17 de Julio de 2007
Quieren precipitar declaración de muerte
Conferencia: Ex militares revelan crudos asesinatos en búsqueda de amnistía
por Jorge Molina Sanhueza
Una de las confesiones fue entregada por un ex agente de la disuelta DINA, quien relató cómo detuvo, torturó y asesinó a Reinalda Pereira Plaza. El sujeto declaró que mientras usaba la ''parrilla'', la mujer fallecía, mientras que que el hijo que llevaba en su vientre también se movía producto de los tormentos.
Una nueva estrategia están utilizando los militares procesados por violaciones de los derechos humanos principalmente en el llamado caso Conferencia, como una manera de evitar ser condenados por el delito de secuestro calificado o permanente.
Los ex funcionarios castrenses, paulatinamente, han comenzado a asumir en sus declaraciones toda la cadena de hechos que derivaron en la desaparición de las víctimas, desde la detención, la tortura, la aplicación de venenos o disparos y el lanzamiento de cuerpos al mar.
La decisión de los ex agentes obedece a que, como el criterio de fallo de la Suprema ha sido condenar por el delito de secuestro porque no se han acreditado las muertes, decidieron asumir la autoría de asesinatos a personas con nombre y apellido.
Este es un detalle que los abogados de derechos humanos han comenzado a detectar paulatinamente en el proceso que sustancia el ministro Víctor Montiglio, donde se busca precipitar la declaración de muerte de las personas y aplicar la ley de amnistía.
Una de las confesiones es la de una ex agente que relata cómo detuvo, torturó y asesinó a Reinalda Pereira Plaza.
Una fuente que leyó el testimonio asegura que el sujeto asesinó a Pereira mediante la aplicación de corriente, mientras el hijo que llevaba en el vientre también se le movía hasta que ambos murieron, se indicó.
Montiglio, aparte de ser un acucioso investigador, ha aplicado la amnistía, sentencias que han sido revocadas por la Suprema.
De esta manera, si el magistrado acredita la muerte de los hasta ahora detenidos desaparecidos, quedaría en condiciones de aplicar el cuerpo legal dictado en 1978.
Los abogados de derechos humanos, en todo caso, están preparando una batería de argumentos al respecto, si es que deben enfrentarse en el máximo tribunal.
De hecho, la Suprema en diciembre del año pasado, en un fallo considerado “histórico”, declaró imprescriptible e inamnistiable los casos de dos estudiantes asesinados en Panguipulli tras el golpe de 1973, ratificando las condenas por secuestro calificado contra tres ex carabineros.
Montiglio mantiene a más de 60 personas encausadas en el caso Conferencia, agentes que pertenecían al centro de detención y exterminio que la DINA tenía en Simón Bolívar.
El llamado caso Conferencia es una operación lleva a cabo por la DINA en 1976 que asestó un duro golpe a la dirección clandestina del Partido Comunista, donde desaparecieron, entre otros, Víctor Díaz, padre de Viviana Díaz, quien fue por varios años la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El caso Conferencia, por estos días, espera que la Corte de Apelaciones de Santiago, resuelva una contienda de competencia entre Montiglio y el ministro Juan Fuentes Belmar por dos casos que se entrecruzaron en sus indagatorias. Esto sucedió porque desde 1998, cuando se acogió la primera querella contra Pinochet, vino una avalancha de acciones legales del mismo tipo.
Muchas de ellas fueron asumidas por el entonces ministro Juan Guzmán Tapia. Sin embargo, luego que se retiró del Poder Judicial fueron repartidas en otros magistrados.
