El máximo tribunal estimó que correspondía acoger los recursos de amparos, y aprovechó además de instruir al ministro Carlos Cerda, a cargo del proceso, de realizar una auditoria contable a los dineros de Pinochet. El tribunal precisa que dicha pesquisa debería quedar a cargo de una institución “independiente y de prestigio nacional” e incluso el presidente de la Sala, Alberto Chaigneau sugirió que esta responsabilidad podría recaer en alguna Universidad.
El mismo magistrado indicó, una vez conocido el dictamen, que en modo alguno esta resolución cierra el capítulo por las pesquisas de los dineros de Pinochet: “Esta resolución no significa que el caso Riggs se muera”, sostuvo el juez.
En el fallo destacó también una prevención efectuada por el ministro Jaime Rodríguez, quien dijo que en el caso de Lucía Hiriart de Pinochet, Lucía Pinochet, Marco Antonio Pinochet, Jacqueline Pinochet, Verónica Pinochet, Oscar Aitken y José Sobarzo, si bien se arguyó que no han sido interrogados sobre los hechos investigados, todos estos temas no corresponden ser analizados por la vía de un recurso amparo sino revisados en un análisis del fondo de las encargatorias de reo.