados por la dictadura y así está demostrado en las investigaciones judiciales", manifestó Lorena Pizarro.

“Yo salí con él y otros vecinos a Mendoza” Contactado telefónicamente Fernando Aguilera Godoy, visiblemente contrariado, confirmó a La Nación que “efectivamente salí a Mendoza en 1975 junto con Germán Cofré y otras dos personas. Éramos todos vecinos y nos fuimos a trabajar a Argentina, pero yo no quiero declarar sobre esto”. La delegada de la Presidencia de la República en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, dijo que “el Gobierno hará todos los esfuerzos para aclarar este caso, pero con toda seguridad esto no pone en cuestión la desaparición forzada de personas en Chile. Todo esto nos parece muy extraño”. La esposa de Cofré, hasta su muerte el año pasado, como sus hijos, recibieron beneficios del Estado por la condición de “desaparecido” del ex comunista. El antecedente que más hace dudar a la AFDD de la desaparición de Germán Cofré, es justamente la versión que entregan sus vecinos, Margarita Rivera y Fernando Aguilera.

Martes 18 de noviembre de 2008   

La Nación 

Abogado Hugo Gutiérrez apelará a resolución de ministro Víctor Montiglio

Informe de peritos señala que el cabecilla de la Caravana de la Muerte padece alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes mellitus y demencia senil por Alzheimer. Quedó al cuidado de su familia.

Foto: Sergio Arellano Stark tiene 87 años y su estado de deterioro mental es irreversible, según los peritos del Servio Médico Legal.

Tal como adelantó ayer La Nación, el ministro en visita Víctor Montiglio determinó que el general (R) Sergio Arellano Stark (87) no cumplirá los seis años de cárcel a que fue condenado en el caso Caravana de la Muerte, debido a su deteriorado estado de salud mental.

El magistrado resolvió -de acuerdo al Artículo 687 del Código de Procedimiento Penal- suspender la prisión para el condenado y entregarlo al cuidado de su familia, en particular su hijo Sergio Arellano Iturriaga, con una fianza de 500.000 pesos.

La resolución se adoptó tras recibir los informes del neurólogo Hugo Aguirre Astorga y del siquiatra forense Ítalo Sigala Romele, ambos del Servicio Médico Legal (SML), quienes diagnosticaron que Arellano presenta demencia senil por Alzheimer.

INFORME DE PERITOS

Concretamente, los peritos señalaron que el ex delegado de Pinochet para "uniformar los criterios" en los juicios de prisioneros políticos tras el golpe, "padece patologías médicas que se correlacionan por sí solas con deterioro cognitivo severo o demencia: alcoholismo, daño hepático crónico, diabetes mellitus, encefalopatías metabólicas.

Además, el peritaje estableció que Arellano Stark presenta una demencia mixta o multifactorial tipo Alzheimer y vascular. También aclararon que esta enfermedad neurosiquiátrica es progresiva, crónica e irreversible y conlleva enajenación mental.

Agregaron que esta dolencia "requiere de un tratamiento médico y cuidados perentorios, en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica adecuada y contención de enfermería".

Según los peritos, la enfermedad no reviste peligrosidad para el mismo Arellano Stark o terceros, pero "no le permite entender ni participar de las instancias procesales y le impide incorporar nuevas conductas, rehabilitarse o comprender el sentido de su sanción".

A lo anterior debe sumarse la observación hecha por el propio tribunal, que interrogó al general en retiro, tras dictada la sentencia por la Corte Suprema.

"Al ser preguntado (Arellano Stark) por el tribunal respecto del tiempo y circunstancia en que ha permanecido en el instituto (Médico de Alzheimer Villa Soleares) da respuestas incoherentes, lo que obligó al tribunal a dejar constancia al término de la diligencia que la persona interrogada se encuentra gravemente deteriorada, en términos coincidentes a los certificados médicos", indicó la resolución de Montiglio.

ABOGADO APELARÁ

El abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, dijo que la resolución del juez Víctor Montiglio está "profundamente errada" y anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones.

"Hay que pensar que si efectivamente Arellano estaba en una clínica para Alzheimer desde el 10 de enero pasado, esos antecedentes debieron haber sido puestos a disposición del Poder Judicial", indicó.

Por su parte, Claudio Arellano Parker, abogado y sobrino, manifestó que "siempre pensamos que iba a ser absuelto. Nunca alegamos ni prescripción ni amnistía y tampoco quisimos valernos de estos elementos mágicos para que el proceso terminara de otra forma", señaló el abogado, quien concluyó que el fallo "es lo que procedía".

 Foto: General Sergio Arellano Stark, la suerte de un desquiciado criminal.

Lunes 17 de noviembre de 2008

Lanacion.cl 

Ministro Montiglio declaró inimputable al ex jefe de la Caravana de la Muerte, anulando de este modo el cumplimiento de la pena de seis años de prisión por los crímenes de San Javier. Querellantes anunciaron apelación.

El jefe de la funesta Caravana de la Muerte, general (r) Sergio Arellano Stark, fue declarado inimputable por el juez Víctor Montiglio, por lo que no irá a la cárcel a cumplir la condena de seis años de presidio efectivo que corresponde por su responsabilidad en los crímenes de San Javier.

El magistrado, que instruye el proceso por este caso de violaciones a los derechos humanos, tomó la decisión luego de recibir el informe del Servicio Médico Legal, que acredita el “deteriorado estado de salud” del jubilado militar, quien sufre de alzheimer hace quince meses.

Lo anterior significa que el “Lobo" Arellano, como es conocido entre sus pares, no irá a prisión, y quedará bajo la custodia de su hijo, el abogado Sergio Arellano Iturriaga. Además, dictaminó una fianza de 500 mil pesos.

El informe de los expertos Ítalo Sigala (salud mental) y Hugo Aguirre (estado clínico general) acreditó que el ex uniformado presenta una “demencia mixta o multifactorial tipo alzheimer”, una “enfermedad neuropsiquiátrica que es “progresiva, crónica e irreversible”.

La situación de Arellano Stark implica “enajenación mental” por lo que “requiere de tratamiento médico y cuidados perentorios en régimen de hospitalización o clínicas de reposo especializadas, con asistencia médica y contención de enfermería”.

El estado de salud del jefe de la Caravana de la Muerte “no le permite participar de instancias procesales”, dado que ni siquiera puede “comprender el sentido de una sanción”, añade la resolución.

Es más, el magistrado añade que en una diligencia con el acusado, éste dio “respuestas incoherentes”, lo que concuerda con los diagnósticos al que llegaron los especialistas del SML.

La resolución de Montiglio tendrá que someterse al veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, dado que los querellantes adelantaron que apelarán al dictamen del juez.

Domingo 9 de noviembre de 2008   

Por Luis Narvaez / La Nación 

El secreto que esconden las fichas de Dignidad

La Presidenta y su familia fueron fichados por los jerarcas alemanes. Lo mismo políticos de la DC, socialistas y de la derecha, como Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Mónica Madariaga. También hay material de embajadores extranjeros. Pero los papeles incautados en 2005 aún son secreto de Estado y su contenido está vedado para los chilenos. ¿Qué se esconde?

La humedad y las esporas que se levantaban en el lugar se incrustaban en las fosas nasales de los policías que esa noche del 14 de junio de 2005, revisaban los cuatro cajones de madera repletos de papeles amarillentos y malolientes. Eran las fichas que la Colonia Dignidad ocultó durante más de 35 años y que cuyo contenido hoy sigue siendo un secreto de Estado.

Desde que se asestara el más duro golpe al enclave alemán, con la captura de Paul Schäfer, ni las armas descubiertas ni los dineros que se ocultan en paraísos fiscales son considerados un peligro para la seguridad nacional. Sí lo son las 36 mil fichas que se ocultaron celosamente.

El ministro Jorge Zepeda, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas al interior del recinto germano, les impuso la Ley de Inteligencia Nacional por lo que su contenido no puede ser revelado ni hecho público.

¿Pero, qué tan relevante para la integridad del país pueden esconder los papeles mohosos que fueron rescatados casi como en una operación de espionaje? El sistema procesal antiguo permitía al juez mantener en reserva la información durante un juicio incluso para los abogados que litigaban allí. Y si el celo era aun mayor, era posible acumular toda la información sensible en un "cuaderno secreto".

El juez Zepeda hizo todo eso, pero agregó el blindaje más severo que otorga la legislación chilena y de allí no se ha movido hasta ahora y nada parece hacer cambiar el criterio del juez. Se suma a esto que cerrada la investigación en un futuro próximo, si el juez así lo estima podría mantener clasificada la información, pese a que después de terminado un sumario, toda la documentación es pública.

Verdades y mitos se ocultan allí. Conductas sexuales desviadas, vicios, deudas, amantes, amistades, parte de la vida pública y privada de actuales autoridades del país, tanto del Gobierno como del Congreso o del Poder Judicial, de derecha o izquierda. Dicen que nadie se salva.

LND intentó tener acceso a las fichas que se encuentran actualmente en la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones. Para ello se solicitó formalmente acceso al material mediante un escrito, el miércoles 5 de este mes. En el documento también se pedía al magistrado que si negaba el acceso, explicara las razones. Pero el juez guardó silencio sin responder.

Los únicos que han tenido acceso a dicha información clasificada con Ley de Inteligencia incluida es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que es querellante en este proceso y ha tenido una activa participación solicitando diligencias, procesamientos y oponiéndose a la libertad de los jerarcas que estaban en prisión preventiva pudo leer la documentación.

Sin referirse al contenido del proceso, a través de la oficina de comunicaciones del CDE, el presidente de la entidad, Carlos Mackenney, indicó a LND que "según consta en el expediente de la causa, el ministro Jorge Zepeda, mediante resolución dictada el año pasado, puso en su conocimiento la documentación encontrada al interior de la Colonia Dignidad, por lo que él tiene conocimiento directo de ella".

Tal vez eso explique por qué el CDE no ha solicitado que se levante esa prohibición para que sea conocida por todas las partes del proceso incluidos los abogados, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (también querellante) o Hernán Fernández, abogado querellante por los delitos sexuales cometidos contra niños por Paul Schäfer.

Cualquier persona que revele antecedentes que están a cogidos a la Ley de Inteligencia pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Por eso no extraña el silencio que rodea el material.

Sui Generis

En 1968, Schäfer veía una amenaza en la continuidad de su secta y hasta ese momento sus secretas perversiones con niños alemanes y chilenos abusados reiteradamente por él. Desde ese año que se tienen datos de la confección de fichas de personas que pudieran resultar una amenaza o utilidad para el enclave.

