Centros Chilenos en el Exterior

Las tres comisiones que sesionaron la tarde del sábado 27 coincidieron en ratificar, en lo medular, la vigencia de dicha Plataforma como punto de partida para diseñar la estrategia, el programa y la metodología que regirán las luchas de los ex PP en el futuro inmediato.

 LOS EX PP Y EL ESTADO

Ratificando lo expresado en el informe central, este Tercer Encuentro Nacional Unitario declara que los ex Presos Políticos y sus Familiares son un componente real, organizado y con opiniones propias del movimiento social chileno, independiente de todo tutelaje. Su tarea de largo plazo es la interpelación al Estado post dictadura para que cumpla los compromisos que le imponen el Derecho Humanitario Internacional y la deuda ética que tiene con la movilización popular que le abrió camino, con sangre y sufrimientos propios, al provocar la caída del dictador.

Sería un error mayúsculo entender que las luchas de los ex PP están dirigidas contra una coalición política en particular o contra un sector social de la nación. Este Tercer Encuentro Nacional señala que son las instituciones estatales, las autoridades que las componen y la propia sociedad, quienes deben responder a este emplazamiento que se da en cuatro ejes fundamentales:

La Verdad de lo ocurrido con los DD HH, las víctimas, los sobrevivientes, los familiares y el conjunto de la sociedad, bajo el rigor del Terrorismo de Estado del gobierno militar;

La Justicia que se debe expresar en la ruptura de los lazos de impunidad y la identificación, juzgamiento y castigo a los victimarios;

          La Reparación justa, adecuada, oportuna y proporcional al daño causado, entendida como un derecho de las víctimas y un compromiso del Estado.

El Respeto a los DD.HH. en el Chile de hoy y el del futuro, componente que está ausente en los planteamientos de algunos dirigentes de los ex PP y que está en el discurso del Estado, pero no en la práctica cotidiana.

La Verdad y la Justicia están hoy mediatizadas por el modelo imperante de cogobierno que limita a la Concertación a los acuerdos que la derecha le impone. De esta forma los pocos avances en DD HH, están contrarrestados por enclaves profundos de impunidad. Basta mencionar la vigencia del decreto de auto amnistía, el criterio judicial de media prescripción, la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo Mapuche, la represión impune al movimiento social, la lentitud o nula voluntad por ratificar los tratados pendientes en DD HH, la calificación para la reparación a los victimarios (normas transitorias del INDH) o los 50 años de silencio sobre los nombres de los torturadores.

Los juicios de DD HH se eternizan por lo que se hace necesario un cambio en el Derecho Procesal Civil para reemplazar los juicios de hacienda por juicios sumarios y el nombramiento de jueces exclusivos que agilicen los procesos.

En cuanto a la Reparación, los ex PP reiteran que se trata de un derecho consagrado por la jurisprudencia internacional y no una dádiva originada en los gobiernos de turno o en las bancadas parlamentarias. La Resolución 60/147 de la ONU establece (Principio IX, Nº 20) que parte de la reparación es “la indemnización, que ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

• a) El daño físico o mental; 
• b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y              prestaciones sociales;
• c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
• d) Los perjuicios morales;
• e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y

                             Servicios psicológicos y sociales.

Las víctimas no pueden renunciar a la Indemnización y el Estado no debe escamotearla, ni siquiera bajo la hipócrita consigna de “reparación austera y simbólica”.

Entendida en el marco de los cuatro ejes enunciados más arriba, la Reparación es sólo una de las tareas que asumen los ex PP y debe ser parte de la demanda social en la lucha contra la impunidad y por el respeto a los derechos esenciales del hombre. Es por esta razón que este Tercer Encuentro Nacional de ex PP considera que la Plataforma Unitaria no puede estar centrada exclusivamente en la reparación y que las demandas del sector no terminan en los doce puntos que se le plantearon al gobierno para mejorar los efectos de la Ley Nº 19.992 (ley Valech).

La dedicación de esfuerzos importantes al tema del respeto irrestricto a los DD HH en el Chile de hoy y del futuro, es uno de los grandes vacíos que ha tenido la conducción de los ex PP. Este tema está en el centro de las diferencias que nos distancian del Comando Unitario. El ejemplo más claro, aunque no el único, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que el gobierno negoció con la derecha en el Senado y en la Comisión Mixta. En ambos casos estuvo ausente el movimiento social, al menos el que se considera independiente, sin embargo después aparece conminado a apoyarlo a cambio de tres magras reivindicaciones que son, en sí, también cuestionables.

