Centros Chilenos en el Exterior

“La forma en que han actuado los tribunales de justicia -añade Bengoa-, revela la cantidad de estereotipos, prepotencia y discriminación. El ejecutivo dice que el problema es judicial, pero ¿cuándo dejará de serlo? ¿cuando ocurra una desgracia? Todo esto es producto de la falta de capacidad de establecer diálogos sociales y políticos, de negar la existencia del fenómeno. En quince años no se ha reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas ni se ha ratificado la Convención 169 de la OIT. Esto debe tratarse como tema político”.

La encrucijada expuesta por la huelga de hambre que tres comuneros mapuches y una activista sostienen hace dos meses en Temuco, supone un punto de quiebre en la relación entre Estado chileno y pueblo mapuche. “Su buena o mala solución marcará al Gobierno de Bachelet, que no es uno cualquiera, sino el del bicentenario. La oportunidad de establecer un nuevo pacto es histórica”, argumenta Víctor Toledo Llancaqueo, historiador y director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas de la Universidad Arcis.

En juego están dos mundos abiertamente desbalanceados desde la óptica del poder, dos sociedades que se reconocen distintas una de la otra y que, sin embargo, ponen sus pies sobre el mismo territorio. Y el mayor esfuerzo para resolver el dilema, opina Bengoa, debe provenir de quien detenta el poder.

Foerster va más allá: “Las políticas de integración han fracasado... Lo que vemos hoy es un viejo tema: hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, pero los mapuches son considerados de quinta, a quienes se les puede hacer cosas que jamás le harían a un ciudadano de primera categoría”, sentencia. Y en esa lógica, dice, las señales del Estado son contradictorias. “Por una parte procesa a los comuneros con una ley aberrante, pero por otra, a través del programa ‘Orígenes’ del Mideplan aporta recursos e intermedia con la sociedad civil mapuche, o la Conadi, que recupera espacios territoriales”, explica el antropólogo. “Otra fuerte contradicción la mostró el Gobierno de Lagos, muy sensible con las grandes inversiones forestales, pero muy poco cuando las policías irrumpen brutalmente en las comunidades”, agrega.

Un camino, por cierto, es generar integración desde lo político, “pero obviamente con cuotas de poder que hoy los mapuche no tienen”, arguye Foerster. Cómo se conquista ese poder, es materia que reflejó en una columna de opinión, el cientista político José Mariman. “Los líderes etnonacionalistas mapuches no deberían perder de vista que en política las cosas no funcionan demandando reparar injusticias, especialmente cuando se es un enano enfrentando a un gigante que tiene el poder político, económico y militar. Los pueblos que han alcanzado la autodeterminación lo han hecho ganando duras batallas políticas”, escribió en el periódico “Azkintuwe”.

Si bien Bengoa plantea que el reconocimiento político al movimiento mapuche por parte del Estado es una medida necesaria, Rolf Foerster dice que no basta con reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios si los actores no son capaces de implementar dicho cambio. “Un marco jurídico así potencia el multiculturalismo, pero que de mayores cuotas de autonomía dependerá de la capacidad que para ello tengan las organizaciones indígenas y, sobre todo, la intelectualidad mapuche. No lo pueden esperar de un Estado cuya sensibilidad con los ciudadanos de quinta categoría es muy baja. El reconocimiento político requiere que los mapuches se transformen en actores políticos, algo dificultado durante años porque el movimiento mapuche ha estado disperso. Yo me pregunto -concluye Foerster-, si el Estado quiere negociar políticamente, ¿con quién negocia?”.