Según las declaraciones de los máximos jerarcas detenidos y procesados antes y después de la captura de Schäfer en Argentina el sistema de registro de personas estuvo a cargo del colono Gerd Sewald Lefevre (85 años), un alemán que trabajó en la Universidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

"Desde el año 1974 clasifiqué la información, trabajo que me encomendó Paul Schäfer. Puede que antes se hayan manejado antecedentes que luego se estamparon en las tarjetas; antes no estaban clasificadas", asegura el alemán.

El anciano dice que la información la obtenía de fuentes abiertas (medios de comunicación, guías telefónicas) y de informantes que aportaban información referente a vecinos que ellos consideraban importantes que pudieran afectar a la colonia.

En la declaración que prestó en agosto de 2005, Sewald sostuvo que hubo especial interés en "gente de izquierda". Asimismo, reconoce que después del golpe de Estado de 1973, se incrementaron los lazos con los representantes de las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército y Carabineros. Por eso no demoró en describir el vínculo que se creó a partir de ese momento con la DINA, con visitas del jefe del organismo, Manuel Contreras. Al respecto, señala que los datos sobre prisioneros políticos le fueron entregados tanto por la institución castrense como, posteriormente, por la misma DINA a través de su agente en Parral, Fernando Gómez Segovia.

Para la década de 1980, con la dictadura consolidada y los negocios de armas fluyendo, Sewald dijo que "existía interés por saber más de las personas que nos visitaban. Esto no obedecía a una acción planificada, como ocurrió después con la confección de fichas. Si la persona adquiría relevancia con posterioridad, se incluían las notas en las fichas clasificadas".

En esta categoría sorprende la cantidad de fichas que fueron confeccionadas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet. Cuando aún era una estudiante y fue detenida por la dictadura fue fichada de inmediato por la colonia. Su tarjeta tuvo origen en la relevancia que en esos días tenía su padre, el general de la FACh, Alberto Bachelet, quien fue detenido dentro del grupo de oficiales de la institución que decidieron renunciar ante la violación de la constitución.

Como si un exhaustivo análisis de la prensa les hubieras dado un indicio de lo que sucedería en 2006, 15 años antes en los cajones se acumulaban ya fichas de su madre Ángela Jeria y de su hermano, Alberto, con datos acerca de sus estudios, militancia, lugares de detención, agentes de la DINA que los detuvieron, países de exilio y actividades en el extranjero.

Las fichas se confeccionaban a partir de una tarjeta de cartulina amarilla. En la parte superior se indicaba el nombre de la persona, una sigla que indicaba el origen de la información y, en el caso de ser personas integrantes de alguna institución, se coloreaba para identificarla (negro, Ejército; azul, Armada; rojo, FACh; verde, Carabineros; lila, sacerdotes).

Se complementaba con datos personales, de familia, direcciones, teléfonos, estudios y trabajos. Más abajo se consignaba un apartado donde se agregaban comentarios.

A medida que se adjuntaba información como declaraciones o recortes de prensa, estos se adjuntaban en hojas tamaño oficio y se pegaban con corchetes (ver copia).

A medida que pasaron los años, los documentos se acumularon en cajas tipo Kardex, de los cuales sólo se recuperaron cuatro, en cuyo interior se encontraban las 36 mil fichas. Pero testigos aseguran que las fichas eran varias miles más y que la mayoría fueron destruidas al fuego.

El material fue encontrado durante los mismos operativos en que se localizaron las armas de Dignidad. Uno de los bunkers subterráneos donde se acopió el material bélico tenía en sus rincones las cajoneras donde estaban las fichas.

La versión oficial indica que una vez desenterrado, todo fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles y de allí hasta Santiago, supervisado por el tribunal y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE): las armas a los Arsenales de Guerra y las fichas a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).

Pero existe otra versión. Después que se supone todo había sido trasladado a Los Ángeles, detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se percataron que en lugar de acopio (un viejo hangar) habían quedado los cajones con las fichas. Para subsanar el olvido, se consignó un acta al administrador del recinto, Hernán Briones, y se trasladó a Santiago en camioneta, hasta la Jefatura de DDHH, en el cuartel Independencia de la PDI, donde quedaron hasta el día siguiente. El hecho fue informado al ministro Jorge Zepeda, quien montó en cólera y ordenó retener al detective a cargo del traslado hasta aclarar las circunstancias.

Finalmente, tras seis meses de trabajo, la Jipol entregó un informe con el resumen del contenido de las fichas, que ha servido de guía para extraer información con la cual se han logrado comprobar, fundamentalmente, el paso de prisioneros políticos por ese lugar antes de desaparecer.

Es más, gracias las fichas se logró establecer que la doble agente Marcia Merino conocida como la "Flaca Alejandra" había mentido respecto a la suerte que corrieron algunos de sus compañeros del MIR, una vez que ella los delató a la DINA.

Tarjetas

Una vez que las fichas fueron halladas en junio de 2005, un equipo especial de la Jipol se abocó a la tarea de recuperar el material. Las tarjetas y papeles estaban húmedos, con hongos. Mediante un proceso de secado se logró rescatar el material y clasificarlo. Seis meses le tomó a este equipo elaborar el informe para el juez Zepeda.

En el documento se consigna la cantidad, naturaleza y lista de personas que allí aparecen, con datos respecto a las fechas más relevantes.

Fue ahí como se descubrió que existían fichas tanto de prisioneros políticos como personeros de la dictadura, de la izquierda, empresarios y parlamentarios.

En este sentido, diversa fuentes consultadas tanto en el ámbito policial como judicial, señalan que existirían fichas de amigos y visitantes del enclave. Entre ellos estarían los senadores Hernán Larraín y Andrés Chadwick, además del asesinado Jaime Guzmán. También figura el ex senador UDI Carlos Bombal. Respecto de todos ellos, figuran sus respectivas tarjetas y recortes de prensa y comentarios escritos por Gerd Sewald para Schäfer.

De las autoridades políticas de la dictadura, destacan el ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quien se consignaba además su calidad de terrateniente de extensos fundos en la Región del Maule, y la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.

De la Concertación destaca la presencia de información profuza sobre los senadores DC Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag (legislador por la zona) y del ex canciller Gabriel Valdés.

Capítulo especial merecía la Iglesia Católica. Hay decenas de fichas de religiosos como el obispo Carlos Camus.

Nombres Clasificados

Algunas de las razones por las que se estima se determinó dar estatus de "clasificado" al material fue por personas muy determinadas que allí aparecen y los cargos que hoy ostentan. Sin embargo, todo indica que el contenido de dichas fichas no revela información relativa a aspectos comprometedores de personas. "Paul Schäfer hizo del chantaje uno de los mecanismos de defensa que ellos tenían para mantenerse impunes, pero ese material no fue dejado en esas fichas, sino que en cintas magnéticas y videos que fueron sacados de la colonia", sostuvo a LND desde Alemania un ex colono que conoció dicho material.

De hecho, muchos de los colonos que huyeron de Dignidad coinciden en que el que mantiene en su poder ese material comprometedor es Erwin Fage, jefe de seguridad del recinto, quien también huyó y no fue capturado.

Un chileno que tuvo acceso a las fichas de Dignidad dijo que "en estas no se hace mención a cuestiones personales o íntimas de la gente, salvo algunas relaciones que se hace entre personas de diversa índole".

Lo delicado de la información que aparece en esas fichas, coinciden varias fuentes, está en que existen muchas personas que tenían fichas y que mantuvieron negocios o, más importante aún, eran informantes de la Colonia Dignidad.

Dichas personas, cuyos nombres manejan sólo el juez, detectives y eventualmente el CDE, hoy figuran en cargos públicos. Hasta donde LND pudo averiguar, esta categoría de personas estarían trabajando en el Gobierno, en el parlamento y en el servicio diplomático.

Las dificultades que existen en la actualidad son que el juez Zepeda tiene a su cargo investigaciones por delitos puntuales como el secuestro y desaparición forzada de personas, además de delitos por infracción a la ley de Control de Armas y Explosivos.

Respecto a los dineros que tienen su origen en negocios ilícitos, hace varios años que el juez despachó exhortos a Alemania solicitando información relativa a cuentas, sin embargo no han recibido ninguna clase de respuestas.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Alemania aún no notifica oficialmente al magistrado de la muerte del jerarca y número dos de la Colonia, Albert Schreiber, quien huyó de Chile evadiendo una orden de captura internacional. La justicia germana negó su extradición de ese país. Según trascendidos, éste habría muerto entre julio y agosto.

Pese a las dificultades con que se ha encontrado el juez y la excesiva carga de trabajo de los casos que originaron la investigación contra Dignidad, la información respecto de personas que tendrían la calidad de "doble agentes" está en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se desconoce si este organismo ha realizado indagaciones, contempladas en la ley, con la autorización judicial correspondiente.

Esta sería una de las ya conocidas razones que explicaría el fracaso de los allanamientos registrados en la década de 1990 o las dificultades que hubo para localizar a Schäfer en el extranjero.

La relevancia sobre el contenido de las fichas y los nombres también está determinada por la preocupación de que las fichas también revelan mayores antecedentes sobre las personas con las que la colonia realizó negocios de armas durante 25 años.

Trascendió que el ministro Jorge Zepeda, en la actualidad, persigue pistas relativas a la existencia de un nuevo arsenal fuera de la Villa Baviera. //LND

Lanacion.cl 

Miércoles 15 de octubre de 2008

El jefe de la comitiva de la dictadura fue condenado a seis años de presidio sin beneficios por el episodio San Javier, junto a otros cuatro militares en retiro. Además, el Fisco deberá pagar 80 millones a cada querellante en el proceso.

Foto: El jubilado general Sergio Arellano Stark.

 A seis años de presidio sin beneficios fue condenado Sergio Arellano Stark, por el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, según dictaminó hoy la Sala Penal de la Corte Suprema tras acoger un recurso de casación presentado contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El general retirado, jefe de la fatídica comitiva, fue sentenciado por homicidio calificado, junto a otros cuatro uniformados hoy jubilados, mientras Claudio Lecaros Carrasco y  Gabriel del Río Espinoza fueron absueltos.

Al igual que Arellano Stark, Carlos Romero Muñoz fue condenado a seis años de presidio, mientras que a cuatro años de presidio -pero con el beneficio de libertad vigilada- fueron sentenciados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace.

Asimismo, como indemnización por daño moral, el fallo determina que el Fisco debe pagar $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) a cada una de las dos querellantes que actuaron en el proceso.

El fallo fue dividido, con el voto en contra del ministro Rubén Ballesteros, quien estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal. El mismo Ballesteros, junto a Jaime Rodríguez estuvieron por acoger la excepción de incompetencia en materia civil. La sala estuvo integrada además por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, encontraron la muerte cuatro personas: Teófilo Segundo Arce Toloza, José Esteban Sepúlveda Baeza, Segundo Abelardo Sandoval Gómez y Leopoldo Mauricio González Norambuena.

La Nación 

Miércoles 15 de octubre de 2008   

La obra pertenece a la artista María Fernanda Rojas, del colectivo Londres 38, y contó con el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Monumentos Nacionales.