Este Tercer Encuentro declara rotundamente su rechazo al Proyecto de ley que crea el INDH en las condiciones actuales, por las razones mil veces expuestas por los ex PP y porque es inaceptable que el proyecto entienda que los derechos humanos se reducen sólo a aquellos reconocidos por los tratados internacionales ratificados por los órganos competentes de nuestro país,  en circunstancias que la propia Corte Suprema de Chile ha sostenido que son derechos humanos también aquellos contenidos en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los llamados principios generales del Derecho Internacional y en el Derecho Humanitario Internacional. En su lugar se pronuncia por un órgano que se ajuste a los Principios de Paris, sobre todo, en lo que se refiere a la autonomía política del Estado (siete representantes estatales en su Directorio, sobre once es un criterio inaceptable) y que sea discutido democráticamente con la sociedad civil más que con los partidos políticos del sistema binominal.

De igual forma se ratificó el rechazo al mal llamado traspaso del beneficio educacional, por ser un acuerdo entre el Comando Unitario y el Gobierno con el único objetivo de disminuir el costo de la reparación, torciendo así la voluntad expresada en la Ley Valech, por la simple vía administrativa. En consecuencia se rechaza también la adulteración a la plataforma de doce puntos acordada el año pasado y que en el Título III, art. 6 de la propuesta de ley de reparación vuelve a renunciar a la reivindicación educacional de la Plataforma Unitaria, conformándose con el Traspaso a un solo descendiente en lugar de la extensión del beneficio a toda la familia inmediata.

UNA SUBSECRETARÍA DE DD. HH.

En este Tercer Encuentro Nacional se planteó con fuerza la propuesta de que el  Estado proceda a crear una Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior, o una institución equivalente.

Esta subsecretaría deberá recibir las denuncias y recabar los antecedentes de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante la dictadura militar o los que ocurran en el futuro. Será su obligación ponerlos a disposición de los tribunales competentes y de la opinión pública nacional e internacional a objeto de esclarecer los hechos.

Esta instancia será la encargada de dar curso a las QUERELLAS con la finalidad de identificar y castigar a los agentes del Estado y civiles involucrados en hechos de lesa humanidad. Estas querellas perseguirán la responsabilidad de los autores materiales, de quienes dieron las órdenes y de quienes crearon o facilitaron las condiciones políticas y sociales para instalar el Terrorismo de Estado.  De igual forma dará curso a las Demandas por indemnización que se deriven de los delitos investigados.

La Subsecretaría no puede  entenderse como una institución alternativa al Instituto Nacional de Derechos Humanos ya que su misión será servir de herramienta para que el Estado cumpla con las obligaciones que le impone el Derecho Humanitario Internacional.

Será frente a esta institución que el movimiento social interpelará al Estado, evitándose así la situación actual en que ninguna autoridad de gobierno o de los otros poderes se considera llamada a asumir las tareas de protección, promoción y respeto de los DD HH, como tampoco de resolver los temas de justicia y de reparación. 

En esta institución deberá radicar la responsabilidad de calificar, de modo permanente, a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de Crímenes de Guerra ocurridos, o que ocurran, en el país.

 MOVILIZACIÓN

Han transcurrido 36 años desde que se inició la violación sistemática de los derechos fundamentales en Chile y la experiencia indica que no hay voluntad política para establecer la  verdad histórica, para juzgar a los culpables, para reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares y para garantizar el respeto a los DD HH.  La dilación, limítrofe con el engaño, ha sido la tónica de las respuestas del Estado frente a las demandas del movimiento social. Es lo que ha ocurrido, hasta el día de hoy, con la Nueva ley de Reparación para los sobrevivientes de Prisión Política y Tortura.

En consecuencia, el Tercer Encuentro Nacional ha resuelto impulsar su Plataforma Reivindicativa a través de movilizaciones de diverso tipo, apoyando y participando de la movilización social que busca profundizar la democracia.

El Secretariado Nacional de ex Presos Políticos, surgido de este evento Nacional, elaborará un calendario de movilización que comenzará la última semana de julio, sin perjuicio de las iniciativas que surjan desde las bases o que realice cada Comunal o Provincial.

 Una participación destacada tuvieron los representantes de otros sectores de víctimas del Terrorismo de Estado como son los Retornados del Exilio Político, las viudas y Familiares de ex PP  Fallecidos y los Marineros Constitucionalistas.

El Tercer Encuentro acordó incorporar las reivindicaciones de las Viudas y Familiares directamente en la Plataforma Unitaria, en la forma de criterios de heredabilidad y de reconocimiento a su condición de afectado directo por la represión que les reconoce el Derecho Internacional Humanitario.