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3 de Marzo del 2006
Agrupación de familiares recordó al presidente de la Corte Suprema que el desarrollo de los juicios ha aportado nuevos antecedentes para esclarecer abusos en el régimen militar.
A 15 años de la entrega de las conclusiones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Agrupación de Ejecutados Políticos de Chile solicitó al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, investigar 1.289 casos declarados “sin convicción” y, por ende, ignorados en el Informe Rettig.
En su carta el alto magistrado, la titular del organismo, Patricia Silva, aseguró que “los 16 años desde el término formal de la dictadura han generado el espacio para superar temores y miedos que en su momento implicaron no denunciar el asesinato de sus familiares”.
La representante explicó que “los antecedentes entregados en tribunales por parte de los violadores de derechos humanos en este último tiempo han hecho posible tener una visión más amplia y completa de los hechos que hemos denunciado desde la instalación misma de la dictadura militar”, por lo que dichos casos bien podrían agregarse a los 3.550 acreditados en el documento que en febrero de 1991 fue entregado al entonces Presidente Patricio Aylwin.
Silva señaló que los familiares “necesitan salir de este marco de permanente zozobra y exigen igualmente justicia en sus casos” y sugirió a la próxima mandataria, Michelle Bachelet, abrir un nuevo período de calificación, de modo de lograr una “genuina consolidación de la verdad, justicia y la memoria”.
La dirigente lamentó las opiniones entregadas este jueves por el comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, durante su despedida el titular del máximo tribunal, cuando aseguró que en Chile “no hay impunidad” en materia de derechos humanos.
A juicio de la delegada, las palabras del jefe castrense son de “un oportunismo increíble”, pues representan una suerte de compromiso a poco más de un mes de dejar su puesto en manos de su colega Óscar Izurieta Ferrer. Además, explicó que el rol de la institución ha sido insuficiente en el esclarecimiento de abusos durante el régimen militar.
Para Silva, la colaboración de los uniformados de la rama “no ha sido sincera ni verdadera”, pues se han preocupado de “contaminar” las causas más que contribuir con datos reales para su resolución.