Familiares de los detenidos-desaparecidos de Londres 38, ex centro de torturas de la DINA, inauguraron ayer un monumento en homenaje a las 96 personas que fueron asesinadas en ese recinto, hoy perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales (en la foto).

La obra pertenece a la artista María Fernanda Rojas, del colectivo Londres 38, y contó con el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Monumentos Nacionales.

Junto con la inauguración, los familiares también pintaron los tradicionales adoquines de la calle Londres con los nombres de quienes pasaron por ese centro de detención. El collage es parte del proceso de "recuperación" de este inmueble.

Según los planes de esa cartera, Londres 38 se transformará en un memorial y para eso están estudiando las experiencias de los museos de Ana Frank en Ámsterdam, Holanda y el del Holocausto en Washington, EE.UU.

En este sentido, hoy se realizará la primera reunión para analizar qué tipo de museo o memorial se va a levantar en el lugar.

La Nación / ANSA 

Miércoles 1 de octubre de 2008  | 18:36   

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes sentenció al otrora jefe de la DINA; a Miguel Krassnoff y a Marcelo Moren Brito, como autores del secuestro calificado del militante del MIR, Álvaro Miguel Barrios Duque.

 Una nueva condena acumuló el ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras y dos de sus principales colaboradores.

El ministro en visita Juan Eduardo Fuentes sentenció al otrora jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional a 5 años y un día de cárcel; a Miguel Krassnoff (3 años de presidio) y a Marcelo Moren Brito, (3 años de presidio) como autores del secuestro calificado del militante del MIR, Álvaro Miguel Barrios Duque, a partir del 14 de agosto de 1974.

En tanto, sentenció a 800 días de presidio a otros dos ex uniformados, Basclay Zapata y Nelson Paz.

De este modo, el juez Fuentes mantuvo la doctrina aplicada por los tribunales chilenos en los casos de detenidos desaparecidos, aplicada desde el advenimiento de la democracia el año 1990, de que se perpetra un delito de "secuestro permanente", si no aparece el cuerpo de la víctima.

En los casos de Contreras, Krassnoff, Moren y Zapata la pena se deberá cumplir de manera efectiva, mientras que a Paz Bustamante se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Asimismo, el magistrado determinó que los condenados, salvo Zapata, deberán cancelar una indemnización solidaria de 35.000.000 millones de pesos, (unos 64 mil dólares) a Gabriela Zúñiga Figueroa, cónyuge de la víctima, desestimándose la acción con respecto al Fisco por aplicación de la prescripción de la acción.

La Nación 

Lunes 29 de septiembre de 2008   

Por SUSANA FREIRE

Presentan reedición de libro sobre el asesinato del periodista José Carrasco

Seis meses después que mataran al profesional en septiembre de 1986, sus amigas y colegas Patricia Collyer y María José Luque publicaron "Asesinato de un periodista". 22 años más tarde presentan el texto actualizado. Acá Collyer entrega detalles de la publicación.

Se podía oler la sangre en el aire. El atentado frustrado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo, gatilló el destino del periodista de revista Análisis José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) al otro día del atentado.

Por una petición del director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, las periodistas y compañeras de redacción de Carrasco, Patricia Collyer y María José Luque publicaron el 10 de marzo de 1987, cuando se cumplieron seis meses del homicidio de "Pepone" -como le decían cariñosamente- la primera edición del libro "Asesinato de un periodista". En él se escribió cómo fueron los hechos que le quitaron la vida.

Ahora, tras 22 años del alevoso crimen de este luchador por los derechos humanos, se lanzará una nueva edición de "Crimen de un periodista", corregida y actualizada.

Las autoras detallaron cómo ocurrieron los hechos esa fatídica madrugada del 8 de septiembre de 1986. Ahora se identifica con nombre y apellido a los responsables de los crimenes y además el nuevo texto relata detalles desconocidos del actuar de la CNI.

La historia narra que inmediatamente después del atentado se decretó estado de sitio y los profesionales de Análisis temían posibles represalias. Sin embargo, Carrasco decidió volver a su hogar, de donde fue sacado violentamente por desconocidos. Al día siguiente fue encontrado muerto en las inmediaciones del Parque del Recuerdo con 14 disparos de bala en el cuerpo.

"Cuando escribimos la vida y el asesinato de Pepe como un homenaje a él, siempre estuvo la idea de reeditarlo. Han pasado 22 años y ha habido cinco jueces que llevaron una investigación y llegaron, incluso, a dictar sentencias definitivas en contra de todos los integrantes de los comandos asesinos", dice Collyer. Agrega que todo el capítulo de los procesos, confesiones, sentencias y los roles de cada juez es material nuevo en la edición.

Mañana será presentada la obra en una conversación entre las autoras y el ex director de Análisis, Juan Pablo Cárdenas, que se realizará en vivo en el programa radial "Vuelan las plumas" que conduce la periodista Vivian Lavín, a las 18:45 horas en Sala Master de la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.

-Llama la atención que las especulaciones que ustedes escribieron hace 22 años calquen tan bien con las declaraciones de los involucrados.

-Nosotros habíamos especulado cómo había sido el crimen. Lo increíble que calza casi todo, porque era tan obvio cómo habían actuado en esa época. Entonces, ahora en las escenas donde se cometen los crímenes se agregaron los nombres y en dos capítulos se dieron a conocer todos los detalles del proceso y de las sentencias.

-¿Pensó José en algún minuto que podían tomar represalia?

-Creo que sí. La revista ya estaba en la imprenta el viernes y esto (el atentado) fue un domingo. Estábamos en nuestras casas y Pepe empezó a catetear para cambiar la portada y él se ofreció para ir a la imprenta y cambiarla, al menos logró que la revista no saliera como estaba. Luego nosotros le dijimos que no se fuera a su casa, pero él no quiso irse a dormir a otro lado porque su señora estaba súper enferma de la columna, estaba en reposo. Y me imagino que pensó la posibilidad, pero fue una ruleta rusa que se jugó y le salió mal. Él siempre me decía "cada vez que le doy contacto al auto pienso que va a estallar", pero igual él apostaba a la vida y apostó ese día también y perdió. Tenía algunas señales que podían tenerlo en engorda, pero ese día se fue a su casa. LN

Domingo 7 de septiembre de 2008   

Por Claudio Leiva / La Nación Domingo 

Almirante Rodolfo Codina y sus reuniones con grupos de DDHH

El comandante en jefe de la Armada explica que la dotación de las unidades posiblemente implicadas en violaciones de los derechos humanos en 1973 suma mil efectivos, "a todo reventar", y dice que no puede pedir perdón por toda la institución porque los que cometieron abusos o crímenes son un grupo "muy menor".

Foto: Polémico encuentro. “Nunca he dicho que mil marinos violaron los derechos humanos”, asegura el jefe de la Armada, quien se reunió el miércoles con representantes de Amnistía Internacional.

El almirante Rodolfo Codina sigue con interés el programa "Grandes chilenos", de TVN, y vota "todos los días" por Arturo Prat. También encuentra "simbólica" la competencia entre el héroe de Iquique y el ex Presidente Salvador Allende. Pero el comandante en jefe de la Armada está embarcado en una empresa más importante: "avanzar" en los temas de derechos humanos que involucran a la institución, y que no son pocos.

Por lo mismo, Codina y otros altos mandos navales se reunieron durante la semana en el "territorio neutral" de la Municipalidad de Valparaíso con representantes de Amnistía Internacional-Chile, la Comisión de Derechos Humanos, la Agrupación de Ex Marinos Constitucionalistas, los familiares de detenidos desaparecidos de la Región de Valparaíso y con el Grupo de Amigos del sacerdote chileno-norteamericano Miguel Woodward.

La entrevista dejó una polémica: ¿dijo o no Codina que, de los 30 mil efectivos navales que había en septiembre de 1973, mil participaron en violaciones de los derechos humanos? Según el director de Amnistía Internacional-Chile, el argentino Sergio Laurenti, el almirante lo afirmó en condicional: "Podrían haber estado comprometidos". Para el Grupo de Amigos de Woodward, en cambio, la frase fue textual.

El propio almirante Codina lo aclara a LND: "Nunca he dicho que mil marinos violaron derechos humanos. Cuando hablé de mil personas lo dije en otro sentido. Hablé de la Armada de hoy y de la Armada del año 73. Y cuando hablé de la Armada de hoy dije que solamente habemos cuatro almirantes que éramos oficiales en servicio activo el año 1973. Entre ellos estoy yo, que era teniente segundo, y tres vicealmirantes, que eran subtenientes; los almirantes [Mariano] Sarratea, [Cristián] Gantes y [Sergio] Robinson. Nadie más. Y en la Armada de ayer, de esas 30 mil personas, en los lugares donde hubo gente detenida y donde podían haberse violado los derechos humanos, sumando la Escuela de Grumetes, la Esmeralda, la Academia de Guerra, algunos destacamentos de Infantería de Marina, la dotación llegaría a mil, a todo reventar.

Según el Grupo de Amigos del sacerdote Miguel Woodward, su declaración textual fue que mil marinos participaron en estos hechos.
Están equivocados. Imagínese si fueran mil, cuántos procesos habría. Por lo demás, lo tendría que determinar la justicia. Y la justicia ha procesado a 16 oficiales y 13 gente de mar, y ha condenado la Corte Suprema a uno sólo [el teniente (R) Héctor Rivera Bozzo, por el homicidio de cuatro campesinos de la comuna de Lago Ranco, X Región, en octubre de 1973]. Y ha interrogado creo que a ciento y tantos. Con las listas de gente que nos han pedido, cuando nos piden las dotaciones completas, indudablemente llegamos a mil. Si me piden cuál era la dotación de la Escuela de Grumetes, partiendo por ahí, sumamos 500. La dotación del buque escuela Esmeralda, 300 más. La Academia de Guerra, 120 ó 180. La dotación del Fuerte Miller (Escuela de Infantería de Marina), otros 200 ó 300. Ésos suman mil, pero en ningún caso son mil los involucrados efectivamente en violaciones de los derechos humanos.

¿La iniciativa de reunirse con organizaciones de derechos humanos es compartida por el resto del alto mando?
No es que sea o no compartida. Es una responsabilidad que yo creo que uno tiene que asumir, porque si no la asumo yo, va a tener que asumirla el que sigue, y así el que sigue. Por lo tanto, una cosa es reunirse, conversar, aclarar las cosas. Por ejemplo, dicen que la Armada esconde información. Estas reuniones sirven para demostrar que la Armada no esconde ninguna información. Todo lo que se le ha pedido a la Armada se ha entregado.

