Centros Chilenos en el Exterior

DECLARACION DE BUENOS AIRES

Anteproyecto.  Buenos Aires, mayo de 2007

Nosotros,   los integrantes de este foro:  organizaciones, agrupaciones, asociaciones, federaciones, redes, legisladores, representantes de  organismos gubernamentales, entidades públicas,  instituciones intergubernamentales,  personas de la cultura, intelectuales, académicos  y  personas que  trabajan cotidianamente por los derechos humanos y sociales de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en la CABA:

Afirmamos nuestro firme compromiso   al reconocimiento de sujetos activos de los derechos,  a todas las niñas, niños y adolescentes,

Asumimos fomentar la aplicación efectiva de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, (CDN) incorporada al  Art.  75, inc. 22[1] de la Constitucional Nacional,  la Constitución de la CABA,  la  Ley Nacional 26.061, la Ley 114 y  demás normas vinculadas.

Destacamos que la reglamentación  de  la CDN, tanto a nivel local (Ley 114 -1998) como a nivel nacional (Ley 26.061 - 2005) propugna poner en marcha los mecanismos para hacer efectivos  los derechos reconocidos en la CDN y desarrolla un sistema que establece  garantías al reconocer el status de sujeto de derechos a todo niña,  niño y adolescente, otorgándole fundamental importancia al fortalecimiento de las organizaciones familiares y de la comunidad.

Manifestamos que es  impostergable  continuar con este  proceso social e institucional,  fortaleciendo los  objetivos del mismo, sin dejar de  reconocer los antecedentes  e iniciativas eficaces producidas desde sus inicios en 2004.

Por todo ello, Sostenemos:  

Que las leyes de protección integral que han adecuado el  marco normativo a la CDN,  hoy existen como un logro, y  han sido conseguidas   después de  largos procesos  de tensiones y  luchas de las organizaciones sociales y actores gubernamentales.

Que el sistema de protección integral  establece  un  nuevo espíritu que nos interpela sobre nuestras prácticas, sobre nuestra cultura, sobre nuestras instituciones, sobre el accionar del Estado, las políticas públicas y las debidas  asignaciones presupuestarias.   En la actualidad el desafío es hacer efectiva   la implementación de   la ley en todos sus niveles.

Que un abordaje y una mirada  multidisciplinaria nos va a posibilitar acercarnos a un mejor resultado y  a optimizar el trabajo que se desarrolla tanto sobre la  promoción,   la restitución y  la  exigibilidad de los  derechos de los niños, niñas y adolescentes-.

Que niños niñas y adolescentes, a pesar de los avances sostenidos en materia legislativa, continúan siendo las principales víctimas de las distintas formas de violencia que el mundo de los adultos ejerce contra ellos, visibilizándose en los últimos años los delitos de violencia intrafamiliar, explotación sexual y laboral, y Trata de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes.

Que resulta imprescindible poner en vigencia tanto la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 25.150 como la Ley local 2.110 entendiendo que la enseñanza de la educación sexual integral es parte del cumplimiento de los derechos humanos de niños y adolescentes, además de constituir una herramienta necesaria para el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo,  de la salud, y  la prevención de la violencia de género, entre otros temas de principal interés en la vida de las niñas y niños  de esta Ciudad.

Que es urgente avanzar en un nuevo sistema de justicia penal juvenil para aquellas personas menores de 18 años de edad,   que son imputados o  responsabilizados de haber cometido delitos. Esto es  necesario para impedir  la discrecionalidad aún imperante  y el poder punitivo represivo estatal, otorgando garantías al debido proceso en  juicio a los adolescentes involucrados.

Que se debe monitorear el  funcionamiento de los órganos gubernamentales   para que estos realicen los  cambios  institucionales para profundizar  el sistema de protección integral;  promover la  capacitación e idoneidad de los recursos humanos; agilizar el  funcionamiento  y eficacia  de su accionar, e impulsar  la implementación efectiva de la perspectiva de género en  políticas y  programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Que   un seguimiento y monitoreo  de  los sistemas de derivación del Estado a instituciones  y organizaciones destinados a la infancia,  evitara  los abusos producidos en algunas de ellas tales como la privación de libertad, o la institucionalización,  cualquiera  fuese la  denominación de las mismas.

Que es necesario integrar la Ciudad de Buenos Aires   y  los Municipios del conurbano como área metropolitana,  para  lo cual resulta urgente avanzar  en la articulación interjurisdiccional  de políticas públicas  y sociales en el marco de la protección integral.  Estas acciones deben realizarse en  forma coordinada e integrada,  posibilitando la  mejora y optimización en   el abordaje de  las problemáticas de las niños, niñas y adolescentes  y de sus familias  que transitan cotidiana y alternativamente  la CABA y  la Provincia de  Buenos Aires.

Que acordamos  la importancia de promover la efectiva  organización de redes  y asociaciones a nivel local en el  marco de la protección integral,
 
Que el sistema de  protección  integral  se convierta en un mecanismo interjurisdiccional , intersectorial,  y social  que  pueda efectivizar  a nivel local  el cumplimiento de los derechos  en  la infancia y  la adolescencia.

Reafirmamos como Objetivos del Foro:

• Monitorear la aplicación de la ley 26.061,  en su articulación con la ley 114 (lo cual incluye nuestras prácticas) y su efectiva aplicación en políticas y programas.
• Impulsar el armado de foros locales en las comunas.
• Promover la formación de organizaciones y redes en el marco de la
  protección  integral.
• Interactuar con el Poder Judicial sobre las nuevas formas de intervención que plantea la Ley 26.061 y su articulación con la Ley 114.
• Proponer diagnósticos y proyectos para su ingreso a la agenda pública.
• Contribuir a la articulación intersectorial e interjurisdiccional.

De este modo expresamos:  a través del acuerdo  de los abajo  firmantes,  provenir de  diferentes inserciones políticas, partidarias, religiosas,  sectoriales,  académicas, profesionales o técnicas,  así como  de  la militancia en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato y de oportunidades y la participación social;  

 Afirmamos así nuestro compromiso cotidiano y permanente por el respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes y exigimos  la  aplicación  de la ley y el cumplimiento efectivo  de sus disposiciones, reivindicando su ejecución como  política de  estado,  independiente de las  ideologías, intereses, posiciones o cuestiones políticas coyunturales.

[1]Las Convenciones de Derechos Humaos, y las  Reglas de Naciones Unidas: Reglas de Beijing, Directrices de RIAD y Reglas de Naciones Unidas  para la protección de menores privados de libertad.