Las agrupaciones de DDHH piden que se haga cargo de 32 detenidos desaparecidos de responsabilidad de la Armada, según consigna el Informe Rettig.
Todo está en manos de la justicia. La Armada, como institución, no tiene atribuciones para interrogar a nadie, de partida, que esté fuera de la Armada. Y las atribuciones mías son de hechos puntuales que hayan ocurrido dentro de mi mandato. Yo no puedo abrir un sumario por algo que ocurrió hace 35 años.

Además, solicitan información sobre supuestos entierros clandestinos en el Cementerio de Playa Ancha.
También está en la justicia. Yo no tengo conocimiento. Qué voy a saber yo, el año 2008, de entierros clandestinos del año 73. Si he ido al cementerio habrá sido como diez veces, a ver a familiares que están enterrados ahí y a ninguna otra cosa.

¿Ha entregado todo lo que le ha solicitado la jueza Eliana Quezada [que investiga los casos de tortura en la Esmeralda]?
Todo lo que ha pedido se le ha entregado. Yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila, y si me pide otras cosas que yo tenga, se las voy a entregar. Yo no sé qué más pueda pedir, porque ha pedido hojas de vida, fotografías de personas como eran en 1973, ha pedido bitácoras, listados de dotación. Lo que pasa es que a estas agrupaciones yo no les puedo entregar la información de lo que he dado, porque la mayoría de eso está en el secreto del sumario. Estaría contraviniendo aspectos judiciales.

Usted dijo que no podía obligar a los marinos en retiro a colaborar.
Eso está en la conciencia de cada uno. Cuando yo me reúno con los retirados, les digo: "Ojalá el que tenga información que ayude a aclarar esto la dé". Pero no puedo presionar más que eso.

Sin duda, el caso más delicado es el del sacerdote Miguel Woodward.
Hay una ministra que está llevando el caso y que ha sido bastante activa. Ha pedido mucha información a la Armada y se la hemos entregado. Ha sometido a proceso a un grupo de oficiales en retiro [seis] que ahora están en libertad bajo fianza.

¿Tiene conocimiento de dónde está el cuerpo del sacerdote?
Imagínese si yo supiera, cómo no estaría satisfecho de decirle dónde está y se termina el tema de la desaparición de Woodward.

¿Y el caso de Jaime Aldonay [ex interventor de la CCU, desaparecido en un campo de detención de la Armada]?
Ese es un proceso que ha avanzado más rápido y hay una condena en primera instancia [cuatro años de libertad vigilada para los oficiales (R) Sergio Mendoza Rojas, Patricio Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, y penas remitidas para el contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López].

¿Su doctrina sigue siendo que las responsabilidades llegan hasta los "mandos operacionales" y no los altos mandos?
Las responsabilidades son de las personas que se pueda determinar que han cometido violaciones de los derechos humanos. Lo que yo he dicho en otras oportunidades es que no hubo una política institucional de violar los derechos humanos.

¿Y la solicitud de que se elimine el nombre del almirante Merino de uno de los buques de la Armada, la van a acoger?
Es un buque que lleva el nombre de un comandante en jefe que estuvo muchos años en la Armada, como igual hubo un buque que se llamó Almirante Montt, que también participó en un enfrentamiento en el país, en la Revolución de 1891. El nombre de este buque no se somete a discusión.

El almirante Vergara dijo que no hubo torturas en la Esmeralda.
Yo no sé lo que habrá dicho el almirante Vergara. Lo que yo digo es que en la Esmeralda hubo gente detenida, como el caso del sacerdote Woodward, que después falleció, no a causa de torturas cometidas en la Esmeralda. Y eso lo ha reconocido la jueza en primera instancia.

¿Admite que hubo crímenes en la Esmeralda?
Crímenes, no. No hubo ningún asesinato, porque se habría sabido. Hay detenidos, ese tipo de cosas, y en el caso de Woodward, la jueza menciona que pasó por la Esmeralda, pero no que fue torturado a bordo.

¿Está dispuesto a pedir perdón institucional por las violaciones de los derechos humanos?
Yo dije el otro día que el perdón es personal. Podrá la institución lamentar algunas situaciones relacionadas con violaciones de los derechos humanos que cometieron algunas gentes de la Marina, pero la Armada, como institución, pedir perdón a nombre de todos, yo no estoy dispuesto. Porque es un grupo muy menor el que podría ser catalogado bajo este punto, y el resto de la institución no cometió ninguna violación de los derechos humanos.

¿Y considerarían alguna forma de reparación para las familias de las víctimas?
Las reparaciones las fija el Estado.

Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones del sur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces de campesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieron terratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunos casos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos y señores los campos, pueblos y caseríos del país.

 Por Jorge Escalante, Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo

Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vez en la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendos de guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces, desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidores de sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terre no contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmente al interior de los fundos donde la ley era el patrón.

Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales por mejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y a los militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.

En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temen a que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.

Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.

Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores, sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de sus vecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes y desamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.

La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operarios del campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.

El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas, para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal más grande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados.

SEÑORES DEL FIN DE CHILE

Foto: El empresario Luis García Guzmán.

Miguel Ángel Fuentealba tenía cinco años cuando el 10 de octubre de 1973 el negro de la noche se tiñó de rojo en el caserío de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina. A su padre lo llevaron junto a otros diez campesinos sobre el puente del río Toltén en Villarrica, le dieron varios tiros y le abrieron el vientre con corvo para que su cuerpo no flotara y desapareciera en la corriente.

Miguel, hoy en los cuarenta, por muchos años no supo qué pasó con su padre, Isaías. Por las tardes se peinaba bien, se ponía su mejo r ropa, "y bien lustradito me sentaba en un sillón que había afuera de la casa a esperar que mi viejo volviera en la micro del fundo en la que siempre llegaba". Tartamudea un poco, lo que le sobrevino desde entonces, mira a los ojos, y de repente su voz se hace más leve por la emoción del recuerdo. Afuera, en las calles de Villarrica, donde lo encontramos en un café, la lluvia es imponente.

Luis García Guzmán era el hijo de Julián, dueño de las Termas de Liquiñe, rabiosos anticomunistas ambos. La hostería y cabañas del complejo sirvieron de cuartel general para la cacería. Allí, Luis García y su padre, ya fallecido, le hicieron la lista de quiénes había que cazar al capitán Hugo Guerra Jonquera, que llegó con fuerzas militares de Valdivia. Los García pusieron también los vehículos para transportar a los detenidos hasta su destino final.

Once campesinos de los fundos Paimún, Trafún y Carranco sufrieron la condena que les impusieron estos amos y señores del pueblito.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, al que pertenecían los tres predios, la mayor área maderera en hectáreas y poder de los campesinos de la historia de Chile, fortalecido durante el Gobierno de Allende con José Liendo Vera, el "comandante Pepe", como su principal líder, fue temido entonces por los terratenientes de la precordillera de la X Región. Ahora era el tiempo de la reversa, cuando había que cobrar en vidas.

Pero esa noche la esposa de Luis García, María Hernández Calderón, vio todo. Veinte años después, García la abandonó con sus dos hijos por otra mujer, y fue ella quien ahora se vengó y denunció lo que presenció aquella noche de octubre: los once campesinos amarrados y vendados arriba de los vehículos de los García, y su marido manejando, uno de ellos vestido de militar. Ella vio salir desde la hostería el convoy de la muerte destino al río Toltén.

Refugiados de la lluvia bajo el alerón del edificio donde habita en Villarrica, María habló con LND para contar su desdicha. Pero después de su confesión a la justicia en 2005, García la visitó y con amenazas la obligó a firmar una carta desdiciéndose de sus declaraciones donde relató lo sucedido.

"Le firmé la carta para que me dejara tranquila, porque era prepotente, ya nadie lo quiere por eso". Pero meses después, la mujer arremetió de nuevo y volvió a ratificar sus dichos en el proceso que se instruye por este episodio. Sorprende su entereza y valor, y sus ideas claras. Huimos del frío y la lluvia y nos acompaña a tomar chocolate caliente para entibiar los recuerdos amargos.

Como una jugarreta del destino, Luis García, que también fue "alguacil" de Carabineros, bautizó su actual negocio de maderas nativas con el nombre de uno de los fundos de la tragedia: "Maderas Nativas Paimún S.A.", en la carretera entre Villarrica y Lican Ray. Allí lo buscamos sin suerte. Su mujer dice que está en Santiago.

SENTENCIA DE FAMILIA

Miguel Ángel, uno de los cinco hijos que dejó su padre, Isaías, no oculta que por mucho tiempo pensó en matar a los García cuando años después supo la verdad. De adolescente debió trabajar en las termas porque eran los únicos que en el villorrio daban trabajo. Su madre, Honorinda, también sirvió para los señores. Y los García con sus compinches militares siguieron acudiendo a festejar y cantar con la guitarra a la fonda de su abuela en Liquiñe.

"Hay todavía una esperanza de que él vuelva, aunque sé que es irracional Mi hija me dice a veces: ¿y si el abuelo está vivo en otro país? Es que la mente es tan extraña", divaga Miguel Ángel, mirando por la ventana del café a la calle mojada.

Foto: Miguel Ángel Fuentealba busca justicia para su padre.

En octubre de 1994, los García vendieron el complejo turístico a la Armada, que lo adquirió en 196 millones de pesos, bajo la lupa del notario de Panguipulli Leonardo Calderara.

Consultado el comandante en jefe, almirante Rodolfo Codina, afirmó desconocer el trágico pasado de lo que ahora es un sitio de esparcimiento para oficiales y gente de mar. "Desconozco si estas termas tenían alguna vinculación con violaciones de los derechos humanos", respondió el almirante a LND.

En Liquiñe, las tías de Miguel Ángel, Gloria y Marta, se sorprenden con nuestra llegada a preguntar por aquel pasado que ellas y todo el pueblo quisieran enterrar para siempre.

Suenan violentas las expresiones de cariño hacia "el abuelo Julián" y "don Lucho", los García que ayudaron a matar a su cuñado Isaías. Marta es directa: "Él se lo buscó, para qué anduvo metido en tonteras", sentencia en defensa de los amos del caserío. Y completa el sentimiento advirtiendo que fue Isaías el verdadero culpable de su propia muerte y no los García. Las palabras de la mujer parecen su propia sentencia en el almacén donde la encontramos. Su hija también habla familiarmente del "abuelo Julián" como si fuera el suyo propio.

Hace un par de años, el pueblito de Liquiñe salió a las calles con banderas y pancartas para apoyar a Luis García, después de que éste fue condenado en primera instancia a cinco años y un día como autor de los secuestros y desaparición de los campesinos. "Don Lucho" llegó pidiendo firmas de apoyo en su favor, y casi todos los 1.200 habitantes del lugar lo respaldaron y abrazaron.

Es la vida real y contradictoria de estas aldeas donde a veces parece que ni el mismo Cristo llegara todavía. Tan contradictorio como el cielo tormentoso que de repente se abre en un descanso del diluvio, y en medio de la oscuridad, la soledad y el silencio más pleno nos devela su manto de estrellas y constelaciones que sobrecogen y que contemplamos entumidos, con respeto a la inmensidad y al misterio de ese universo del sur.

Foto: Luis Enrique Ricardo Barrueto Bartings.

LOS DUEÑOS DEL MUNDO

Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara. Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre, humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.

Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que "el patrón" salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. "Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado", dice con amabilidad.

Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura. Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.

No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo.

Foto: Norma Panes, viuda de Miguel Cuevas, en cuya muerta está involucrado Ricardo Barrueto.

Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas. "Acá no se entra sin mi permiso", sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos de vuelta con nuestra cámara.

Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresa Seellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado "por activistas mapuches para causar disturbios".

Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbara entre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familias sin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel Cuevas Pincheira, "fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados", él no estaba ahí.

Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada (ver imagen) que obtuvimos de Ricardo Barrueto, Norma no duda: "Es él". Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio de zapatero.

Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas, permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles Sergio Fuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y José Valdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte. Norma lo grafica de la siguiente forma: "Ese día lo que hizo el grupo de civiles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabineros fue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto".

Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: "Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara", dice.

La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con Los Ángeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quién era el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtió sobre Ricardo: "Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían". El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que "es un hombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir. Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador".

Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados. Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.

Foto: Samuel Arriegada (foto), junto a Rolf During, son responsables de la muerte de José Orellana.

AMIGOS INSEPARABLES

Unos pocos kilómetros al sur de Santa Bárbara, en Mulchén, otra ola de secuestros se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado de civiles y Carabineros. Organizados de la misma forma, pero en esta ocasión vestidos con sus ropas, llegaron en la noche a buscar su venganza. Una de ellas recayó sobre el obrero y dirigente de un sindicato campesino José Orellana Gatica. Sus aprehensores: Rolf During Pohler y Samuel Arriagada Domínguez, más el contingente policial a su servicio. El motivo era claro: el obrero trabajaba dentro del fundo Verdún (nombre que alude a la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial protagonizada por alemanes y franceses), cuyos dueños eran los padres de During.

La esposa de José Orellana, Sara Mendoza, recuerda que la noche del 28 de septiembre del ‘73 el piquete llegó afuera de la casa que tenían al interior de la propiedad patronal. Sin preguntar abrieron fuego y luego de unos instantes botaron la puerta. Tomaron a su marido y lo sacaron a la fuerza. No le fue difícil reconocer a During y a Arriagada, ya que siempre los veía juntos dentro del fundo. Desesperada, salió con un candelabro, pero de un balazo lo volaron de su mano. El padre de José, quien también vivía ahí y trabajaba para los During, no se levantó. Su esposa le rogó que intercediera a favor de su hijo, pero el hombre, fiel a su patrón, le contestó que se callara y siguiera durmiendo. Pocos días después, el hombre echó a Sara del fundo y continuó trabajando para los During durante toda su vida. En ese momento ella tenía 21 años y seis meses de embarazo.

Para el equipo de LND fue imposible dar con Rolf During, ya que se mueve entre varias propiedades que mantiene entre la VIII, IX y X Región. Sin embargo, encontramos a su hasta ahora inseparable amigo, Samuel Arriagada, con quien viajó en el mismo vehículo a declarar por este caso a la Corte de Apelaciones de Concepción.

Foto: Sara Mendoza, viuda de José Orellana.

También hijo de latifundistas, pero hoy venido a menos, Arriagada no figura en ningún registro público. Sólo la casa a nombre de su hermana nos alerta sobre su posible presencia. Es una casona de madera, antigua, ubicada en la esquina de las calles Soto y Villagrán. En un pequeño almacén, ubicado a un costado, nos confirman que en esa casa vive Samuel Arriagada y que si bien es un personaje poco afable, no saben que esté involucrado en crímenes cometidos durante la dictadura.

Ante la presencia de una cámara fotográfica, de todas las personas que pasaron por el lugar, el único que puso mirada sospechosa y se molestó cuando fotografiaban el frontis de la casa fue un tipo de unos 65 años, que vestía casaca y blue jeans. A los pocos segundos ingresa al domicilio y ya no queda duda: es Samuel Arriagada.

Consultado por su situación procesal, al principio negó estar involucrado en ningún juicio. Al recordarle que estuvo detenido varias semanas, en 2003, dice no tener nada que ver y que no confía en la prensa. No aceptó más preguntas, sólo se mantuvo con la vista fija hasta que nos perdimos de su esquina.

Su hermetismo silencioso contrasta con la imagen que se llevó Sara cuando se careó con él. "Le faltó sólo pegarme", recuerda. Pero ella nunca se achicó. "Cada vez que los encontraba en el banco o en algún lugar, yo llegaba con mi hijo en brazos y le decía, sobre todo a Rolf: ‘Mátame a mí también'. Él siempre se limitaba a bajar el rostro. Su madre llegó a ofrecerme dinero para que yo dejara de acusarlos. A mí eso no me interesaba. Ni un peso les acepté", cuenta la mujer de ojos negros y sonrisa tierna.

La actitud combativa de Sara es aislada. Los hermanos de José, por ejemplo, se negaron a realizarse exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal para determinar si algunos de los restos óseos encontrados en diversas partes de Chile pueden coincidir. "Tienen miedo de que el golpe vuelva y arrasen con todo nuevamente", advierte Sara.

De todas formas, para ella siempre pudo más la añoranza de volver a encontrar a su marido. A pesar de que vivió 20 años con otro hombre y tuvo un hijo con él, no duda en mostrar sus cartas. "Elijo a José cien veces. Mis mejores momentos son cuando sueño con él. Estoy a su lado y me dice que deje de buscarlo. Ahí lo escucho y soy feliz. Cuando despierto todo cambia", cuenta.

Aunque ninguno de los dos confesó el secuestro, actualmente Samuel Arriagada está condenado en primera instancia a cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado de José Orellana. A Rolf During, en tanto, se le impusieron 10 años. El motivo es que el descendiente de alemanes guarda otro muerto bajo la mesa. En este último caso sí reconoce que fue uno de los que apretó el gatillo.

EL COMPAÑERO DEL AÑO

En su declaración judicial ante el ministro con dedicación exclusiva Carlos Aldana, Rolf During reconoció que el 28 de septiembre, mientras hacía guardia de apoyo a Carabineros, recibió a Jorge Narváez Salamanca, quien llegó detenido en compañía de "un grupo de personas". No recuerda quiénes eran. Posteriormente, relata During, subió a un auto y se sentó al lado de Narváez hasta que llegaron al retén de Quilaco, un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Mulchén. Ahí los esperaba el teniente de Carabineros Jorge Maturana (también condenado). Luego de una hora de espera, lo llevaron hasta el puente Quilaco, ubicado sobre el río Biobío, lo sentaron sobre una de las barandas y luego procedieron a ejecutarlo.

Foto: José Horacio Pacheco, ayudó a detener y hacer desaparecer a un compañero de liceo.

El otro civil que estuvo presente en la escena del crimen, José Horacio Pacheco Padilla, también declaró que During fue uno de los tres que disparó. Respecto de su participación, señaló que participó de la detención y que, como no estaba armado, sólo fue testigo ocular.

Sin embargo, Pacheco Padilla era compañero de colegio en el Liceo de Hombres de la ciudad de Jorge Narváez (iba un curso más arriba), pertenecía al grupo Patria y Libertad y también al grupo de apoyo civil a Carabineros. Por otro lado, Narváez tenía entonces 15 años, militaba en el MIR. De ahí que la evidencia judicial apunta a que fue él quien entregó el nombre de su compañero.

Cuando se pregunta por José Pacheco, en Mulchén su nombre suena conocido. "Maneja un colectivo de esos de letrero amarillo", comenta un vecino. La descripción agrega que trabaja para la "línea número 2", que tiene su garita al final de la calle Victoria, casi en el límite urbano de la pequeña ciudad. Es una casucha verde de madera, rodeada de los clásicos vehículos negros que llegan y se van. El resto de los colectiveros dicen que Pacheco maneja un Chevrolet Corsa, el único que hay en la línea. Además, todos cuentan que es un tipo afable y simpático. Ninguno de ellos reconoce saber que tenga algún tipo de problemas con la justicia. Lo consideran un hombre tranquilo que vive junto a su familia.

Tras unos minutos de espera, el vehículo aparece. De su interior desciende un tipo de unos 52 años, robusto, panzón, canoso y de bigote. Se apresura a indagar el motivo de nuestra presencia. "Una carrerita hacia Los Ángeles", le respondemos como excusa para saber cómo se desenvuelve a pesar de su pasado. Decide posar junto a su vehículo, con absoluto relajo.

En más de 32 años, nadie, excepto uno o dos familiares de las víctimas, le recordó su crimen: haber sido parte de un grupo de voluntarios que detuvieron ilegalmente a Jorge Narváez Salamanca, y participar en su ajusticiamiento.

Al igual que Rolf During, durante años Pacheco negó su participación en la muerte de Narváez. Sólo en los últimos años la memoria se le ha refrescado. Actualmente está condenado a cinco años y un día. Si se confirma su sentencia de primera instancia, tendrá que ir a prisión. During también.

EL LOCO BARRIENTOS

La metralla y el zumbido de las balas rompían el silencio de la noche del sur. Hoy, a medianoche, en los rincones de la X Región se sigue oyendo el batir de los árboles resistiendo el viento, las gotas de agua que caen desde las ramas y el murmullo de la fauna nocturna. La noche del 16 de septiembre de 1973 fue una de aquellas donde no fueron los truenos los que rasgaron la naturaleza, sino las ráfagas de las armas de uniformados y civiles que se descargaban contra campesinos, que eran parte generacional de esa naturaleza.

Esa misma fecha, a la misma hora, la familia Valderas se preparaba para dormir. Aunque habían sabido del golpe en Santiago, ellos no pensaron que las caravanas de la muerte que se desataron en el país podrían llegar hasta ellos. Es más, los 16 hermanos que componían la familia comenzaban a llegar para juntarse los días de Fiestas Patrias.

Todo esto hasta que se oyeron los pasos de varios hombres que se venían sobre la humilde vivienda, ubicada a 200 metros del camino que bordeaba el lago Puyehue. Flavio, el hijo mayor, se topó casualmente a mitad de camino con el grupo, cuando se dirigía a la letrina. "Alto ahí, buscamos a Flavio Heriberto Valderas, no te movái conchetumadre; te vamo a matar, culiao", dijo un carabinero. Un culatazo le quebró el arco superciliar derecho al joven y le desprendió parte de la piel. "Mi madre dijo que se le había salido el ojo del golpe", relata su hermana Luz Marina.

Foto: Luz Marina Valderas vio cuando el civil Jorge Barrientos y carabineros se llevaron a su hermano.

En su sencilla casa, ubicada en calle Diego de Almagro, ella relató a LND que "mi hermano era un chiquillo tranquilo, trabajador, que hacía un par de semanas se había peleado con un carabinero, y éste lo había amenazado. Esa noche, Barrientos acompañó a la patrulla de Carabineros, los guió y les facilitó vehículos. También les indicó donde vivía ‘Cantarito' y entró con el destacamento para señalarlo, porque también pensaba que mi hermano le había trancado la puerta de su casa para molestarlo".

Consta en el expediente del caso que Flavio Heriberto nunca tuvo una actividad política y que su muerte, más bien correspondió a una venganza personal.

Pero Luz Marina Valderas no ha olvidado ninguna de las numerosas ocasiones que ha tenido que encontrarse con Jorge Barrientos Camadro, en Osorno. La justicia dice que fue uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición de su hermano Flavio Heriberto, a quien apodaban "Cantarito".

Actualmente, Barrientos es un tipo que viste siempre con chaqueta, blue jeans y botas. Usa un sombrero de huaso y se moviliza en un todo terreno. Tiene dos fundos: uno en Puerto Octay y otro en Puyehue. Su vida, en los últimos 35 años, ha sido tranquila, a excepción de sus constantes arrebatos violentos y su conocido mal genio. El ex dueño de la Radio Sago, Pedro Burgos, relató a sus cercanos sobre una reunión en el club de caza y pesca local, donde asistió el sujeto. El anciano relató cómo Barrientos sacó de su cintura una pistola para disparar al aire porque no estaba de acuerdo con una decisión. Así ha pasado su vida, entre los fundos, la Feria Tattersall de ganado y, recientemente, desfilando por tribunales y pasando un tiempo en la cárcel.

Luz Marina hace muchos años que trabaja para el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ella cuida el departamento que el legislador mantiene en un céntrico edificio. Pero también trabaja, desde hace años, como garzona en eventos.

"Una vez me tocó el cóctel de inauguración de una planta de secado de Soprole. Yo servía en una bandeja y tuve pasar por su lado. Me conoció y me botó la bandeja de un manotazo", recordó la mujer.

Tampoco dice olvidar el odio con que la miró la mañana en que, nuevamente por casualidad, pasaba a dejar las llaves de su camioneta a un puesto de flores, antes de partir a Concepción, donde le esperaban varios días de prisión preventiva, el único tiempo que ha estado privado de libertad por la desaparición forzada del campesino.

Luego del recorrido, constatamos que a 35 años de las matanzas, estos "señores" siguen siendo los amos de sus pequeños reinos, cuyos súbditos les siguen temiendo, como si fuera hoy esa misma fatídica noche que muchos habrían preferido no vivir.

La Nación 

Miércoles 30 de julio de 2008   

Por Luis Narváez  

Por caso de ciudadano chileno-italiano, detenido desaparecido en Temuco

El abogado Alfonso Podlech fue detenido en Madrid en virtud de una orden emanada de la justicia italiana, por la desaparición del ex sacerdote Omar Venturelli.

Foto: Con esta fotografía, que corresponde a la de su pasaporte, fue identificado por policías españoles de Interpol Alfonso Podlech Michaud. Tras notificar a Interpol en Roma, Italia, la justicia de ese país ordenó su detención inmediata.

Funcionarios de Interpol España detuvieron al abogado chileno Alfonso Podlech Michaud, quien está acusado de participar en violaciones de los derechos humanos ocurridas en Temuco, tras el golpe militar de 1973.

Se trata de un hecho sólo comparable a la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en 1998, y la del general (R) Joaquín Ramírez, ocurrida en Buenos Aires, en 2004.

La captura se produjo el domingo en virtud de una orden de búsqueda y notificación que se encontraba vigente en los sistemas de Interpol, emanada de la justicia italiana.

En ese país se encuentra abierto, desde 1998, un juicio en contra de quienes resulten responsables de la desaparición de Omar Venturelli Leonelli, de 31 años, un ex sacerdote que residía en la capital de la Novena Región.

El ex fiscal militar que organizó los consejos de guerra en Temuco fue detenido en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, mientras esperaba conexión hacia República Checa.

El hecho fue confirmado a La Nación por fuentes policiales españolas quienes indicaron que al momento de chequear la identidad de Podlech, notificaron a Interpol Italia.

En pocos minutos, desde ese país se emitió una orden de captura inmediata con fines de extradición, pese a que la convención que creó la Unión Europea contempla la deportación inmediata sin trámites.

Desde 1998 el caso estuvo en manos del fiscal Giancarlo Capalbo, quien además indaga en el mismo caso la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

Alfonso Podlech viajó a Europa el 26 de julio y se encontraba junto a su esposa al momento de la captura.

Se trata de un profesional conocido en la Novena Región que incluso fue nombrado abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco e integrante del Tribunal Electoral Regional.

Según sus propias declaraciones, tras el golpe militar fue llamado al Regimiento Tucapel por el comandante de la unidad, Pablo Iturriaga Marchessi, para organizar los consejos de guerra. En ese marco, asesoró directamente al fiscal militar de la época Luis Cofré Soto.

A este tribunal ilegal se le atribuye haber ordenado la muerte de cuatro prisioneros a quienes se les aplicó la ley de fuga. Posteriormente, en 1974, asumió como fiscal titular, cargo que desempeñó hasta 1978.

Testigos que declararon en Chile, aseguran que Podlech vestía de uniforme al interior de la unidad militar, determinaba quiénes iban a consejos de guerra, además de determinar la libertad o detención de personas.

El abogado querellante en Chile, Hugo Gutiérrez, dijo que "sólo hay que expresar agradecimiento a la justicia italiana por lo que está haciendo respecto de este criminal. Demuestra que la jurisdicción universal ha traído la búsqueda de la justicia y una ruptura de la impunidad".

El panorama podría aún ser más sombrío para Podlech, debido a que también aparece mencionado como responsable de la desaparición de un ciudadano francés, Etienne Pesle, ocurrida en Temuco en octubre de 1973.

El caso está en etapa de juicio oral en París y los tribunales de ese país podrían solicitar que comparezca ante esa instancia.

Pesle es uno de los cuatro ciudadanos franco-chilenos por los cuales también se investigan violaciones de los derechos humanos, tanto en Chile como en Francia.

Los resultados se conocerán a fines de septiembre.

Análisis buscan facilitar las labores de investigación.

EFE  

Muestras de restos óseos de 60 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet serán analizadas en Austria para determinar su ADN, con el fin de facilitar las labores de identificación.

"Tendremos como máximo muestras de 60 víctimas, pero es demasiado temprano como para dar algún detalles (...) tendremos los resultados a finales de otoño o principios de invierno (boreal)", a fines de septiembre, precisó Walther Parson, director del centro de Biología Molecular del Instituto de Medicina Forense de Innsbruck.

El experto explicó que el centro participa por encargo del Gobierno chileno en el proceso para identificar a los desaparecidos de la dictadura.

Análisis de "notables"

El tipo de análisis de ADN que se realice -mitocondrial, nuclear o del cromosoma Y, o de los tres a la vez- aún está también por decidir.

Parson y su equipo médico han participado en casos tan complejos como la identificación del ADN del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, del escritor alemán Friedrich Schiller, y el reciente esclarecimiento del material genético que confirmó la identidad de dos de los hijos del último Zar de Rusia, Nicolás II.

También participó en los esfuerzos para identificar a las víctimas extranjeras del tsunami que en el 2004 acabó con la vida de más de 200.000 personas en una decena de naciones bañadas por el Océano Indico.

En Chile, la comisión encabezada por Raúl Rettig, que elaboró el conocido como "Informe Rettig", en 1991, documentó las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y estableció que hubo 3.197 víctimas, de las cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos.

En noviembre de 2004, la comisión que presidió Sergio Valech determinó que 27.255 personas fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet.

Cooperativa.cl

La Nación Domingo

Domingo 11 de mayo de 2008   

 Por Jorge Escalante 

El senador clama inocencia de los procesados en el caso Woodward

En una incendiaria carta, en la que califica de "oscura" la investigación de la jueza Eliana Quezada, el almirante en retiro defiende a los encausados. Pero las declaraciones en el proceso de los mismos procesados desmienten sus dichos.

 El sacerdote Miguel Woodward lo subieron encapuchado hasta el cuarto piso de la Academia de Guerra Naval, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, y lo sentaron amarrado a una silla. Lo golpearon por más de una hora entre al menos 10 oficiales de la Armada y Carabineros, entre los que estaban el capitán de corbeta Juan Mackay Barriga, que después llegó a vicealmirante, y el teniente 2 Ricardo Riesco Cornejo, quien luego ascendió hasta capitán de navío.

Sin embargo, para el senador de la UDI Jorge Arancibia todos los procesados por la jueza Eliana Quezada por el crimen de Woodward son inocentes. El parlamentario, quien teme que Joaquín Lavín le quite el cupo senatorial en la V Región y que está dispuesto a todo para aferrarse al escaño, las emprendió ahora contra la ministra en visita que investiga el crimen.

En una reciente carta suya, ampliamente difundida en los portales electrónicos nostálgicos del fascismo criollo como eldiezdeungranmes.blogspot.com, cuya colaboradora insigne es Bernardita Huerta, hija del ex canciller y almirante de Pinochet Ismael Huerta , Arancibia defendió la "inocencia" de los procesados y atacó la investigación de la magistrada Quezada, calificándola de una "oscuridad absoluta".

Sostiene el ex jefe de la Armada que visitó a los arrestados en el cuartel de la Infantería de Marina en Las Salinas, Viña del Mar, y comprobó que no tienen culpa alguna. Creyó todo lo que le contaron sin verificar nada. Y sobre esa base construyó su difundida defensa y ataque.

Dice Arancibia que Mackay fue sólo "un analista" en la Academia de Guerra, y que Riesco "nunca participó en algún operativo en tierra". Y añade que ninguno de los dos interrogó a detenidos ni presenció estas sesiones.

Sostiene asimismo que el médico naval Carlos Costa Canessa, también procesado, certificó en el Hospital Naval la muerte de Woodward "de cuerpo presente y no como dice la jueza que lo hizo sin ver el cadáver". Y que el vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, jefe del Estado Mayor de la Armada en 1973, también es inocente, pues nada tuvo que ver con detenidos ni con Woodward.

Las confesiones

Pero curiosamente y para desgracia del contendor de Lavín, los mismos personajes que él ardientemente defiende en su carta lo desmienten. Y cuando no son ellos lo hacen otros oficiales o suboficiales que declaran en el juicio por el caso Woodward.

Admite Riesco en el proceso: "Yo era operativo, detuve gente en la calle e incluso viajé a Santiago a detener ( ). Estuve en interrogatorios en la Esmeralda, en la Academia de Guerra y en el cuartel Silva Palma ( ). Los interrogadores usaban corriente ( ). Mi chapa era Alfonso".

El médico naval Costa afirmó judicialmente: "Nunca conocí al sacerdote Woodward. Tampoco vi su cadáver cuando certifiqué la defunción, porque sólo certifiqué el cadáver de alguien con traumatismo craneano, pero ese cuerpo en ningún caso correspondía al sacerdote, pues no estaba identificado".

Y en una de las declaraciones más directas sobre cómo maltrataron a Woodward que existen hasta ahora en el expediente, el oficial (R) de Carabineros Nelson López Cofré, operativo en la Academia de Guerra, afirma: "Me enteré que un sacerdote Woodward llegó detenido a la academia. Fui a ver el interrogatorio que hizo la gente de la Armada. Lo tenían sentado, encapuchado y amarrado a una silla en el cuarto piso. De los de la Armada estaban los oficiales Juan Mackay Barriga, Sergio Bidart Jiménez y Ricardo Riesco Cornejo. Yo estuve ahí con los oficiales de Carabineros Ángel Lorca Fuenzalida, Luis Araya Maureira y Enrique Corrales Díaz, también operativos en la academia, y los suboficiales nuestros Eduardo Vergara Bravo ["el Murciélago"] y Jorge Leiva Cordero ["el Cebolla"]. Varios de los nombrados lo golpeaban. Estuvimos como una hora".

Aldoney y la familia Mackay

Acerca de Mackay Barriga, el denominado "Cebolla" declaró: "Las detenciones las hacíamos por orden del capitán de corbeta Juan Mackay, quien ordenó trasladar a algunos detenidos desde la academia a la Esmeralda".

Valentín Riquelme Villalobos, comando y suboficial de Infantería de Marina, ahora en retiro, y uno de los interrogadores y torturadores en la academia, dijo judicialmente: "Los interrogatorios eran presenciados y supervigilados por los oficiales de la Armada. Entre ellos por Juan Mackay, Ricardo Riesco y el teniente Rafael Mackay Backler, sobrino del capitán Mackay".

Sobre Aldoney, capitán de navío (R), Franklin González Rodríguez, quien fue el jefe de la inteligencia naval (Ancla 2) en Valparaíso, y a quien el mismo Aldoney mandó a trabajar a la Academia de Guerra después del golpe, declara: "Identificábamos a los subversivos e informábamos a Aldoney, quien luego ordenaba actuar a los grupos operativos".

Aldoney dijo en el proceso que Woodward "parece que tenía pulmonía", y a la Comisión Rettig le informó: "Lo de Woodward fue un accidente".

El nombre de Bidart es nuevo en la investigación y existen datos que dirigió el pelotón de Infantería de Marina que detuvo al sacerdote y lo llevó a la Universidad Santa María, donde primero habría sido torturado.

La Corte de Valparaíso negó la libertad a los procesados por considerarlos un peligro para la sociedad, y en ello incidió la participación en el juicio de la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Karina Fernández, y el abogado Juan Matus. LND

CHILE: 32 AÑOS DE MUERTE, DESAPARICIÓN E IMPUNIDAD.

OPAL- A 32 años de los días del horror, aquel 29 y 30 de abril de 1976, cuando la dictadura vivida en Chile, quito la vida e hizo desaparecer a cuatro Miembros de la familia Recabaren: Luís Emilio Recabaren, Manuel Segundo Recabaren, Manuel Guillermo Recabaren y Silvia Rosa Mena Alvarado. Familiares, amigos y mas de treinta personas se dieron cita, el pasado 27 de abril, en la esquinas de Sebastopol con Santa Rosa, paradero 16 comuna de San Joaquín para rendir un emotivo homenaje.

Con momentos de profunda emotividad por el recuerdo de los familiares desaparecidos; la familia, y la actuación del cantautor popular Jorge Yánez. Marcaron la conmemoración del desaparecimiento del grupo familiar.

Jorge Yánez, Folclorista Nacional presente en el acto, recordó momentos anecdóticos vividos junto a Ana González en el triunfo del “No” de los años 80` y en entrevista con OPAL, dijo sentirse emocionado de participar en el recordatorio a la familia desaparecida:”Yo creo que la vida de todos nosotros esta unida por los ideales, por los sueños, por el amor. Y creo que todas las cosas que le han pasado a nuestro pueblo, nos han hecho sufrir mucho y aquí estamos rindiéndoles homenaje por el amor que han entregado esos seres humanos por nuestra gente, devolviéndoselos con ese mismo amor, mismo cariño, con el mismo compromiso de saber que entre todos, podemos hacer un mundo mejor y cada uno aporta con ese rayo de luz para que ocurra aquella tormenta”

¿Que te parece la poca asistencia a este tipo de conmemoraciones… somos un país que se va quedando sin memoria?

Al final de cuantas nos vamos quedando la familia, los amigos en esta lucha de verdad, justicia, pero estas muestras de cariño, de mucha esperanza nos llevan a que podamos algún día ver la luz con todo este clima adverso. Sentencio

Anita de Recabaren González, esposa, madre y nuera del grupo familiar desaparecido, en caminata al acto, manifestó sentirse alegre de recordar los días felices junto a su esposo, pero también tristeza, por esa lucha de días mejores cercenada por la noche oscura de la dictadura y la débil decisión de los gobiernos de la Concertación por hacer Justicia: “ siento que le privaron la alegría a Manuel de convivir con sus nietos, pasearse con ellos, también que todavía no podemos llegar a la verdad y la justicia, que la mentira la falsedad sigue imperando no se han dado cuenta que en la defensa de los derechos humanos, esta implícito el avance real de la democracia y el país”

Humildemente, cuestión que la caracteriza, Anita agradeció la presencia a los vecinos y amigos, que llegaron al lugar a acompañarla en su dolor y esperanza, invitando a los asistentes a prepararse para lo que será la reinstalación del monolito recordatorio en dicho espacio el próximo año, y cuando la intensa lluvia comenzaba a caer insistentemente, como si fueran aplausos de los que ya no están, insto a la treintena de personas a caminar hasta su hogar y culminar el acto al calor de lo que brinda su tremenda humanidad, de quien enseña día a día con alegría y esperanza, a como no dar tregua de lo que no se debe olvidar…

El estado, tribunales, fuerzas armadas, la sociedad, el silencio, se hacen cómplice de tan abominables crímenes.

Al país que olvida a sus mártires, le corroen sus raíces, el desierto lo va cubriendo sin valores, sin futuro, sin sueños, y avanza, tanto avanza, un camino lleno de sombras amenazantes para el futuro de nuevas generaciones, que camina por la senda que no llega a ninguna parte.

FUERON DETENIDOS POR LA DINA, ENTRE EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 1976 Y DESDE ESOS DÍAS SE ENCUENTRAN DESAPARECIDOS

““LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA, NO DEBEN LLAMARSE MUERTOS”.

Nalvia Rosa Mena Alvarado, casada, un hijo, embarazada de tres meses, dueña de casa, militante de las Juventudes Comunistas; su cónyuge Luís Emilio Recabaren González, técnico gráfico, ex dirigente sindical; su cuñado Manuel Guillermo Recabaren González, casado, dos hijos, gasfiter; ambos militantes del Partido Comunista y su suegro Manuel Segundo Recabaren Rojas, casado, seis hijos, jubilado, ex dirigente sindical gráfico, militante del Partido Comunista, fueron detenidos por la DINA, entre el 29 y el 30 de abril de 1976. El día 29 de abril, alrededor de las 21:30 horas, Nalvia Rosa Mena fue detenida -en compañía de su esposo Luís Emilio Recabaren González, del hijo de ambos, Luís Emilio Recabaren Mena, de dos años y medio de edad y de su cuñado Manuel Guillermo Recabaren González- por agentes de la DINA en un operativo montado en el sector de Sebastopol con Santa Rosa.

Ese día, aproximadamente a las 19.30 horas, Nalvia Rosa junto a su hijo, fue hasta el lugar de trabajo de su esposo, ubicado en calle Nataniel N° 47 para, en compañía de éste y de su cuñado Manuel Guillermo, dirigirse desde ahí hasta su hogar, cosa que hicieron alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, no llegaron a su destino.

El único que llegó, hasta las proximidades del domicilio, fue el pequeño Luís Emilio, quien fue abandonado alrededor de las 23:30 hrs. en el lugar, por un sujeto alto y corpulento que se movilizaba en un taxi.

Por averiguaciones posteriores e informaciones de vecinos que fueron testigos presénciales de la aprehensión, se supo que Nalvia Rosa -con tres meses de gestación- había sido golpeada en el vientre con la culata de una metralleta, a pesar de sus gritos y súplicas y, en estado inconsciente, introducida en uno de los vehículos en que se movilizaban los agentes.

Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas, padre de los Recabarren González, salió de casa muy temprano, siendo detenido a las 07:10, en los momentos en que se disponía a abordar un bus con el propósito de iniciar gestiones tendientes a ubicar a sus familiares que habían sido detenidos la noche anterior. Desde ahí, Manuel Segundo Recabarren Rojas fue trasladado por sus captores hasta el cuartel denominado Villa Grimaldi, recinto de detención clandestino de la DINA, donde pudo ser visto por otros detenidos. Algunos de ellos, que recobraron su libertad, declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haberle perdido el rastro en agosto de 1976. Se consignó en el informe de esa Comisión que, desde esa fecha, de ninguno de los cuatro detenidos se ha vuelto a tener noticias.

Cabe señalar que, a pesar que el Gobierno militar negó la detención de los afectados, constan declaraciones del 14 y 17 de julio de 1976 de la División Nacional de Comunicación Social, (DINACOS), a través de las cuales dio a conocer que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar treinta y dos casas-buzones del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además de la detención de militantes de dicha colectividad, se agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.

Otro antecedente probatorio de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de los afectados, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario "Qué Pasa", en el que en un artículo bajo el título " tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso, se entregaban nombres de algunos de los detenidos. Del MIR al PC" se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista.

Viaja en el viento todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.

Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar.

Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer,

Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos, y por fin de nuevo a volar.

Tintos en sangre mares y el tiempo del humano que pide vivir aquí.

Toda su vida corre el peligro de vivir lo que quiere creer.

Savia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir y si no... ¿Cómo hay que seguir?

Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor y si no ¿qué puedo tener?

Dame un pedazo llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz.

Patria sagrada ansias del alba no te olvides que andamos muy mal sin ti

Danza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar desde la ternura hasta el sol.

Fieles amantes, cerrojos y pactos volcanes que están esperando milagros del bien.

Vueltas eternas calles desiertas la memoria girando en la luz.

Viaja en el viento todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.

Aún no encuentran a los efectivos de Carabineros que le dispararon

Se cumple un año del asesinato de Rodrigo Cisternas Fernández, quien fue acribillado a balazos por las fuerzas especiales de Carabineros, en el contexto de las movilizaciones que llevaban a cabo los Trabajadores Forestales en contra del Holding Arauco.

Fue justamente a las afueras de la planta de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), en la localidad de Horcones, Provincia de Arauco, donde ocurrieron los fatídicos hechos que enlutaron a los trabajadores forestales. Las impactantes imágenes que recorrieron el país, dieron cuenta, de la inusitada violencia de las Fuerzas especiales de la policía militarizada de Carabineros, en contra de trabajadores que negociaban en el Marco de la ley, exigiendo mejores y justas condiciones de trabajo y de vida.

En el marco de un incipiente movimiento Forestal que por primera vez lograba unificar su lucha, como una sola Voz, como una Sola Organización y que contaba con el Apoyo mayoritario de toda una Provincia, es asesinado a quemarropa el joven trabajador forestal. Después que éste utilizara una maquinaria pesada, para contra restar la represión que la policía ejercía, con sus carros blindados, gases, y balas. Pero Los obreros no sólo luchaban contra el poder económico, si no también contra el poder represivo del Estado, quienes desde el Gobernador y la Intendenta, hasta las autoridades nacionales como el Ministro del Interior de ese entonces (Belisario Velasco) y la Presidenta Michelle Bachelet, legitimaron y justificaron el actuar de las Fuerzas Represivas.

Días después, la Presidenta Michelle Bachelet, declaraba en la localidad de Puerto Saavedra que "ningún conflicto puede justificar la violencia" y que la muerte de Rodrigo Cisternas es una "derrota para la democracia", cuando inauguraba un hospital en esa localidad.

Organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos exigieron un juez especial para investigar el caso, pero el Fiscal MILITAR Renato Nuño, se hizo cargo de la investigación "sin encontrar culpables", entre los efectivos de Carabineros que le dispararon.

Dirigentes de los trabajadores de la empresa forestal Arauco lamentaron en ese momento, que el Gobierno no mostrara en este caso la misma disposición que tuvo posteriormente tras el asesinato del Carabinero Cristián Vera, donde la Presidenta Michelle Bachelet se dio tiempo de acompañar a su familia, mientras que se agilizaron las diligencias judiciales para la reconstitución de escena y dar con el paradero de los culpables.

Por el contrario, indicó, en este caso "los delincuentes están totalmente identificados, los que acribillaron a un compañero siguen ganando su sueldo y siguen vistiendo el uniforme; los que dieron la orden están plenamente identificados, sin embargo quedaron ocupando los mismos cargos para de alguna manera tapar y entorpecer lo que fue la investigación del ministro Nuño".

Después de cuatro meses se realizó la reconstrucción de escena, que intentó esclarecer cada detalle de los momentos en que fue acribillado el trabajador forestal; cuatro meses en que la máquina que conducía Rodrigo ha sido limpiada de toda huella y las dos entradas a la planta de celulosa Arauco transformadas.

1200 obreros han sido despedidos por Forestal Arauco, desde ese entonces. El Holding sigue sumando ganancias históricas .

La Nación / ANSA 

Sábado 19 de abril de 2008  | 11:45   

El documento, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo y diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el ex director de la DINA, general Manuel Contreras.

 Un documento firmado por ex colaboradores de la dictadura militar revela que Augusto Pinochet dio la orden de asesinar al jefe sindical Tucapel Jiménez Alfaro, en febrero de 1982.

El escrito, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo del sindicalista, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA, según la misma fuente.

El texto corresponde, siempre según ese informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo Álvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

"Me interesa que se sepa la verdad", dijo el diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la veracidad del documento.

La declaración de Álvarez, quien cumple una condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la declaración en el recinto de reclusión.

"Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este documento, se confirmaría", dijo el parlamentario. El ex dictador, fallecido en diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.

El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando problemas de salud.

La línea de investigación en torno al ex general fue descartada por Muñoz, quien cerró el caso en 2001 y condenó al mayor en retiro Carlos Herrera como autor material y confeso del crimen, y a Arturo Álvarez, Manuel Contreras y Francisco Ferrer, entre otros.

Tucapel Jiménez fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 kilómetros de Santiago, donde fue asesinado mediante disparos en la cabeza y degollado.

Una persona confesó por escrito ser el autor del crimen del sindicalista y luego se suicidó.

Sin embargo, se demostró en el proceso que había sido asesinado y que su testimonio era falso.

A instancias de un grupo de abogados franceses, un tribunal galo procesará a varios ex colaboradores de la dictadura por la desaparición de cuatro franco-chilenos.

Una quincena de antiguos represores chilenos afrontarán en mayo próximo en Francia un juicio que puede acarrearles hasta 30 años de prisión, afirmaron los abogados de los familiares de cuatro franco-chilenos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
 
"Se va a producir un hecho histórico, es un juicio muy importante, en Francia hay un gran interés y muchas expectativas", dijo la abogada Karinne Bonneau, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
 
Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle de Menil, Georges Klein Pipper y Jean-Ives Claudet Fernández fueron detenidos en Chile y Argentina por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, sin que hasta ahora se sepa de su paradero.
 
Entre los acusados destaca el general Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que junto a los otros imputados será juzgado "en rebeldía" por los delitos de arrestos, secuestros arbitrarios y torturas de los cuatro franco-chilenos.
 
Otros acusados son los generales Herman Brady y Raúl Iturriaga, los ex brigadieres Pedro Espinoza, José Zarah, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito, los civiles Emilio Sandoval y Enrique Arancibia, además del argentino José Osvaldo Riveiro.
 
La investigación judicial fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por los familiares de las víctimas.
 
Sarfati señaló que aunque la condena contra los represores no pueda concretarse, por normas de la legislación chilena, tendrá "un impacto simbólico" pues se esclarecerán estos crímenes ante un tribunal público y abierto.
 
"Lamentablemente (Augusto) Pinochet murió antes del juicio, que demoró pues las pruebas se buscaron en varios procesos abiertos a través del mundo", afirmó Sarfati, destacando que "la justicia chilena ayudó bastante a este proceso".
 
Añadió que una vez condenados, el Tribunal de lo Criminal de París dictará en su contra una orden de captura internacional, lo que les impedirá "al menos abandonar Chile".
 
Bonneau y Sarfati, junto a la responsable de Comunicación de la FIDH, Karine Appy y el cineasta Nicolas Joxe, se encuentran en Santiago para activar la información en Chile sobre el proceso en Francia.
 
Para ello se reunirán con jueces chilenos, con familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos y pedirán entrevistas a la Presidenta Michelle Bachelet y al ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
 
En Chile el proceso por este caso, en el que estaban imputados Augusto Pinochet y la cúpula de la DINA fue cerrado por prescripción en 2002. (EFE

Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), visita Santiago entre los días 14 y 19 de abril 2008 para tratar en Chile la demanda de acusación presentada ante la Corte Suprema de Francia en contra de 18 chilenos y un argentino por el arresto y secuestro agravado por torturas, de cuatro ciudadanos franceses detenidos desaparecidos.

La acusación se presentó luego de diez años de investigación efectuada por los jueces franceses Leloire y Sophie Clément y el principal inculpado en este juicio es el fallecido general Augusto Pinochet Ugarte.

Las víctimas francesas de la represión llevada a cabo por las dictaduras militares que gobernaron a Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983) son Jorge Klein, desaparecido después de su detención en La Moneda el 11 de septiembre 1973, Etienne Pesle, detenido y desparecido el 19 de septiembre 1973 en Temuco, Alfonso Chanfreau detenido y desaparecido por la DINA desde la casa de torturas de Londres 38, y Jean Yves Claudet detenido y desaparecido en Buenos Aires en 1975, en el contexto de la Operación Cóndor.

La delegación visitante esta integrada por la doctora en derecho internacional, abogada Karine Bonneau, el abogado querellante representante de CODEPU, parte civil en el juicio, Benjamín Sarfati , acompañados de la periodista Karine Appy y el cineasta Nicolás Joxe.

Los visitantes sostendrán reuniones con familiares de los cuatro ciudadanos franceses desaparecidos, con las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con otras organizaciones de derechos humanos, con abogados y autoridades de gobierno.
También visitaran los lugares de tortura y desaparecimiento Londres 38 y Villa Grimaldi, y además participaran en una reunión pública en la Universidad de Chile el día 16 de abril, entre otras actividades previstas durante su estadía en Chile.

Invitamos a los franceses residentes en Chile y a los chilenos retornados de Francia a juntarse y dialogar con los miembros de esta delegación el viernes 18 de abril, a las 19h00, en la Maison de France, San Crescente 451, Providencia (Metro El Golf).

Favor confirmar su participación al correo fr@fr.cl

Por la Corporación de Amistad Chileno-Francesa (www.fr.cl)

François Richard

Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), visita Santiago entre los días 14 y 19 de abril 2008 para tratar en Chile la demanda de acusación presentada ante la Corte Suprema de Francia en contra de 18 chilenos y un argentino por el arresto y secuestro agravado por torturas, de cuatro ciudadanos franceses detenidos desaparecidos.

La acusación se presentó luego de diez años de investigación efectuada por los jueces franceses Leloire y Sophie Clément y el principal inculpado en este juicio es el fallecido general Augusto Pinochet Ugarte.

Las víctimas francesas de la represión llevada a cabo por las dictaduras militares que gobernaron a Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983) son Jorge Klein, desaparecido después de su detención en La Moneda el 11 de septiembre 1973, Etienne Pesle, detenido y desparecido el 19 de septiembre 1973 en Temuco, Alfonso Chanfreau detenido y desaparecido por la DINA desde la casa de torturas de Londres 38, y Jean Yves Claudet detenido y desaparecido en Buenos Aires en 1975, en el contexto de la Operación Cóndor.

La delegación visitante esta integrada por la doctora en derecho internacional, abogada Karine Bonneau, el abogado querellante representante de CODEPU, parte civil en el juicio, Benjamín Sarfati , acompañados de la periodista Karine Appy y el cineasta Nicolás Joxe.

Los visitantes sostendrán reuniones con familiares de los cuatro ciudadanos franceses desaparecidos, con las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con otras organizaciones de derechos humanos, con abogados y autoridades de gobierno.
También visitaran los lugares de tortura y desaparecimiento Londres 38 y Villa Grimaldi, y además participaran en una reunión pública en la Universidad de Chile el día 16 de abril, entre otras actividades previstas durante su estadía en Chile.

Invitamos a los franceses residentes en Chile y a los chilenos retornados de Francia a juntarse y dialogar con los miembros de esta delegación el viernes 18 de abril, a las 19h00, en la Maison de France, San Crescente 451, Providencia (Metro El Golf).

Favor confirmar su participación al correo fr@fr.cl

Por la Corporación de Amistad Chileno-Francesa (www.fr.cl)

François Richard